por Cristina de la Torre | Ago 16, 2022 | Agosto 2022, Corrupción, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Su propio ascenso al poder por las urnas y no por las armas es a un tiempo mentís a la religión guerrillera de la lucha armada y principio de acción para su Gobierno y las Fuerzas Armadas. Es salto de la estrategia de seguridad a bala contra la gente, a la de Seguridad Humana por la vida de la gente. Mas, ante el conato de sublevación de un Duque resoplante en su irrelevancia contra el nuevo mandatario elegido por la Colombia plural representada en la Plaza de Bolívar, Petro se hizo acompañar de la espada del prócer. Resultó equívoco el símbolo, bélico, antípoda del camino pacífico que lo llevó a la presidencia. Arma de una libertad que fue más generosa con la elite criolla, imitadora vergonzante del chapetón, que con la “guacherna”. Arma del Bolívar que predicó la Ilustración y emancipó, pero se permitió veleidades como la de su Constitución Boliviana, una propuesta de dictadura con presidente vitalicio. Con todo, prevalecieron la intención de evocar en Bolívar el mito fundacional de la nación y el sueño de que pueda ella un día sustentarse en el pueblo. Y en la paz.
A la política de muertos y muertos inocentes antepone Petro su Seguridad Humana en defensa de la vida, mediante acción integral del Estado contra la violencia en los territorios. Y confía su liderazgo a la nueva cúpula militar. Tareas suyas serán defender los derechos humanos y la paz. Por oposición a la instrucción que en los cuarteles permitió la ejecución de 6.402 falsos positivos entre 2002 y 2008, agrega Petro que el éxito no estriba en el número de bajas sino en las vidas salvadas. El ascenso se concederá ahora por impedir la masacre o el asesinato del líder social o por resultados en pacificación del territorio. Vuelta a la consigna de “la victoria es la paz” y contrapartida radical a la divisa uribista de tierra arrasada a la que Duque sumó una corrupción desbordada.
Conlleva el nuevo enfoque cambios en la normativa militar, acaso inspirados en la doctrina Damasco que el Ejército adoptó en 2011: misión de la tropa será, además de brindar seguridad y respetar los derechos humanos, ponerse al servicio de la comunidad. Para el coronel Pedro Javier Rojas, entonces director del Centro de Doctrina del Ejército, éste debe adaptar sus principios a la cambiante realidad. Lejos de guerra civil o de amenaza terrorista, Colombia enfrenta un conflicto armado sujeto al derecho internacional humanitario. Tras medio siglo de guerra contrainsurgente apoyada en la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría contra el enemigo interno que dio lugar a los peores excesos, era hora de cambiar el enfoque para terminar el conflicto y cifrar la política militar en la paz. Pues bien, en ello se avanzó entre 2011 y 2018, hasta cuando Duque y su partido volvieron a las andadas, sobre un mar de sangre.
Cuando por ventura reconoció excesos, habló de manzanas podridas. Pero el experto Armando Borrero sostiene que la responsabilidad es institucional: ante prácticas tan monstruosas como los falsos positivos, el Ejército debe preguntarse si ellas obedecen a lineamientos de la institución o a fallas de procedimiento. El primer obstáculo a la autocrítica, argumenta, es la politización de las Fuerzas Armadas, tras décadas de lucha contrainsurgente. Fenómeno comprensible en Fuerzas que son políticas por definición, pues encarnan el poder del Estado. Otra, inadmisible, es su politización partidista. Podrá un general batirse en divisa política por la patria; pero nunca participar en debate contra un candidato a la presidencia.
El presidente Petro ha marcado ya su tónica de cambio. En la inflexión de “Seguridad Democrática” a “Seguridad Humana” jugarán los uniformados papel estelar. Como protagonistas en esta revolución de la no violencia, podrán empujar al país hacia la paz y, en tal misión, restablecer el honor mancillado.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2022 | Derecha, Gustavo Petro, Julio 2022, La paz, Paramilitarismo
De la mano del presidente Petro, amagó vuelo el expresidente Uribe desde sus cenizas. Tal vez abrumado bajo el peso de la derrota en las urnas; de su impopularidad; del juicio penal que le respira en la nuca; acaso confrontado por el informe de la Comisión de la Verdad –historia-tragedia de la Colombia reciente en la cual jugó él papel protagónico– se allanó a dialogar con el rival de sus pesadillas. Pero ofreció una salida decorosa: oposición civilizada. Opción que la democracia agradece, refuerza la legitimidad del Gobierno entrante, le devuelve al expresidente espacio político y lo exime de la deshonra que enloda a los partidos que quisieron venderse en su ocaso por cualquier gabela. Derecha logrera, sepulta sus programas para suscribir los del hostilizado demonio, y su paz, proyectada sobre el mismo diagnóstico de la Comisión de la Verdad. Mas el Centro Democrático parece dividir hostilidades contra la Verdad desde dos flancos: desde Uribe (el policía bueno, por ahora) y desde Duque (el policía malo, rol que desempeña sin esfuerzo).
