por Cristina de la Torre | Abr 23, 2013 | Izquierda, Personajes, Corrupción, Abril 2013
Los Nule son migaja en sólo uno de los 35 frentes de contratación que el “gobierno en la sombra” de Samuel Moreno habría abierto para robarse a Bogotá. En informe que hará historia, revela Semana la inmensidad del latrocinio, a cuya cabeza se habría puesto por vez primera el alcalde mismo de la capital. Una junta secreta administraba desde Miami el saqueo a 35 entidades o contratos, de cuyo valor se extraía hasta la mitad. Mordidas había para los contratistas, mientras éstos les garantizaran su porcentaje a los hermanos Moreno. El contrato de recaudo del Sistema Integrado de Transporte, negocio de 64 billones, dejaría mordida de 56 millones diarios para los Moreno y Tapia durante 16 años. Un edificio en Miami que aquellos compraron en remate por US25 millones representaría sólo el 5% del “producido” de Bogotá. Con la plata de los bogotanos se enriquecieron hampones de la empresa privada, y de la gama entera de los partidos.
Muestra al canto, la Fiscalía indaga a 17 concejales de todo el espectro político: 6 de la U, 3 de Cambio Radical, 2 del Polo, 2 del Partido Liberal, 2 verdes, 1 del PIN y otro del partido Conservador. Queda su autoridad en entredicho para ejercer control político sobre el gobierno distrital. La oposición en el Concejo al proyecto de endeudamiento del Distrito sin cuyos recursos se paraliza el desarrollo de Bogotá huele a retaliación contra Petro, por su espantable denuncia del cartel de la contratación. Huele a revanchismo contra la persona del burgomaestre, así apareje boicot a obras indispensables para desatascar el tráfico de la ciudad. De tal envión obstruccionista se infieren a la vez la dimensión del desafuero y la talla de la muralla que la derecha le levanta a una opción progresista. Los errores de Petro y su agreste personalidad le vienen a aquella providencialmente para tenderle la encerrona, cuando la campaña electoral despega y más de uno teme ir a la cárcel.
Va in crescendo la campaña. Informa La Silla Vacía sobre reunión de concejales de Cambio Radical en casa de Julio César Argote –uno de los investigados- para improbar el proyecto de endeudamiento, o cercenarlo. “No podemos permitir –se dijo- que con recursos públicos haga Petro sus dos campañas: la de la presidencia, y otra para evitar que lo revoquen”. Lo que en cristiano significa: si una buena alcaldía le da prestigio a Petro, entonces mejor que se hunda la ciudad. Mezquindad comparable a la de sus colegas que se habrían robado los recursos de la salud en Bogotá.
Frente jugosísimo del asalto a la capital fue el de los hospitales, que concejales habrían exprimido hasta la última gota de sangre. Consistía el negocio en inflar astronómicamente los gastos, y en construir nuevos hospitales donde la sisa podía llegar al 30%. Según el informe de marras, así se habrían repartido en Bogotá: el hospital de Kennedy para el concejal José Juan Rodríguez, el de Santa Clara para Jorge Salamanca, el de San Rafael para Jorge Durán, los de Chapinero y Fontibón para Andrés Camacho, el de San Blas para Darío Fernando Cepeda y el de Meissen para el ex secretario de Salud Héctor Zambrano.
Los contratos de servicios pasaron en la capital de 12 mil a 38 mil entre 2010 y 2011. ¿Acaso esta explosión de nómina paralela reblandeció el espíritu crítico de los jefes del Polo hasta provocar, incluso, su ruidosa defensa del ya cuestionado alcalde que lo eximía de toda responsabilidad política? Aquellos dirigentes les deben explicaciones al país y a sus prosélitos por alcahuetear los presuntos delitos de un mandatario que gobernaba en nombre de su partido. Y si es su divisa unir fuerzas para el cambio, urge su repudio sin atenuantes a la cleptocracia de Samuel.
por Cristina de la Torre | Abr 20, 2013 | Iglesias, Abril 2013
No se sacude Colombia el lastre de la Iglesia en el poder público. Caverna contra la sociedad plural y el Estado laico que desde nuestra frustrada revolución liberal de los años 30 redobla su ofensiva contra el poder civil, una mayoría de senadores hundió el matrimonio gay, más a embates de biblia que de código civil. Rebaño del abominable Ordóñez, se brincó el derecho de igualdad que a todos cobija, minorías incluidas. Así lo prescribe la democracia, para desdicha de mayorías que suelen imponerse a golpe de tumulto, y de devotos siempre prestos al golpe por la fe. Pero nuestra democracia anda en pañales, pues la historia se repite sin cesar.
