DE VIDA O MUERTE

Si, así serán las elecciones del domingo. No sólo porque a la fecha la campaña acumula 43 candidatos asesinados, como en los peores tiempos de esta guerra. Es también porque ellas plantean una disyuntiva crucial: o se arroja un salvavidas a nuestra maltrecha democracia, o se consolida en provincia la toma del Estado por las mafias armadas y sus amigos, el notablato político y empresarial. Y en Bogotá, o se reelige al brazo político de los carteles de la contratación –17 concejales de todos los partidos  llamados a indagación preliminar por presunta participación en ellos- o bien, se eligen figuras nuevas, representantes genuinos de la ciudadanía y capaces de controlar al poder. En provincia, la insurgencia social que se impuso a bala y en los últimos ocho años se atornilló en los despachos oficiales, se la juega toda por preservar sus conquistas y ensancharlas. Se trata de doblegar definitivamente a jueces, alcaldes y concejales al interés de sus negocios particulares, narcotráfico comprendido. De afirmar su control sobre el erario, la reasignación de regalías, los billones destinados a la reconstrucción de lo que el invierno se llevó. Pero, sobre todo, de boicotear la restitución de tierras.

A perspectiva tan alarmante contribuye la anarquía de los partidos que, horros de ideas y programas, disgregan su energía en la glotonería de políticos casi siempre abiertos a corromper o a dejarse corromper. No los inspira el bien general sino el propio. Reducen la política a la búsqueda del lucro indebido que puedan extraerle a una curul. Lo que la tierra da silvestre: maleza, plantas carnívoras. Ni figuras prestantes ni estadistas. Mas, acaso guiada por un instinto de conservación, empieza la sociedad  a reaccionar contra la corrupción. Gina Parody debe su prestigio a la valentía con que se opuso a la presencia de Mancuso y sus secuaces  en el Congreso  cuando, dueños de la escena, revelaron que suyo era un tercio de la corporación. En cambio Peñaloza, candidato del partido que se decía azote del todo-vale, se cuelga al cuello la pesada roca del ex presidente que simboliza lo contrario… y se lanza al agua. Es fama que Gustavo Petro le dio con la puerta en las narices a algún intrigante que en 1999 le ofreció 60 millones si aprobaba una ley de su interés. Este hombre anti-mafias desencadenó el proceso de la parapolítica que llevó a la cárcel a decenas de parlamentarios. Fue el promotor de las denuncias contra el carrusel de la contratación en Bogotá, que hoy tiene tras las rejas al Alcalde mismo de la capital, y eventualmente a muchos de sus concejales cómplices. Si resulta elegido Alcalde no será sólo por el recuerdo aún fresco de su brillante candidatura a la Presidencia, sino por la entereza en su batalla contra la corrupción.

En este despertar, candidatos hay al Concejo de Bogotá que irrumpen como una bocanada de aire fresco. Roberto Hinestrosa, decano de Finanzas de la Universidad Externado, exhibe credenciales de experiencia en la vida pública y de solvencia moral necesarias para ejercer control político desde esa corporación, a la cual aspira a llegar como cabeza de lista de Cambio Radical. Fue Viceministro de Justicia y jefe de gabinete de Cundinamarca, desde donde contribuyó a diseñar la ciudad-región. Angélica Lozano, candidata número 7  por el movimiento Progresistas, fue alcaldesa local de Chapinero y líder del movimiento cívico que derrotó el proyecto del transmilenio ligero por la Séptima. Lozano impidió así repetir en esta avenida el drama de la 26: probó que al millonario contrato le faltaban diseños, predios y licencias. Pueda ser que las nuevas caras revolucionen el Concejo. Y les insuflen a sus colectividades la savia de las ideas y de programas que los conviertan en partidos verdaderos pues, sin partidos, la democracia es pantomima.

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TLC, UN PACTO DE ADHESION

Con la aprobación del TLC, el frente político del neoliberalismo que se hace llamar “los economistas” parece llegado al paroxismo de la euforia. Mientras indignados protestan en 82 países contra el desempleo que multinacionales y banqueros generan al amparo de aquel modelo, aquí sus pontífices se congratulan de que se instaure en pleno el lesefer y la apertura económica no tenga ya límites. El Ministro del ramo declara que el libre comercio con Estados Unidos “nos ayudará a consolidar el aparto productivo nacional y a traer inversión para el país, lo que derivará en más empleo y prosperidad”. Aseveración contraevidente, pues ignora la experiencia de estos 20 años de apertura, antesala de lo que vendrá: la economía registró el menor crecimiento del siglo, el desempleo las cotas más altas, y la distribución del ingreso, un severo retroceso. Lo demuestra Eduardo Sarmiento. La asimetría del tratado no favorece sino a la contraparte: Colombia reduce sus aranceles de 13 a 0 y Estados Unidos, de 3 a 0. Aquí desmontamos todo control de capitales y la regulación cambiaria. Mientras allá se mantienen los subsidios a sus agricultores, aquí desprotegemos a los nuestros. A la inversa de Brasil y Argentina, que no suscribieron tratado comercial con Bush porque éste se negó a desmontar tales subsidios. El propio ministro de Agricultura advierte que el agro no está preparado para estos TLC. De  industria, ni hablar. El tratado mata en el huevo lo que existe y esteriliza lo porvenir. Ahogada como se verá por la competencia de una potencia industrial, ya no surgirá en Colombia ninguna industria nueva.

