por Cristina de la Torre | Oct 26, 2021 | Reforma tributaria, Iván Duque, Banca, Modelo Económico, Política económica, Octubre 2021
Desafiante, taimado, glotón, este Gobierno (con sus bancadas de logreros) devora a dentelladas el poder que le cayó en suerte. A fuer de reactivación económica, no dejará piedra sobre piedra: si de financiar un fraude colosal en elecciones se trata, menea el paspartú de la reactivación; si de reforma tributaria para redoblar favores a los ricos y penurias a los pobres, invoca la reactivación. Pero esta reforma-parodia será impotente frente a la inversión social que demanda un país con cinco millones de familias en la miseria, cuya financiación no podría salir sino del impuesto progresivo. El que grava proporcionalmente más a los que más tienen, pan comido en democracia que se respete. En previsión del cambio que se impone, el entierro de la Ley de Garantías Electorales se traducirá en orgía de contratos sin control y de votos comprados para llenar alforjas y asegurar curules a las fuerzas que perpetúan un sistema fiscal hecho a la medida de los poderosos.
Ha crecido la economía, sí, mas no el empleo. Se ha multiplicado el beneficio de los conglomerados que concentran el poder económico, controlan los mercados y mandan en las políticas de Estado. Crecimiento habrá pero no redistribución. Ni desarrollo. Es reactivación para los bancos y negocios de los sarmiento-angulos, los mismos que acapararon casi todas las ayudas por pandemia de este Gobierno, mientras sufría, y sufre, la plétora de pequeñas empresas que generan el 87% del empleo.
Loas y campanillas hubo hace dos meses para los empresarios que, en acto de desprendimiento digno de gratitud universal, aceptaron elevar en dos puntos su impuesto de renta pero, eso sí, preservando las gabelas recibidas durante años. Grande era el guardado. Sostiene Jorge Enrique Espitia (Le Monde Diplomatique) que tales concesiones les reconocen $40 billones de ingresos no constitutivos de renta, $13 billones por rentas exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Sin estas concesiones y tributando el 35%, el recaudo adicional sería de $24 billones. Es que las tarifas efectivas de tributación que los grandes conglomerados pagan son irrisorias: mientras la de un minimercado es 7,2%, la del sector financiero es 1,5%. La desigualdad clama al cielo: el ingreso medio que el uno por mil más rico declara es 1.300 veces el de un declarante que está en la menor escala; y su patrimonio representa 3.700 veces más.
Como si fuera poco, señala Espitia, la reforma tributaria descabeza la lucha contra la evasión: elimina el artículo que reduce la brecha entre avalúo catastral y valor comercial de un inmueble. En la gloria seguirán terratenientes y ganaderos que llevan siglos pagando impuestos exiguos, o ninguno. Para no mencionar los grandes capitales que medran en la ilegalidad o en paraísos fiscales, bendecidos, estos últimos, por el mismísimo presidente Duque. En $50 billones se calcula la evasión tributaria por año en Colombia.
Mientras tanto, casi la mitad de los colombianos vive con $11.000 diarios, y con $5.000, los hijos de la miseria. Aliviarlos con una renta digna le costaría al Estado apenas el 0,2% del PIB, $2,4 billones. Pero el presidente, viajero saltarín por el mundo, no se agobia con estos menesteres, no y no. Seguirá girando partiditas de caridad a una porción reducida de los sufrientes. Y, claro, listo para pitar la largada a ordeñar en esta campaña electoral hasta la última gota del erario, menoscabar por fraude la representación plural en el Congreso y asegurar la hegemonía de los partidos que, ebrios de sus propias miasmas, querrán preservar la patria de las desigualdades.
