por Cristina de la Torre | Jun 30, 2020 | Banca, Cuarentena, Junio 2020
Una pesadilla: casi todo en este Gobierno parece enderezado a convertir la pandemia en medio para armarles una danza de los billones a los validos de la fortuna, mientras acaba de hundir en el hambre a la mitad de la fuerza laboral. Agita, hiperbólico, la cifra de $117 billones, 11% del PIB, dizque para paliar la crisis. Pero nadie los ve. Salvo los banqueros, no los ven los pequeños empresarios ni los desempleados ni los pobres arrojados a la miseria ni los hospitales ni el 76% de los médicos, que salvan vidas sin contrato de trabajo. Y el presidente no explica dónde esconden el tesoro que, sin ojos encima, podrá desaparecer entre dentelladas de corruptos.
La feria ofrece también su arista macabra: el primer día sin IVA disparó la velocidad del contagio, que ya corría hacia la cima, duplicó la cifra proyectada de muertos y los otros días sin IVA la repotenciarán aún más. Al punto que la alcaldesa Claudia López decretará nueva cuarentena estricta para Bogotá. Todo montado sobre la ficción de que la venta masiva de televisores extranjeros, negocio de importadores, reactivaría la economía colombiana. Desentendido del desastre que el propio Gobierno agranda, ahora se muestra éste alarmado ante la inseguridad que se pasea desafiante por las calles. ¿Olvida que la curva de inseguridad sube a la par con la del hambre? Si cree redimir con chichiguas a la pequeña empresa (fuente del 90% del empleo) y solventar con $160.000 a los hogares más vulnerables en vez de entregarles una renta básica de salario mínimo, será porque también olvida que la economía se activa justamente dándole a la gente con qué gastar.
Informa el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que sobre los $117 billones que el Gobierno dice haber destinado a la pandemia no hay cuentas claras ni plan concreto de gasto. Sólo hay información de “una pequeña parte de los recursos”. Del 11% sobre el PIB que el Gobierno canta como inversión contra el virus, más de la mitad, $60 billones, serían garantía de crédito para los bancos, no recursos gastados. Fuente de gasto sí son los $24 billones del Fome. Pero todos los traslados reales para la crisis suman apenas $3,6 billones, un modestísimo 0,34% del PIB. Es que anuncios no son gasto. Se sabe que de los $6,8 billones girados a Salud (casi todo gasto corriente), $5,7 billones terminaron en las EPS; descontando dos billones para pagar incapacidades que éstas debían haber cubierto. De los 673.000 trabajadores de Salud, apenas el 24% tiene estabilidad laboral.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, sólo el 4,9% de las micro y pequeñas empresas ha recibido ayuda oficial. Y dice Portafolio que del medio billón destinado a crédito para nómina de microempresas, a 18 de junio apenas se había desembolsado el 0,62%. ¿Por qué no financia el Gobierno directamente a estas empresas, sin la inútil mediación de los bancos?
A la voz de renta básica, huyen despavoridas nuestras autoridades, pues es partida que el Estado asigna lo mismo a la población focalizada que a la informal, como auxilio adicional a la financiación pública de salud, educación, vivienda y pensiones. En toda Europa opera este instrumento de redistribución del ingreso y la riqueza financiado con impuestos a los más ricos, y con la pandemia se extiende sin cesar. También en México y en Argentina rige. Aquí se propone sólo por tres meses y para los más necesitados. Vade retro, se dirá la caverna que nos gobierna, ¡cómo arañarle una pizca a la pobre viejecita de la banca!
Así vamos: empatando ñeñepolítica con ñeñevirus. Hasta cuando el presidente Duque tenga que informar dónde están esos $117 billones que no pertenecen a especuladores financieros sino a todos los colombianos.
por Cristina de la Torre | Jun 15, 2020 | Banca, Cuarentena, Junio 2020
Lerdo para girar ayudas a los sectores más golpeados en la pandemia, veloz para azucarar la inoperancia de su Gobierno y, acaso, para esconder el escándalo que lo deslegitima, la ñeñepolítica. Es el juego del presidente –que no fábula– de la tortuga y el zorro. Mucho se ha esforzado él por mejorar su imagen, creyendo más en el forro publicitario de su programa de televisión recargado de diminutivos y halagos al común que en el golpe de realidad que llega todos los días a manos de los colombianos. Pero terca, la verdad se impone: la aprobación a Duque sólo subió de 24 a 36 en tres largos meses de propaganda intensiva.
