por Cristina de la Torre | Oct 26, 2015 | Partidos, Octubre 2015
Mientras la ultraderecha y la izquierda sufrían derrota clamorosa, prevaleció este domingo la componenda sin principios, infestada de delitos electorales, entre partidos anarquizados. 90% de los elegidos a alcaldías y gobernaciones venía por coalición pactada entre partidos disímiles, sin tocar ideas ni programas. Antioquia golpeó sin compasión a su ídolo, el expresidente Uribe, eligiendo gobernador y alcalde entre sus contradictores. En el resto del país, no corrió el senador con mejor suerte. . Fue mentís a su descabellada obsesión contra la paz. Bogotá le cobró a Clara López los desatinos propios y del Polo frente a los delitos que el alcalde de su partido protagonizaba. Y castigó en ella a la izquierda, tan torpemente expuesta por la administración de Gustavo Petro.
En estos comicios alcanzaron su apoteosis fenómenos gestados 25 años atrás. El enjambre de negociantes que presumen de políticos para hacerse con transferencias, regalías, presupuestos y contratos en municipios y departamentos encontró su cómplice dorado en la mismísima Constitución de 1991. La descentralización que ella extremó, acicateada por la elección popular de alcaldes, si bien de inspiración democrática, desvertebró los partidos, atomizó la política y concedió a las regiones suficiente autonomía sin controles para que allí medrara el abanico entero de pícaros e ilegales, armados y desarmados. En el pináculo del poder local culminó el narcotráfico su periplo de ascenso, sangre de por medio. Roto el vínculo partidista de la provincia con sus jefes nacionales, perdieron las colectividades su función mediadora entre el centro y la periferia. Aunque policlasistas para votar y elitistas a la hora de gobernar, los partidos habían obrado como integradores de la sociedad. Aun cuando el Frente Nacional diluyó por amancebamiento sus ideologías. Ahora transitaban de confederaciones de caciques regionales alrededor de un jefe nacional hacia agregados inorgánicos de gatas, avivatos, contratistas y delincuentes movidos por el imperativo de asaltar el presupuesto municipal. En Yopal ganó un candidato preso; en Valle, Guajira, Córdoba y Caquetá, figuras no menos oscuras.
Por supuesto, no fue ese el propósito de los constituyentes del 91. Pero, fascinados en la sonoridad de su propio discurso contra el clientelismo y la corrupción, quisieron hacer borrón de partidos tradicionales y feudos podridos, y cuenta nueva de ciudadanos plenos –sus votos inmaculados, independientes, ilustrados– dueños por fin de su destino. E introdujeron en la Carta el neoliberalismo, cuya enseña privatizadora trocó la función social y empresarial del Estado en contratos de salvaguardas ridículas con todos los Nules que en Colombia han sido. Entonces la corrupción alcanzó cotas que el Estado más venal soñara jamás. Modesta resulta la que Turbay Ayala legitimó, doctrina fundacional para una vasta porción de candidatos con prontuario, y desbarrancadero de los partidos.
Aquella ideología ambientó el revolcón de César Gaviria, cuya bienvenida al futuro se resolvió, por ironía de la historia, en involución. Hoy padecemos las secuelas de la fracturación de los partidos; y de una descentralización audaz en país premoderno, impuesta sin el instrumental que evitara la dislocación del sistema político y administrativo. Para sanear los partidos no había que destruirlos sino reformarlos; y blindar a los nacientes contra las taras de la política tradicional: con democracia interna forzosa en las colectividades políticas y estatuto de oposición, para comenzar. Una luz al final del túnel: la edificación de un nuevo país en el posconflicto conllevará la confrontación –sin armas– de ideas y programas emanados de la derecha, la izquierda, el centro y el movimiento social. Tamaño desafío sacaría de su postración al Polo y al Centro Democrático, y renovaría el sistema político y de partidos con el retorno feliz de las ideologías.
por Cristina de la Torre | Oct 18, 2015 | Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Octubre 2015
Se multiplican en la derecha las señales de alarma y desvarío. Y es porque el acuerdo de justicia especial aplicable a principales responsables de atrocidades en todos los bandos aprieta el paso hacia el fin del conflicto. El procurador perora agitadísimo su última mentira tamaño catedral medieval: que hay arreglo secreto entre Gobierno y Farc para meter a Uribe tras las rejas. Este cabalga sobre el infundio y declara que Santos es el único miembro de su Gobierno que debería estar en la cárcel. Y estudia la posibilidad de convocar referendo contra la paz, disfrazado de rechazo popular al que Uribe considera pacto de impunidad y entrega de la patria al castro-chavismo. Pronunciamiento en defensa también de su persona, cuando el Tribunal Superior de Antioquia pide investigar su posible responsabilidad en la masacre de El Aro y en la Operación Orión. Por “promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares… y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”. Pero, en lugar de responder a los señalamientos, rebatir pruebas y despejar dudas, le pone lápida al magistrado Pinilla, ponente del fallo que lo incrimina, llamándolo subversivo (¿guerrillero vestido de toga?). Y reactiva la coartada de victimizarse, declarándose perseguido de la justicia. Recurso del que ha abusado durante cinco largos años, desde cuando empezó a emerger el denso entramado de tropelías y corrupción que signaron su Gobierno.
