por Cristina de la Torre | May 7, 2016 | Justicia, Mayo 2016
Bajo una espesa nata de venalidad e impunidad, florecen procesos emblemáticos que sacan la cara por la justicia y exaltan el valor de un número en aumento de jueces y fiscales. Apenas ayer, los magistrados de la Corte Suprema juzgaron, contra viento y marea, la parapolítica. Un hito contra la alianza de criminales y políticos. Hoy, el juicio a Samuel Moreno, capo di tutti capi en la billonaria defraudación de Bogotá, condenado a 18 años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. Y el proceso de falsos positivos eleva por fin pesquisas hasta la cúpula militar que habría propiciado el asesinato de 4.800 civiles inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras, e involucra al mismísimo general Mario Montoya, excomandante del Ejército.
Casos de igual trascendencia anteceden a éstos de la hora. Como la sentencia histórica de Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, proferida en mayo 2015. Se reconstruye en ella la historia del despojo y la lucha por la tierra en Córdoba, marcada por la brutalidad del narcoparamilitarismo y la guerrilla. Y exhorta al Estado, por vez primera, a identificar y exigir cuentas a los empresarios, comerciantes, ganaderos, políticos y miembros de la Fuerza Pública que patrocinaron la expansión del paramilitarismo y su dominio absoluto en ese departamento.
A 22 generales de la República investiga la Fiscalía por falsos positivos, 12 de los cuales concurrirán este mes a indagatoria. Al general Montoya se le imputarán cargos por posible responsabilidad en 1.205 de aquellas ejecuciones de civiles cuando, entre 2006 y 2007, pedía “ríos de sangre” en la guerra contrainsurgente. Tras estudiar miles de folios y testimonios, concluyó la Fiscalía que se había diseñado “un proyecto para hacerle creer al país que la guerra contra la subversión estaba ganándose cuando, en realidad, miles de civiles inocentes resultaron ser víctimas de esta empresa criminal […] y quienes los ultimaron terminaron llenos de medallas” (Juan David Laverde, El Espectador, 4, 16). Pero ahora viene a saberse que el general Jorge Arturo Salgado paró en seco al coronel William Peña, comandante en 2007 de la Brigada XI con sede en Montería, entonces estrella de la infamia: 296 “positivos” se contaron allí ese año. Digno precedente sienta el general Salgado, que honra al Ejército y el sacrificio de la mayoría de soldados.
Así mismo, le devuelven credibilidad a la justicia fiscales de la talla moral de Claudia Patricia Vanegas y Juan Vicente Valbuena. No sólo por desafiar el poder de altos mandos militares que parecían intocables, sino el de la Casa Rojas que cifraba en su último vástago toda esperanza de volver al solio de Bolívar. Pero el ungido se convirtió en cabeza de la mayor defraudación cometida en la historia contra la capital, mediante contratos multimillonarios en malla vial, hospitales, movilidad, vigilancia, y la dolosa adjudicación del sistema integrado de transporte por la fruslería de $64 billones a 25 años vista. El juez 14 recriminó indignado a Moreno en plena audiencia: por abusar de su investidura para repartirse con funcionarios y particulares, “como en una feria”, los recursos públicos, y lo llamó “ladrón de cuello blanco”. Desapacible evocación del abuelo-presidente, general Rojas Pinilla, quien resultó también condenado y despojado de sus derechos políticos. Por indignidad. Por abusar de su investidura para enriquecerse.
Reconforta verificar que la justicia no apunta ya únicamente a los de ruana. Que empieza a concentrarse en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en la faraónica corrupción de las altas esferas, con cuyo monto bien podría financiarse el posconflicto.
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2016 | Iglesias, Julio 2016
Un enjambre de iglesias que se autoproclaman cristianas para poder consagrarse al despojo de incautos desdibuja un logro extraordinario de la Constitución del 91: tras cien años de Estado confesional católico, la libertad de cultos. Islamistas, budistas, taoístas, judíos, protestantes, cristianos ortodoxos, evangélicos, pentecostales se expresan ahora sin bozal en el país del Sagrado Corazón. En ejercicio de pluralismo que antaño fuera pecado, decenas de confesiones medran hoy entre las 5.600 entidades religiosas con personería en Colombia. Pero este florecer en libertad parece sofocarse bajo el ruido de la liturgia y las audacias mercantiles de muchas iglesias cristianas, no de todas, que nacen en garaje y, a poco, son manzana. O coliseo. Como la Iglesia de Dios Ministerial, en cabeza de doña María Luisa Piraquive, célebre por haber quedado sus finanzas en paños menores: riqueza habida mediante exacción a la grey y delitos que la justicia penal investiga. Gracias, también, al poder que emana de oficiar a un tiempo como iglesia y como partido bajo la divisa de “un fiel, un voto”.