En desplante a las víctimas propio de villanos, faltó Duque a la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad. Remachó con su desdén la inveterada tesis de la derecha según la cual no hubo aquí conflicto armado sino cruzada de una democracia pulquérrima contra terroristas. Terrorista pudo serlo cualquiera que pensara a su manera, y en ello le iba la vida. El enemigo interno. “La verdad -dijo Duque- no puede tener sesgos ni ideologías, ni prejuicios… En Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden que defienden la Constitución y la Ley y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”. El propio Uribe había acusado a la Comisión de obrar con sesgo político.
Para el comisionado Saúl Franco, no obstante, “este conflicto es político porque se desarrolla en la lucha por el poder. La verdad no es sólo lo que acontece, hay que analizar sus porqués y eso es lo que a veces llaman carga ideológica. Los informes señalan responsabilidades colectivas de todos: de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública”. Los hechos abruman: 700.000 muertos desde 1958, la mayoría civiles; 121.000 desaparecidos; 50.777 secuestrados sólo en los últimos 30 años. Por el 45% de los muertos responden paramilitares, por el 21% guerrillas, y por el 12% agentes del Estado. La desaparición forzada debutó en el Gobierno de Turbay como práctica contra insurgente de las Fuerzas Armadas. En los 90 la cooptaron los paramilitares y en la primera década del 2000 fue ejercicio masivo. Los falsos positivos alcanzaron su apoteosis en el Gobierno de Uribe: 6.402 casos.
Las ofensas de Duque son catedralicias. No va al acto oficial de la Verdad y sí, en cambio, a otro de sus convites de autobombo con los amigos, cámara, luces y acción: en intercambio de preseas con Barbosa, distinguió al fiscal Jaimes con la condecoración más preciada, la Enrique Low Murtra, magistrado asesinado por la mafia. Su nombre engalana ahora la solapa del hombrecillo que, humillando la testa ante Uribe (imputado por presunta manipulación de testigos en un caso asociado a paramilitares) levitó sobre mil pruebas y pidió archivar su caso. Y el presidente, copietas de los napoleoncitos que desfilan sobre alfombras rojas por las páginas de la novelística latinoamericana, lo cubrió de flores. De altisonancias que convierten la cicuta en agua de rosas.
Bienvenida la oposición “razonable” de Uribe, aunque le permita a su pupilo pervertirla. Millones de colombianos esperan con ansia el cambio, y éste empieza por la verdad que conduce a la paz. Por la verdad que duele en el sufrimiento inenarrable de las víctimas, y por el peso moral que ella siembre en los responsables de esta tragedia nacional.
por Cristina de la Torre | May 24, 2022 | Corrupción, Estado de Derecho, Impunidad, La paz, Líderes Sociales, Mayo 2022
Un desastre. El candidato de Uribe, de los clanes políticos, de los combos y la derecha en gavilla, prolongaría de buen grado este régimen de Duque, que no sólo ignoró las urgencias de siempre, sino que las agravó, y terminó por desbarrancarlo todo. Degradó el Estado a fiesta de compinches en el Gobierno para robustecer la sociedad del privilegio y atropellar los derechos humanos, la Constitución, la Ley, las instituciones de la democracia. A golpes de fuerza, de estulticia y vanidad, no gobernó para los colombianos sino para figuración de los amigos, que ocuparon todas las posiciones de mando y no vieron (¿no vieron?) el saqueo del erario. En el deslumbramiento del poder inesperado y su complacencia en la arbitrariedad, mutó el aprendiz en autócrata.
Burló las disposiciones de los jueces; neutralizó por cooptación los órganos de control; supeditó la Fuerza Pública al capricho de sus mentores; permitió avanzar en el aniquilamiento del liderazgo comunitario; su Esmad cobró la vida de 80 manifestantes en protesta social; recibió un país a punto para la paz y lo devolvió en guerra; reanudó los falsos positivos, una infamia que aturdió al mundo; elevó la pobreza consuetudinaria a azotaina del hambre. Y dio alas de águila a la corrupción: última hazaña, derribó el muro de contención al alud de contratos públicos en campaña, acaso para malversar casi cinco billones de pesos, 70 veces los 70 mil millones que la ex ministra Abudinen permitió robarle al Mintic.
