por Cristina de la Torre | Jul 30, 2013 | Conflicto armado, julio 2013
Habrá que reconocerlo: la nuestra, es la historia de la guerra. Medusa contrahecha que en medio siglo ha cobrado 220 mil vidas, la cifra podría representar apenas un tercio del holocausto. Brutalidad contra civiles indefensos que muta con el tiempo, diversifica a sus asesinos y renueva la sevicia, pero conserva intacta la doble fuente que la potencia hasta el delirio. Primero, la concentración de la propiedad en el campo se ensaña en el campesino y lo convierte en mendigo errante sin esperanza. Segundo, la costumbre inveterada de callar al contradictor a rugidos o a bala. Como en estadios primitivos de la sociedad, el fanatismo liquida a garrote al “otro”, a quien ose discrepar del pensamiento consagrado por los poderes consagrados. “El sectarismo de la política extendido a las armas y el de las armas proyectado a la política”. Así reza el informe del Centro de Memoria Histórica titulado “Basta ya”. Obra cumbre, imprescindible, sobre nuestro acontecer en medio siglo, su vigor testimonial y analítico desnuda la tragedia que lo signó.
Tras tanto machete y metra y fusil y motosierra, andan sus responsables sueltos. Sueltos desde la guerra del partido católico contra el laicismo, a la que se llamó Violencia liberal-conservadora. Pasando por la no menos sagrada contienda de la Guerra Fría que en Colombia enfrentó a las guerrillas comunistas contra el capitalismo. Para culminar en la república del narcotráfico, despiadada reelaboración de ferocidades anteriores.
Fueron primero los Laureanos, adalides de la intransigencia político-religiosa que llevó a feliz término la estrategia de su líder –filofascista confeso- de “hacer invivible la república” que apuntaba a la modernidad. Hubo 300 mil muertos y ningún promotor condenado por la degollina. Antes bien, siguen sus discípulos mandando, cargados de dagas y rosarios, como el procurador Ordóñez. Le siguió la dictablanda del Frente Nacional, la espada siempre enhiesta contra toda voz disonante en aquel concierto de élites habituadas al perrero. En la otra orilla, guerrillas gestadas en la rigidez del sistema; aunque también sembradas por las mecas del socialismo internacional _Rusia, China, Cuba- para librar en patio ajeno y sotto voce su guerra contra el titán del Norte. Para Farc, Eln y Epl la guerra fue religión, y sus organizaciones, iglesias. Abundaron en su seno purgas y ejecuciones contra aquellos que discutían “la línea correcta”. Al disidente Ricardo Lara no le perdonaron la vida. Y se autoproclamaron opción única de cambio. La izquierda legal quedó triturada entre dos bandos que pujaban por suprimir a bala las ideas del contrario. El narcotráfico reconcentró la tenencia de la tierra y, a título de anticomunismo, se lió en guerra con las Farc. Mediaba el negocio de la droga. Como se trataba de controlar el territorio y la población, a esta última se la tuvo por prolongación del enemigo. Miles y miles de asesinados por las partes, y cinco millones de desplazados. No tuvo límites la guerra. Se reprodujeron las atrocidades de la vieja Violencia, ahora bajo el trepidar de la motosierra. En la arista ideológica de la confrontación, Memoria Histórica documenta por ejemplo tantas víctimas de la UP como liberales, conservadores y comunistas.
Paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado y parapolíticos tendrán que responder por las infamias de esta guerra atroz. La obra de Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho, Martha Bello, Maria Victoria Uribe, Maria Emma Wills, entre otros valientes investigadores, hará historia. Si (como señala Sánchez) contribuye a liquidar la pretensión totalitaria de exterminar al adversario, ayudará a conjurar el horror, a despejar el camino de la paz.
por Cristina de la Torre | Jul 23, 2013 | julio 2013
En el Catatumbo, zona de agudo conflicto social que las Farc quieren convertir en mesa auxiliar de sus negociaciones en La Habana, se juega el verdadero alcance de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Núcleo de la solución agraria que rompe el espinazo de la guerra, su precisión formal quedaba pendiente en el acuerdo de reforma rural suscrito hace dos meses por las partes. Pero ahora se topa, inesperadamente, con el escenario de aplicación que parecía reservado al posconflicto. Las Farc podrán pescar en la protesta de pobladores a los que que tampoco su economía cocalera arrancó de la miseria, y bregar por su ideal histórico de zona autónoma (en política, en leyes, en presupuesto). O el Gobierno honra el compromiso suscrito con los labriegos de la región y hace respetar el perfil que la ley le asigna a la ZRC para proteger y modernizar la economía campesina en áreas baldías delimitadas. O, al extremo, los pulpos del carbón, el petróleo y la palma obligan a Santos a recular, a remover todo obstáculo al modelo extractivo, tan acariciado en este Gobierno. Así el obstáculo se llame reserva protegida para producir alimentos.