Si bien se ha recalcado que aquella jurisdicción de paz no busca judicializarlo, las sindicaciones del Tribunal le restan al senador legitimidad para exigir cárcel y veto a la finalidad misma del proceso, la participación de los jefes guerrilleros en política. Con todo, si resultan ellos responsables de delitos atroces, sólo accederían a corporaciones públicas si han llenado todas las exigencias de la justicia transicional: verdad, reparación, garantía de no repetición, restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años, o por 20 de cárcel si su confesión es incompleta. La Jurisdicción Especial de Paz cobija a todo el que directa o indirectamente haya cometido o apoyado crímenes atroces. Su propósito es ayudar a desmontar las estructuras que reproducen la guerra, no montar un reino de impunidad. Podría incluso reconsiderar y hasta anular sentencias contra generales, parapolíticos y otros civiles que patrocinaron ejércitos ilegales.
Ofende la retórica solapada del Centro Democrático según la cual también ese partido quiere la paz, pero no la manera como ésta se negocia en La Habana. Otra cosa indica la tenacidad de su boicot a cada avance en las negociaciones, por encima de toda evidencia, de toda verdad, de todo derecho de los colombianos a la paz. El uribismo apunta al fracaso de un proceso que por vez primera en medio siglo se ofrece como paso decisivo hacia un país mejor. Pero no, no quiere la paz, no le duelen los muertos.
El de Álvaro Uribe es proyecto que sólo fructifica en la guerra. Atribulado andará con resultados de la última encuesta de Lemoine según la cual un 73% de colombianos cree en los beneficios del acuerdo de paz para el país y un 79% lo aprobaría. Mas, para el exmandatario la finalización del conflicto sería mentís a la “guerra justa” que para el uribismo ha de prevalecer sobre la vida y la paz. Con referendo o sin él, no dejará Uribe de fundir en un mismo mensaje las dos caras de su megalomanía: defender al caudillo es defender la única alternativa posible de derrotar al Maligno: la conflagración perpetua. Bien aconductados, sus fieles exclaman ya, iracundos, “lo que es con Uribe es conmigo”. Temible grito de guerra cuando hay paz a la vista.
por Cristina de la Torre | Oct 13, 2015 | Partidos, Corrupción, Octubre 2015
En este mar bravío de corrupción no basta con decirse persona honrada. Todo candidato, llámese Peñalosa, López o Pardo, es figura pública llamada a rendir cuenta de sus actos u omisiones, a disculparse por ellos –si cabe– y a dar garantías de no repetición. Pero, además, debe sacudirse las malas compañías y exigirle a su propio partido explicación sobre apoyos a corruptos y delincuentes que trocaron la política en un fangal repulsivo para el 81% de los colombianos. Mensaje taxativo de Carlos Vicente de Roux a los candidatos en Bogotá, aquejados de mutismo en materia tan resbalosa. (Salvo la alusión al “fangal”, de cosecha propia). Si bien aclara él que no se trata de cobrarle a alguien los delitos o desaguisados de sus copartidarios, invita a recordar el “dime con quién andas y te dirá quién eres”.
¿Nada dice Peñalosa del partido que lo avala, Cambio Radical, colinchado con lo más degradado del liberalismo en provincia, jefes paramilitares comprendidos? ¿Nada, sobre sus relaciones con el exgobernador Cruz, preso por lucrarse del cartel de la contratación en Bogotá; o con su esposa, promotora de sobornos enderezados a frustrar la acción de la justicia, y Secretaria General del entonces alcalde Peñalosa? Por su parte, Clara López declara que el monumental desfalco a la capital es “pecado mortal” que no podrá repetirse. Pero no reconoce su responsabilidad política en los hechos, habiendo sido ella Secretaria de Gobierno del alcalde atracador y Presidenta del partido en cuyo nombre gobernaba aquel. La opinión espera también pronunciamiento de Rafael Pardo sobre veleidades de su partido, el Liberal, con candidatos sindicados de narcotráfico, o respaldados por políticos entroncados con La Gata. Caso de Dumek Turbay, candidato a la gobernación de Bolívar por el liberalismo y a quien apoyan parlamentarias de aquella cuerda. Y que se aleje de políticos de la U, partido que alberga el mayor número de concejales y exconcejales condenados o investigados por el carrusel de la contratación en la ciudad.
Si, va Peñalosa con partido aliado de La Gata, de Kiko Gómez, de políticos subjudice por paramilitarismo. De Roux le pide, por contera, explicar sus relaciones con los mayores contratistas de infraestructura, transporte y recolección de basuras, con quienes deberá renegociar y licitar contratos si vuelve a la Alcaldía. Entre otros, con su amigo Herman Arias, vocero de los operadores de Transmilenio.
