por Cristina de la Torre | Abr 21, 2020 | Abril 2020, Cuarentena
Entre el miedo a la pandemia, la amenaza del hambre y la quiebra de pequeñas empresas, pujan los viejos poderes por malograr la promisoria oportunidad del cambio. Cambio del modelo que en cuarenta años enriqueció a importadores y banqueros acaballados en la precariedad laboral de millones de trabajadores que hoy son pasto predilecto de la crisis. Mares de empresarios cerraron fábricas para dedicarse a la especulación financiera. Jimmy Mayer, promotor de industrias, aboga por revitalizar el sector, fuente segura de desarrollo y bienestar (Semana 4-12). La producción en Colombia de respiradores para pacientes de coronavirus, que hoy despega, es muestra a la mano de innovación tecnológica y capacidad de reconversión industrial en coordinación con el poder público. Creados en universidades y producidos por la empresa privada a precio veinte veces menor que el internacional, abastecerán la demanda nacional y se exportarán. Aplauso a la alianza Estado-academia-empresa privada.
Mas la idea de reindustrializar no tendrá eco en este Gobierno. Así lo indica su manejo financiero de la crisis, más complaciente con gremios apoltronados en sus privilegios que generosa con los atribulados. Para ayudar a estos últimos en la coyuntura, destina el equivalente al 0,5% del PIB, mientras Perú gasta en ello el 12%. Recibe impasible la recomendación del FMI de no tomar préstamos del Banco de la República, interesado como estará aquel en preservar la regla fiscal que le asegura el pago de la deuda. Impensable ahora el gesto del entonces presidente Carlos Lleras cuando en 1966 expulsó a la misión del FMI por querer imponerle una devaluación repentina y brutal. Sin crédito del Banrepública no podrá Duque acoger la propuesta de Acopi –aplicada en casi todo el mundo– de subsidiar salarios a los 8 millones de trabajadores más vulnerables, en vez de ofrecer préstamos de la banca privada a microempresas que no podrán pagarlos después.
Acaso pescando en el río de la crisis para perpetuar una medida temporal, el presidente de Fenalco propone, angelical, reducir salarios al 40%. Por su parte, los $6 billones girados al sector Salud aterrizaron en alforjas de las EPS, no en los hospitales. Y sí, claro, el Gobierno hace lo que puede. Que no es mucho, porque el Gobierno es el Consejo Gremial. Y el Presidente, entusiasta servidor del modelo gamonal-extorsionista que éste representa.
Hace años cuestiona Mayer la dependencia de nuestra economía de materias primas como el petróleo. Los países que dependen de ellas, dice, nunca ascienden al desarrollo: llevamos 50 años arrastrando un modelo equivocado, de no-crecimiento, de desindustrialización. En 1957, el ingreso per cápita de Corea era el mismo de Colombia. Hoy lo triplica. Sólo la firma Samsung vende en un año el equivalente al 60% del PIB colombiano. Convoca el empresario a todos los gremios, sindicatos comprendidos, a marchar en pos de un modelo que dispare el crecimiento de la economía, que cree empleos abundantes y bien remunerados. Y no lo vamos a lograr sembrando aguacates, dirá.
El modelo está inventado y toreado en mil plazas desde hace casi un siglo: es el capitalismo social presidido por el Estado mediante planificación concertada con el sector privado. Defiende lo mismo la libre iniciativa del capital que los derechos sociales y económicos de toda la población. Resulta de transacción entre dos sistemas que crearon más desventura que felicidad: el comunismo y el capitalismo salvaje. Para Alicia Bárcena, directora de la Cepal, es el Estado el que podrá rescatarnos de la crisis evidenciada por la pandemia del coronavirus. No podemos volver a transitar los caminos que nos arrojaron en ella, expresa: “estamos ante un cambio de época, de paradigma. Tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”.
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2020 | Abril 2020, Banca, Cuarentena, Reforma tributaria
¿Pródiga, rentable o provocadora? La donación de $80 mil millones de Luis Carlos Sarmiento para mercados e instrumental médico en la pandemia podrá ser genuino acto de desprendimiento; eficiente inversión en publicidad, o bien, ofensa para los excluidos que ven caer migajas de la mesa del rico Epulón, cuya fortuna se estima en 12 mil millones de dólares. En bumerán podrá terminar la feria de vanidades que, acaso en dolor de patria, ha montado la élite económica para escamotear su deber de aportar, codo a codo con el Gobierno, a la solución de la crisis. Principiando por allanarse al clamor de una reforma tributaria que elimine las exenciones recibidas y grabe patrimonio e ingresos –dividendos comprendidos– de los privilegiados. Una reforma que honre el principio constitucional de tributación equitativa, eficiente y progresiva.
Rica fuente de recursos cuando se busca hasta el último duro para evitar el contagio, el hambre, el desempleo y la quiebra de las empresas pequeñas y medianas, que generan 17 millones de empleos. Para evitar el derrumbe del aparato productivo. Así lo propone inclusive Eduardo Lora, tras deplorar la ruidosa ausencia de aquella élite en el duro trance. En foro de Eafit, insta el exdirector de Fedesarrollo a prepararse desde ya para una crisis prolongada.
Que no todo es roya en el cafetal lo dicen, primero, la explosión de manos que se tienden hacia el necesitado y la consagración de los campesinos a producir alimentos. Segundo, el prematuro compromiso de firmas como Arturo Calle, Creps & Waffles y Cine Colombia con la preservación de los salarios de sus empleados, pese al cierre temporal de actividades. Muchas empresas, cómo negarlo, se han mostrado solidarias. Pero otras tantas parecen más proclives a exhibir su cristiana caridad: 2 mil milloncitos aquí, 9 mil allá, 15.800 más allá; y una meta heroica de 35 mil mediante vaca de Andi, Cámara de Comercio, Camacol y Asobancaria en Bogotá. Lánguidos óbolos comparados con utilidades como la del sector financiero que en agosto pasado llegaban a $65,2 billones, y sus activos, a $1.888 billones. Tras los $273 billones que los Fondos Privados de Pensiones acaparan, se encuentran Sarmiento Angulo, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Bolívar.
