Crece con los días el asombro. Conforme se acercan las elecciones, una faceta esquiva de su carácter va suplantando en Uribe la reputada franqueza: una fría disposición a la doblez. Debutante en la privatización de Isagén, ahora simula escandalizarse porque quieran vender las acciones que al Estado le quedan en esta empresa. Ardoroso promotor del TLC con Estados Unidos y protector de su entonces ministro Uribito cuando se lo pilló regalando los subsidios de AIS a los ricos, hoy el expresidente dizque apoya a los campesinos, que son víctima de aquellas políticas. Y, poniendo sordina a su frustrado intento de convertir en rebeldes políticos a miles de narcos y paramilitares, le indigna que este Gobierno negocie con terroristas en La Habana. Santos empolla, sí, el huevo neoliberal que Uribe le legó; pero rompe, valiente, el de la “seguridad” que asfixia el anhelo más sentido de Colombia en 60 años, la paz. Afrenta intolerable para quien ganó fama y gloria y votos botando fuego y en ello cifra su suerte electoral. Como cifra su prestigio Santos en la finalización del conflicto, aunque por otro lado entrega el remanente de lo público al capital privado, y con los TLC le inflige al agro estocada de muerte.
“Los políticos fueron los que vendieron la patria con los TLC, y ahora resultan haciéndose los `buenecitos´”, declaró el dirigente campesino César Pachón. Por efecto de la apertura económica, dice, producir una carga de cebolla cuesta $65.000 y se vende en $10.000. Guante a la cara de presidente y expresidente. Mas en punto al despojo de tierras, unas son manzanas y otras, peras. Tras apropiarse a la brava de 4 millones de hectáreas, nada devolvieron a sus víctimas los paras “desmovilizados” en el pasado gobierno. La Ley de Restitución de Tierras que Santos logró contra la férrea oposición del uribismo, ha debido arrancar con otros predios. Poco o nada dijo Uribe contra aquellos despojadores o sus aliados políticos, la tajada más robusta y mimada de su bancada parlamentaria. Poco o nada, su precandidato Francisco Santos, a quien señalaron algunos como presunto animador del Bloque Capital de los paras. Poco o nada, Luis Alfredo Ramos, otro de la baraja uribista, que reconoció haber tratado con jefes paramilitares; incidentes de la especie que a otros políticos pusieron tras las rejas. Tan elásticos ellos en tratándose del paramilitarismo, tan rígidos con la justicia de transición hacia la paz.
Al lado de la imprevisiva apertura comercial y del reordenamiento violento del campo, lleva el país dos décadas desmantelando el Estado. Isagén, uno de sus últimos tesoros, ya está en venta. El pasado gobierno concentró el proceso privatizador: Ecopetrol, Telecom, Ecogas, Isagén, electrificadoras, aeropuertos, hospitales públicos que el entonces ministro Palacios declaraba “no rentables”. En 2007 se vendió el 10% de Isagén, a razón de $1.300 la acción; quince días después, ésta valía $2.000. El detrimento patrimonial subió a $500.000 millones. También con Uribe despegó la privatización de Ecopetrol: se vendió la acción a $1.330 y hoy ronda los $4.000. Antecedente dramático del desmonte del Estado empresario, la venta de Carbocol en el gobierno de Andrés Pastrana, por 400 millones de dólares; a las dos semanas, la empresa valía US1.200 millones. Ahora Santos remata con la venta total de Isagén.
Si a Uribe y Santos los hermana el modelo de apertura y privatización, en política los separa el abismo que media entre la guerra y la paz. Si el presidente reconsiderara la insensatez de feriar el Estado; si se decidiera a renegociar el TLC, quedaría Uribe reducido a solazarse en su imagen propia, en la autocomplacencia de sus pueriles dobleces.