por Cristina de la Torre | Abr 4, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz, Actores del conflicto armado, Abril 2016
Pese a los pronunciamientos de la derecha armada y la derecha desarmada contra la paz, la apertura de negociaciones con el ELN podrá acercar dramáticamente un final sin fisuras del conflicto armado. Por vez primera en 25 años de aproximaciones sin fruto, se allana esa guerrilla a la pepa de la negociación: dejar las armas. Pero en desafortunada confluencia con nutridas manifestaciones del uribismo en Medellín y Bogotá, sembraron pánico los paramilitares en 36 municipios y asesinaron a 6 personas. Un atentado fallido se registró contra la senadora Piedad Córdoba en Quibdó, mientras el orador que animaba la movilización paisa exigía libertad para Jorge Noguera. Director del DAS en tiempos de la Seguridad Democrática, hoy paga él cárcel por asesinato y por poner ese organismo al servicio de narcotraficantes y sus ejércitos. Heredera de aquel paramilitarismo, la sola organización de los Urabeños controla 60% del narcotráfico y 70% de la minería ilegal; provoca todavía el desplazamiento anual de 300 mil campesinos; asesina dirigentes sociales y de izquierda; coloniza el Estado en provincia y se roba sus rentas; cultiva viejos vínculos con empresarios, con uniformados y con la parapolítica, hoy actuante desde las cárceles o por interpuesta parentela. Poder terrorífico capaz de malograr todo acuerdo con las guerrillas y la construcción de un país sin guerra, si no lo disuelve el Estado a tiempo. Que es al calor de la guerra como medran su embestida sobre el Estado y sus negocios.
Pero, torpe, arriesga el ELN borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Y debuta agregando sal a una de las heridas más lacerantes que ha infligido esta guerra a los colombianos: el secuestro. Delito abominable, del cual este grupo armado es campeón. A la condición del Presidente de liberar a todos los secuestrados para iniciar conversaciones, responden sus negociadores que no aceptan condiciones, que el secuestro es “una política normal” con la cual se financian, y que no piensan tratar el tema en la mesa. Vea usted.
No apenas porque el Gobierno lo imponga como condición, sino por ser exigencia clamorosa de la sociedad, el ELN debe liberar a los secuestrados, comprometerse públicamente a cesar esta práctica inhumana y pedir perdón por ella. Llamado insistente de Carlos Arturo Velandia, excomandante desmovilizado del ELN y vocero suyo en procesos de paz adelantados con los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Es que las cifras escandalizan. Según el Centro de Memoria Histórica, a las guerrillas se adjudica el 90% de los 27.023 secuestros documentados entre 1970 y 2010 y asociados al conflicto. La mitad de ellos, al ELN. Mancha infame que éste ha de borrar en el acto. No sólo para arribar a la mesa de negociación sino, sobre todo, por respeto a los colombianos.
Parece de suyo sospechar que violentos como los Urabeños puedan sentirse justificados en la procacidad de los ataques del uribismo a la paz. Y tal vez ese temor inspire a Luis Carlos Restrepo para pedirle al CD que apoye las negociaciones de paz. Que acepte públicamente “que es mejor culminar con un acuerdo el proceso en marcha, que exponernos a una ruptura que podría desatar nuevas dinámicas de violencia […] El CD debe complementar sus críticas válidas con una propuesta para manejar la continuidad del diálogo, tendiendo puentes hacia un sector importante de la ciudadanía que de buena fe quiere la paz”.
Apresúrese el Gobierno, por su parte, a parar en seco al monstruo renacido del paramilitarismo. Y el ELN, a entender que renunciar al secuestro no le es ya una opción voluntaria; es imperativo político sin cuya satisfacción podrá quemársele el pan en la puerta del horno. Responda al boicot con una esperanza cierta de paz integral.
por Cristina de la Torre | Abr 11, 2016 | Impunidad, Corrupción, Abril 2016
En casi todo país van a la cárcel; en Colombia no. Miles de empresarios, políticos, negociantes y familias divinamente –entroncados o no con mafias de variado pelambre– ocultan fortunas en Panamá y completan en ese país su evasión doméstica de impuestos, que alcanza el 90%. Revelación de Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian. Según él, a ese paraíso va a parar buena parte del producto de la corrupción política, de la evasión tributaria y del crimen organizado. Con los $300 billones que estos patriotas expatrian se financiaría casi la mitad del Plan de Desarrollo para los cuatro años venideros. Y los $30 billones que dejan de tributar en Colombia doblarían el recaudo esperado de la reforma tributaria en ciernes, que caerá como un piano sobre los hombros de los más desfavorecidos.
