por Cristina de la Torre | Dic 5, 2023 | Diciembre 2023, Crímen organizado, Estado liberal, Polarización social, Lavado de activos, Capitalismo Social, Capitalismo, Reforma Rural, Fraude Electoral, Especulación Financiera, Libre Mercado, Neoliberalismo, Modelo Económico, Partidos, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia
Conforme cambiaba el país y creía vencer mi ignorancia sobre él, mudaba yo de tercio sobre el clientelismo. Primero, contra el dogma políticamente correcto de mi generación, que lo tuvo por dominación atrabiliaria de amos contra vasallos. Me maravilló su acción integradora de la sociedad, que daba sentido de pertenencia política y promovía el ascenso de clases emergentes y de nuevas élites del poder. Y ahora, a la ligereza de leyes que inducen la desintegración de los partidos se suma la tormenta de una ética que ha convertido el proverbial sálvese quien pueda en panacea del haga plata como sea. En la relación de políticos mediadores de servicios del Estado con la población que en contraprestación les brindaba apoyo electoral, despuntaron nidos de corrupción, sí. Pero ésta, huevo de codorniz, evolucionó a ahuevo de águila negra empollado en la crisis de los partidos, en el narcotráfico y en la involución al individualismo utilitarista del capitalismo en bruto que la Carta del 91 apadrinó.
Más de un cambio de fisonomía ha sufrido el clientelismo, desde su origen en la hacienda decimonónica donde un señor subordina a la peonada a la vez como fuerza de trabajo, ejército privado y cauda electoral. Ya hacia mediados del siglo XX se nutre de profesionales de la política que medran en provincia y en barrios populares, nichos de poder cada vez más independientes del jefe político. Se pasa de la movilidad social por cooptación a la movilidad por creciente autonomía de líderes y grupos emergentes. Así como los partidos, nuestro clientelismo es policlasista: ni mecanismo de dominación de clase ni prerrogativa exclusiva del vulgo. Porque el clientelismo no sólo redistribuye recursos del Estado sino poder político. Cuando aquel transgrede los salones del Gun Club y del directorio político para instalarse como poder en los bajos fondos, lo resiente la vieja clase dirigente como un desafío.
Otra mutación empezó a gestarse con la Carta del 91. Muchos constituyentes desplegaron cruzada moralizante contra él: asimilaron tránsito de la tradición a la modernidad a tránsito del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras antagónicas simbolizaron la dicotomía entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista – recordaba yo en texto que aquí gloso (“Clientelismo, revolcón y poder político”, Universidad Externado)-. El antídoto, suplantar la democracia representativa con la participativa. En nombre de la sociedad civil, mecánico agregado de hombres libres, se invitó a suprimir las deformidades del atraso: partidos, gremios y sindicatos.
La Constitución del 91 abrió puertas al predominio del modelo de mercado sobre el del capitalismo social y a la supremacía de la democracia liberal sin principio de solidaridad. De la crítica al Estado de partidos se saltó a la sociedad sin partidos, Nirvana de negociantes de todos los pelambres que practican como profesión el asalto al erario y a los recursos del Estado. Se ha degradado la política a actividad instrumental de los negocios, y disuelto la soberanía popular en la libertad del ciudadano-cliente. Territorio donde florece la versión del clientelismo utilitarista que roba votos o los compra en el libre mercado electoral.
A falta de populismo en regla, en Colombia el clientelismo ha sido el sistema. Hemos sugerido aquí aportes suyos a la movilidad y la cohesión sociales. Pero en su deriva actual, ha terminado por acentuar la precariedad ideológica de los partidos y por disparar la corrupción en la política. La alternativa no será restaurar el clientelismo sino repolitizar la política, sobre tres parámetros: modernizarla, democratizarla y vencer la impunidad de la clase política corrupta.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Jul 25, 2023 | Julio 2023, Estado laico, Estado liberal, Derecho fundamental, Estado Social, Iglesias, Educación, Arte, Ciencia
Para llegar hasta la idea de educación que hoy se ventila, afincada en la ciencia, en el arte, en el pensamiento crítico, en la formación del carácter, tuvo este país que doblegarse primero a la educación confesional de la Iglesia Católica (causa, entre otras, de las guerras civiles y la Violencia) y avanzar a tumbos hacia la educación laica del Estado liberal, hasta desembocar en el proyecto de la ministra Aurora Vergara: elevar la educación de servicio público a derecho fundamental que asiste a todos los colombianos, desde prekínder hasta universidad; y apuntar a un cambio drástico en el currículo y en la calidad de la enseñanza. Gaje del Estado social de derecho.
Cuando muchos temían encontrar en esta reforma la impronta gremialista, tan exigente en gabelas para los maestros como abúlica si de calidad de la educación se trata, el Gobierno da sorpresa colosal: dos proyectos de ley. Uno, principalmente para refinanciar a la universidad pública que desde hace 30 años recibe el mismo presupuesto, para una población universitaria que saltó de 150.000 estudiantes a 650.000. El déficit acumulado a la fecha es de $18 billones. Además, el Gobierno aspira a la gratuidad en la universidad pública y a crear medio millón de nuevos cupos en ella, sea para formación técnica, tecnológica o profesional.
Pero, como en salud, poco se logra ampliando la cobertura sin abordar los graves problemas de calidad en la educación. El otro proyecto, el de la Ley estatutaria, regula el derecho fundamental a la educación como eje del sistema, fuente de equidad y propulsor en la búsqueda de otro país. De un nuevo modelo productivo -diría la misión de sabios que en 2019 escribió el informe Colombia, hacia una sociedad del conocimiento– desde la revolución industrial en ciernes, la producción integrada, la convergencia de tecnologías y disciplinas. En el entendido de que el crecimiento económico sólo es sostenible si se acompaña de equidad e inclusión.