Debe de ser, entre otros monumentos a la ineficiencia, porque de los $13,7 billones destinados a salud en la pandemia sólo se habían girado hasta la semana pasada $1,5 billones nuevos. Pachorra en el suministro de recursos que comprometió en buena medida la adecuación del sistema de salud a las exigencias de la crisis y desperdició el sacrificio humano y económico de la cuarentena. Será también por la grosera patraña de poner presos a los agentes que entregaron evidencias de financiación de la campaña presidencial por paramilitares, fueron suspendidos de sus cargos y no podrán comunicarse con testigos. Avanzada del fiscal cachas del presidente para anular el poder probatorio de los audios que darían lugar a otro proceso 8.000, no ya en cabeza de Ernesto Samper sino de Iván Duque. Además, por encubrir la barbaridad apresando sin razón legal al que fuera gobernador estrella de Colombia y primero en la lucha contra el coronavirus, Aníbal Gaviria, dizque por falta de vigilancia sobre un contrato suscrito hace 15 años. El zorro en acción.
Y, al paso del zorro, la tortuga financiera: auxilios tardos y deleznables para los atenazados entre el hambre y el virus. En su catarata de anuncios, dijo el presidente que el subsidio de medio salario mínimo para trabajadores llegaría a 6 millones de personas, mas sólo el 13% lo había recibido. Dispuso un auxilio franciscano de $160.000 para tres millones de familias y apenas a un millón le había llegado. Según Acopi, tres cuartas partes de sus empresas no han logrado acceso al mecanismo del crédito bancario que, por lo visto, sólo funciona para las grandes empresas.
54 senadores de todos los partidos –salvo del conservador y el CD– proponen adjudicar renta básica de un salario mínimo por tres meses para 9 millones de hogares. Costaría $20 billones, 2% del PIB. Pero el Gobierno da largas, acaso en la esperanza de que en la última semana de sesiones del congreso naufrague por falta de tiempo la iniciativa. Se promueve, en cambio, ya abiertamente, una reforma que cambia el andamiaje de la legislación laboral. Comprendería flexibilización para no pagar horas extras ni festivos; trabajo por horas, para ampliar la informalidad; teletrabajo, para trasladar costos al trabajador, salario integral sin prestaciones y reforma pensional en favor de los fondos privados.
Revelaciones de la última encuesta de Datexco: 73% de los colombianos considera que el Gobierno maneja mal el problema del desempleo y mal los impuestos; 81%, que maneja mal la corrupción, 68% desaprueba su manejo de la salud y sólo el 15% piensa que la seguridad ha mejorado. Señales de que la avaricia de este Gobierno para con las mayorías desprotegidas y el intento descarado por borrar su pecado original, la ñeñepolítica, no tienen futuro. Llegados a esta altura de la crisis, debería el presidente llamar al orden a su ministro Carrasquilla y a su fiscal Barbosa, tan dados a confundir arbitrariedad y desafuero con energía de carácter. A no ser que aplauda el jefe en privado la impecable ejecución de sus órdenes.
por Cristina de la Torre | May 25, 2020 | Cuarentena, Mayo 2020
Improbable hoy en Colombia un levantamiento popular catapultado por el hambre, como los motines que por esta razón acicatearon en la historia el cambio violento del orden establecido. Vienen a la mente las experiencias mayores: la mar de franceses que al grito de “¡pan!” marcharon sobre La Bastilla; la mar de rusos que en Moscú marcharon a la misma voz dictada por la hambruna, a las puertas de la revolución en 1917. Pero no sabemos si se produzca aquí a la postre un estallido social movido por el hambre que, cabalgando en el desempleo y la pobreza, habría llegado para quedarse. Pobreza ancestral de ingresos, de trabajo, de salud, de educación, exacerbada ahora en la mesa y extendida al 60% de los trabajadores informales e independientes. Muta el trapo rojo, como el virus, de grito de auxilio a símbolo de protesta y tal vez mute a bandera por el cambio en jornadas callejeras que hibernan desde enero con sus cacerolas. Ya la gente midió su fuerza en las calles, escenario inextinguible de la política.
De lo cual no parece percatarse un Gobierno rendido a la frivolidad de la imagen presidencial con la plata de la paz, a la villanía de restaurar el poder simbólico de Jorge 40, a la insolencia de Carrasquilla para llenar las arcas de los bancos en la pandemia, a la indulgencia para con los dueños del balón que trazan la política económica y social del porvenir disfrazada de medidas transitorias.