Ahora bien, entre la maraña de cuentas secretas y firmas fantasmas, brillan excepciones de compañías registradas con el nombre de sus dueños verdaderos, que producen, declaran a la Dian y tributan. Pero el grueso de los que estafan al fisco desde Panamá –miembros prestantes de la élite incluidos- no enfrentarán la suerte de sus homólogos en otras latitudes. Hoy pagan sus deslices tras las rejas, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Francia y, en España, el extesorero del partido de Gobierno.
Al amparo del secreto bancario degluten insaciables las entidades financieras esta economía paralela hecha de evasión tributaria, lavado de activos y ocultamiento de capitales malhabidos o bienhabidos. En ocho mil billones de dólares se calcula lo escondido en paraísos fiscales: diga usted una décima parte de la riqueza mundial. Casi un tercio de la riqueza de América Latina reposa en ellos. Y son los bancos su puerta de entrada. La cuarta parte del sector financiero en Panamá es colombiana, con los grupos Aval, Empresarial Antioqueño y Davivienda a la cabeza. Fueron grandes cacaos colombianos y, desde luego, Panamá, quienes se opusieron en 2014 a declararlo paraíso fiscal. Se dijo –apunta Ortega– que “el poder político del sistema financiero terminó echando para atrás la medida”.
Vista la desfachatez inmarcesible de los más ricos, mal hará el Gobierno en imponer una reforma tributaria que empobrece aún más a la clase media y arroja nuevos contingentes de pobres a la miseria; en lugar de apretar a los adinerados, que resultan ser los grandes evasores. Será efecto inevitable de elevar el IVA al 19%, esperando de este impuesto regresivo el 80% del nuevo ingreso tributario. Injusticia que clama al cielo, en un país donde el 1% más rico paga 11% de lo que recibe; el 0,1% tributa 4% y los asalariados pagan el 22% de sus ingresos. Para no mencionar a ganaderos y terratenientes, que seguirán pagando impuestos irrisorios, o ninguno, mientras no se actualice el catastro rural. Las empresas que honran las reglas tributan hasta el 40%; pero son las menos.
Contra esta orgía global de pillos de cuello blanco en paraisos fiscales propone Piketty un impuesto mundial al capital, calculado sobre información de flujos financieros entre países. Y retomar el control de un capitalismo financiero que ha enloquecido, “renovando los sistemas de impuestos y gastos, corazón del Estado social moderno”. En Colombia, habría que empezar por aplicar el añoso principio del impuesto progresivo al ingreso. Además, para que nuestra tributación deje de ser un chiste, taponar el hoyo que succiona el erario: la corrupción. Y aprender de Islandia, donde la protesta ciudadana provoca la renuncia de su Primer Ministro por incurrir en operaciones oscuras en un paraíso fiscal. Allá se movilizan contra el corrupto; aquí, en cambio, la derecha delira en defensa del corrupto. ¿Hasta cuándo?
por Cristina de la Torre | Abr 18, 2016 | Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Abril 2016
Aparece cada día un nuevo indicio de que la derecha violenta, paramilitar, se arrima a la ofensiva del uribismo por la reconquista del poder, cuando la paz y una reforma rural asoman la cabeza. En simultánea, ideólogos de esta corriente –Ordóñez y Lafaurie– defienden sin máscaras, sin eufemismos a los despojadores de tierras. Peroran acaloradamente en santuarios del paramilitarismo que ahora incorpora “asociaciones de víctimas de la restitución”; vale decir, ejércitos antirrestitución, autores de 72 asesinatos de líderes reclamantes de tierra en Urabá. Cazando votos sobre el sufrimiento de las víctimas, despliegan estos patriotas sin mácula energúmeno lenguaje que invitaría a disparar contra los despojados y sus apoderados. Táctica siniestra esta de poner lápida a la contraparte en el debate. De la cual abusó el régimen de la seguridad autocrática y hoy ensaya de nuevo el expresidente Uribe en la persona de dos de sus críticos: Moritz y Yohir Akerman, a quienes acusa, sin fundamento, de militar en el ELN.
Hay en esta incontinencia verbal del uribismo asombrosa afinidad con la terminología que Carlos Castaño empleaba para recubrir sus crímenes con barniz político. Al punto de no saberse quién copió a quién: si Uribe en su persecución a opositores, jueces y periodistas dizque por ser “guerrilleros vestidos de civil”; o el jefe paramilitar al asesinar civiles inermes rugiendo idéntica expresión: en 1997 le dijo Castaño a Cambio 16 que él mataba “guerrilleros fuera de combate, que no son campesinos sino guerrilleros vestidos de civil”. Y Aurelio Morantes, jefe de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar, autor de la masacre de Barranca en 1988, declaró: “unos fueron incinerados y otros arrojados a las aguas del río Magdalena […]; hemos declarado objetivo militar a los guerrilleros vestidos de civil” (Espectador, 21, 9, 98).