Hubo un tiempo en que Duque se revelaba como lobo con piel de oveja. Ya no. De tanto hostilizarla, le ha jugado la verdad una mala pasada: ahora se insinúa en la ambigua figura de lobo con piel más de lobo que de oveja.
por Cristina de la Torre | Sep 24, 2021 | Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Movimiento social, La paz, Posconflicto, Impunidad, Septiembre 2021
Después de los 6.402 falsos positivos del uribato, en el Gobierno de Duque ha vuelto a correr sangre a chorros. Pero a cada nueva evidencia de la carnicería, un coro se levanta desde el poder para convertirla en gesta heroica de la democracia contra el terrorismo; que lo es todo cuanto se aparte del corro presidencial, de su partido, sus banqueros, sus terratenientes y sus Ñeñes. Y nadie le cree. O muy pocos, porque son legión los colombianos que han visto impotentes el asesinato sin investigación y sin castigo de 116 líderes sociales y la comisión de 69 masacres sólo en lo corrido de este año. Legión, los testigos del homicidio a bala de 13 manifestantes el 9 de septiembre del año pasado y de otros 77 en mayo-junio del presente, según Temblores e Indepaz. A bala de la fuerza pública y de sus adláteres, las Camisas Blancas del paramilitarismo urbano.
El más reciente pronunciamiento es de Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera de Derechos Humanos: “el gobierno del presidente Duque –escribe– ha dado lo mejor por la protección de los líderes sociales [y] ha adoptado políticas públicas de Derechos Humanos que se implementan de manera rigurosa”. Otra cosa dijo la CIDH, que vino, estudió los hechos, comprobó responsabilidad del Gobierno en la matanza del paro nacional y anunció monitoreo al país. También a España llegan ecos de esta finca, y el presidente que corre a suplantar Vallejos en la Feria del Libro de Madrid con su librito de economía naranja. Mas pierde el envión. Nada puede ante la protesta de colombianos en esa ciudad contra el “genocida”, ni ante el manifiesto de 28 libreros indignados con quien llega “a lavarse la sangre derramada”.
Y es que Colombia se corona campeón mundial en asesinato de líderes ambientales: 65 el año pasado, casi la tercera parte de los habidos en el orbe. Informa Global Witness que estos crímenes son parte del ataque generalizado contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y permanecen en la impunidad. No toca el Gobierno la pulpa de la matanza, bien cobijada como está por su sabotaje a la implementación de la paz. Último dato: cercena la implementación de la paz reduciendo sus recursos de 10% a 3%.
Pero en su grosera distorsión de la realidad, se pavonea Duque disfrazado de cruzado, de Blancanieves, de presidente. Perdura el recuerdo del chaleco (no disfraz) de policía que se caló para confundirse con quienes acaso venían de matar a 13 muchachos, y los llamó “héroes”. El elogio, flor silvestre, le brotó del alma. Pero otras veces él y su Gobierno mienten en grande sin parpadear. Mienten sus funcionarios, verbigracia, al reconocer 3 muertos en Cali el 28 de mayo a manos del Ejército, la Policía, el Esmad, el Goes y los paramilitares, cuando fueron 12 las víctimas, según indagación pormenorizada de El Espectador, (5, 7, 2021). De las decenas de agentes implicados, sólo uno ha sido llamado a juicio. Y la Fiscalía ahí, se carcajea, mientras a Nury Rojas, madre de la baleada Angie Baquero, la amenazan de muerte por exigir justicia. Presidente, Fiscal y Mindefensa elevaron a terrorismo las contravenciones de bloquear vías sin violencia o tirar piedra. Se prepara sentencia de 22 años de cárcel contra un miembro de la Primera Línea en Medellín por filmar enfrentamientos con el Esmad y por insultar policías.