Como la política laboral, ajena por completo a un ministro “dialogante”, incapaz de iniciativa para ver por los millones de colombianos que quedarán sin trabajo y sin ingresos. Y condesciende con la reforma laboral de Vargas Lleras, que a los trabajadores les costaría $24,8 billones, según el analista Fabio Arias (Las2orillas). Ya los grupos económicos y el sanedrín político trazan la ruta. Les viene la pandemia como una piñata para gobernar a sus anchas: no contentos con disfrutar desproporcionadamente el subsidio al empleo –por comparación con las empresas medianas y pequeñas que enganchan el 80% del trabajo– parecen alistarse para comprar a huevo la empresa reina de Colombia, Ecopetrol. Para devorar lo poco que queda de Estado arañando sus copiosos ahorros, utilidades y depósitos en paraísos fiscales, intocables para aliviar el subsidio al desempleo que no necesitan ellos dramáticamente.
Tacaña la élite económica, tacaño el Gobierno que le sirve. En esta crisis invierte Colombia la sexta parte del monto que a ella destina el Perú. Una vergüenza. Si no les asiste largueza para el asistencialismo de emergencia, menos la tendrán para habérselas con los 7.300.000 nuevos pobres que la Universidad de los Andes calcula. En lugar de los $40 billones (4% del PIB) que costarían todos los subsidios integrados y la transferencia de un salario mínimo durante tres meses a la población trabajadora, como subsidio al empleo destinará el Gobierno $6 billones. Entre tanto, anuncia el viceministro de Hacienda que “se están estudiando instrumentos para la financiación de las grandes compañías con garantías de la nación, en aras de proteger el empleo formal”.
Botones de muestra de la crisis: sin turismo y sin pesca, la comunidad de la Boquilla teme morir de hambre. Sin comida y sin agua, los Wayuu de la Guajira reaccionan con disturbios y bloqueos. La ONIC denuncia que al 80% de sus comunidades no ha llegado ayuda. Pese a que en Medellín y Bogotá despunta la renta básica, en el país se multiplica la protesta. Muchos declaran ya que prefieren morir de coronavirus que de hambre. Y si el pronunciamiento escala por ventura a inconformismo con el gobierno que no la conjura, entonces el hambre habrá devenido subversiva. ¿Se la sindicará como estrategia del castrochavismo?
por Cristina de la Torre | May 18, 2020 | Cuarentena, Mayo 2020, Modelo Económico
Dicen que por el desayuno se sabe qué dan de almuerzo. Y sí. La asignación de recursos en esta crisis ha revelado el orden de prioridades que cimenta el modelo económico y social del presidente Duque: migajas para los pobres y los hospitales, billones para banqueros y EPS. Calcula Salomón Kalmanovitz en 0,67% del PIB el gasto en subsidio del 40% a la nómina, Familias y Jóvenes en Acción y devolución del IVA, cuando Perú moviliza el 12% de su PIB. Y no es descache de ocasión. Es signo elocuente de lo que siempre fue, en una economía de rentistas que especulan con tierras de engorde o en la bolsa de Nueva York. Vadeado el temporal, volverían a las andadas, aunque agudizando la inequidad con una reforma laboral que descarga casi todo el peso de la crisis en los trabajadores; y con olvido de nueve millones de nuevos pobres, inesperada retaguardia del ejército de hambreados, mientras los pocos que nada ceden seguirán moviendo la pluma de cada decreto que el mandatario firma.
No querrán ver el desastre que su modelo de mercado ha producido, ni reconocer la urgencia de redefinir el papel del Estado. Sin trampas ideológicas. Como aquella grosera asimilación de estatismo soviético y Estado de bienestar, indigna del rigor de un Hayek, que inscribió en la misma cepa totalitaria al comunismo y la socialdemocracia. Resultado jugosísimo: se meneó sin pausa el fantasma del comunismo para frenar toda alternativa democrática a los desmanes de la derecha.
Sacrificando la bonhomía que lo ha distinguido en esta hora, cae Mauricio Cárdenas en el tic de marras para advertir que, a instancias de la crisis, bien podría sobrevenir en Colombia el socialismo del siglo XXI. Mas, lejos de la “muy aplazada y urgente reforma laboral” de Vargas Lleras (con reducción de salarios, supresión temporal de primas y cesantías y eliminación de las convenciones colectivas); lejos de la fantasía desbocada de algún rebelde que emula la egolatría de Uribe, parlamentarios y académicos proponen medidas distintas para paliar el trance y una versión de Estado de bienestar para Colombia.