Pero hay más. La coincidencia de términos parece enraizar en identidad política. En columna memorable (El Colombiano, 2006), abunda Fernando Londoño en elogios al “intelectual” Carlos Castaño, se duele de su muerte y hace votos por la resurrección de su ideario. Pero al temible jefe de las AUC y a sus hermanos se les atribuían ya, entre 1987 y 2002, 18 masacres con centenares de muertos y el asesinato de otros tantos dirigentes políticos. Lo que tampoco a Ordóñez le impidió escribir por esas calendas que “las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva”. Ni inhibió al espadachín del Señor de los Ejércitos para hacerse el distraído esta semana ante la presencia en sus concentraciones políticas de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC. Ni para patrocinar virtualmente a los victimarios que habían readjudicado a nuevos campesinos los predios arrebatados, “de listas elaboradas por Jorge 40 que ahora alegan su buena fe”, según revela Alejandro Reyes. Como todo el mundo sabe, a Jorge 40 se le atribuyen 80 masacres en el Magdalena. Mas Lafaurie coopta el argumento del masacrador y espeta: la restitución de tierras es la cuota inicial para que ciertos grupos armados recuperen el control del territorio; “y no se lo vamos a permitir”.
¿Toque a guerra civil, a la acción intrépida y el atentado personal, a hacer invivible la República, como en efecto lo logró Laureano, dios y mentor de los nuevos cruzados de la guerra? Tiempos aciagos de la Violencia que arrojó 300 mil muertos, seguidos de esta otra con otros 300 mil muertos, que el uribismo podría prolongar con el pavoroso efecto de su verbo intrépido sobre el gatillo de la derecha armada; y con su defensa a ultranza del modelo agrario en boga: el de tierra sin hombres y hombres sin tierra.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2016 | Modelo Político, Política económica, Régimen político, Corrupción, Abril 2016
Por aséptico que quiera presentarse, Enrique Peñalosa evidencia, como todo gobernante, que la disociación entre técnico y político es ficción o una fanfarronada: al mando de la ciudad se llega para abrirle un rumbo determinado, echando mano de los poderes y del instrumental técnico necesarios. A eso le llaman ejercicio del poder. Política. Y aquella fractura parece más caprichosa cuando pierde su inocencia la imagen de gerente que nuestro alcalde publicitó para hacerse elegir, por contraposición a la de politiquero y corrupto. Cuando resulta afeada por el interés del negocio que parece rondar decisiones de su gobierno. Como el de constructores que financiaron su campaña y serían los beneficiarios del atropellado proyecto de urbanización de la reserva Van der Hammen. Y más maltrecho todavía su prestigio, con la fábula de títulos académicos que nunca mereció. Pergaminos que cierta tecnocracia de colonias exhibe para distinguirse de la “canalla iletrada” y, en política, de la manzanilla.
Este afán de lustre encuentra nuevo impulso en el embate que técnicos dizque libres de pasión política protagonizaron contra la corrupción y la politiquería del Estado social. Declararon al capital privado refractario a la corrupción. (¿los tales Nule no existen?) Y emprendieron la privatización que no ha cesado en 25 años, a la que Peñalosa aportará la venta de ETB y la entrega de la reserva de marras a grupos financieros y especuladores urbanos. Otro paso que acerca a Peñalosa peligrosamente a la línea roja de la corrupción es su estrategia de expandir Transmilenio con articulados producidos por empresas con las que él ha mantenido relaciones comerciales. De ITAP, firma en la que Volvo participa, habría recibido honorarios por valor de 468.394 dólares.
En suma, se cambió el modelo político del Estado social por el modelo político del Estado neoliberal. Pero siguió incólume la manzanilla. Pura y dura, a la colombiana. Dígalo, si no, el nombramiento de los primeros alcaldes locales de Bogotá: tras mucho buscar “los mejores gerentes”, dizque en el ánimo de privilegiar la meritocracia sobre el clientelismo, terminó Peñalosa por designar a los que traían aval de poderoso padrino político.
El Proyecto de Plan de Desarrollo del alcalde respira, naturalmente, su concepción política de ciudad. Sobre ese documento dijo el Consejo Territorial de Planeación: “…presenta una ciudad a la que se accede en términos de infraestructura, espacio físico y servicios mercantilizados y no en términos de garantías sociales”. A lo poco de social que tiene se le asigna mísero 2% de la financiación. Monto vergonzoso para construir comunidad (seguridad, justicia, derechos humanos, víctimas, paz, posconflicto).