El mundo de las letras en pluma de libreros descalificó en España el ladino autobombo de este “heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico y las matanzas paramilitares […] el responsable directo de la represión, de las torturas y desapariciones de los últimos meses”. Mas, si por allá llueve, por acá no escampa: 70% de los colombianos reniegan de la perversa charada y reclaman respeto a la vida a quien todos los días tira la piedra y esconde la mano.
por Cristina de la Torre | Sep 14, 2021 | Neoliberalismo, Iván Duque, Banca, Septiembre 2021
Levitando en la muelle complacencia del poder que le cayó de chepa, desdeña el presidente a los 21 millones de colombianos reducidos a la pobreza. Ni plan de choque para crear empleo en masa, ni renta básica decente, ni crédito sin intereses del Banco de la República al Gobierno. En vez de una cirugía capaz de salvar órganos vitales de la sociedad, administra paliativos. Campean la miseria y el desempleo en medio de la algarabía por una reactivación que no lo es, pues economía y pobreza han crecido a la par. Jugosa cosecha para los negocios que compiten con ventaja y desolación para todo lo demás, dizque a la espera de que la bonanza caiga un día a cuentagotas sobre los menesterosos. Manes del modelo de mercado en su treinta aniversario: es hija suya la crisis, acentuada por la pandemia.
Es producto de la apertura de César Gaviria, que desprotegió la agricultura y la industria nacionales, con resultado contrario al que sus promotores pronosticaron: la desindustrialización. Con todas sus secuelas de atraso, desempleo, trabajo informal y precario. Producto del desmonte del Estado empresario, planificador del desarrollo y regulador de los mercados. Producto de la preeminencia concedida a los banqueros, que se enriquecieron sin pudor. Y ahora, ante la crisis, propone Duque revitalizar la receta fracasada, la que dispara el desempleo y las desigualdades.
Impusieron “los economistas” su pensamiento único a la brava y prometieron una economía exportadora, acicateada por la competencia internacional. Otro fue el desenlace: la quiebra de porciones enteras del empresariado nacional a instancias de mercaderías foráneas que invadieron sin cortapisas el mercado, pues el arancel se redujo a la octava parte en estas décadas. Si en 1.982 las importaciones fueron el 10,9 del PIB, en 2019 alcanzaron el 22,9%. José Antonio Ocampo sostiene que “hicimos más para diversificar exportaciones cuando combinábamos protección con promoción de exportaciones” (entre 1.969 y 1.974). Vuelve hoy el crecimiento pero sin empleo: se produce lo mismo que en 2019, pero 2 millones adicionales de desempleados por pandemia no encuentran trabajo todavía.
En el origen del modelo que fue religión y hoy periclita, el Consenso de Washington frenó la industrialización alcanzada en 70 años. Modesta, sí, tardía y salpicada de favoritismos del Estado, pero había asegurado un crecimiento anual del 5,6%; el doble del que se registra desde la apertura. En 1.989, la industria representaba el 30% del PIB; hoy no pasa del 10%.
A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis de la democracia que moría bajo dictaduras en el Cono Sur. Con ellas se equipararon las falencias de la nuestra. Se copió la seductora retórica del retorno a la democracia y el modelo económico que fue su corolario: el paradigma neoliberal. No pareció importar que éste naciera precisamente en la dictadura de Pinochet. Se cooptó, sobre todo, el privilegio concedido al sector financiero, y la Carta del 91 lo extremó obligando al Banrepública a operar mediante onerosísima intermediación de la banca privada. Escribe Hernando Gómez Buendía en su obra De la Independencia a la Pandemia que en 20 años pasó este sector de generar el 8, 8% del PIB, al 22%: “un cambio en la composición sectorial de la economía [casi sin] precedentes en el mundo […] La Constitución igualitaria del 91 acabó por entregarle la economía del país a dos grupos financieros gigantes”. Con razón se negó Duque a gestionar crédito directo con el Banco Central para paliar la pandemia.
Crecimiento sin redistribución es atesoramiento de pocos, no desarrollo. Entre tanto candidato a presidente ¿habrá quien proponga reordenar prioridades entre los sectores de la economía y privilegiar la productiva sobre la especulativa? ¿Quién ofrece alternativa al esperpento que Duque encarna?