No todo es mérito de Duque, claro. En la crisis de hoy pesan la tradicional confluencia de política, abuso y violencia, y décadas del modelo de mercado que extremó las inequidades. Pero sobre este telón de fondo la acción del Gobierno (y sus omisiones) terminaron por jugar papel estelar. Sacando del sombrero Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, destruyó Duque los controles sobre su Gobierno e hipertrofió, aún más, el poder presidencial; así hirió de muerte el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho, y soltó riendas a la corrupción y la impunidad. Dígalo, si no, la abusiva suspensión de alcaldes por la procuradora que saltó del gabinete del presidente al órgano que debe vigilarlo. O el burdo favorecimiento a un expresidente sub judice, mentor del primer mandatario, por la Fiscalía que su condiscípulo y amigo preside.
Se insubordina el presidente contra la política de paz del Estado, pensada en función del cambio, y la reduce a famélico proyecto de gobierno. Como lo proclamó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Contrae la construcción de la paz a un militarismo sin reformas. E incurren sus hombres en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo mismo bombardean “máquinas de guerra” de 14 años de edad que obran apenas contra el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, 97 sólo en los cuatro primeros meses del año. Entre 2020, 2021 y estos meses, se acumulan 223 masacres (Indepaz).
Duque convierte su Gobierno en vaca lechera de los amigos y sus familias. Revelan Noticias UNO y Cambio que la Universidad Sergio Arboleda, claustro del presidente y del fiscal, ha recibido contratos públicos por $90.000 millones. Su exdecano y exfiscal adhoc, Leonardo Espinosa, denuncia manejos irregulares del rector, Rodrigo Noguera. A quien se señaló también de tráfico de influencias. Si, todo queda en familia, nada pasa.
El agudo periodista Santiago Rivas denuesta la codicia de quienes hoy controlan el país. Vampiros los llama, porque “drenan al país de su sustento vital”. Quien llegue a presidente, agrega, tendrá que recoger los escombros de este Gobierno desastroso. Si Gutiérrez, digo yo, sería para rearmar este legado de oprobio. Tal como lo sugiere la afinidad de su historia y su persona con lo más estentóreo del duque-uribismo aquí esbozado.
por Cristina de la Torre | May 8, 2022 | Mayo 2022, Paramilitarismo, Violencia
La peligrosa incursión del general Zapateiro en esta campaña electoral no es un exabrupto. Resulta de un proceso intermitente de politización en las Fuerzas Armadas, que transforma su función constitucional de asegurar la integridad del Estado y del conjunto de asociados en instrumento de un gobierno o de un partido. Para apretar con puño de hierro no sólo al insurrecto armado sino a todo el que reclame, aun por las buenas, o discrepe de la camarilla en el poder. Debuta el engendro con la dictadura de Ospina, que desencadena la Violencia en grande a mediados del siglo pasado; renace con impronta de dictadura del Cono Sur en el Estatuto de Seguridad de Turbay; se viste de epopeya patriótica escrita a dos manos con el paramilitarismo en la Seguridad Democrática de Uribe, y desemboca en la Ley de Seguridad Ciudadana de Duque: protocolo jurídico del régimen que ahoga en sangre la protesta popular, se apaña al exterminio de líderes sociales y sabotea la paz.
Bien ha cumplido su cometido la doctrina del enemigo interno en esta democracia tan ajena al golpe militar como inclinada a excluir y perseguir –aun por las armas– a quien profese ideas distintas de las consagradas en aquellos gobiernos. Hasta señalar al contradictor político como guerrillero vestido de civil, ominosa generalización que matricula a todo librepensador en las filas de la subversión. Y procesa por terrorismo a líderes de la protesta callejera.
No siempre disparan los militares motu proprio sino por orden del poder civil que, en virtud del estado de derecho, prevalece sobre ellos. Pero en Colombia ha usado y abusado el poder político de quienes portan las armas de la república, en defensa de intereses particulares o de secta pintados de cruzada por la democracia. Más allá del general que tolera el espectáculo de sus aliados paramilitares que juegan fútbol con la cabeza de sus víctimas; más allá de quienes ejecutaron la más pavorosa matanza de inocentes, los falsos positivos, medra la crítica de oficiales inconformes con la manipulación de los uniformados por el gobierno de turno.
En agudo libro sobre identidades en la oficialidad, el capitán (r) Samuel Ignacio Rivera resiente el estigma que pesa sobre el Ejército. Por su histórica propensión a fungir como centinela del gamonalato y sus haciendas. Por su pérdida de neutralidad como fuerza del Estado, para transformarse en fuerza de choque de los gobiernos conservadores durante la Violencia. Por su sesgo contra el pueblo, tenido por enemigo interno. Por su condescendencia con políticas de seguridad que se resolvieron en ejecuciones extrajudiciales. Y, digamos, por el pésame del comandante del Ejército, a la muerte de Popeye.
