por Cristina de la Torre | May 4, 2020 | Cuarentena, Mayo 2020
¿Se nos apareció la Virgen? En el país donde tantas diferencias se tramitan a bala, llaman muchos a salvar, todos a una, el empleo y el tejido empresarial. Ya por instinto de conservación, ya por sentido de solidaridad, no importa. Cuando la angustia se apodera de miles de pequeños empresarios y millones de trabajadores; cuando el desempleo puede llegar hoy a 17% y mañana al 20; cuando el hambre acosa a toda una franja social que regresa de golpe a la pobreza, gremios, sindicatos, partidos, analistas de todos los colores nadan hacia una misma tabla de salvación: el subsidio al empleo formal. Y, en el horizonte, la creación de una renta básica para el 40% de la población vulnerable que nunca gozó de protección social ni recibió subsidio de Familias o Jóvenes en Acción. Para los desfocalizados, descastados del Banco Mundial; para los ignorados del sistema, los del trapo rojo. Mecha chispeante de la bomba social que podrá estallar si este ejército de informales pierde su fuente de ingreso y si cinco millones de trabajadores formales quedan cesantes.
Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, pide cumbre de Gobierno, empresarios y trabajadores para considerar, entre otras, la transferencia de ingreso vital equivalente a un salario mínimo para trabajadores informales de estratos 1, 2 y 3. Sin focalización ni condiciones: por la sola gracia de ser ciudadanos con derechos. Como sucede en más y más países.
Alrededor del subsidio al trabajo formal, se configura un consenso. Debuta Acopi postulando un programa fiscal de retención de empleos en los sectores más vulnerables como mejor opción para salvar vidas, empleos y empresas. Costaría $6,8 billones al mes. El drama de las mipymes no se arregla con crédito bancario. En receso, sus gastos no apuntan a producción sino que configuran gasto social indirecto.
Como alternativa al crédito bancario, que no fluyó o fluye mal pese a todas las gabelas otorgadas a los bancos, propone el Consejo Gremial dar liquidez en particular a aquellas empresas, fuente del 80% del empleo: proteger el salario de quienes devengan el mínimo en los sectores más afectados por el confinamiento, durante tres meses, con transferencias directas del Gobierno. Los empresarios devolverían a futuro el aporte oficial vía impuesto de renta, si mantienen los puestos de trabajo; y sin perjuicio de que se les condone parte de la deuda.
Por su lado, el exministro Mauricio Cárdenas insta a agilizar la entrega masiva y urgente de créditos bancarios a las empresas, cuyo pago el Gobierno garantiza, y aún podrá condonar en parte. De porfiar los bancos en su modorra, invita Cárdenas al Gobierno a entregar esos créditos directamente por medio de la banca pública, en particular del Banco Agrario. Y sin intereses. Se trata, según él, de evitar a toda costa la quiebra de las empresas: de que logremos sortear esta crisis dependerá el futuro de la economía y del país.
Falta la voz del Presidente, acogotado como andará por Carrasquilla, tan severo en cuidar la regla fiscal que reduce a mendrugos los auxilios al común. Y como si no existieran los US$ 53.000 millones en el exterior, ni pudiera el Banco de la República emitir dinero para solventar la crisis.
En el segundo país más desigual, donde la informalidad laboral es reina, parece insoslayable la renta básica para los sectores más desprotegidos. Y ésta se financia con impuestos a los más pudientes; no a las empresas, que deben sobreaguar, sino a los dueños que reciben dividendos faraónicos y pagan en promedio 2,4% de impuesto sobre la renta. Una cosa es salvar empresas productivas y trabajadores; otra, salvar a Sarmiento Angulo. Llegó la hora de rescatar a los que producen la riqueza, no a los bancos.
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2020 | Reforma tributaria, Cuarentena, Banca, Abril 2020
¿Pródiga, rentable o provocadora? La donación de $80 mil millones de Luis Carlos Sarmiento para mercados e instrumental médico en la pandemia podrá ser genuino acto de desprendimiento; eficiente inversión en publicidad, o bien, ofensa para los excluidos que ven caer migajas de la mesa del rico Epulón, cuya fortuna se estima en 12 mil millones de dólares. En bumerán podrá terminar la feria de vanidades que, acaso en dolor de patria, ha montado la élite económica para escamotear su deber de aportar, codo a codo con el Gobierno, a la solución de la crisis. Principiando por allanarse al clamor de una reforma tributaria que elimine las exenciones recibidas y grabe patrimonio e ingresos –dividendos comprendidos– de los privilegiados. Una reforma que honre el principio constitucional de tributación equitativa, eficiente y progresiva.
Rica fuente de recursos cuando se busca hasta el último duro para evitar el contagio, el hambre, el desempleo y la quiebra de las empresas pequeñas y medianas, que generan 17 millones de empleos. Para evitar el derrumbe del aparato productivo. Así lo propone inclusive Eduardo Lora, tras deplorar la ruidosa ausencia de aquella élite en el duro trance. En foro de Eafit, insta el exdirector de Fedesarrollo a prepararse desde ya para una crisis prolongada.
Que no todo es roya en el cafetal lo dicen, primero, la explosión de manos que se tienden hacia el necesitado y la consagración de los campesinos a producir alimentos. Segundo, el prematuro compromiso de firmas como Arturo Calle, Creps & Waffles y Cine Colombia con la preservación de los salarios de sus empleados, pese al cierre temporal de actividades. Muchas empresas, cómo negarlo, se han mostrado solidarias. Pero otras tantas parecen más proclives a exhibir su cristiana caridad: 2 mil milloncitos aquí, 9 mil allá, 15.800 más allá; y una meta heroica de 35 mil mediante vaca de Andi, Cámara de Comercio, Camacol y Asobancaria en Bogotá. Lánguidos óbolos comparados con utilidades como la del sector financiero que en agosto pasado llegaban a $65,2 billones, y sus activos, a $1.888 billones. Tras los $273 billones que los Fondos Privados de Pensiones acaparan, se encuentran Sarmiento Angulo, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Bolívar.
