por Cristina de la Torre | Oct 15, 2019 | Reforma Fiscal, Iván Duque, Octubre 2019
A dos manos, como corresponde a todo gobierno corporativista, gremios y ministerio del Trabajo se proponen conjurar la tragedia del desempleo (que en varias ciudades alcanza el 14%) con la inoperante fórmula de degradar, aun más, los salarios. Pagar trabajo por horas o 75% del mínimo a debutantes hasta los 25 años de edad producirá dos efectos catastróficos: arrastrará hacia el piso los salarios en toda la cadena laboral y acabará por eliminar lo que queda de derechos sindicales. Para no mencionar desgracias mayores, siempre al acecho, que podrían volver a ambientarse. Como el asesinato de 35 miembros del mayor sindicato de empleados públicos de Antioquia (Sintraofan) entre 1994 y 2007 a manos de paramilitares secundados por el Estado, mientras cursaban reformas laborales en desarrollo del modelo neoliberal.
Conforme oficia la ministra Arango de vocera del gran empresariado, éste prepara su banquete de nuevas viandas cocinadas con la magra remesa de la clase trabajadora. Pide “flexibilizar” la contratación y despido de trabajadores como condición para crear empleo; promover reformas que reduzcan los costos laborales del sector productivo, dirían Luis Carlos Sarmiento y los Jefes de la Andi, Fenalco, Asobancaria y la SAC. Pese a las exorbitantes exenciones tributarias de que gozan y a la reducción de sus obligaciones parafiscales concedida en 2012. Y barnizan su apetito con un argumento falaz: que la única manera de ganar en competitividad es precarizando el ingreso laboral.
Como si el país no fuera testigo de las muchas concesiones dispensadas a la elite empresarial que, lejos de traducirse en empleo, colmaron su faltriquera. El primer saludo de bienvenida al futuro de César Gaviria, arrojado espadachín contra el clientelismo y la corrupción, apuntó en 1990 contra los focos del mal: los partidos y los sindicatos. “Dinosaurios en decadencia”, enrostraría a los sindicatos el pleonasmo de algún miembro de su círculo de Palacio. Y se expidió la Ley 50, para “flexibilizar” las obligaciones laborales; y después, en 2002, la Ley 789, que eliminó la remuneración del trabajo nocturno y tercerizó los contratos para burlar la ley. Y en 2012 se recortaron dramáticamente las contribuciones parafiscales de las empresas, con honda afectación de la inversión social del Estado. Pero de aquello, nada: cero empleo. Y a los trabajadores les expropiaron, en 14 años, $22 billones.
La competitividad de la economía no mejora bajando impuestos y salarios. Mejora elevando la productividad. Invirtiendo en nuevos nichos de producción industrial y agropecuaria, fecundos generadores de empleo. Remunerando a derechas el trabajo, de modo que tenga la gente manera de comprar más de lo que ella misma produce. Reanimando, así, el desfalleciente aparato productivo, en cuya languidez domestican muchos empresarios audacias de otros tiempos, para consagrarse a la especulación (en la banca y en el engorde de tierras). Propondría Perogrullo fortalecer el mercado interno, diversificar la producción nacional para remontar los azares que la sola exportación de petróleo-carbón conlleva, y abrir el compás del mercado internacional. Perspectiva opuesta a la de este capitalismo atrabiliario que hunde sin anestesia a los trabajadores desde la precariedad hasta la miseria.
Coda. Me sumo con entusiasmo a los miles de colombianos que se asocian a Noticias UNO para preservar a este modelo de excelencia informativa. La velada intención de censura mediante el retiro de la pauta que lo financiaba fracasó. Con esta experiencia única de solidaridad ciudadana, el periodismo independiente sobrevive. Volverá en otra plataforma después del 30 de noviembre. Enhorabuena. ¡Buen viento, Cecilia, y buena mar!
por Cristina de la Torre | Sep 10, 2019 | Reforma Fiscal, Corrupción, Agosto 2019
Va aprobando rauda, complacida, la reforma de control fiscal que el contralor Felipe Córdoba propone. A sólo dos debates pendientes, la aplanadora parlamentaria acogerá medidas para prevenir el riesgo de asalto al erario, pero asegurándose de que naufraguen en las contralorías regionales. Conocedoras imbatibles de las artes que conducen al robo de los recursos públicos, estas mayorías de la politiquería se avienen a mecanismos de advertencia anticipada en contratos con el Estado, mas no tocan las cuevas de Alibabá donde éste pierde $55 billones al año y recupera la migaja del 0,4% del saqueo. “El parágrafo [que mantiene las contralorías] fue construido con el Congreso, no por la Contraloría”, le confiesa Córdoba a Yamid Amat, “y yo respeto la autonomía del Congreso”. Extenuante debió de ser el muñequeo con este megapoder de la venalidad, que por enésima vez canta victoria. Para no mencionar el reparto de puestos a los honorables entre los 1670 nuevos cargos que el contralor estima necesarios para tecnificar la entidad y darle la eficacia que le falta.
Podrá el funcionario dotarla de especialistas, podrá vigilar en tiempo real y sumar al control posterior el de advertencia contra el pillaje, pero quedará montado el aparato que sostiene el modelo yo te elijo-tú me vigilas, fuente viva de corrupción. De las 32 contralorías departamentales, sólo dos presentan riesgo moderado de corrupción; la abrumadora mayoría ofrece riesgo alto o muy alto, dice Transparencia. Elocuente el caso del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, apresado esta semana por encabezar una red de alcaldes y funcionarios que traficaba fallos contra dinero, puestos, contratos y bienes muebles e inmuebles. Su riqueza alcanzó $13.000 millones en un suspiro. Botón de muestra que confirma la regla: el mandatario elegido paga sus votos con puestos y contratos; concejales o diputados nombran a sus respectivos contralores, que reciben canonjías por engavetar hallazgos fiscales en la contratación. Las contralorías son instrumento privilegiado de la repartija entre partidos: es el modelo político.
Si la ley no modula la reforma en ciernes, si no elimina las contralorías regionales, Córdoba verá impotente el efecto contrario al que dice buscar: su reforma agudizará la politización de la entidad y la recuperación de las billonadas perdidas será un sueño. Ojalá el control de advertencia no derive en coadministración, en cuya virtud podrían los funcionarios de la contraloría (y los políticos que los avalan) usar su poder de veto para negociar coimas con los contratistas del Estado, so pena de paralizar proyectos.
Siempre uñón, impúdico, se apresura el Consejo Gremial a proponer la creación de un consejo asesor público-privado, dizque para acompañar a la Contraloría en estos menesteres. No creo que el contralor general deba tener una junta directiva para ejercer el cargo que la Constitución y la Ley le confían, replicó al punto Felipe Córdoba. Esa no es función de los gremios que, además, “son sujeto de control porque algunos de ellos administran recursos públicos. La Contraloría es un órgano autónomo […] los gremios existen para defender intereses privados; la Contraloría, para velar por el interés público”.
En la trágica disyuntiva de escoger entre dos males (la clase política y el gran empresariado), se inclinó el contralor por la primera. Mas no todo se ha perdido: si no fuera dable suprimir las contralorías regionales, que se escojan los contralores por concurso de méritos, público, monitoreado por académicos de las más altas calificaciones éticas y profesionales. No más empujar la roca cuesta arriba, condenados, como Sísifo, a verla rodar de nuevo para reemprender eternamente la faena.