Contradictoria les parece a algunos la conducta del Presidente: no conjuga –dicen- su audaz liberalidad de buscar una paz negociada con la descalificación del movimiento del Catatumbo, convertido, según él, en instrumento de las Farc. Mas, si lo que está en juego no es conceder o negar la zona de reserva sino “no dejársela imponer por la fuerza”, o plegarse al modelo de zona liberada que pareció negado ya en La Habana, se comprenderá que quiera separar la reivindicación popular de su aprovechamiento por la guerrilla que tratará de imponer su propia idea de reserva. Lo que no se comprende es la modorra exasperante del Gobierno para echar a andar los correctivos de fondo –ya pactados- en una región tan apaleada como pocas: el plan de desarrollo, con sus pobladores en primer plano, sustitución rentable de los cultivos de coca y ZRC dotada de todo el instrumental y los recursos de ley. Tampoco se comprende la torpeza de trocar la acción política del senador Robledo en instigación a la violencia. Manes del uribato, ecos de la caverna, cuyo jefe atacó la iniciativa del alcalde Petro de declarar ZRC al Sumapaz porque cambia –dice- esperanza de desarrollo por terrorismo.
¿Qué impide ejecutar el plan y sacudirse así la pesca milagrosa de las Farc? ¿La testarudez de los manifestantes? ¿Ineficiencia suicida del Gobierno? ¿El poder de las multinacionales que extraen minerales y siembran palma, y no conciben “una zona de reserva campesina rodeada de pozos petroleros, minas de carbón y monocultivos”, al decir del investigador Gearóid Loingsigh? No augura él esta reserva en el Catatumbo, pues hace tiempo el entonces gobernador del departamento, Miguel Morelli, abrió apetitos sobre una zona que ofrecía las mejores oportunidades de explotación de carbón, petróleo y palma africana. Calculó un potencial de 350 millones de toneladas de carbón en la zona. Riqueza que otros envidiarían, si no fuera porque quienes aquí la explotan arrasan con la gente y con el medio ambiente. Y no reintegran regalías. Su modelo de desarrollo se edifica sobre el subdesarrollo de los desheredados que hoy se hacen matar porque no tienen nada que perder.
Ya se respira el aire de la controversia que le espera al posconflicto. Por encima del Presidente, pontificó el general Navas que una ZRC en el Catatumbo “sólo beneficiaría a grupos violentos”. Entonces preguntó Petro: “si lo rural lo convirtieron en narcolatifundismo, ¿por qué no en reservas campesinas”. Una precisión: ni la reserva del Sumapaz ni la de los campesinos del Catatumbo serían repúblicas independientes.
por Cristina de la Torre | Jul 16, 2013 | Izquierda, Personajes, julio 2013
América Latina sigue, expectante, las negociaciones de La Habana. Y es que el fin del conflicto armado le traería a Colombia el espacio de apertura política que desde hace tres décadas impera en casi toda la región. Si las Farc renunciaran a las armas y las amarras de la política cedieran en ésta nuestra democracia de papel, respiraría el centro-izquierda. Momento irrepetible, emergería aquel del extrañamiento que una clase dirigente ramplona, elemental, le impuso, acaso aupada por la arrogancia de la izquierda armada que se autoproclamó opción única de cambio. Mas no sería la izquierda beneficiaria exclusiva de un acuerdo con las Farc. Ahora el terreno de la política se vería copado por la construcción de la paz, de un país sintonizado con el viraje del subcontinente. Todos los partidos tendrían que redefinirse en función de escalar peldaños en democracia y desarrollo; o bien, de porfiar en el estado de cosas que condujo a la guerra. Pero de frente, sin ambigüedades ni temores.