Y va Clara con su silencio a cuestas. Silencio mortal el suyo y el de la plana mayor del Polo, en las primeras de cambio del carrusel de Samuel. Y después, expuesto ya el entramado del desastre, mortal la defensa airada del ladrón. Para concluir con una sanción agónica, a las puertas mismas de la cárcel que Moreno habita hoy. Esta resistencia de Clara a reconocer el error y ofrecer disculpas a la sociedad compromete su triunfo el 25 de octubre, y privaría a Bogotá de su mejor burgomaestre posible. Por más que prometa ahora control severo de la corrupción, mediante una veeduría distrital fortalecida, con capacidad de prevenir y sancionar, “en manos independientes y del más amplio reconocimiento ciudadano”. Para Martha Senn, esas explicaciones públicas y garantías, no sólo de Clara sino también de Pardo y Peñalosa, son asunto de honor.
Coda1. En mi columna de septiembre 29 titulada “¿Uribe muerde la derrota?” aludí a los hijos del expresidente sin que tuvieran ellos relación con el tema tratado. Aclaro espontáneamente que no me movió la intención de lesionar su dignidad.
Coda 2. La justicia debe encontrar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del atentado contra el columnista Pascual Gaviria.
por Cristina de la Torre | Oct 5, 2015 | Iglesias, Mujer, Octubre 2015
Bajo la miel del discurso del Papa, que cautiva muchedumbres, se esconde el duro pan del oscurantismo y los negocios. Escenario de polémica sobre formalismos de moral sexual, el Sínodo de la Familia que comenzó el domingo en Roma no será prueba de fuego para una jerarquía en cuyo seno aún los más audaces, como Bergoglio, mantienen celosamente la ortodoxia. Tampoco podrá esperarse que la invocación de Francisco a una Iglesia pobre para los pobres desemboque en entrega de su ostentosa riqueza a los desvalidos. Sólo en propiedad raíz, hoy se calcula aquella en dos trillones de dólares (Alexander Stille, The New Yorker, sept). La profilaxis de las finanzas del Vaticano, en buena hora acometida por el pontífice y fuente de roces intestinos allí, apunta menos a sofocar la adicción de la Curia romana a la opulencia, que a trocar sus negocios sucios en negocios limpios. Y, con mucho, en la vena de los tiempos, a contemplar el paso de un capitalismo rentístico, especulativo, salvaje, hacia otro menos oprobioso. Lo que sería encomiable, si no se tratara de una institución espiritual inspirada en el desprendimiento y la humildad.
Podrá Francisco preguntarse “quién soy yo para juzgar (al homosexual)”, y sus palabras darán oxígeno a la galería. Podrá hasta simpatizar con el obispo Charamsa, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe quien, para escándalo del orbe, salió del clóset este sábado, abrazó a su novio ante los medios e instó a la Iglesia a reparar en los homosexuales creyentes y entender que imponer abstinencia y vida sin amor es inhumano. Pero el Papa le dirá que él se atiene, como se atuvo siempre, al Catecismo católico, según el cual la homosexualidad es desviación y pecado. Mas, humano, le tenderá su mano paternal; abrirá su corazón para entender las flaquezas del pecador; lo invitará a arrepentirse, pero jamás le reconocerá el derecho de amar a quien le plazca. Y cargará Charamsa con el estigma de la vileza, perdonada o no, por una jerarquía despótica, rebasada por la historia y por su propia grey. Pesará la misma impronta sobre la mujer que abortó, acogida por una vez en el seno del pontífice magnánimo, mientras implore perdón por ejercer el derecho a disponer de su libertad, de su cuerpo y su salud.
Méritos de Francisco, su empeño en reformar la Curia Vaticana, en erradicar la pedofilia, en el viraje diplomático que ha favorecido la nueva relación entre Cuba y EE.UU. y el proceso de paz en Colombia. Y la citada profilaxis financiera, cuyos pormenores revela Stille, y que debutó identificando decenas de miles de cuentas “irregulares”, cuentas para evadir impuestos y lavar activos de la mafia. Se descubrió a principios de año un primer monto de $ 1,2 billones de dólares en activos financieros del Vaticano sin registro contable.
Se estima que la cuarta parte de las propiedades en Italia pertenecen a la Iglesia. En las colinas de Roma, un número obsceno de monasterios, conventos, seminarios, fundaciones, confraternidades e institutos son propiedad suya. Toda suerte de tesoros escondidos, de riqueza y belleza sin par. Y la Iglesia los ofrece en arriendo, por cánones prohibitivos. Nuestro autor conoció el apartamento del cardenal Bertone: más parecía el de un jefe de Estado que el de un sacerdote, escribió.
El Vaticano es una monarquía sin territorio cuya corte lleva veinte siglos convirtiendo el legado de un profeta descalzo en fuente de poder y demasía. Hasta derivar en potencia económica comparable con Rusia. ¿A qué tanta riqueza malhabida o bienhabida, multiplicada aún con diezmos de pobres? ¿A qué tanta opresión sobre las almas que escapan a la caverna? ¿A qué tanto hablar para esquivar la verdad?