Explosiva aleación de religión y política que países como México y Argentina prohíben. Mas no Colombia, donde fue baluarte de una jerarquía católica eficientísima en poner y quitar presidentes; y no menos activa en las conflagraciones entre partidos, que adquirieron así ribetes de guerra santa. La última, la Violencia de mediados del siglo pasado. Acaso por prurito de imitación, alternan aquellas iglesias cristianas la palabra sagrada con la consigna electoral y con un esmero ejemplar para acopiar óbolos y donaciones y diezmos impuestos a la feligresía. Ejemplo ominoso, el de la pastora Piraquive, terror de sus ovejas que osen negarle el diezmo o el voto. Con los dineros del culto habría adquirido su familia propiedades por más de 13 millones de dólares. La Fiscalía la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa y abuso de confianza al forzar la entrega de bienes y donaciones a su iglesia. Pastorcitas como esta pululan en el país y degradan una conquista esencial de la democracia, la libertad religiosa.
De otro lado, en abierta rebelión contra el Estado laico que la Carta del 91 consolidó, más de un líder de iglesia cristiana aboga por subordinar el poder público a sus particularismos religiosos. El pastor Edgardo Peña, verbigracia, protesta contra “una especie de fanatismo laico [y una] liberalización desbalanceada del pensamiento en quienes orientan la opinión o detentan el poder político”. Y, en involución a la educación confesional que ya el Gobierno de Álvaro Uribe había iniciado, invita Peña a “proteger las instituciones educativas que defienden la fe […] de quienes desestiman o incluso aborrecen la moral y los valores extraídos de la espiritualidad genuina”.
Tres siglos y medio tuvieron que pasar para que alumbrara aquí mejor el candil liberal de la Revolución Inglesa: la simultánea instauración del pluralismo religioso y el pluralismo político. Fue el camino para conjurar las guerras de religión que devastaron a Europa, para independizar el poder político que en ellas se jugaba e instaurar el Estado laico, garante del libre juego de iglesias y partidos en la sociedad civil. La Carta del 91 dio un paso de gigante en esa dirección. Liberó al país de concordatos con la Santa Sede que lo acercaban a una teocracia. Lo que no evita, por supuesto, intentonas de acá y de allá, de los Ordóñez y los Peña, por volver a las cavernas de la Regeneración. Se impone la defensa del Estado laico y de su corolario natural: la libertad de credos y liturgias, hoy desnaturalizada por pícaros que fungen de pastores.
por Cristina de la Torre | Ago 16, 2016 | POR TEMA, Iglesias, POR FECHA, Agosto 2016
En columna del 12 de julio pasado, “Pícaros degradan la libertad religiosa”, escribí que a doña Maria Luisa Piraquive, cabeza de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la investigaba la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa y abuso de confianza al forzar la entrega de bienes y donaciones a su iglesia. Que a las finanzas de esta institución contribuía “el poder que emana de oficiar a un tiempo como iglesia y como partido bajo la divisa de ‘un fiel, un voto’”. En amable comunicación, me pide su apoderada aclarar que contra la líder de esa iglesia no obran ya investigaciones por estafa y abuso de confianza ni vinculaciones por delito alguno dentro del sistema penal acusatorio. Que la iglesia es entidad distinta del partido MIRA y que no se practica en ella “voto por fiel”.
Adjunta, en su abono, copia de oficio 22-07-2016 expedido por la Fiscalía según el cual no figuraba en esa fecha información sobre procesos penales contra la señora Piraquive. Advierte el documento, no obstante, que “esta información se brinda con base en los datos que a la fecha se encuentran en los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación, sin que ello constituya certificación, ya que los mismos son un marco de referencia”. En el mismo sentido y salvedad obra oficio 01-08-2016, para reconfirmar que en el mencionado sistema de información no figuran investigaciones contra ella por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa o abuso de confianza.
En efecto, la Fiscal Quince penal de Bucaramanga certificaba el 5 de febrero de este año que el 24 de diciembre de 2015 se archivó en ese despacho investigación penal adelantada, entre otros, contra la señora Piraquive, “por los presuntos delitos de estafa, enriquecimiento ilícito de particular, constreñimiento al sufragante, falsedad material en documento público, falsedad personal, lesiones personales, acceso carnal, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir”.
El Juzgado Federal Criminal de Lomas de Zamora, Argentina, certifica también que a la señora Piraquive “no se le ha efectuado imputación alguna”; y varias certificaciones expedidas en Estados Unidos así lo declaran.
Si imprecisión hubo en este espacio, fue de tiempo verbal, y por ella ofrezco excusas. Como se infiere de lo dicho, la investigación penal por la abultada lista de imputaciones se había archivado seis meses antes de mi escrito. Di entero crédito a profusa información de prensa no desmentida, uno de cuyos episodios más sonados había sido la comparecencia de la señora pastora en la Fiscalía el 12 de febrero de 2014 a responder interrogatorio sobre presunta participación en lavado de activos. Cientos de seguidores la acompañaban.