En este territorio de ideas y propuestas, el centro-izquierda no es mendigo. Brillará, si reconoce que batirse por reformas de fondo exige más imaginación y arrojo que apertrecharse, huidizo, en las altisonancias de una revolución improbable y abstracta; si no se presume partido prematuramente sino coalición de fuerzas; si depone autocomplacencias y dogmas, será opción de poder. En 2014, para comenzar. Que no es utopía lo sugiere la marcha de los diálogos de paz, más afirmativa cada día. Y con nuevos ingredientes que ensanchan la esperanza. Como las conversaciones privadas que las Farc han sostenido en Cuba con excombatientes del IRA y de Centroamérica sobre mecanismos de desmovilización y desarme, sobre el perdón, sobre reconocimiento y reparación a las víctimas. Por su parte, en sentencia que responde a la intención expresa de esa guerrilla de abandonar la guerra y hacer política, el Estado le devuelve a la UP su personería jurídica. Por sustracción de materia -5.000 militantes asesinados a mansalva- la UP es hoy más sigla que partido. Pero sigla cargada de sentido. Y ahora capaz de cobijar bajo su manto a la izquierda dispersa (Farc desmovilizada comprendida), que puja por remontar el umbral del 3% de votos, norma letal para las minorías.
Tal vez por el peso de los símbolos, el renacimiento de la UP contagió de optimismo a la izquierda toda, que no ha cesado de invitar a la unidad, a coligarse en torno a la bandera de la paz. Clara López, del Polo; Antonio Navarro, de Progresistas; Omer Calderón, de la UP, Carlos Lozano del PC, los Independientes de Angelino Garzón, Marcha Patriótica, Verdes, Indígenas, hasta Iván Márquez declaró que su sueño es la unidad. Navarro presiona la expedición de una ley que autorice coaliciones para cuerpos colegiados, y Clara López aboga por un estatuto de oposición que garantice participación equitativa en política. E insiste en la formación de un frente político que desborde las organizaciones de izquierda. Viene a la memoria el Frente Amplio de Uruguay, que ha llevado a la presidencia a dos hombres de izquierda. Integrado por rebeldes y demócratas de los partidos tradicionales, lejos de fusionarse, se aliaron en torno a un programa mínimo y se obligaron a respetarlo sin sacrificar la identidad política de cada uno. Pasó también en Chile y en Brasil.
Un acuerdo de paz sería el logro estelar de Colombia en medio siglo. En propuestas para reconstruirla, la izquierda unida podrá sobresalir. Y en votos, sorprender. Si su supervivencia electoral depende de una ley, su supervivencia histórica dependerá de la desaparición de todo brazo armado de partido: los de derecha y los de izquierda. Dependerá de que haya paz.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2013 | Uribismo, Régimen político, julio 2013
No pertenece Uribe a la dulce medianía. Amañada, sí, su elección como el gran colombiano: en ella mediaron el cálculo político y el dinero, como lo describe Cecilia Orozco en su columna. Pero la reacción de la sociedad resulta reveladora pues, para bien o para mal, se siente interpelada toda por el ex presidente. De un lado, media Colombia resiente la distinción otorgada a quien tuvo por protomacho camandulero, reaccionario y corrupto. Del otro, se enorgullecen aquellos en quienes, a la manera de Chávez, sembró esperanza de redención. Muchedumbres enteras le guardan afecto al hombre que arrinconó a las odiadas Farc y, poncho al hombro, se acercó al común, aunque siempre rodeado de cámaras y reflectores. Otros prosélitos suyos se suman al aplauso: los sectores más virulentos que emergieron al calor del narcotráfico y consideraron a Uribe su mentor. Y no estaban solos, que el negocio irrigaba todas las venas de la economía y la política. En 2008, cuando los asesinatos de paramilitares alcanzaban su cúspide, un tercio de colombianos los apoyaba.
Pero en aquel codearse con el pueblo había doble fondo. En muchos dejó su impronta el gobernante que cada sábado durante ocho años alternaba invocaciones al padre Marianito con injurias a quienes no reverenciaban al caudillo; con algún “proceda mi coronel que yo respondo”, cuando disparar contra el prójimo parecía cosa de niños; y con chequecitos del presupuesto oficial que él presentaba como dádiva personal al desvalido. En la mira, atornillarse indefinidamente al solio de Bolívar. Mientras tanto, las grandes decisiones de gobierno abultaban la chequera de importadores y banqueros y especuladores de tierra y ladrones de tierra (con muertos o sin ellos) y potentados nacionales y extranjeros a quienes se les perdonaron billonadas en impuestos dizque para animarlos a crear empleo. Nunca lo crearon.
