por Cristina de la Torre | Nov 7, 2020 | Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Movimiento social, Política agraria, Octubre 2020
Les quitan la vida, les roban la tierra y ahora quiere la caverna hurtarles también el espacio político a los indígenas, arena del poder que las élites consideran patrimonio suyo, exclusivo. Atropellando su derecho a reclamar vida, paz, democracia y territorio –motivos típicamente políticos–, el Gobierno y sus validos invaden a gritos la escena para desconceptuar a la minga y solapar la amenaza de molerla a palos. O a bala.
Dizque por sospechas de que alberga en su entraña guerrilleros. Por la “infamia” de atentar contra la reactivación de la economía, diría Mac Master, aunque ésta no toque a los millones de hambrientos y cesantes. Por desafiar al virus, que el Gobierno dejó desbordarse al depositar en las glotonas EPS semejante reto de salud pública: el sistema privado ha engavetado 70.000 pruebas de covid. Por la impudicia de buscar diálogo directo con el Presidente. Por tener la minga carácter político, no reivindicativo, un pecado mortal para la ministra del Interior. Por la diabólica aspiración de llegar al poder para instaurar el socialismo, como sagazmente se lo pilla Él, perdonavidas favorable a la masacre humanitaria (¿) cuando de terroristas –de no-uribistas-se trate. Por no ser los mingueros egresados de la Sergio Arboleda.
Tras el lucimiento de la minga que dejó a la derecha con los crespos hechos, puso Duque los pies en polvorosa. Quedó su pusilanimidad expuesta a plena luz. Y confirmado que la vieja historia de exclusión de los “otros” (opositores, librepensadores, minorías o mayorías silenciadas) se reedita hoy en charada. Ahí están, para no ir lejos, el pacto bipartidista del Frente Nacional, el exterminio de la UP con sus 6.528 víctimas, los centenares de líderes sociales asesinados en la criminal indiferencia de este Gobierno, las 17 curules de paz enterradas por su aplanadora parlamentaria. Política sin miramientos a costa del contradictor.
Pero esta charada podrá aumentar el caudal de sangre. Entre la maraña de advertencias, amenazas y conjuros del partido de Gobierno descuella el llamado del senador Fernando Araujo del CD: “en Colombia unos pirómanos buscan generar caos para destruir la democracia y el gobierno no lo puede permitir y debe apelar a la conmoción interior”. La medida autoriza al Gobierno a limitar la movilidad individual y colectiva, a controlar la prensa, a suspender mandatarios regionales, a decretar impuestos y modificar el presupuesto nacional, a allanar y detener ciudadanos sin orden judicial, por sospechas. Desenterraría el estado de sitio que durante 30 años convirtió al país en la dicta-blanda del continente. Sólo que ahora, con el autoritarismo que avanza a paso marcial, tiraría más a dicta-dura.
Alarma la coincidencia de esta propuesta extremista con el asesinato de tres dirigentes del partido de oposición Colombia Humana –Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera y Eduardo Alarcón–, por un lado. Por el otro, con amenaza de masacre de las Autodefensas Gaitanistas contra los militantes de este partido en la Guajira. Así reza el panfleto: “hemos dispuesto como respuesta armada a los diferentes actos proselitistas de las acciones comunistas el exterminio sistemático de todos y cada uno de sus militantes… (los declaramos) objetivo militar”.
El derecho a manifestarse en las calles no es baladí: fue en la calle donde nacieron los partidos políticos; en ella se defiende el establecimiento, se gesta el cambio o se fragua la paz. La calle es escenario primigenio de la democracia, del ejercicio de la política en libertad, más allá del parlamento y de la urna. Derecho hermano del de tomar partido por el gobierno o por la oposición sin morir en la jornada. Sin tener que denunciar, como denuncian los marchantes del 9 de septiembre, los líderes sociales, los indígenas: ¡Nos están matando!
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2020 | Reforma tributaria, Cuarentena, Neoliberalismo, Octubre 2020
La tercera parte de los colombianos está haciendo una o, con suerte, dos comidas diarias. Una hecatombe social. Muestra al canto de la pobreza y la indigencia disparadas que este Gobierno contempla altanero desde el podio de los acaudalados a quienes entregó el poder, y cree encubrir con un alud de anuncios que magnifican su mezquindad: 160.000 pesitos, verbigracia, para una franja de las familias más necesitadas. Vale decir, un salario mínimo en seis meses de pandemia, que en decenas de países –latinoamericanos incluidos– se entregan cada mes. Al finalizar este año, la mitad de la población colombiana será pobre, y los miserables se habrán triplicado. Pero no todo es obra del virus: ya en 2019 la estulticia de Duque-Carrasquilla había logrado crear 661.000 nuevos pobres y 729.000 nuevos indigentes. En el año anterior a la pandemia, la pobreza monetaria aumentó 18,4%, mientras los diez millones de colombianos más ricos elevaban sus ingresos.