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2021 | Iván Duque, Corrupción, Clientelismo, Agosto 2021
Ineptitud, altanería ante los débiles y mansedumbre ante los poderosos, blandura con la corrupción, son rasgos salientes del gobernante que nos tocó en suerte. En virtual legitimación de la torpeza, la incompetencia, el abuso de poder y, acaso, la mala fe de ministros cuya temeridad le cuesta al erario un potosí, se bate Iván Duque a capa y espada por un Carrasquilla, por una Abudinen. Debuta en su Gobierno con la indecorosa defensa del titular de Hacienda enriquecido con bonos de agua que estrangularon las finanzas de 117 municipios. Y en el ocaso del mandato cubre de justificaciones y lisonjas a la titular del Mintic –niña predilecta del clan Char– por suscribir un contrato billonario montado sobre documentos y firmas apócrifas con empresarios de dudosa ortografía, y por concederles alegremente un anticipo de $70.000 millones, sin garantías, y que fueron a dar a un paraíso fiscal. Pese a las alarmas que había activado mucho antes la periodista Paola Hernández. Hoy está ella amenazada.
Mintic adjudicó el contrato a Centros Poblados, aunque el asesor de esta firma fuera, a la vez, asesor de la ministra (el consejo de ministros desestimó la recusación que obró contra ella); y aunque las denuncias probaron inexperiencia de los contratistas en telecomunicaciones y falta de requisitos legales. Un alud de cuestionamientos pesa ya sobre las empresas de Centros Poblados. Y sobre la personera del contrato que, si no la incrimina penalmente, comporta responsabilidad administrativa y política. Si le quedara todavía pudor, debería renunciar. Como sucede en cualquier democracia que se respete.
Hace tres años denunció Daniel Coronell que, siendo ministro, había impulsado Carrasquilla una ley que le reportaría después $70.000 millones de ganancias en cinco años. Privatizado el servicio de agua en 1994, inversionistas particulares podrían ahora prestar a los municipios para obras de acueducto. Así lo hizo el ya exministro entre 2008 y 2011, pero con tasas de interés extorsivas que ahogarían a los municipios y sin asumir responsabilidad sobre la ejecución de las obras. Quedaron ellos endeudados por 19 años y sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y alcantarillado. Nadó Carrasquilla en sus millones y luego, al primer debate de control político, sobre el salvavidas que el recién posesionado presidente Duque le tendió.
No sorprende la destreza de Duque para embolatar los proyectos que volvían leyes el clamor de casi 12 millones de votantes contra la corrupción en 2018. Proponía el referendo, entre otros, que los corruptos tuvieran que devolver todo el dinero robado; que no se les concediera casa por cárcel, ni asignara el Estado contratos a dedo. Tampoco sorprenden los afanes del presidente por modificar ahora la ley de garantías electorales: para poder contratar sin licitación y nombrar ejércitos de activistas en la campaña venidera. Para tomarse por asalto los recursos públicos que queden aun a la mano. Así niega Duque su pronunciamiento de 2017, cuando calificó iniciativa parecida como “asalto a la legalidad y a las garantía electorales”.
En un país donde la corrupción alcanza los $50 billones al año, el 93% de cuyos ciudadanos piensa que esta empeora día a día (13 puntos más en este Gobierno), mucho ofenden las fogosas incursiones del presidente de la República en defensa de ministros y funcionarios que en su felonía se mueren de la risa porque el jefe supremo los mima y protege. En recuerdo del malogrado referendo, propone David Racero que los delitos de corrupción contra el Estado no prescriban ni haya libertad por vencimiento de términos. Sea. Y ojalá que en 2022 despunte otro país donde las siempre saboteadas reformas política y de justicia conjuren la vergüenza de tener presidentes con moral de gelatina.
