En el Catatumbo, zona de agudo conflicto social que las Farc quieren convertir en mesa auxiliar de sus negociaciones en La Habana, se juega el verdadero alcance de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Núcleo de la solución agraria que rompe el espinazo de la guerra, su precisión formal quedaba pendiente en el acuerdo de reforma rural suscrito hace dos meses por las partes. Pero ahora se topa, inesperadamente, con el escenario de aplicación que parecía reservado al posconflicto. Las Farc podrán pescar en la protesta de pobladores a los que que tampoco su economía cocalera arrancó de la miseria, y bregar por su ideal histórico de zona autónoma (en política, en leyes, en presupuesto). O el Gobierno honra el compromiso suscrito con los labriegos de la región y hace respetar el perfil que la ley le asigna a la ZRC para proteger y modernizar la economía campesina en áreas baldías delimitadas. O, al extremo, los pulpos del carbón, el petróleo y la palma obligan a Santos a recular, a remover todo obstáculo al modelo extractivo, tan acariciado en este Gobierno. Así el obstáculo se llame reserva protegida para producir alimentos.
Contradictoria les parece a algunos la conducta del Presidente: no conjuga –dicen- su audaz liberalidad de buscar una paz negociada con la descalificación del movimiento del Catatumbo, convertido, según él, en instrumento de las Farc. Mas, si lo que está en juego no es conceder o negar la zona de reserva sino “no dejársela imponer por la fuerza”, o plegarse al modelo de zona liberada que pareció negado ya en La Habana, se comprenderá que quiera separar la reivindicación popular de su aprovechamiento por la guerrilla que tratará de imponer su propia idea de reserva. Lo que no se comprende es la modorra exasperante del Gobierno para echar a andar los correctivos de fondo –ya pactados- en una región tan apaleada como pocas: el plan de desarrollo, con sus pobladores en primer plano, sustitución rentable de los cultivos de coca y ZRC dotada de todo el instrumental y los recursos de ley. Tampoco se comprende la torpeza de trocar la acción política del senador Robledo en instigación a la violencia. Manes del uribato, ecos de la caverna, cuyo jefe atacó la iniciativa del alcalde Petro de declarar ZRC al Sumapaz porque cambia –dice- esperanza de desarrollo por terrorismo.
¿Qué impide ejecutar el plan y sacudirse así la pesca milagrosa de las Farc? ¿La testarudez de los manifestantes? ¿Ineficiencia suicida del Gobierno? ¿El poder de las multinacionales que extraen minerales y siembran palma, y no conciben “una zona de reserva campesina rodeada de pozos petroleros, minas de carbón y monocultivos”, al decir del investigador Gearóid Loingsigh? No augura él esta reserva en el Catatumbo, pues hace tiempo el entonces gobernador del departamento, Miguel Morelli, abrió apetitos sobre una zona que ofrecía las mejores oportunidades de explotación de carbón, petróleo y palma africana. Calculó un potencial de 350 millones de toneladas de carbón en la zona. Riqueza que otros envidiarían, si no fuera porque quienes aquí la explotan arrasan con la gente y con el medio ambiente. Y no reintegran regalías. Su modelo de desarrollo se edifica sobre el subdesarrollo de los desheredados que hoy se hacen matar porque no tienen nada que perder.
Ya se respira el aire de la controversia que le espera al posconflicto. Por encima del Presidente, pontificó el general Navas que una ZRC en el Catatumbo “sólo beneficiaría a grupos violentos”. Entonces preguntó Petro: “si lo rural lo convirtieron en narcolatifundismo, ¿por qué no en reservas campesinas”. Una precisión: ni la reserva del Sumapaz ni la de los campesinos del Catatumbo serían repúblicas independientes.