50 senadores de todos los partidos –salvo del conservador y del CD– proponen girar un salario mínimo durante tres meses a trabajadores independientes y formales, a hogares pobres y vulnerables, en favor de la vida digna y la economía. Valdría $40 billones, el 4% del PIB. Se unificarían en ello los subsidios que se prestan hoy. Y el monto se financiaría, entre otros, con más impuesto al patrimonio, recursos de proyectos aplazables y crédito directo del Banco Central. En el mediano plazo provendrán de una reforma tributaria estructural y progresiva que grave más el patrimonio, los dividendos y rentas de los más ricos.
Para el postvirus, César Ferrari y Jorge Iván González señalan que la economía deberá concentrarse en los bienes y servicios esenciales: alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad. Lo que implica universalizar la seguridad social, con medicina preventiva y atención primaria en salud, supresión de las EPS y de los Fondos Privados de Pensiones. Subir salarios. Dar propiedad a los campesinos en su cadena productiva. Desarrollar agricultura, agroindustria, manufactura, turismo e industrias creativas. Avanzar hacia la renta básica universal. Fortalecer el Estado y el gasto público y redistribuir riqueza vía tributos, con impuesto progresivo sobre patrimonio y rentas.
Resalta aquí la probada eficacia de fortalecer la capacidad de gasto de la gente, lo que activa la producción y el empleo; y éste no es costo sino dinamizador de la economía. Caída la hoja de parra del capitalismo depredador, es hora de entronizar una ética para otra escala de valores: la ética solidaria del Estado de bienestar.
por Cristina de la Torre | May 4, 2020 | Cuarentena, Mayo 2020
¿Se nos apareció la Virgen? En el país donde tantas diferencias se tramitan a bala, llaman muchos a salvar, todos a una, el empleo y el tejido empresarial. Ya por instinto de conservación, ya por sentido de solidaridad, no importa. Cuando la angustia se apodera de miles de pequeños empresarios y millones de trabajadores; cuando el desempleo puede llegar hoy a 17% y mañana al 20; cuando el hambre acosa a toda una franja social que regresa de golpe a la pobreza, gremios, sindicatos, partidos, analistas de todos los colores nadan hacia una misma tabla de salvación: el subsidio al empleo formal. Y, en el horizonte, la creación de una renta básica para el 40% de la población vulnerable que nunca gozó de protección social ni recibió subsidio de Familias o Jóvenes en Acción. Para los desfocalizados, descastados del Banco Mundial; para los ignorados del sistema, los del trapo rojo. Mecha chispeante de la bomba social que podrá estallar si este ejército de informales pierde su fuente de ingreso y si cinco millones de trabajadores formales quedan cesantes.
Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, pide cumbre de Gobierno, empresarios y trabajadores para considerar, entre otras, la transferencia de ingreso vital equivalente a un salario mínimo para trabajadores informales de estratos 1, 2 y 3. Sin focalización ni condiciones: por la sola gracia de ser ciudadanos con derechos. Como sucede en más y más países.
Alrededor del subsidio al trabajo formal, se configura un consenso. Debuta Acopi postulando un programa fiscal de retención de empleos en los sectores más vulnerables como mejor opción para salvar vidas, empleos y empresas. Costaría $6,8 billones al mes. El drama de las mipymes no se arregla con crédito bancario. En receso, sus gastos no apuntan a producción sino que configuran gasto social indirecto.
Como alternativa al crédito bancario, que no fluyó o fluye mal pese a todas las gabelas otorgadas a los bancos, propone el Consejo Gremial dar liquidez en particular a aquellas empresas, fuente del 80% del empleo: proteger el salario de quienes devengan el mínimo en los sectores más afectados por el confinamiento, durante tres meses, con transferencias directas del Gobierno. Los empresarios devolverían a futuro el aporte oficial vía impuesto de renta, si mantienen los puestos de trabajo; y sin perjuicio de que se les condone parte de la deuda.
Por su lado, el exministro Mauricio Cárdenas insta a agilizar la entrega masiva y urgente de créditos bancarios a las empresas, cuyo pago el Gobierno garantiza, y aún podrá condonar en parte. De porfiar los bancos en su modorra, invita Cárdenas al Gobierno a entregar esos créditos directamente por medio de la banca pública, en particular del Banco Agrario. Y sin intereses. Se trata, según él, de evitar a toda costa la quiebra de las empresas: de que logremos sortear esta crisis dependerá el futuro de la economía y del país.
Falta la voz del Presidente, acogotado como andará por Carrasquilla, tan severo en cuidar la regla fiscal que reduce a mendrugos los auxilios al común. Y como si no existieran los US$ 53.000 millones en el exterior, ni pudiera el Banco de la República emitir dinero para solventar la crisis.