En $50 billones se calcula el valor de subsidios al empleo, protección a empresas medianas y pequeñas y apoyo a la producción nacional durante 3 meses. Salvo el gran empresariado que ha medrado al calor del neoliberalismo, proponen los estudiosos financiar ese monto con emisión monetaria, parte de los 53 mil millones de dólares en reservas internacionales, los $15 billones de regalías y pensiones regionales, crédito con el FMI; y un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno, sin la inútil y onerosa intermediación de la banca privada, siempre lista a socializar pérdidas y capitalizar ganancias.
La acción del Estado, indelegable, habrá de concentrarse en reducir el avance del virus, en dar alimento a los necesitados, en proteger el empleo y asegurar la producción de bienes indispensables. En lugar de subsidiar a los muelles dueños de grandes empresas, deberá demandar su concurso para enfrentar la crisis más grave que agobia al país en un siglo. Al menos en reciprocidad por los incontables favores recibidos del Estado y de la ciudadanía. ¿A qué tanta reticencia de los ricos cuando se trata de salvar la vida y el ingreso de millones de colombianos? ¿No alcanzó su largueza sino hasta el impuesto de guerra que pagaron sin chistar ni preguntar cuántos cientos de miles de civiles inocentes morían en ella? Si se trata ahora de un impuesto por la vida y por un futuro mejor, ¿cómo no meterse a tiempo la mano al dril?
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2020 | Banca, Cuarentena, Derecha, Marzo 2020, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Política económica, Salud
No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza –como jamás lo registrara la historia– en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banrepública acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.
Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.
Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura –formidables creadores de empleo–; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.
El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado, y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?
Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?
por Cristina de la Torre | Mar 24, 2020 | Cuarentena, Marzo 2020
Nadie lo adivinó, pero fue como un chorro de luz en medio de las tinieblas. A esta pobre Colombia, vapuleada por vergüenzas y ruines intereses que medran en la complacencia de un Gobierno quebradizo, veleta de terceros, le apareció gobernanta, la lideresa que faltaba: Claudia López. Se presentó ella para paliar el embate de un virus que se cebaría en medio millón de pacientes severos y podría sitiar por hambre a los millones que viven del rebusque. Haciendo gala de pundonor, inteligencia y audacia; pese al rival gratuito que celaba su estrellato, Claudia informó, explicó, dimensionó el peligro, reconoció perplejidades, no ocultó sus ojeras de cansancio, conquistó voluntades y dictó medidas de protección para Bogotá. Convocó a un ensayo de aislamiento preventivo de cuatro días, a un “ejercicio de empatía, de conciencia e inteligencia colectiva para aprender y cuidarnos entre todos”. Al primer día, los siete millones de bogotanos se habían recluido en sus casas; y 19 gobernadores habían seguido líneas parecidas, a contrapelo del sabotaje que el presidente ensayara contra sus decisiones en marcha. Entonces éste reculó. Y cuando constató acogida general al aislamiento, decretó cuarentena. Enhorabuena.
A la voz de coronavirus, saltaron prioridades encontradas. Mientras Duque se reunía con el Consejo Gremial (virtual Gobierno en la trastienda), Claudia integraba en sus medidas un sistema de apoyo a quienes viven del trabajo informal mediante transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, subsidios en especie y servicios públicos gratuitos. El énfasis emana aquí de principios que privilegian la inversión social con acento en los sectores olvidados. A este componente destina en su Plan de Desarrollo el 40% del presupuesto de la capital.
El Gobierno central, por su parte, se contenta con reforzar subsidios a Familias en Acción, a jóvenes y ancianos. Pero el monto es franciscano comparado con la necesidad, y olvida al mayor contingente de los afectados: los informales, la mitad de la fuerza de trabajo. Tampoco ofrece garantías plenas a los trabajadores formales. Se muestra el ministro del ramo dispuesto a estudiar “algunos casos” de empresas que harían despidos colectivos, mientras el Gobierno asume pago temporal a los cesantes. Contemplaría la posibilidad de exonerar a las empresas del pago de los pocos parafiscales aún vigentes. Y, por supuesto, jamás suprimiría la exención de impuestos a las empresas que este año alcanzaría los $12 billones, aunque sus dueños no hayan creado un solo empleo, como era condición. Bien harían en renunciar a la billonada, que mejor invertida quedaría en la estructura hospitalaria.
Anuncia el empresariado antioqueño aporte de $15.800 millones para dotar nuevas unidades de cuidados intensivos en los hospitales San Vicente de Paul y Pablo Tobón Uribe. E insta a los empresarios a multiplicar estos fondos de auxilio a centros de alta complejidad. Loable iniciativa. Pero ella no puede encubrir el disfrute gratuito de las exorbitantes gabelas tributarias recibidas, bajo el mote políticamente correcto de responsabilidad social empresarial. Ni exonera al Estado de sus deberes en política social.
El trance ha desnudado a un tiempo la tacada de sus líderes y las purulencias de un modelo económico montado sobre la inequidad y el abuso. Son dos las epidemias: la del coronavirus, cuyo dramático aleteo registró oportunamente López, y la del modelo de mercados sin control que convierte a los más pobres en víctima privilegiada de la crisis. Abre la burgomaestre caminos para paliar la una y moderar la otra, lanzando el salvavidas primero a los más vulnerables. ¿Quién hablaba de una alcaldesa convertida en presidente?