Sí, a Ospina se remonta la historia, pues éste trocó a Ejército y Policía, las fuerzas de seguridad del Estado, en fuerzas de choque al servicio del Gobierno y contra la oposición política. Lleras Restrepo lo acusó de destruir la imparcialidad del Ejército y su condición de árbitro. Fue grave causa de la Violencia. Y en 1.962 señaló el general Ruiz Novoa en debate parlamentario que no fueron las Fuerzas Armadas las que incitaron a los campesinos a matarse para ganar elecciones, sino los políticos. Treinta años después, la seguridad draconiana de Turbay se justificó en el demencial robo de armas al Cantón Norte por el M19. Reaccionó en defensa del Estado, pero proyectó la feroz represión a la oposición legal a su Administración. El uribismo emularía después estos modelos de fuerza.
Dijo Alberto Lleras que tan grave es la indisciplina de un militar contra un gobierno como la indisciplina a favor del mismo, pues siempre redunda en violencia. Dudará Zapateiro entre prestar oídos a los cantos de sirena de la Mano Negra, o bien, restablecer su honor de soldado como guardián de la democracia. La historia toma nota.
por Cristina de la Torre | May 3, 2022 | Impunidad, Mayo 2022
Tahúr de todos los casinos, César Gaviria entrega los despojos del Partido Liberal a la ultraderecha que respira en Federico Gutiérrez. Ofrece una baraja engalanada con la vieja doctrina liberal, pero oculta en ella sus cartas de gula burocrática. Dizque para salvar la democracia, elige a Duque y ahora repite adhesión al candidato de Uribe, héroe del régimen que produjo 6.402 falsos positivos y destruyó la neutralidad política en una fracción sustantiva del Ejército. Dobla Gaviria la rodilla ante el candidato que aprueba los golpes del general Zapateiro a la Constitución, mientras exoficiales de la Fuerza piden perdón por responder a una estructura criminal que el poder supremo habría instalado en su seno entre 2006 y 2008 para asesinar a miles de inocentes. En audiencia sin precedentes en procesos de paz en el mundo, diez exmandos militares reconocieron horrores que, en palabras del coronel Gabriel Rincón, fueron “el desenlace de la política de seguridad democrática”.
Pretende Gaviria devolverle a su partido “el protagonismo del cambio”, la ejecución de “las cirugías mayores que el país demanda”, formalizando adhesión –no alianza negociada– a la aplanadora infestada de garrote y robadera que rodea a Gutiérrez. A la reacción en pleno, representada en los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U y, de seguro, Colombia Justa Libres, que se la juega, esta vez también, por mantener a la brava el estado de cosas que se ensaña en las mayorías. En las bases mismas de estas colectividades. Caso al canto, una es la dirección del Partido Liberal, otro el sentir de la masa liberal.
Pero más de un astuto a la caza de símbolos de centro esperaría que este apoyo rompiera el estigma de exclusiva representación de las derechas en Gutiérrez. Estigma que ya reverbera en el natural retardatario del candidato mismo. ¿Vana ilusión? Acaso pese menos en el bloque de marras el imaginario progresista de la retórica de Gaviria, que su contrario: de pronto, por falsificado, fabricado para la ocasión, desaparezca aquel imaginario entre las tinieblas de la caverna. De la coalición que desoye el estallido social y transforma a la oposición en pretexto para remachar el paradigma de violencia, pobreza, corrupción y desigualdad que Duque extremó y Gutiérrez podría prolongar.
Ya aparecen los idus de mayo: el silencio atronador del presidente, de su Gobierno, de los cooptados órganos de control ante la más dolorosa audiencia de verdades sobre la comisión de falsos positivos, cuyos implicados políticos marchan por su vida de privilegios levitando en olor de impunidad, sin romperse ni mancharse. Ayer sentaron a Duque en el solio de Bolívar, hoy querrán sentar a Gutiérrez. Muñecos de cuerda con cara de yonofuí, elegidos con ayuda del que hoy se dice jefe en rango de López Pumarejo, de Gaitán, de Galán.
Diez exoficiales del Ejército reconocen por vez primera ante sus víctimas, ante la sociedad y la justicia, la comisión de delitos atroces denominados falsos positivos. Declaró el coronel (r) Santiago Herrera, excomandante de la Brigada XV, que usaron las armas de la república para asesinar inocentes mediante una estructura criminal que él implementó por presión de altos mandos de la institución. “Yo asesiné cobardemente, por tener contento a un gobierno”, se dolió Néstor Gutiérrez.
Crímenes horrendos que los partidos tradicionales han contemplado con más indiferencia que indignación. La élite liberal, en particular, acaso porque había fundido al partido con el conservadurismo, mientras su base se fundía con la masa de los nadie. Con el sabotaje de César Gaviria a la candidatura de Humberto de la Calle en 2018 perdió el liberalismo su oportunidad de elevar un estadista de talla mayor a la Presidencia. Y ahora le da Gaviria a su partido entierro de tercera.
