por Cristina de la Torre | Oct 26, 2010 | Modelo Político, Política agraria, Octubre 2010
Como si no hubiera sido precisamente el latifundismo el más cruel entre los protagonistas de la Violencia con que se respondió a la reforma agraria de López Pumarejo; como si los terratenientes del Valle y de la Sabana de Bogotá no hubieran amenazado con armarle a Carlos Lleras una guerra civil cuando éste les meneó el Incora en los 60; como si el agreste notablato rural de la Costa no hubiera asestado el golpe de gracia que terminó por enterrar la reforma en Chicoral; como si la motosierra no fuera prolongación de aquella máquina infernal, Fernando Londoño tritura la realidad para acomodarla a su verdad (El Tiempo, 10-21). Ahora resulta que las leyes de Víctimas y de Tierras se proponen “volver atrás y cobrar cuentas viejas… (Son) el mandato legal del odio, de la revancha”. Si de aquel pasado se tratara, flaco favor le haría a su argumento. Por otra parte, a leguas del odio y la revancha, estas iniciativas buscan paliar las consecuencias del conflicto armado, según el Ministro Restrepo. La restitución de tierras sería el paso inicial de una ambiciosa política para ordenar la propiedad rural y optimizar el uso del suelo. Ni regalo a sus legítimos dueños, ni atentado contra el sacrosanto “derecho” de sus usurpadores. Sería “el pago de una deuda insoluta con los campesinos despojados de su tierra por medio de la violencia organizada”. Saldada la deuda con los campesinos, el Gobierno emprendería una reforma que embarcara a campesinos y empresarios en el “gran salto adelante” del desarrollo rural. Ha repetido de mil maneras que no habrá cacería de brujas, que la reparación a las víctimas no tiene color político, que su meta es la paz. Y ya arrancó, con un plan de choque que principia con la devolución de 320 mil hectáreas en el próximo semestre.
Pero Londoño escribe que la ley de Víctimas traerá caos y “una violencia nueva, movida por los aspirantes a dueños reparados y respondida por los que sienten suya, legítimamente suya, la empresa que no quieren cambiar por TES”. ¿Se hace eco Londoño de los intereses tenebrosos de quienes se apropiaron los fundos a sangre y fuego? ¿Eco de la bipartidista APEN y su órgano ideológico, La Razón, que en cabeza de Juan Lozano y Lozano instigaba a la violencia contra el campesinado que pedía tierra en tiempos de la Revolución en Marcha? ¿Eco del grupo de choque llamado Centro de Acción Conservadora que se alzó contra las reformas del 36 y se proclamó vanguardia de las derechas colombianas, católicas y reaccionarias?
La escalada mayor del despojo tuvo lugar en los últimos 20 años. Y es en este período donde el Gobierno concentrará su acción. En él, la cifra de muertos a causa del conflicto asciende a 163 mil. Razón poderosa para resarcir a los dolientes de tanto baleado y descuartizado y masacrado y desaparecido, que se quedaron sin los suyos y sin el terruño. Razón poderosa para forjar una alianza entre el Estado y los campesinos, como lo propone Absalón Machado, para defenderse de los enemigos visibles e invisibles de la democratización del campo, con instituciones y mecanismos capaces de suprimir el gamonalismo y los ejércitos ilegales. Voceros de las víctimas se ofrecieron en foro de Semana a concertar con empresarios del campo una devolución pacífica y legal de tierras. Cármen Palencia pidió solidarizarse con el Presidente, fortalecer la organización del campesinado y derrotar el miedo.
Dijo el Primer Mandatario que comprometía su alma en el empeño de devolver a las víctimas su tierra. Después de tantos años y de tanta sangre, las primeras medidas indican que se pasa de las palabras a los hechos. Pueda ser que los apologistas de la guerra desechen para siempre las viejas convocatorias de Laureano a la acción intrépida, al atentado personal, a “hacer invivible la República”.
por Cristina de la Torre | Oct 19, 2010 | Política económica, Octubre 2010
Con excepciones honrosas como la de Horacio Serpa, Gobernador de Santander que en defensa de las regalías regionales ofrece rendir cuentas de lo suyo y pide cárcel para los corruptos, no son gobernantes de provincia y sus compinches de la motosierra los únicos usurpadores de estos recursos. También las multinacionales mineras han hecho su agosto, gracias a la sospechosa inacción de Ingeominas, el organismo designado para fiscalizarlas. Y al mutismo de la Contraloría, cuyos secretos vino a desenterrar la nueva titular de la entidad, Sandra Morelli. No contentas con las gabelas de fábula que el gobierno saliente les concedió, esas firmas sacan robustas tajadas de los impuestos y regalías que deben pagarle a Colombia. Navegando en la cresta mundial del “superciclo” minero que ahora se vuelca sobre las reservas del Tercer Mundo, acaso vuelve a animarlas el caduco derecho natural en virtud del cual los recursos naturales de la tierra (y, claro, del subsuelo) no pertenecen a Estado o nación alguna sino a la humanidad entera. El Primer Mundo se sintió la humanidad entera. Y a la luz de aquel faro floreció el colonialismo que le exprimió a la famélica África hasta el último gramo de riqueza, hasta la última gota de sangre. Menos sufrió América Latina, pero también sufrió. A medias por la amenaza o la invasión, a medias por la testa humillada de sus elites.