Cuandoquiera que los segregados levantaron la cabeza, se atrincheró la reacción en su territorio de privilegio moral, bajo la égida de un dios despótico. Dios hechizo a la medida del integrismo católico de un monseñor Builes para fustigar a la mujer que exigía ciudadanía y voto. Dios hechizo para potenciar el griterío de un Laureano contra el divorcio y el matrimonio civil. Dios hechizo de las Ilva Myriam y políticos-pastores para bloquear el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico de ley. Dios hechizo con pasajes que el Ku Klux Klan rebuscaba en la biblia para justificar el asesinato y la esclavitud eterna de los negros en EE UU. Hasta 1964 vivieron ellos segregados en el lema “iguales pero separados”. Como en Colombia quedó para las parejas homosexuales: tendrán ellas los mismos derechos jurídicos y patrimoniales de las heterosexuales; pero, eso sí, no se llamará lo suyo matrimonio sino unión solemne. El rótulo discrimina, pues se le asigna en exclusiva a una minoría repudiada. Es fórmula paternalista de mera tolerancia: reconozco que, a mi pesar, existes; no te mato pero tampoco te incluyo; tu destino es el gueto. Gueto fue el de los negros en EE UU.
Campeó en el Congreso, en la plaza y en las redes la misma intransigencia religiosa que aquí se resolvió en guerras, en violencia moral sobre la familia, en ataque al postulado liberal formulado hace siete siglos por Marcilio según el cual la vida civil ha de regirse por la ley civil, no por la divina. El canonizado obispo Ezequiel Moreno, contribuyente de las tropas conservadoras en la guerra de los Mil Días, parecía hablar ahora por boca de nuestra jerarquía eclesial y política. Como reavivando la “sana y recta aversión” del santo a las ideas liberales que “son pecado”, monseñor Falla desconceptuó a la Corte Constitucional y, en defensa de la familia patriarcal, condenó el matrimonio igualitario. El senador Gerlein logró síntesis feliz del Estado confesional, premoderno: “política y religión deben ser aliadas; la Iglesia Católica iluminó a quienes han escrito nuestras Cartas políticas para definir el matrimonio entre hombre y mujer”.
Hoy se reedita el acoso contra el liberalismo y el laicismo. Contra la igualdad de derechos, el respeto a las minorías y a la diversidad creciente en los modelos de pareja y de familia. Diversidad que adquiere legitimidad, visibilidad y voz. E incluye el paradigma de la pareja homosexual, que una nueva ley ha de reconocer y proteger, con igual denominación del vínculo y derecho de adopción. Como en el caso del aborto, este debate no remite a la moral religiosa sino a los derechos civiles. No puede dirimirse entre Dios y el Diablo, sino entre Estado laico y teocracia. Así vocifere todavía la república clerical.
Mea culpa. Por error que lamento, escribí en mi columna pasada que se habría realizado reunión política en casa del concejal Argote para oponerse a un proyecto del Alcalde. Se trataría –según La Silla Vacía- del apartamento de Julio César Acosta y no del concejal Álvaro Argote Muñoz. Rendidas disculpas.
por Cristina de la Torre | Abr 16, 2013 | Modelo Económico, Internacional, Abril 2013
Miles de trabajadores festejan en Londres la muerte de Margaret Thatcher; otros tantos protestan en las calles de Lisboa contra la devastación que su revolcón neoliberal causó: desempleo; recortes en salud, educación y seguridad social; privatización de los servicios públicos; empobrecimiento de los más y enriquecimiento estrafalario de los menos. Pero Portugal es apenas el último escenario de una crisis que emula la de los años 30 y a ella no escapan Europa y Estados Unidos. La desaparición de Thatcher sella el declive del periplo neoliberal que se bate en retirada, con todo y las loas a esta heroína del capitalismo más rapaz. También periclita en Suramérica, cuna del paradigma que se autoproclamó el fin de la historia, parido sobre los cadáveres de la dictadura Pinochet. Salvo en Colombia, donde la doctrina sigue aplicándose con fe de carbonero. Sordos a su letanía postrera, nuestros amanuenses se postran todavía de hinojos ante el moribundo. Mientras tanto, casi todo el subcontinente contrae los TLC a acuerdos razonables, con control moderado de importaciones, rescata la planeación del desarrollo y la iniciativa del Estado.