La clase política comprometida con paramilitares y narcotraficantes fue su bastión en el Congreso. Tal como Mancuso lo había anunciado, 35 por ciento de los parlamentarios eran parapolíticos. A la fecha, una centena de ellos ha pasado por los tribunales de justicia. “Los paramilitares llegaron a poner dos millones de votos en las elecciones de 2006, y de ellos el 90% se fue para la campaña uribista”, anota Claudia López. Según la investigadora, prueba reina de que el entonces presidente redondeaba mayoría parlamentaria con parapolíticos fue su orden de hundir el proyecto que retiraba del Congreso a políticos impuestos por las armas o el narcotráfico. Les había pedido (¡por la radio!) votar sus proyectos antes de ir a la cárcel.
Y cuando empezaron a caer en manos del los jueces, el presidente se dio a defenderlos y a deslegitimar a la Corte Suprema que los juzgaba. Dice López que guardó silencio o “minimizó las evidencias de complicidad entre paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y políticos (…) Defendió al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y lo nombró embajador en Chile; defendió a Jorge Noguera, exdirector del DAS, y lo nombró cónsul en Milán; defendió al general Rito Alejo del Río y lo homenajeó públicamente; defendió al exfiscal Luis Camilo Osorio y lo nombró embajador en México…”
La distinción a Uribe halaga, pues, a unos, y a otros los cubre de vergüenza ajena. Habrá quienes sigan considerándolo “una inteligencia superior” comparable a Napoleón Bonaparte. Otros, como Guillermo Aníbal Gärtner, promueven por las redes sociales la revocatoria del título concedido: por tratarse de “un personaje sub-judice sobre el cual pesan fundadas sospechas de su compromiso por acción y por omisión en el fenómeno paramilitar y la parapolítica en (este) país”. Colombia no es Uribe. Sólo una parte.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2013 | Política agraria, julio 2013
Cientos de miles de muertos y cinco millones y medio de víctimas de la Violencia y el conflicto armado preceden el acuerdo agrario suscrito con las Farc. De operarse en el campo el vuelco que éste promete, se ahorraría Colombia nuevas cifras de horror y de vergüenza, hijas del lastre colonial que se niega a desaparecer, y del narcotráfico. Razón poderosa para congratularse y batirse por el proceso de paz en marcha. Así redoble él la vocinglería de sus enemigos, Uribes y Londoños y Pachitos y Lafauries y Mancusos, paladines del pensamiento más retardatario donde se atrincheraron, con sus fierros, la vieja guardia del campo y ahora el paramilitarismo.
El texto del acuerdo se diría fragmento de la Ley de Tierras de López Pumarejo, o de la reforma agraria que la Alianza para el Progreso de Kennedy le propuso a América Latina en 1960. Primero la de López, tributaria de la revolución liberal que hace un siglo campeaba en el continente, murió en la cuna a mano armada del latifundismo que respondió con la Violencia a las enseñas de Estado laico y reforma agraria. Aquella guerra santa, juguete de caudillos y purpurados, arrojó 280 mil muertos, por los cuales ninguno de sus instigadores pagó cárcel. No pocos fascistas entre ellos, pasaron a la historia con su indignidad trocada por milagro en virtud, y la legaron a sus hijos: Fernando Londoño porfía en defensa de terratenientes, ya de los añosos Leopardos de sus ancestros, ya de Carlos Castaño, el asesino despojador de labriegos a quien tiene por intelectual. Y Juan Lozano, jefe de un partido sembrado de políticos aliados de aquellos despojadores, ¿será por ventura heredero de Juan Lozano y Lozano, el intelectual de la violenta APEN que conspiró contra la reforma agraria de López?
También pasó a peor vida en Chicoral la reforma agraria de los dos Lleras cuando ésta era ya un hecho en 14 países de América Latina. Con altibajos, sí, pero se acometió en todas partes (en Bolivia, en Chile, en el Perú), y en todas partes periclitaron las guerrillas marxistas que habían enarbolado la bandera agraria. Salvo en Colombia. Curioso, único país donde se frustró una y otra vez, a bala, el cambio; único donde el conflicto armado por la tierra suma 50 años, y donde persiste una insurgencia que se autoproclama portavoz del campesinado irredento. Aunque no lo sea sino por el origen, pretensión que a mitad de camino degradó con crímenes y negocios non-sanctos.
Evocando la función social de la propiedad enderezada contra el latifundio improductivo que la Carta del 36 introdujo, y la lucha que la Alianza para el Progreso y la Cepal lanzaron contra el sistema remolón que tiranizaba al campesino, el acuerdo de La Habana apunta a vencer, por fin, el rezago de Colombia en materia agraria. Habrá distribución y titulación masiva de tierras, con ayuda de una jurisdicción agraria al más alto nivel. La actualización del catastro forzará la reconversión productiva del latifundio o su expropiación con indemnización por el Estado, y fortalecerá las finanzas del municipio. Se apoyará la economía campesina en predios que se entregarán siempre dentro de la frontera agrícola. Habrá megaplanes de inversión por regiones, obras de infraestructura comprendidas.