Como importaremos mucho más de lo que exportemos, el déficit comercial crecerá sin cesar, y la bomba del crédito externo con el cual estamos llenando el hueco querrá estallar. Lo que sí exportamos –con o sin TLC- son minerales y petróleo. Pero estos bienes no reintegran divisas: las cifras espectaculares de exportaciones que nos muestran, engañan. Y sobre ello callan celosamente los apologistas del modelo minero-exportador, dizque locomotora líder de la prosperidad. Pasan impertérritos la mirada sobre el régimen especial vigente que exime del reintegro de divisas por ventas externas a firmas extranjeras aplicadas a exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel y uranio. Así lo disponen los artículos 48 a 82 de la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. En arroz y maíz no podemos competir, ni en avicultura y porcicultura, ni en carnes y productos lácteos. En textiles, confecciones, cueros y marroquinería tendremos que competir con la China, que ya invadió el mercado norteamericano. En frutas y plantas decorativas, Centroamérica es rival temible. Poco prometedor el panorama.

Después de los gringos, con este TLC los únicos ganadores seguirán siendo los importadores y su llave, los banqueros, que les financian  la clientela. Núcleo selecto de FENALCO, los importadores se pelearon en el Congreso la aprobación del TLC por medio de Sabas Pretelt, su flamante vocero que fungía entonces como ministro.  Para interpretar el interés de la nación -no apenas el de esta minoría insaciable-, para integrarnos a derechas en la economía global, tendremos que empezar por modernizar el campo -con redistribución y uso adecuado de la tierra- y trazar una estrategia de industrialización concertada con el Estado. De momento, para corregir este pacto de adhesión que es el TLC, renegociarlo exigiendo cláusulas de excepción por razones de desarrollo y de seguridad nacional. O bien, para escándalo de nuestra intelligentzia neoliberal, “denunciarlo”: romper el tratado unilateralmente, o mediante consulta popular, por razones de soberanía. Como se estila en las democracias maduras cuando la tragedia se abate sobre ellas.

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DE VUELTA AL ESTADO CONFESIONAL

No se contentó Uribe con legarnos el bulto de la corrupción que en su mandato echó barriga hasta reventar. También nos heredó la semilla teocrática del conservatismo rancio que orientó a su gobierno y hoy florece en las carnitas del procurador Ordóñez. El diario manoseo al padre Marianito desde la silla presidencial ambientó el destape del jefe del Ministerio Público. Líder de la revuelta contra el Estado laico que la Carta del 91 había rescatado de las calendas de 1936, en su celada contra el aborto legal Ordóñez subordina la norma civil de interés común a la hegemonía de una iglesia en particular, la católica: se ríe de la libertad de conciencia,  de la igualdad y la libertad de cultos, patrimonio de las democracias liberales. El proyecto contra el aborto que cursa en el Congreso somete derechos fundamentales de la mujer al principio absoluto de una fe religiosa. Recula desde un orden laico y pluralista hacia el Estado confesional que tiraniza desde un credo a la sociedad entera. Como si todos los colombianos fueran católicos.

En honor de alianzas apolilladas que vuelven por sus fueros, son paladines de esta iniciativa la jerarquía católica y los jefes del conservatismo. E iglesias protestantes que nacieron a la política gracias a la libertad de cultos que la Constitución del 91 trajo, y ahora se rebelan contra ella. Ordóñez, cabeza de la conspiración, retoza en sus escritos contra el amor libre, los anticonceptivos, el aborto, la fecundación in vitro, la “ideología de género”; y, por supuesto, contra el “laicismo militante”, motor de la “agresión a nuestras tradiciones cristianas”.  Reivindica la preeminencia de la ley divina sobre la terrenal. Pero el terrenal cargo de Procurador catapultó su poder, que éste despliega con potencia de cruzado. Y con desfachatez. No contento con aplicarlo al proselitismo religioso montando oratorios, colgando crucifijos y oficiando misas en las dependencias mismas de la Procuraduría, edifica su imperio espiritual sobre la amenaza de investigar y destituir a funcionarios y políticos herejes. Senadores de la Comisión que debate el proyecto contra el aborto tiemblan ante la espada de este Savonarola. Cinco de ellos le confesaron a La Silla  Vacía estar “asustados de votarle en contra el proyecto al Procurador y sufrir luego (sus) represalias”.