por Cristina de la Torre | Jul 13, 2021 | elecciones 2022, Paro Nacional, Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Movimiento social, Régimen político, Julio 2021
Al parecer, Duque pide pista en el Eje del platanal que Ortega y Maduro presiden. Da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha confirmado en Colombia, como lo registró en Nicaragua y Venezuela, cifras aterradoras de homicidios, desapariciones y vejámenes contra manifestantes a manos de una Policía militarizada. Y paramilitarizada. El CD, partido de gobierno, descubre en el informe “sesgo ideológico de izquierda para mostrar al Estado como opresor [cuando este] propende por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar su derecho a vivir en paz”. Nirvana dorado que casi sólo existe en el papel y en las peroratas de este Gobierno a la galería. En Nicaragua, ni en el papel. También Ortega vio sesgo, pero de derecha, en el informe de la CIDH sobre su país: el documento “convertía un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”. Hubo 322 muertos. Pese a la presión de Duque en 2019 para que Maduro recibiera a la Comisión, este la rechazó. Para sendos países creó ella un mecanismo de monitoreo de derechos humanos, el mismo que anuncia ahora para Colombia.
“No aceptamos mecanismos de verificación, porque nuestro Estado es fuerte, robusto e institucional” y no se excede en uso de la fuerza, declara el Gobierno. Poca cosa le parecerán las 73 víctimas fatales, 41 con cargo directo a la Policía y 32 en verificación de idéntica autoría. O los 84 desaparecidos en protestas que la Fiscalía reconoce, cinco de los cuales ya aparecieron muertos. Mas, acaso para solapar la tragedia, puso Duque todo el énfasis en los matices que la CIDH dibujó sobre el recurso al bloqueo de vías, que acabó por alinear a muchos contra el paro. Y tergiversó el análisis. Ateniéndose al derecho interamericano, lo justifica la Comisión, como recurso temporal y limitado, nunca si viola derechos de terceros a la vida, la salud o el acceso a alimentos. Entonces espetó el presidente su sentencia heroica: “nadie puede recomendar a un país su tolerancia con actos de criminalidad”.
Embriagado en el dulzor de su propia frase, creyó lavar con ella la sangre que corría en calles y centros de detención. Y bendecir la entronización urbana de la estrategia contrainsurgente que durante medio siglo cobró con su vida en los campos a todo el que discrepaba o reclamaba lo suyo. Enemigo de la patria, del Estado fuerte, robusto, institucional será ahora también el estudiante, el desempleado, el desplazado sin horizonte de las periferias urbanas, blanco de las Camisas Blancas que suman sus armas a las de la Policía y el Ejército. Ejército autorizado por decreto de “asistencia militar” para disparar, “si toca”, sobre personas inermes y prevalecer a la fuerza en medio país sobre autoridades civiles elegidas democráticamente. ¿No es este el principio activo del tirano, llámese Franco, Trujillo, Ortega o los napoleoncitos de cartón que florecen como plantas carnívoras en estos trópicos?
De todo ello se duele la CIDH. Del tratamiento de guerra que aquí se da a la protesta social, cuando las penurias y humillaciones acumuladas por generaciones revientan en un grito sostenido de dos meses que este Gobierno ni oye ni entiende, ni calibra su historia y su potencia. Reacio a los hechos, incapaz de medir la hondura del descontento, se alela entre la fantasía de la conspiración comunista y la acción administrativa que sólo acierta cuando se trata de frustrar la paz, enriquecer a los amigos y librarlos de la cárcel. No quiere saber de encuentros y asambleas de vecinos que reverberan acá y allá, a veces a tientas, otras con más luces, en cientos de municipios que se comunican y van depurando anhelos comunes. Se organiza la gente para la protesta, y para las elecciones de 2022. Tal vez sea cierto: no hay tirano en ciernes que dure cien años ni pueblo que lo resista.
