por Cristina de la Torre | Dic 11, 2018 | Iván Duque, Corrupción, Diciembre 2018
Ni torpeza ni ingenuidad; pura marrulla. Hasta un niño sospecharía que la terna del presidente para escoger fiscal ad hoc se armó (¿en algún establo de Rionegro?) con el fin de que la Corte la devolviera en el acto. Como en efecto sucedió, pues más inhabilidades y pasiones de partido no podían ostentar sus miembros. Consecuencia inmediata: no habrá por ahora quién investigue a los señalados de las grandes ligas en las coimas de Odebrecht. Paralizadas las pesquisas, se guarecerán ellos todavía bajo el sopor del olvido, del silencio y la inacción. El primero, el propio presidente que, siendo senador, acudió a cita en el Brasil donde se negociaron apoyos publicitarios para la campaña del candidato de su partido, Óscar Iván Zuluaga, financiados por la oscura multinacional. Si a título de pato (como lo sugiere él), o sólo para ir al baño (según versión del expresidente Uribe) o a título de experto en números con el que su partido lo distinguía, nunca se supo. Ni Duque explicó a satisfacción ni los jueces se tomaron el trabajo de indagar.
Cuando Margarita Cabello renunció, ya ocho magistrados de la Sala Penal habían decidido oponerse a votar esa terna, pues tendrían que declararse impedidos para favorecer a la colega que había contribuido a elegirlos a ellos. Además, ternada en 2010 por el entonces presidente Uribe para fiscal general, la Corte Suprema rechazó su candidatura por “inviable”.
Por su parte, de ser elegida fiscal ad hoc, Clara Lucía González, secretaria jurídica de Palacio, pasaría a juzgar al jefe por su presunta participación en la operación de enganche de Duda Mendonça a la campaña de Zuluaga en 2014, publicista pagado por Odebrecht. Se desempeñaba ella en esa campaña como asesora jurídica del candidato. Proselitista apasionada en la reelección de Álvaro Uribe, a pedido de la Casa de Nari fungió González como abogada de Yidis Medina. Mas no para defender a la parlamentaria que había revelado presiones y dádivas del círculo personal del presidente en palacio, sino para que se retractara y sacara en limpio a la crema del poder presidencial en la dolosa operación que prolongó esa presidencia por cuatro años más.
Tras el escándalo por la tortuosa operación en Brasil, Zuluaga reconoció que su campaña había contratado a Duda a través de Odebrecht; que el pago sería de $2.859 millones. Pero Duda aseguró que Odebrecht le pagó $4,3 millones de dólares por la campaña de Zuluaga. Como en gesto de reciprocidad, en enero de 2017 el entonces senador Duque denunció a Odebrecht por competencia desleal, pero se cuidó de hacerlo también contra el grupo Aval. Abrió así la puerta judicial para que la superintendencia de Industria salvara de multas al consorcio y de inhabilidad para contratar con el Estado por 10 años. Ya la mano peluda de Odebrecht le había extendido $6,5 millones de dólares al entonces viceministro de transporte de Uribe, Gabriel García, coima por la entrega de un contrato en 2009.
En previsión del juego dilatorio con otras ternas inconstitucionales y proclives a absolver conmilitones políticos; del cerrado apoyo de las derechas al fiscal Martínez para atornillarlo en el cargo, parlamentarios de la oposición le piden a la Corte Suprema gestionar con Naciones Unidas la integración de una comisión independiente que ayude a las pesquisas de Odebrecht en el país. Sin funciones judiciales sino de apoyo a nuestros órganos de control. Argumentan que “en Colombia existe un entramado entre las altas esferas políticas e institucionales que impide el real acceso a la justicia, así como a la transparencia y celeridad en las investigaciones”. Única salida honorable contra el adefesio de montar un fiscal uribista para juzgar delitos del uribismo y sus aliados.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2018 | Iván Duque, Proceso de paz, Diciembre 2018
No llegó el Presidente, no llegó la Vicepresidenta, no llegó el Comisionado de paz, y su ausencia se sintió como un latigazo en pleno rostro. Acto trascendental tras la firma del Acuerdo de Paz, la instalación de la Comisión de la Verdad discurrió como encuentro premonitorio, de emociones contenidas, entre el que disparó, el que secuestró, el que violó y masacró, con huérfanos y con madres que vieron asesinar a sus hijos. Acaso anduviera el primer mandatario ocupado en el nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica (CNMH). Para reemplazar con este conserje de militares y entusiasta del fascista Bolsonaro a Gonzalo Sánchez, historiador respetado en Colombia y en el mundo por el rigor y la fecundidad de su trabajo de décadas. Por su honradez intelectual. Quedaría ahora engavetado este caudal de memoria histórica, decenas de libros que desdoblan los pliegues variopintos de la guerra; rica fuente documental y analítica para la Comisión de la Verdad, trocada por la particular versión de un solo actor del conflicto. Pero la verdad no es una. Son muchas, que habrán de contrastarse, si de asegurar la paz se trata. Pastora Mira, sobreviviente del municipio de San Carlos flagelado con 33 masacres, cuya familia murió a manos de las Farc, de los paramilitares y el Ejército, dijo que el trabajo encomendado a la Comisión de la Verdad es el más importante y reparador para todas las víctimas: “la construcción de una verdad con todas las voces”.
La verdad, expresó Francisco de Roux, presidente de la Comisión, ha sido ocultada por el miedo, los silencios, las mentiras y el terror. Vamos, dijo, por una verdad dolorosa pero necesaria; sin sesgos ni subordinación a intereses políticos, económicos o de prestigio. Único camino para alcanzar su cometido será esclarecer el impacto de la violencia en la sociedad, las responsabilidades en la guerra, sus causas y las razones de su persistencia durante medio siglo.
Para el empresario Henry Eder, hijo del primer secuestrado por las Farc y asesinado en cautiverio, sin la verdad será imposible un entendimiento entre los colombianos. Lo mismo piensan el ex coronel del Ejército, Carlos Eduardo Mora, denunciante de los falsos positivos; y Jaime Parra, excomandante de las Farc, quien asume la construcción de paz como un reto histórico. El evento alcanzó un clímax emotivo cuando Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, excomandante de las AUC, pidió perdón por las atrocidades cometidas. Dijo: “es hora de pasar la página del dolor. Sin la verdad es imposible reconciliarnos […] hago público reconocimiento del daño que hice, invoco el perdón de las víctimas […] Señores de las Farc, en el pasado fuimos enemigos, hoy somos amigos de la paz. Les doy mi mano”.
Entre las miles de personas y cientos de organizaciones que protestan por la designación en marcha de Torrijos como director del CNMH, descuella la investigadora Maria Emma Wills (El Tiempo, nov. 23). Según ella, el profesor Torrijos no ostenta la independencia académica necesaria para dirigir una institución cuya vocación no es hacer un relato militante. Un relato histórico no es un panfleto, o sólo lo es cuando el Estado acapara la investigación y la convierte en caja de resonancia de sus creencias. Es decir, cuando se desliza hacia el totalitarismo.
A tono con su arremetida para desvertebrar la JEP, desdeña el Gobierno a la Comisión de la Verdad y reduce su presupuesto a menos de la mitad. Pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria. ¿Por qué sacrifica el presidente la independencia del CNMH y su sindéresis? ¿A qué maltratar la Comisión de marras? ¿Teme su Gobierno a la verdad? ¿No son estas astucias otra manera taimada de hacer trizas la paz?