Un reversazo que nos ancla en la vetusta ecuación ricos-pobres. Fetidez de populismo, acusarán las células olfativas de nuestra dirigencia, mientras exacerba, ella sí, la lucha de clases. La activa con proyectos como el de reforma laboral filtrado esta semana, que despoja a los trabajadores de sus derechos y cercena sus ingresos; largamente madurado, drinks mediante con jefes de gremios que sólo representan a la crema de organizaciones policlasistas. Con tributación favorable a los más ricos y extorsiva para todos los demás. Con nuevos recortes al gasto público. Con la venta de los bienes más rentables del Estado, como ISA y Ecopetrol. En suma, castigando la demanda agregada, fuente bendita de reactivación de la economía, cuyo desplome explicaría por qué, reabierto el comercio, poco vende. Terminarían muchos productores por suprimir los escasos puestos de trabajo que lograron conservar.
Explica Juan Daniel Oviedo, director del Dane, que gran parte de la reactivación del empleo registrada en agosto no es recuperación del trabajo formal: es que los informales volvieron a salir a batirse en la informalidad de las calles por cualquier ochavo. Y les acompañan nuevos contingentes que ingresan en la informalidad.
Tan aguda la crisis, que el mismísimo FMI, catedral primada del neoliberalismo, invita a los Estados a multiplicar la inversión social financiándola con nuevos impuestos a los más pudientes y a las empresas más rentables. Por su parte el Papa Francisco, a quien los poderosos citan apenas cuando conviene, escribe: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”, que sirve al crecimiento, no al desarrollo. Aboga por restablecer el papel del Estado social, por orientar la capacidad empresarial a conjurar la pobreza y a crear empleo.
Mas, he aquí que el muy católico y monaguillo del FMI, Álvaro Uribe, papa negro de la caverna en el poder, se insubordina contra todo el santoral, padre Marianito y virgen de Chiquinquirá comprendidos. En homilía post prisión advierte, dedo al cielo, contra el coco del socialismo, hoy representado en la minga indígena que apuesta a la “toma socialista del Estado”, mañana en el paro nacional. Una y otro, portadores del “riesgo socialista” que confisca, sube impuestos e impone restricciones asfixiantes. Y cierra energúmeno con la consigna de “oponerse al odio de clases del socialismo”.
Otros –la mayoría– piden, con Mauricio Cabrera, intervención del Estado “para combatir este obsceno aumento de la desigualdad, con mayores ayudas a los más pobres y más impuestos a los súper ricos”. Para combatir el hambre del pueblo provocada por omisión desde arriba, edén de la dictaduque y su ala de insaciables acaparadores de oro que pasan por empresarios de la patria: un crimen de Estado.
por Cristina de la Torre | Oct 14, 2020 | Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Octubre 2020
Uno fue el hijo de Laureano que instigó el bombardeo de “repúblicas independientes” de campesinos que por eso derivaron en insurgentes y, otro, el Álvaro Gómez amigo de la paz que 35 años después murió asesinado por aquellos. Unas fueron las Farc que le cobraron con la vida a Jesús Antonio Bejarano sus diferencias ideológicas y, otras, las que 17 años después tuvieron el coraje de desmovilizarse, entregar las armas, allanarse a la democracia y protagonizar acto supremo de acatamiento al Acuerdo de Paz: confesarse responsables de aquellas atrocidades.
Ahora tendrá la Farc que honrar su metamorfosis, documentando, para empezar, el asesinato del negociador de paz con la Coordinadora guerrillera en Caracas y Tlaxcala en 1991-92. Este homicidio es pieza vergonzosa en nuestra historia nacional de la infamia, aupada a un tiempo por dos sectarismos: el de la tradición que dirime a bala las diferencias de ideas, imperecedero en Colombia, y el importado de rivalidades entre los centros del comunismo internacional que se disputaba entonces espacios en el mundo universitario. Todos los fascismos al mando: el de la acción intrépida y el atentado personal, y el del estalinismo.
Alfonso Cano, contradictor de Bejarano mientras fueron estudiantes en la Universidad Nacional, le cobró siempre al académico el fracaso de aquellos diálogos de paz. Ya había exhibido hacia él un “odio profundo” que impactó al senador Iván Marulanda, según relató en Semana en vivo, cuando éste se desplazó en comisión con otros constituyentes a la selva para trasladar a Caracas al que sería negociador principal por las Farc. Acaso el empeño de Bejarano en aterrizar los diálogos sobre la prosaica realidad pulverizaba la fantasiosa megalomanía de las guerrillas, y destapaba el juego de buscar de palabra la paz sin abandonar el íntimo propósito de continuar la lucha armada: el diálogo concebido como táctica de una estrategia de guerra. ¿Ahondaría tal franqueza el rencor que condujo a su asesinato?