La beligerancia de Ordóñez evoca la propia de su mentor, Laureano Gómez, en rebelión contra la Constitución de 1936 que separaba a la Iglesia del Estado, proclamaba el origen de la autoridad en el pueblo (no en Dios), y consagraba la libertad de conciencia y de cultos. “De ningún modo se debe obedecer a la potestad civil cuando manda cosas contrarias a la ley divina”, había exclamado el jefe del partido católico-azul prusia. El 15 de septiembre de 1940 convocaba Gómez a la guerra civil contra López Pumarejo, el “tirano” que había negado el origen divino de toda ley. Nueve años después, la guerra había saltado de la acción intrépida y el atentado personal al proselitismo armado, con intimidación, escarnio y ejecución de los contradictores. Entonces fueron la Violencia y sus 280 mil muertos. Guardadas proporciones y matices, sentenciar a prisión o a la muerte a cientos de miles de colombianas que por razones médicas abortan cada año, ¿no es declararle la guerra a la pecadora bíblica en pleno siglo XXI? ¿No es sumar más violencia a esta martirizada Colombia?

El Estado laico es de todos, no de los devotos ni de los incrédulos. Tampoco lo es del senador Gerlein, a quien “matar niños (le parece) aterrador”, pero no así el homicidio culposo contra sus madres. Ni lo es de los Andrés Uriel, ministro estrella del uribato que al reclamo por la corrupción que rodeó su desempeño en Obras, respondió altanero: yo no le rindo cuentas sino a Dios. La teocracia al servicio de la truhanería.

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CAZANDO BRUJAS

 La penalización del aborto –escribe- “no salva fetos, pero sí mata mujeres” que, sin protección legal, han de abortar mediante procedimientos que desafían su propia vida. La mayoría de los 400.412 abortos que se practican en Colombia cada año son ilegales, según el Instituto Guttmacher; 132 mil de ellos presentan alto riesgo para la madre. En cinco años, el Ministerio de Protección registra apenas 966 abortos legales. Y es que muchos centros médicos se brincan la ley y le niegan el procedimiento a la paciente que por contera es, casi siempre, pobre. Para la promotora de la norma que despenalizó el aborto en los casos señalados, aquí, más que un dilema moral, se dirime un asunto de justicia social.

Roa aboga por reducir así el número de abortos como el de embarazos no deseados, que en Colombia ascendieron en 2008 a 911.897. Para lo cual se requiere educación sexual, acceso universal a los anticonceptivos y eliminar la violencia contra la mujer. El verdadero bienestar de los no-nacidos comienza por garantizar atención prenatal gratuita  y nutrición adecuada para todas las mujeres que decidan tener hijos. En cambio reducirlas a prisión porque en su desesperación aborten, es negarles su condición humana, es tratarlas como “máquinas reproductoras de la especie humana”. La autora invita a sumar fuerzas para frenar  la inclusión en el Congreso de “una agenda moral que se presenta en abierta oposición a la realidad y a los principios laicos de nuestra Constitución”.

En cuatro días, miles de firmantes habían ya suscrito y comentado la misiva. Para Alberto Alonso, verbigracia, por ser Colombia Estado laico, “cualquier afirmación religiosa no es argumento jurídico”. Diego Vargas estima imposible legislar contra los derechos humanos: imposible alienarles a los homosexuales su derecho a tener familia, o a las mujeres el suyo de abortar, o a cualquiera negarle la libertad de escoger el momento de su muerte. La doctora Gloria Lucía Erazo, citóloga, lamenta las graves consecuencias que afrontan las mujeres, por carecer de una legislación que las proteja como seres dignos de respeto, con  derecho a “concebir los hijos que desde su conciencia pueden y desean traer a la vida. (Tenemos que) convertir a Colombia en un país de seres humanos deseados”. Quiera Dios  que nuestro jefe conservador convenza a su familia de devolverle a Estupefacientes la casona que –según la prensa- recibió por el atajo y destinó a citas non-sanctas, de donde vendrían nuevas camadas de niños indeseados. A ver si se sacude el conservatismo el aura de hipocresía que lo infecta. Y el terror bíblico que despliega contra la mujer.

Adenda. Por contraste con tanto incompetente que aspira a corporaciones públicas, reconfortan candidaturas de académicos que dominan los problemas del país y han transitado por los asuntos públicos. Es el caso de Roberto Hinestrosa, cabeza de lista al Concejo de Bogotá por Cambio Radical. Estupendo elemento de renovación y rectitud.

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