La desidia de Colombia para fiscalizar a las multinacionales del sector se trocó en parálisis desde 2004, cuando Ingeominas asumió como autoridad minera. Según el representante David Barguil, la entidad no las vigila, no verifica su información contable y tributaria, no hace auditoría a sus contratos de explotación ni somete a las compañías a control de aduanas a la hora de exportar. Se limita a aceptar, acto de fe, las autoliquidaciones de regalías e impuestos que ellas presentan. Ingeominas nunca creó los mecanismos de seguimiento, fiscalización y control para verificar producción y costos, base de cálculo de los tributos al Estado. La Contraloría identificó cinco posibles detrimentos fiscales relacionados con la liquidación de regalías por la Drumont y Cerro Matoso, por un monto de 284 mil millones. Para explotar nuestro níquel recibió la primera beneficios tributarios por 920 mil millones entre 1995 y 2007. Por regalías, sólo pagó 283 mil millones en el mismo período. Si Cerro Matoso dejó de pagar 24 mil millones entre 2004 y 2008 por su explotación en Montelíbano, Córdoba, ya podrá inferirse cuánto se birló en los 21 años anteriores, desde 1982, cuando inició trabajos.
Si en predios del carbón y el níquel llueve, en los del oro no escampa. Un incremento astronómico en los precios del dorado metal, las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacionales del ramo, la facilidad con que concedía explotaciones y la no menos atractiva oportunidad de lavar activos por este medio han despertado una fiebre que amenaza desplazar al narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal. En los últimos seis años se cuadruplicaron los títulos mineros. Dice La Silla Vacía que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República calculan en 3.5 billones las regalías que el Estado dejó de recibir en el último año. Si para 2010 y 2011 se esperan regalías por 18 billones, ¿a cuánto ascenderá lo no pagado?
Ha dicho el Presidente que la ley de regalías busca redistribuirlas en beneficio de todos y no de pocos. Que atacará la corrupción que ha rodeado su manejo en las regiones. Pero engavetó su propuesta de campaña enderezada a lograr que los delitos contra el erario no prescribieran. Tampoco ha dicho esta boca es mía frente a la desfachatez de multinacionales que ven –con razón- en nuestra “confianza inversionista” el alma del esclavo.
por Cristina de la Torre | Oct 12, 2010 | Modelo Político, Octubre 2010
No se sorprenda, amable lector, si de pronto irrumpen en la Plaza de Bolívar columnas de descamisados que marchaban desde Casanare y Arauca y Cesar y la Guajira, el puño en alto contra un centralismo que querría expropiar a sus regiones. Lugareños cada día más pobres hincharán, no obstante, el coro de las mafias políticas que los gobiernan y claman contra una redistribución de regalías que, según ellos, aniquila la descentralización. Mas, sin planes de desarrollo regional, sin sentido de equidad y sin controles, tal descentralización derivó en la más lucrativa demagogia. En contravía del verbo repartir y por encima del interés general, una minoría de municipios acapara las regalías, beneficio de las riquezas del subsuelo que por norma de la Constitución pertenecen a toda la nación. Ocho billones por ese concepto se esfumaron el año pasado entre vericuetos y papeles y contratos de las alcaldías y gobernaciones agraciadas, y sus amigos armados o desarmados. Lo que quedó, lo dilapidaron en construcciones faraónicas e inútiles: en centrales de leche donde no había ganado o en acueductos de 18 mil millones sin agua, como en Barrancas, Guajira. Mientras tanto, su gente desfallece en la pobreza. A pesar de las regalías billonarias que la Guajira recibe, este departamento bate la marca nacional de indigencia y mortalidad infantil. Un estudio del Externado demuestra que en dos décadas los ingresos de ese Departamento aumentaron 10.4 veces, pero la población que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas aumentó tres veces y media. El fenómeno se repite en Arauca (Saudita), donde también el ELN sacó tajada de los 3 billones 387 mil millones que a junio había recibido por regalías ese Departamento.
El Gobierno propone redistribuir esos recursos equitativamente. Y, a la luz del ordenamiento territorial, apuntar a otros objetivos estratégicos: invertir en ciencia y tecnología, impulsar el desarrollo en zonas costaneras y de frontera, financiar proyectos regionales de desarrollo mediante Consejos Regionales de Planeación. Con todo, hay en el proyecto una laguna colosal: no contempla mecanismos efectivos de control sobre el manejo de las regalías. Si corrupción e ineficiencia hay en provincia, también ellas campean en el poder central. No por entregarle al Gobierno nacional la administración de esos recursos desaparecen los tentáculos de la corrupción que succionan todas las finanzas del Estado.