Había desatado Pinochet aquella oleada, con el abrazo de Milton Friedman, de Reagan, del papa Wojtyla y, a poco, de su amiga Thatcher que elogió al dictador por “devolverle la democracia a Chile”. Pronto se apiñó el Cono Sur en la alianza Cóndor –contrainsurgente y neoliberal- con ausencia del Brasil. A la par que este país, México y el Sudeste Asiático sustituían importaciones, el resto abandonaba la industrialización. En Colombia se había ya preparado el camino. Misael desviaba los fondos públicos hacia la producción no exportable de vivienda y López Michelsen sacrificaba después la perspectiva industrial a la expansión financiera. Le ganaba así la partida al desarrollismo de Carlos Lleras, para sentar las bases del capitalismo rentista que prevalece hoy, afincado en la especulación inmobiliaria, comercial y financiera. Epílogo de las dictaduras del Cono Sur, el Consenso de Washington de 1989 y su adaptación neoinstitucional de 1996 formalizaron el modelo de mercado en la región. Desmontaron el Estado social y las políticas de desarrollo. Primero, con medidas de shock y después, amortiguando los efectos sociales de aquella incursión arrasadora. Pero la nuez del programa seguía intacta: liberación del comercio y las finanzas, privatización de empresas públicas y vuelta al Estado mínimo, ahora constreñido a proteger el mercado. Se trocó el Estado promotor del desarrollo por el Estado para la globalización que convenía a las multinacionales.
Sobre dos rieles marchó la nueva divisa: vuelta a la democracia y a la economía de mercado sin control. Y fue César Gaviria su más entusiasta promotor. En la Carta del 91 el principio igualitario de la democracia abrió el abanico de participación política. Su principio liberal reafirmó el Estado de derecho y la división de poderes, pero abrió de par en par las puertas a la libertad de mercado y desmontó piezas clave del Estado desarrollista. Por ejemplo, los préstamos del banco central al Gobierno deben pasar ahora por la banca privada, con mayor margen de interés para ésta. Sólo en los dos primeros meses de este año, las ganancias del sector financiero fueron $7.99 billones. Y los tres grupos bancarios mayores concentran el 70% de todos los créditos y depósitos.
Manes del modelo Thatcher, aquí y en Inglaterra. Aunque también allá se sintió el latigazo, el entierro de la dama le costará al Estado 15 millones de dólares. Ken Loach propuso “privatizar el funeral, licitarlo en ofertas competitivas y aceptar la más barata. Es lo que ella, sin duda, hubiera querido”. Sea.
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2013 | La paz, Abril 2013
Tal vez el escenario más expresivo del reordenamiento político que el país registra sea la movilización de los colombianos en respaldo al proceso de La Habana, y la elocuente ausencia de sus detractores. Mientras las calles se colman al grito de paz, el ex presidente Uribe se margina pues, creyendo reconquistar así el poder, se la juega de nuevo por la guerra. Dirigentes del conservatismo y de la U acatan las marchas a regañadientes: nadan entre aguas de Uribe y Santos, esperando el sol que más alumbre. Mas hoy podrá inclinarse definitivamente la balanza en favor de la paz. Del fin del conflicto, primero; y después, de la limpia confrontación de modelos de país que emanen de las fuerzas en liza por el poder. A despecho de los nostálgicos de la Guerra Fría, no figurará entre las opciones un duelo entre capitalismo y comunismo. Será entre desarrollismo industrial –modelo Brasil- y capitalismo rentista centrado en especulación comercial, inmobiliaria y financiera –modelo Colombia hoy-. En todo caso, el resultado de los diálogos repercutirá en las elecciones, pero también sacudirá la modorra ideológica de nuestros partidos y los forzará a idear programas.
El mismo presidente Santos, capaz de audacias como ésta de la paz, o de reivindicar a las víctimas y devolverles su tierra, o de proponerle al mundo la despenalización de la droga, podrá naufragar en las ambivalencias que su Unidad Nacional de patria boba le impone. Primero, avala la reelección del inquisidor Ordóñez, quien lanza ahora carga letal contra el instrumento legal indispensable para la reinserción política de los desmovilizados. Segundo, los TLC riñen con la nueva Colombia que la paz augura, pues siembran al país en la prehistoria y frustran su industrialización. En virtud de la reforma tributaria, dejará el Gobierno de recibir $6.7 billones por parafiscales perdonados a empresas que tampoco crearán empleo. Vacila Santos entre el viejo López y el más acrisolado neoliberalismo. Con todo, si al final hay apretón de manos en La Habana, habrá pasado Santos a la historia como el hombre de la paz. Y sobre otros recaerá la responsabilidad de pelearse la edificación de una Colombia que no de lugar a rebelión armada: un Frente Amplio auténticamente reformista.