En $50 billones se calcula el valor de subsidios al empleo, protección a empresas medianas y pequeñas y apoyo a la producción nacional durante 3 meses. Salvo el gran empresariado que ha medrado al calor del neoliberalismo, proponen los estudiosos financiar ese monto con emisión monetaria, parte de los 53 mil millones de dólares en reservas internacionales, los $15 billones de regalías y pensiones regionales, crédito con el FMI; y un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno, sin la inútil y onerosa intermediación de la banca privada, siempre lista a socializar pérdidas y capitalizar ganancias.
La acción del Estado, indelegable, habrá de concentrarse en reducir el avance del virus, en dar alimento a los necesitados, en proteger el empleo y asegurar la producción de bienes indispensables. En lugar de subsidiar a los muelles dueños de grandes empresas, deberá demandar su concurso para enfrentar la crisis más grave que agobia al país en un siglo. Al menos en reciprocidad por los incontables favores recibidos del Estado y de la ciudadanía. ¿A qué tanta reticencia de los ricos cuando se trata de salvar la vida y el ingreso de millones de colombianos? ¿No alcanzó su largueza sino hasta el impuesto de guerra que pagaron sin chistar ni preguntar cuántos cientos de miles de civiles inocentes morían en ella? Si se trata ahora de un impuesto por la vida y por un futuro mejor, ¿cómo no meterse a tiempo la mano al dril?
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2020 | Cuarentena, Banca, Derecha, Modelo Económico, Política agraria, Política económica, Salud, Modelo Económico en Colombia, Marzo 2020
No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza –como jamás lo registrara la historia– en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banrepública acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.
Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.
Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura –formidables creadores de empleo–; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.
El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado, y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?
Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?
por Cristina de la Torre | Mar 24, 2020 | Cuarentena, Marzo 2020
Nadie lo adivinó, pero fue como un chorro de luz en medio de las tinieblas. A esta pobre Colombia, vapuleada por vergüenzas y ruines intereses que medran en la complacencia de un Gobierno quebradizo, veleta de terceros, le apareció gobernanta, la lideresa que faltaba: Claudia López. Se presentó ella para paliar el embate de un virus que se cebaría en medio millón de pacientes severos y podría sitiar por hambre a los millones que viven del rebusque. Haciendo gala de pundonor, inteligencia y audacia; pese al rival gratuito que celaba su estrellato, Claudia informó, explicó, dimensionó el peligro, reconoció perplejidades, no ocultó sus ojeras de cansancio, conquistó voluntades y dictó medidas de protección para Bogotá. Convocó a un ensayo de aislamiento preventivo de cuatro días, a un “ejercicio de empatía, de conciencia e inteligencia colectiva para aprender y cuidarnos entre todos”. Al primer día, los siete millones de bogotanos se habían recluido en sus casas; y 19 gobernadores habían seguido líneas parecidas, a contrapelo del sabotaje que el presidente ensayara contra sus decisiones en marcha. Entonces éste reculó. Y cuando constató acogida general al aislamiento, decretó cuarentena. Enhorabuena.
A la voz de coronavirus, saltaron prioridades encontradas. Mientras Duque se reunía con el Consejo Gremial (virtual Gobierno en la trastienda), Claudia integraba en sus medidas un sistema de apoyo a quienes viven del trabajo informal mediante transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, subsidios en especie y servicios públicos gratuitos. El énfasis emana aquí de principios que privilegian la inversión social con acento en los sectores olvidados. A este componente destina en su Plan de Desarrollo el 40% del presupuesto de la capital.
El Gobierno central, por su parte, se contenta con reforzar subsidios a Familias en Acción, a jóvenes y ancianos. Pero el monto es franciscano comparado con la necesidad, y olvida al mayor contingente de los afectados: los informales, la mitad de la fuerza de trabajo. Tampoco ofrece garantías plenas a los trabajadores formales. Se muestra el ministro del ramo dispuesto a estudiar “algunos casos” de empresas que harían despidos colectivos, mientras el Gobierno asume pago temporal a los cesantes. Contemplaría la posibilidad de exonerar a las empresas del pago de los pocos parafiscales aún vigentes. Y, por supuesto, jamás suprimiría la exención de impuestos a las empresas que este año alcanzaría los $12 billones, aunque sus dueños no hayan creado un solo empleo, como era condición. Bien harían en renunciar a la billonada, que mejor invertida quedaría en la estructura hospitalaria.
Anuncia el empresariado antioqueño aporte de $15.800 millones para dotar nuevas unidades de cuidados intensivos en los hospitales San Vicente de Paul y Pablo Tobón Uribe. E insta a los empresarios a multiplicar estos fondos de auxilio a centros de alta complejidad. Loable iniciativa. Pero ella no puede encubrir el disfrute gratuito de las exorbitantes gabelas tributarias recibidas, bajo el mote políticamente correcto de responsabilidad social empresarial. Ni exonera al Estado de sus deberes en política social.
El trance ha desnudado a un tiempo la tacada de sus líderes y las purulencias de un modelo económico montado sobre la inequidad y el abuso. Son dos las epidemias: la del coronavirus, cuyo dramático aleteo registró oportunamente López, y la del modelo de mercados sin control que convierte a los más pobres en víctima privilegiada de la crisis. Abre la burgomaestre caminos para paliar la una y moderar la otra, lanzando el salvavidas primero a los más vulnerables. ¿Quién hablaba de una alcaldesa convertida en presidente?