Por otra parte, si de llenar el hueco fiscal se trata, más valdría comenzar por desmontar las exenciones tributarias a las grandes empresas, cuyo monto ascendió el año pasado a 8 billones de pesos. El representante David Barguil denuncia que carboneras que el año pasado debían pagar 1.2 billones lograron exenciones por 900 mil millones. Pero además estas empresas le hacen trampa al Estado colombiano. La Contralora Sandra Morelli encontró un desfase de 23 mil millones en el pago de regalías de la BHP Billiton. Barguil declaró a Semana que “esta es la punta del iceberg de un aberrante caso de corrupción en el que pueden estar refundidos miles de millones en regalías y en impuestos…” Si en este caso se impone mano firme, habría que revisar a fondo la política frente a la inversión extranjera. Es que Colombia recibe de las compañías petroleras las regalías más bajas del mundo: 8%. Encima, se quedan ellas hasta con el 92% del recurso, y se les permite remesar todas las utilidades.
Sin activar todos los dispositivos de control -en el poder local y en el central- el trascendental proyecto de regalías no logrará corregirle el caminado a la descentralización, ni superar la desigualdad entre regiones. Y entonces los elegidos de la fortuna, en trance de reelección, podrán decir que el pueblo salvó a la patria de las fauces del centralismo.
por Cristina de la Torre | Oct 5, 2010 | Internacional, Personajes, Octubre 2010
Mientras en Colombia el latifundismo pensaría reactivar su guerra centenaria contra el reformismo liberal que Santos ha desempolvado, en Brasil, puntal del orden que se abre paso en América Latina, la disputa discurre entre propuestas de industrialización y desarrollo para apurar el salto de ese país a quinta potencia del mundo. Si aquí un liberalismo avanzado nos resulta panacea, en Brasil el conservadurismo ultramontano es hoy apenas eco del pasado. Más aun, los cariocas desbordaron hace rato la anacrónica disputa entre capitalismo y comunismo, para actualizar la versión criolla del Estado de bienestar europeo. Modernizando el modelo de la CEPAL que Brasil supo preservar, armonizaron crecimiento con redistribución e integración a la economía mundial. Dilma Rousseff, cerebro económico del Gobierno de Lula, limó el acoplamiento entre Estado y mercado, a menudo gestado en el muñequeo con empresarios y trabajadores cuando de negociar políticas económicas se trataba. Ex guerrillera torturada durante meses por la dictadura cuando iniciaba su condena de tres años de cárcel, con el marchitamiento de los militares Rousseff evolucionó hacia el socialismo democrático, que deposita en el Estado la dirección del desarrollo sin sacrificar las libertades económicas.
Lula catapultó el crecimiento mediante copiosas exportaciones a mercados nuevos, y dándole a la mitad de los brasileños capacidad de compra de sus propias manufacturas y alimentos. Rescató de la pobreza a 30 millones de personas y creó 14 millones de empleos. Los índices de desigualdad no bajaron sensiblemente, pero ahora se registran en niveles de vida superiores. La industrialización se disparó. Su industria automotriz es totalmente integrada y propia. Brasil produce barcos y aviones y computadores y todas las líneas de la petroquímica. Petrobrás acaba de hacer la mayor emisión de acciones en el mundo, por valor de 74 mil millones de dólares, que vendió en media hora.
Ciencia y tecnología han jugado el papel del rey, como en Corea: Brasil sacó la investigación de las aulas académicas y la metió en las fábricas. Y en las haciendas. Ya en 1973, cuando el país era todavía importador neto de alimentos, el Gobierno creó el primer centro de investigaciones agrícolas. En los seis primeros meses había enviado 1.200 profesionales a especializarse en el exterior. A su regreso, adaptaron ellos variedades agrícolas y pecuarias que redundaron en una verdadera revolución verde, pues en tres décadas la producción creció 150%. Cambiaron el latifundio improductivo por explotaciones modernas de agrocombustibles, sin afectar otros sectores de agroindustria ni la economía campesina. Brasil es hoy el mayor exportador de café, azúcar, carnes y etanol.
Un sano nacionalismo desempeñó también su papel. Si bien Lula prolongó las medidas de su antecesor, Cardoso, para controlar la inflación, pronto se negó a aplicar las medidas de choque que el FMI impuso en el resto del continente. Cuando la IBM le ofreció montar en Brasil su casa matriz, Lula la despachó con un “no, gracias, nosotros producimos los computadores”. Y a Bush le condicionó la firma de un TLC a que Estados Unidos suprimíera los subsidios a sus agricultores. No hubo acuerdo. Dilma Rousseff se muestra orgullosa de haber “renacionalizado” la industria petrolera. Sin los aspavientos de Chávez, Brasil ha sabido preservar para sí los mayores beneficios, sin alienar la asociación con terceros.
Aunque reconoció que el grupo guerrillero en el que militó “hizo tonterías”, Rousseff dijo sentirse orgullosa “de haber tenido la valentía de querer un país mejor”. Ahora lo es. A ello contribuyó su paso por la vida y por el poder. Pero, sobre todo, que Brasil no sufriera ya del latifundismo virulento que padecemos aquí.