A los esfuerzos unitarios de Antonio Navarro –entre otros- ha respondido la presidenta del Polo, Clara López, con invitación a formar un frente democrático de fuerzas alternativas que compartan la paz, programa común y candidato único a la presidencia. No sería “una confluencia para seguir siendo minoría sino consensos suprapartidistas para ser mayoría”, declara. Y apunta a un modelo distinto del que rige, que “está haciendo agua”, pues no atiende al interés nacional, genera enfermedad holandesa, desindustrializa y quiebra al agro. Vocero de Pido la Palabra, José Antonio Ocampo reafirma que la apertura económica redujo el crecimiento y agudizó la desigualdad. La equidad no se logra, según él, con asistencialismo sino con una ambiciosa estrategia de desarrollo productivo y tecnológico; educando y creando empleo y con un sistema universal de protección social “que iguale lo que el mercado desiguala”. Para estimular la innovación y la creación de empresa, financiamiento del Estado, de preferencia mediante bancos de desarrollo. En suma, poner el acento en la industria y la agricultura, los sectores que dan empleo. Puntadas para una paz duradera.
Los partidos no podrán ya limitarse a usar los resultados de La Habana en función de su interés electoral. Tendrán ahora que proponer modelos políticos y de desarrollo que conjuren la exclusión, la pobreza y la inequidad. Se oye la voz de la ciudadanía: la paz es el cambio, o no lo será.
por Cristina de la Torre | Abr 2, 2013 | La paz, Abril 2013
Envuelta en procacidades de rufián, la tenaza Pastrana-Uribe contra la paz ayuda a despejar el panorama de la política colombiana. Siendo el fin del conflicto eje de las definiciones de la hora, aquel amancebamiento atornilla nítidamente a sus antagonistas en el extremo derecho de la cancha. Y abre espacio a la tercería de un frente de avanzada, pacifista, capaz de hacerle chico a Santos en materia económica y social, si la negociación con las Farc prospera. Culpas, pifias, hipocresías, envidias, rencores personales que quisieran elevar a hecho histórico, y la lacerante viudez del poder animan esta embestida contra el proceso de La Habana. Donde se juega el cese de una guerra de 50 años y se apuntala la construcción de un país menos injusto, menos cruel. El plato está servido, cuando los diálogos se abocan a la participación de los desmovilizados en política. Y evidencian, por contraste, los yerros y purulencias de otros intentos. El del Caguán y el de Ralito son modelos de cómo no negociar con ilegales. Ahora se aplica su anverso: sin pactos secretos, sin despeje, con agenda, apunta a puerto seguro. Y es esta probabilidad de paz la que exaspera a los ex presidentes. Quiere Patrana tapar, como Uribe, y por contera, la incuria de su gobierno que abrió las fauces del tiburón sobre nuestro Mar Caribe.
Se indigna Uribe en previsión de concesiones legales a la guerrilla. Pero su Gobierno favoreció a los paramilitares con penas irrisorias y no logró verdad ni reparación a las víctimas. Menos autoridad lo asistiría mientras no se aclare si su alcaldía en Medellín duró la flor de cuatro meses en 1982 porque tuviera Uribe supuestos vínculos con el narcotráfico. Lo denuncia Germán Jiménez en libro que levanta polvareda, revela Maria Jimena Duzán en su columna de Semana. Reproduce ella diálogo de la obra en el cual el entonces presidente Betancur le pregunta exaltado a Álvaro Villegas, gobernador de Antioquia, “¿cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho que tiene nexos con los narcotraficantes? (…) Sé por qué se lo digo, tengo datos concretos”. En abono de la verdad, que es presupuesto de paz, Betancur le debe a Colombia precisiones sobre sus palabras. Y como la verdad ha de ser completa, o no lo es, las Farc por su parte tendrán que reconocer vínculos con el narcotráfico y alianza de frentes suyos con las Bacrim.
Una paz con las Farc brindaría oportunidad de oro a la izquierda para disputarse el poder, mas no será fácil su unidad. Víctima –entre otras- del protagonismo de guerrillas que le robaron su espacio y la convirtieron en carne de cañón para la derecha armada, con todo, el frente único que Antonio Navarro y Clara López promueven deberá integrar también a los reinsertados. Lo cual exige, primero, reglamentar el marco jurídico para la paz; hoy se sabe que podrían concederse amnistías, indultos o perdones judiciales. Segundo, organizaciones dónde aterrizar. Llámese UP, si se le restituye la personería jurídica; o Marcha Patriótica, si la Corte Constitucional tumba la inhabilidad que pesa sobre Piedad Córdoba, su jefe, para ejercer política. Y un escenario, las Zonas de Reserva Campesina acogerían a la base social de las Farc y sus tropas desmovilizadas.
El umbral del 3% forzará su alianza con organizaciones sociales, Progresistas, Pido la Palabra, independientes, liberales y conservadores de avanzada, y el Polo. Si este partido no comete la torpeza de marginarse de la movilización por la paz que se prepara para el 9 de abril. Cifras y Conceptos había revelado que 28% de los colombianos votaría por la izquierda. También a ello obedece, sin duda, la ruidosa asonada de Uribe y Pastrana contra la paz.
