Bajo una espesa nata de venalidad e impunidad, florecen procesos emblemáticos que sacan la cara por la justicia y exaltan el valor de un número en aumento de jueces y fiscales. Apenas ayer, los magistrados de la Corte Suprema juzgaron, contra viento y marea, la parapolítica. Un hito contra la alianza de criminales y políticos. Hoy, el juicio a Samuel Moreno, capo di tutti capi en la billonaria defraudación de Bogotá, condenado a 18 años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. Y el proceso de falsos positivos eleva por fin pesquisas hasta la cúpula militar que habría propiciado el asesinato de 4.800 civiles inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras, e involucra al mismísimo general Mario Montoya, excomandante del Ejército.
Casos de igual trascendencia anteceden a éstos de la hora. Como la sentencia histórica de Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, proferida en mayo 2015. Se reconstruye en ella la historia del despojo y la lucha por la tierra en Córdoba, marcada por la brutalidad del narcoparamilitarismo y la guerrilla. Y exhorta al Estado, por vez primera, a identificar y exigir cuentas a los empresarios, comerciantes, ganaderos, políticos y miembros de la Fuerza Pública que patrocinaron la expansión del paramilitarismo y su dominio absoluto en ese departamento.
A 22 generales de la República investiga la Fiscalía por falsos positivos, 12 de los cuales concurrirán este mes a indagatoria. Al general Montoya se le imputarán cargos por posible responsabilidad en 1.205 de aquellas ejecuciones de civiles cuando, entre 2006 y 2007, pedía “ríos de sangre” en la guerra contrainsurgente. Tras estudiar miles de folios y testimonios, concluyó la Fiscalía que se había diseñado “un proyecto para hacerle creer al país que la guerra contra la subversión estaba ganándose cuando, en realidad, miles de civiles inocentes resultaron ser víctimas de esta empresa criminal […] y quienes los ultimaron terminaron llenos de medallas” (Juan David Laverde, El Espectador, 4, 16). Pero ahora viene a saberse que el general Jorge Arturo Salgado paró en seco al coronel William Peña, comandante en 2007 de la Brigada XI con sede en Montería, entonces estrella de la infamia: 296 “positivos” se contaron allí ese año. Digno precedente sienta el general Salgado, que honra al Ejército y el sacrificio de la mayoría de soldados.
Así mismo, le devuelven credibilidad a la justicia fiscales de la talla moral de Claudia Patricia Vanegas y Juan Vicente Valbuena. No sólo por desafiar el poder de altos mandos militares que parecían intocables, sino el de la Casa Rojas que cifraba en su último vástago toda esperanza de volver al solio de Bolívar. Pero el ungido se convirtió en cabeza de la mayor defraudación cometida en la historia contra la capital, mediante contratos multimillonarios en malla vial, hospitales, movilidad, vigilancia, y la dolosa adjudicación del sistema integrado de transporte por la fruslería de $64 billones a 25 años vista. El juez 14 recriminó indignado a Moreno en plena audiencia: por abusar de su investidura para repartirse con funcionarios y particulares, “como en una feria”, los recursos públicos, y lo llamó “ladrón de cuello blanco”. Desapacible evocación del abuelo-presidente, general Rojas Pinilla, quien resultó también condenado y despojado de sus derechos políticos. Por indignidad. Por abusar de su investidura para enriquecerse.
Reconforta verificar que la justicia no apunta ya únicamente a los de ruana. Que empieza a concentrarse en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en la faraónica corrupción de las altas esferas, con cuyo monto bien podría financiarse el posconflicto.