En su libro Una agenda para la paz, destaca el Consejero el desencuentro de propósitos entre las partes. Si para el Gobierno se trataba de superar el conflicto, de lograr la desmovilización de la guerrilla, ésta apuntaba a “la superación de los problemas del país”. Se erigía ella, así, en vocera gratuita de las reivindicaciones del pueblo. Las demandas de participación civil, escribe el autor, “suelen venir de minorías poco representativas y marginales” que creen encontrar en el proceso de paz el espacio que no conquistaron en 40 años de lucha armada. A diferencia del FMLN de El Salvador, que había logrado empate militar, social y político con el establecimiento, nuestras guerrillas representaban limitadísimos intereses sociales. Pero pretendían igualarse a aquel Frente que, vanguardia de amplias organizaciones de masas, pudo negociar de tú a tú con el gobierno de ese país.
De otra parte, por ahorrarse explicaciones de ética y política ante el mundo sobre sus prácticas de secuestro, extorsión y narcotráfico, boicoteaban la mediación internacional en la negociación. Y, negando confidencialidad al proceso, lo convirtieron en espectáculo de protagonismo y propaganda. Desacuerdos en delimitación territorial de los alzados, cese el fuego y tregua bilateral que tal vez querrían traicionar –como sucedió con la tregua de Betancur–, dieron al proceso su estocada final.
En este libro criticó el intelectual la tozudez de las guerrillas, causa medular del naufragio del proceso de paz. Hoy sería referente insoslayable en el esperado esclarecimiento del crimen; una salvajada que evoca el rugido de la falange franquista contra don Miguel de Unamuno, rector de la universidad de Salamanca: “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!”.
por Cristina de la Torre | Oct 4, 2020 | Conflicto armado, Conflicto interno, Posconflicto, Acuerdos de paz, Octubre 2020
Pocos testimonios habrán conmocionado el alma de los colombianos como el de Íngrid Betancur sobre su secuestro de casi siete años por las Farc. Y pocas revelaciones habrán sacudido tanto al país como esta de que la cúpula de aquella exguerrilla se asume responsable de los asesinatos de Álvaro Gómez, el excomisionado de paz Jesús Antonio Bejarano y el General Landazábal. Si la mentira –había dicho Ingrid– es el escudo de los poderosos y de los violentos para escribir la historia oficial, la verdad es el camino de la paz. No bien concluyó su exposición ante la Comisión de la Verdad, cuando el secretariado del nuevo partido reconoció su crimen y le pidió perdón. Tres días después, se comprometió aquel con la JEP a ofrecer verdad, esclarecer los hechos y asumir de antemano su responsabilidad en el homicidio del dirigente conservador. Si así fuere, estarían las Farc provocando un huracán en el país que parecía precipitarse al abismo del autoritarismo y la violencia: un paso de gigante hacia la conquista de la verdad y de la paz.
Las víctimas merecen la verdad. Y también cantan la suya, hasta generar resultados inesperados. Para Íngrid, el secuestro es un asesinato, una muerte lenta sin fecha de vencimiento. No termina con la liberación, pues expropia la identidad, descuartiza la dignidad, anula al ser humano y cambia la genética del que fue para trocarlo en otro. El peso del secuestro en el secuestrado es invencible: lo arroja al vacío donde él se pierde, olvida quién es y después luchará toda la vida por recomponer su ser. El daño es irreparable. El secuestro es el peor de los crímenes porque los incluye a todos y para siempre.
Y un sufrimiento se erige por encima de todos los demás: la mentira. La mentira para maquillar los hechos y la mentira por omisión. La que oculta el nombre de los homicidas y condena a miles de familias a la desesperación en su estéril búsqueda de responsables.
En su emplazamiento a las Farc, señalaba Ingrid que la aproximación a la conciencia de lo hecho, de lo injustificable, pasaba por la negación. Mas todos los abusos legitimados en la ficción de la lucha por el pueblo se derrumbaban ante la incapacidad para reconocer siquiera la propia verdad. Y el miedo, ay, el miedo de las Farc a bajarse de un pedestal confeccionado de falsos heroísmos, pues esa guerrilla llevaba décadas controlando su mundo, imponiendo su ley, contando la historia como ella la quería contar. Ahora podía también mostrarse como el héroe generoso que concede la paz.
Enhorabuena, agregaría, si también ellos hacen el recorrido que a todos se nos impone: escoger quiénes quieren ser en el espacio de país que se ha creado con la paz. Si tienen el coraje para mirarse de frente, sin darse justificaciones, para mirar con asco lo hecho y no querer repetirlo. Arrepentirse. Acercarse con humildad, con dulzura de corazón a los colombianos. Sólo cuando ellos puedan llorar con nosotros se derrumbarán todos los muros que se les interponen. Y se abrirá un verdadero horizonte de paz.
Su admonición pareció precipitar una decisión largamente madurada que sorprendió al país: reconocerse autores de los homicidios señalados. Escribieron en su misiva a la JEP: “Honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”. Colombia espera que honren su palabra.
Que honren la verdad todos los actores de la guerra: el ELN, la verdad de sus secuestros; los paras, la verdad de sus masacres; comandantes de brigada del Ejército, la verdad sobre los “falsos positivos”. Y los empresarios que financiaron a paramilitares para lucrarse de la guerra, ¿qué dirán?