Para el debate que se avecina, pocas fuentes de inspiración tan a propósito como el documento de marras. Gloso dos ideas suyas. La reforma parte de sustituir el modelo basado en la enseñanza por otro anclado en el aprendizaje contextualizado que enseñe a pensar, que propicie la crítica, que enfrente retos desde la innovación y la creatividad, que posibilite soluciones. Reivindica una educación cimentada en el conocimiento científico, en los desarrollos de la tecnología, en la investigación guiada por la curiosidad, en la creación. El reto, escriben los sabios, será convertir la ciencia, la educación y la cultura en ejes del desarrollo del país, e integrarse a la sociedad global del conocimiento. Sin el concurso de las ciencias y las artes, escriben, ningún país ha logrado desarrollar tecnología ni innovación ni fortalecer su productividad.
Invitan a redimensionar el rol del maestro para convertirlo en ejemplo vivo de lo que significa ser aprendiz en el siglo XXI: “un referente de flexibilidad, de apertura, de renovación de aptitudes, saberes y prácticas…” sin sacrificar el rigor de la ciencia. Invitan a una educación que cree vínculos emocionales, pasión por el conocimiento, por la cultura, la ciencia y el arte… que cultive el asombro, el descubrimiento y la invención… E instan, como ahora la ministra Vergara, a propiciar un acuerdo sobre la educación entre Estado, empresarios y organizaciones de la sociedad para cifrar el desarrollo en el capital humano y en la investigación científica.
Tal vez ningún proyecto de reforma augure, como éste, consenso en sus trazos mayores. Tal vez nadie se atreva a transformar su discusión leal e informada en cantera de propaganda. Tal vez nadie quiera malograr esta oportunidad única de marchar hacia la educación soñada.
por Cristina de la Torre | Mar 28, 2023 | Estado laico, Estado liberal, Iglesias, Marzo 2023
Aun en la traumática depuración de Colombia como Estado laico, escandaliza esta cruzada del jefe de la Policía, general Henry Sanabria, por convertir la institución de seguridad y defensa en congregación mariana. El alud de misas y rosarios y procesiones y conjuras al Maligno impuesto a 160.000 hombres, evoca la recurrente fusión de la espada, la cruz y el bozal que ha signado la historia de la nación. Revive figuras que, encarnación de las llamadas fuerzas vivas de la patria, conspiraron contra el divorcio de Iglesia y Estado y militaron en la causa de la guerra santa: el obispo, el censor, el general. Monseñor Builes disparó homilías que catapultaron la violencia contra el reformismo liberal y la modernidad. Alejandro Ordóñez despachó con la Biblia desde una procuraduría sembrada de crucifijos, para negar la paz hace seis años, de brazo con las jerarquías católica y evangélica. En este intercambio de roles, el prelado vistió la retórica del fusil, el jefe del ministerio público, la sotana, y el general cubrió su pistola al cinto con los tules de la Virgen María.
En tal usurpación del Estado liberal aletea el fundamentalismo ultramontano de un monseñor Builes, convertido en poder político labrado en la violencia. La guerra contra el Estado “impío y ateo” que su aliado Laureano convocara se resolvió 75 años después en estocada contra la paz. La ofensa al sufrimiento de los colombianos pronto despertó el antídoto avasallado en la Iglesia: hoy respira en ella el compromiso de un monseñor Jaramillo con la reconciliación en Buenaventura y 38 obispos recibieron piadosos esta semana la palabra del Papa: ser pastores para su pueblo y no prelados para el poder. ¿Son suficientes síntomas de cambio?
Tras la ofensiva de Ordóñez medraba el partido político Voto Católico, reducto que abomina la “ideología de género” y el “laicismo militante”, y justifica la resistencia armada contra gobiernos “perversos” porque prescinden de Dios, contra la superstición diabólica de la democracia liberal. Invoca la Inquisición y el fascismo de Primo de Rivera, savia de la alianza conservadora-clerical que consagró la patria de Cristo-Rey elevada a poder del Estado. Y alimentó también a la secta lefebvrista del procurador.
Trocada aquella divisa en gesta moralizante desde la religión, el general Sanabria reconviene todos los días al cuerpo de Policía contra el divorcio y el adulterio que allí campean, no sin denigrar también de la mujer. Como si el divorcio no fuera legal o si el adulterio fuera delito en Colombia, apunta la investigadora Olga Lucía González. El problema, agrega, es que Sanabria es el jefe de un cuerpo civil encargado de proteger los derechos y libertades públicas. Ha suplantado la acción anticorrupción en la Policía por cacería de policías homosexuales, ateos, impíos u organizados en unión libre para forzarlos a casarse.
Por tres caminos porfía la avanzada hacia el Estado clerical en Colombia, puesta la mira en una teocracia (¿sangrienta?) Como la de Calvino en Ginebra, que despuntó con muerte en la hoguera para el librepensador Miguel Servet, culpable de negar, entre otros, el dogma de la Trinidad Inmóvil. Ya se recordaba en este espacio que el ginebrino escribió la primera guía teológica y política de la doctrina evangélica, pareja inspiración de la Inquisición católica: toda crítica a su creador será por fuerza ofensa al poder político que lo representa. Como la libertad de conciencia es doctrina del demonio, quien la ejerza debe morir. Este catecismo es a la vez pauta de fe y ley orgánica de Estado.
Va para nuestra trinidad de obispo, censor y general esta glosa de Stephan Zweig: cuando un credo se toma el poder del Estado, pone en marcha la máquina del terror; a quien cuestione su omnipotencia le corta la palabra y, casi siempre, la garganta.