por Cristina de la Torre | Jun 29, 2021 | Iván Duque, Paramilitarismo, Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, Movimiento social, La paz, Posconflicto, Impunidad, Acuerdos de paz, Actores del conflicto armado, Junio 2021
Violento el contraste. Literalmente. Mientras el Gobierno Duque innova en horrores contra la protesta ciudadana, pisotea el Acuerdo de Paz y reanima el conflicto, Ingrid Betancur y Rodrigo Londoño protagonizan perturbador encuentro entre víctimas de secuestro y sus victimarios, pero ambos abrazan el principio de la reconciliación: su repudio a la guerra. Aunque con reservas sobre el tono “acartonado” de sus adversarios y abundando en reclamos, dijo ella que “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron nos levantamos al unísono para decirle al país que la guerra es un fracaso, que sólo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud […]. Esta es nuestra verdad colectiva y [sobre ella] debemos construir una Colombia sin guerra”. Pidió perdón Timochenko “con la frente inclinada y el corazón en la mano”; y reafirmó que no debe responderse a la violencia con más violencia. Largo y tortuoso recorrido debieron transitar las Farc desde la exculpatoria calificación de “error” a sus 21.000 secuestros, hasta reconocerlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Mientras la reconciliación da un paso de gigante esta semana, echa al vuelo su imaginación el fundamentalismo armado para diversificar modos de guerra sucia, ahora urbana. Modos que acusan, cómo no, la marca siniestra del paramilitarismo. En el río Cauca y en Tuluá aparecen los cuerpos de Brahian Rojas y Hernán Díaz, desaparecidos antes. En bolsas de plástico se encuentran, desperdigados, cabeza y miembros del joven Santiago Ochoa, entre otros. Comenta el Canal 2 de Cali que hay en la ciudad cacería de marchantes; les caen a sus casas y los desaparecen. Por un alud de amenazas de muerte tuvo que salir del país un dirigente de Fecode, estigmatizado en público por el mismísimo presidente de la república.
A poco, acusó al paro de haber producido 10.000 contagiados de Covid. Aseveración infundada, según científicos, pues en el pico pesan más la reapertura de la economía, la lentitud en el suministro de vacunas y el casi nulo cerco epidemiológico que desplegó el Gobierno. Y Francisco Santos afirma que “el pico de la pandemia tiene nombre propio: CUT, Fecode, CGT, CTC, Petro y Bolívar”. Juguetón, pone lápidas donde conviene. El hecho es que el contagio creció 15,8% en abril (sin paro), y 8% en mayo, en la plenitud del estallido social. Para rematar, la Fiscalía señala con nombre propio y sin pruebas a 11 líderes sociales de Arauca de pertenecer a disidencias de las Farc. Y la Procuraduría abre, porque sí, indagación contra cinco congresistas de oposición mientras se adjudica funciones de policía política.
Sintomatología de amplio espectro que revela dimensiones inesperadas en la guerra que la derecha ultramontana quiere revivir, a pesar de Ingrid, a pesar de que Farc no hay ya. Otros enemigos se inventa: líderes sociales (van 80 asesinados sólo este año), y muchachos masacrados en las calles: 70 a 4 de junio reportó Indepaz-Temblores con nombres propios a la CIDH, con autoría directa o indirecta de la Policía; más dos uniformados y un agente del CTI. Aquí es más peligroso ser líder social que delincuente, se quejó Leyner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad.
La potencia de la sociedad que protestó en las calles alienta la esperanza. Y el Pacto de Paz, dirá Ingrid, aunque imperfecto e incompleto, nos entregó el único instrumento que tenemos hoy para salir de la barbarie. Barbarie de criminales, se diría, que, volviendo papilla la esquiva democracia, disparan contra el líder popular, contra el campesino, contra el joven-no-futuro, contra el empresario, contra el opositor, contra la mujer de doble jornada sin remuneración. Barbarie incalificable, atentar contra la vida del presidente de la república. Sí, la guerra es un fracaso.