Tras la frialdad de la cifra yacen una idea de ciudad y los intereses particulares que la rodean. Sea desarrollista, sea neoliberal, toda tecnocracia –meritocracia la llaman hoy–, por incontaminada que se pretenda, no hace otra cosa que ejecutar decisiones de gobierno que por definición son políticas. La elección del modelo económico y social es política. Política fue la inspiración de la reforma agraria de Lleras Restrepo, sustentada en estudios de planificación económica y social, y propulsada por fuerzas políticas: el liberalismo reformista y el campesinado. Política es la reforma urbana de Peñalosa, de expansión de la capital sobre la Sabana, con sustento técnico precario o nulo y enderezada a favorecer a urbanizadores y banqueros.
Mejor le iría a Peñalosa si olvidara su presuntuoso fetiche del gerente, si erradicara de la Alcaldía sus intereses particulares, si sus técnicos sustentaran a derechas las políticas de gobierno. Si se sacudiera la culposa condición de político vergonzante.
por Cristina de la Torre | Abr 30, 2016 | Modelo Político, Modelo Económico, Internacional, Abril 2016
Con golpe de Estado sin muertos ni cañones se derrocará a Dilma Rousseff, elegida por 55 millones de brasileños, y sin que se le hubiera tipificado delito de responsabilidad o corrupción. De paso, se inflige una estocada letal a la ya debilitada izquierda en Suramérica. Pecado de Dilma, no haber alcanzado a depurar a fondo el partido de gobierno, pese a sus repetidas destituciones de ministros incursos en delitos. Tres efectos persiguen los conspiradores, y mucho indica que los alcanzarán. Primero, encubrir a los corruptos y debilitar la acción penal que contra ellos obra, comprendido el flamante 60% de quienes promueven el juicio político contra la presidenta. Segundo, devolverle el poder político a la derecha. Tercero, desmontar el modelo desarrollista que lleva siete décadas en Brasil, único país de la región poco sensible a los cantos de sirena del neoliberalismo. Ha mantenido la potencia latinoamericana hasta hoy una estrategia de industrialización que todos los gobiernos respetaron, con independencia de su color político.
El Partido de los Trabajadores (PT) llegó con Lula al poder como promesa de redención de los olvidados. Arrancó de la pobreza a 40 millones de personas, pero se dejó arrastrar por la corrupción que era festín en todos los partidos, y le birló a Petrobrás, empresa madre del Estado, 8.000 millones de dólares. Deshonor para el partido de izquierda que así compartía lecho con lo más venal de la política tradicional. Y crisis de gobierno, agudizada por medidas de ajuste draconianas en el segundo período de Rousseff, para paliar la recesión que vino con la caída de precios de las materias primas. Tocaba a su fin la bonanza económica que había repotenciado a la socialdemocracia en Brasil y en el resto de la región.
Y en este caldo pesca la reacción. No sólo para resolver la crisis en su favor, sino para derrumbar el paradigma de industrialización doméstica, protección a la producción nacional y distancia frente al modelo de mercado, que había instalado al país en el club de las cinco nuevas potencias mundiales. Entre desarrollismo y neoliberalismo, Cardoso, en un extremo, se había inclinado por el segundo, pero sin desmantelar la industria. Apunta Marcelo Falak (Le Monde Diplomatique) que Lula reconcilió después los dos términos de la ecuación: hubo a un tiempo crecimiento económico y redistribución en favor de las clases media y baja. En régimen de economía mixta, concentró al Banco Central en el mercado y a la gestión de gobierno, en el desarrollo.
Pero no es Brasil el único damnificado: en toda la región oscila el péndulo hacia la derecha. Y no apenas por la corrupción y por el desplome de precios de sus exportaciones. En ello pesa también la estigmatización de la oposición por la izquierda en el poder, que polarizó la política moralizando entre buenos (el pueblo) y malos (la oligarquía). Empoderamiento social que no inhibió a los gobernantes, sin embargo, para reeditarse como herederos del enmohecido caudillismo latinoamericano; y para querer eternizarse en el poder.
Todos los vientos soplan otra vez hacia el paradigma de mercado, contra el modelo desarrollista que parecía imbatible en el Brasil. Mas, dicen unos, este golpe blanco sólo fructificará si a Lula se le niega el derecho de postularse para las elecciones venideras pues, según cuentas, llevaría él las de ganar. Desde luego, a condición de que demuestre ante la sociedad y ante los jueces su inocencia. Queda servido el reto de un modelo que regresa sin otra credencial que su desastroso paso por la historia. Tan ruda como la del parlamentario que, al votar contra Dilma, felicitó al militar que la había torturado en las mazmorras de la dictadura.