No dice mi columna que la Iglesia de Dios Ministerial y el Mira sean la misma entidad. Sugiere, como es de dominio público, que las actividades de una y otra se retroalimentan. Lo prueba el célebre video de difusión masiva en 2004, donde aparece el entonces pastor de esa iglesia y concejal de Bogotá por el partido Mira, Carlos Baena, instando a sus fieles a conseguirle, no un voto por fiel, sino diez, para la elección de 2006. Tras la predicación, los exhorta Baena a obrar con la misma astucia de los políticos tradicionales, que van por los votos, aun comprándolos.
Daño letal, hasta guerra santa, ha provocado en Colombia esta aleación de fe y política. Su última edición, la tronante explotación del fanatismo religioso para convertirlo en votos por la guerra. Manes del uribismo contra el derecho a la igualdad, secundado por obispos y pastores a granel. ¿También de la Iglesia de Dios Ministerial?
por Cristina de la Torre | Oct 22, 2016 | POR TEMA, Iglesias, Mujer, Acuerdos de paz, POR FECHA, Octubre 2016
No se trataba sólo de derrotar la paz; había también que compactar el bloque estratégico de los inquisidores. Desbordando la renegociación del Acuerdo y con pretexto de que éste “hiede” a ideología de género, apuntan los coligados a restaurar un Estado de confesión religiosa sustentado en la exclusividad de la familia patriarcal. Se proponen suprimir la legislación que reivindica a la mujer y ordena respeto a la diversidad sexual, normas que escandalizan a la Colombia fanatizada y violenta: a la minoría que votó “berraca”, biblia en mano, por seguir la guerra. Ya la coalición de uribismo impetuoso, iglesias evangélicas, jerarquía católica –con notables excepciones– y el exprocurador había pavimentado el camino de su triunfo agónico en el plebiscito.
Despegó la campaña por el No con movilización de padres asustados con la bufonada de que el Gobierno volvería homosexuales en los colegios a los niños. Hubo entonces intercambio de falacias en el haz de las derechas: castrochavismo, colectivización del campo, ideología de género caerían en lenguas de fuego sobre la rosada patria de los ancestros, para instaurar una dictadura comunista, atea y gay. Con verbosidad de iluminado iniciático, exclamó el pastor Miguel Arrázola: “El acuerdo de La Habana [se pactó] con brujería… ¡Fuera el enemigo! Decretemos juicio de Dios Santísimo contra los hijos del comunismo y quienes pervierten el diseño de justicia del Rey”. Desperdicio. No consigue la hipérbole disimular la razón mundana que anima a tanta iglesia evangélica: el vil metal. Arrancados sin clemencia a la feligresía, estas iglesias amasan $10 billones por año. Para gloria y prosperidad del Señor encarnado en sus pastores.
A la Santa Alianza se sumó la jerarquía católica, diestra en la siniestra aleación de religión y política. Si ayer promovió la violencia entre partidos desde el púlpito, desde él instaron hoy cientos de curas a votar No en un plebiscito convocado para sellar la paz. Dizque por sindéresis y respeto a la libertad de conciencia, había decretado el Cardenal Rubén Salazar neutralidad ante aquella consulta. Como si neutralidad cupiera cuando se juega la vida de tantos. Como si se pudiera permanecer quieto y mudo, neutral, a la vista del hombre que, vendado, amaga el paso hacia el abismo. Más atento al interés político que al mandato evangélico de defender la vida, descalificó el prelado al obispo Darío Monsalve por invitar a refrendar la paz.
Postura absurda, mas no casual. Es solución de continuidad de la batalla compartida no ha mucho entre pastores, ensotanados y el padre Marianito en las carnitas de Uribe contra la vilipendiada ideología de género. Eufemismo que designa, sin nombrarlos, el odio milenario a la mujer, el miedo a la diferencia y la diversidad. Toda una plataforma para pelearse el poder en el siglo XXI con ideas extraídas de los socavones de la Edad Media, cuando renace, impetuoso, el fanatismo religioso.
Pero no la tendrá fácil. La lucha por una integración activa, libre e igualitaria de la mujer parece imparable. Se revuelve ella contra prácticas ancestrales que la discriminan y violentan, en sociedades regidas por hombres. Apunta Ana Cristina González: “lo que pretenden los líderes que representan la más recalcitrante derecha es mantener un orden desigual, ‘natural’, dictado por su Dios e impuesto por sus pastores; no un orden que nos incluya y nos permita ser libres”. Respuesta a la ideología cavernaria que rodea este proyecto de derecha ultramontana, semejante a la dictadura teocrática que una oligarquía puritana instauró en Estados Unidos en el siglo XVII. No permitirán las colombianas borrar el trato igualitario que el Acuerdo de La Habana le dispensa la mujer.