La Ley de Tierras de Santos eliminaría “la inequitativa concentración de la propiedad rural”. También la citada Alianza propuso corregir “la injusta estructura de tenencia y uso de la tierra”. Nada nuevo bajo el sol. Mas para nuestro país, avasallado durante siglos por una derecha montaraz, estos cambios revolucionarían el campo. Si se renegocia el TLC. Y por sobre todo: desactivado el conflicto agrario, desactivado el ciclo de la muerte.
por Cristina de la Torre | Jul 10, 2013 | Política agraria, julio 2013
Si en Brasil el bienestar alcanzado mueve a pedir más, en Colombia la posibilidad de paz parece precipitar acontecimientos que desde distintos flancos apuntan a una reforma agraria. Solución inescapable a un conflicto centenario por la tierra, hoy convertido en tragedia por la monstruosidad de la violencia que acompaña a la economía de la droga. Se movilizan los pobladores del Catatumbo para que el Gobierno honre su compromiso expreso de declarar la zona como reserva campesina; de ejecutar allí el plan de desarrollo rural que los redima de la miseria y ofrezca alternativas económicas a los cultivos de coca, su fuente de sustento desde hace treinta años. Se moviliza el Gobierno, a su vez, no ya apenas con la restitución de tierras en marcha, sino con la expedición de un decreto que habilita al Incoder para comprar y expropiar tierras con destino al campesinado. La trascendencia de esta medida se infiere de la alarma que tal “ánimo expropiatorio” suscita en José Félix Lafaurie, precandidato del uribismo, siempre en pie de guerra contra toda iniciativa de equidad. Por décadas han vivido estas gentes atrapadas entre el fuego cruzado de guerrillas y paramilitares que se disputan el control del territorio, de los sembradíos de coca, de sus cultivadores, de los corredores por donde se saca la droga hacia la Costa y Venezuela, con destino al primer mundo. 14.000 labriegos de la zona completan hoy 23 días de protesta y 4 muertos, gritando el abandono y la pobreza que hermanan a su región con el Chocó.
Fue El Dorado de la hoja el que movilizó a las AUC hacia la zona en 1999, después que las Farc entronizaran su cultivo en 1981. Revela el investigador Álvaro Villarraga que Carlos Castaño se propuso trazarle al negocio un corredor entre Urabá, en la frontera con Panamá, y el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Dejando a su paso una estela de muertos y en disputa sangrienta con las guerrillas, consiguieron los paras controlar el cultivo, la producción, la exportación y las rutas de comercialización de la droga. Hasta 2004, cuando se desmovilizaron y sus reductos se reorganizaron en Bacrim, que ahora manejan el negocio con las Farc. Masacres como la de Gabarra fueron 31, sólo en aquel primer año fatídico. Con 11.200 asesinatos a cuestas en la región y sus campos sembrados de minas por las Farc, hoy los campesinos piden “un pedazo de tierra donde se nos permita vivir en paz”.
Acaso responda a este clamor el decreto mencionado, y no sea otra promesa vacía. De aplicarse a derechas y sin vacilaciones, podría ejecutarse una verdadera redistribución de la propiedad agraria: con predios incautados al narcotráfico, adquiridos por extinción de dominio o expropiados con indemnización por razones de interés social o utilidad pública. Como lo prescribe la ley. Mas no se trata sólo de entregar tierra al campesino. Según Ana María Ibáñez, es preciso garantizarle el derecho de propiedad. Y lanzar una estrategia de desarrollo rural capaz de elevar la productividad del pequeño productor y reducir la pobreza en el campo: con vivienda, educación, asistencia técnica, adecuación de tierras, infraestructura, comercialización e inversión en bienes públicos. Diríase también que las ZRC deberán tener perfil empresarial y perspectiva de asociación con grandes productores.
Pobladores y Gobierno apuntan al mismo blanco: al desarrollo rural, para conjurar la violencia. De Santos depende emprenderlo ya, sin dilación; y sin disparar contra los campesinos. De éstos depende no dejarse infiltrar por las Farc; ni resignarse a ser carne de cañón de una guerrilla que no se sabe si defiende los cocales por ser fuente de sustento campesino o por salvar su negocio.