En el segundo país más desigual, donde la informalidad laboral es reina, parece insoslayable la renta básica para los sectores más desprotegidos. Y ésta se financia con impuestos a los más pudientes; no a las empresas, que deben sobreaguar, sino a los dueños que reciben dividendos faraónicos y pagan en promedio 2,4% de impuesto sobre la renta. Una cosa es salvar empresas productivas y trabajadores; otra, salvar a Sarmiento Angulo. Llegó la hora de rescatar a los que producen la riqueza, no a los bancos.
por Cristina de la Torre | Abr 27, 2020 | Abril 2020, Cuarentena
“Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijas”. Esquela terrorífica escrita en la fachada de un apartamento en Bogotá, tal vez trazada por émulo de la guerra sucia que se ensañó en Colombia; de una ética capaz de calificar al defenestrado como “buen muerto”. De la misma que hace 28 años, con la Ley 100, convirtió en negocio vergonzoso la salud; causa, según dicen, de más muertos que el conflicto armado. Matar a un médico, al que expone su vida todos los días por salvar la ajena, es una monstruosidad. Se le mata por disparo de vecino o por negarle protectores biomédicos en su duelo con el coronavirus. 35 organizaciones médicas le escriben al presidente: “el Gobierno está vulnerando el derecho a la vida de los trabajadores de la salud… al país no le servirá una larga lista de (ese) personal muerto y sin poder detener la pandemia”. Se le acorrala con sueldos de hambre y cero garantías laborales. Ruindad que corre parejas con la destrucción de la red de hospitales públicos —por no ser rentable— y la agonía financiera del sistema de salud exprimido por piratas que se dicen aseguradoras del sector.
La pandemia descorrió el último velo de un sistema abandonado al vértigo del lucro privado, que enterró la estrategia de atención primaria en salud, fue incapaz de habérselas con enfermedades como el dengue y ahora se muestra impreparado para lo que viene: la cresta del coronavirus. A la cabeza del sistema, el Gobierno que, en premio a la inmoralidad de EPS como Medimás y Coomeva, destina todos los recursos a las aseguradoras y nada gira a los hospitales, que desfallecen en la inopia y no pueden siquiera pagar a su personal. Galenos hay que llevan 14 meses sin sueldo. Por falta de medios de protección en la pandemia, 30 funcionarios renunciaron en el Centro Médico San Rafael de Leticia. Las carencias se replican en 851 municipios.
Las EPS retienen los $6 billones que les deben, mientras Fabio Aristizábal, Superintendente de Salud, funge como su dilecto protector. Dizque confía en su buena voluntad para girarles lo adeudado. Y anuncia: todos los recursos irán a las EPS y éstas se encargarán de irrigarlas al sistema. Vaya, vaya. Recibirán $5 billones en pago de deuda del Gobierno; $700 mil millones por compra de cartera; giro de casi $2 billones mensuales por Unidades de Capitación, y $783 mil millones como anticipo de servicios no-pos, según cálculo de las propias EPS.
Cuadro desapacible de los escombros que ha dejado el modelo Ley 100 de salud, en cuya virtud renunció el Estado a garantizar este derecho ciudadano para entregar el servicio a negociantes sin escrúpulos. En sus bolsillos puso todos los fondos del sector y, en sus manos inmaculadas, su manejo, a la mano de Dios, sin vigilancia ni control: el poder público cedió también su sistema de información y los instrumentos de regulación para modular deudas, frenar el robo continuado de recursos y evitar desfalcos catedralicios como el de Saludcoop.
Van décadas pidiendo un modelo que reinserte la salud como componente esencial del Estado social. La Ley Estatutaria de Salud, promulgada en 2015, reabrió el camino, pero los gobiernos han tenido el cuidado de impedir su reglamentación. Eleva esta norma la salud a derecho fundamental universal e irrenunciable, bajo la dirección, regulación y control del Estado. Sin intermediación financiera ni aseguramiento de terceros. El entonces ministro Alejandro Gaviria puso todos los palos que pudo en la rueda de la implementación de la Ley, mediante decretos y resoluciones que están demandados ante el Consejo de Estado. Pero la Estatutaria obliga y su reglamentación sigue pidiendo pista.
Y no será para volver a la normalidad después de la pandemia. La tal normalidad estribaría en perpetuar la hegemonía de las EPS que se robaron la plata de la salud y desfinanciaron al sector: seguirían los médicos ganando una miseria en hospitales de miseria. Acaso el coronavirus se nos vuelva endémico, como invencibles nos resulten aun el dengue, la tuberculosis y la desnutrición. Manes de la salud convertida en negocio.
