SOCIALISMO DE OPERETA

En su galope desbocado por el liderazgo de América Latina, Chávez afina cuerdas vocales para copar la escena en la cumbre de Bariloche. Mientras tanto, media Venezuela protesta en las calles contra la Ley de Educación que aprieta el paso hacia una dictadura en ese país. Esta reforma convierte a la escuela en instrumento monolítico de la revolución bolivariana. Su fundamento, la censura. Así como veta la enseñanza plural, incorpora la aplazada ley de delitos mediáticos y subordina los medios a los objetivos de la nueva educación. Tras diez años a la búsqueda de un socialismo “endógeno, participativo y protagónico”, burlado por la esquiva originalidad, Chávez no puede sino rendirse a la evidencia. Para mandar a sus anchas, basta acudir al recurso que no falla: imponerse a gritos y blandiendo fierros. El reformismo que alentó sus primeros años terminó arrollado por la improvisación, la arbitrariedad, la corrupción y el revanchismo. Autocomplaciente, huérfano de ideas, el coronel supeditó cuanto se había logrado a la obsesión de consagrarse como el héroe del siglo XXI. Y redujo el socialismo a réplica del modelo cubano que había periclitado ya.

No fue poco lo sacrificado. El chavismo debutó con redistribución del ingreso mediante programas de salud y educación gratuitas para los olvidados de siempre. Recuperó para Venezuela el petróleo que la fiebre privatizadora había entregado al capital foráneo. Nacionalizó el sector eléctrico, estratégico, como lo hicieran siempre las democracias de occidente. Intentó una reforma agraria liberal que obligaba a trabajar el latifundio subexplotado y entregaba tierra a los campesinos bajo la figura de propiedad cooperativa. Quién dijo miedo. Aunque el agro en Venezuela representa apenas el 6% del PIB, se alzaron las elites, todas a una en Confecámaras, y dieron golpe de Estado.

De regreso al Palacio de Miraflores, Chávez se emborrachó de poder y de petrodólares. Con la renta del crudo financió “lo social” a manos llenas, aunque los fondos empezaron a desfondarse sobre las arcas de los amigos y a privilegiar a sus prosélitos. A la conquista de la hegemonía del continente, el chorro de oro negro regó también la sedienta economía de Cuba, las de Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Convertida en alcancía del gobierno, PDVSA redujo su producción de 3.150.000 barriles diarios a 2.400.000. Por acuerdo con la OPEP, es cierto. Pero también porque cientos de experimentados profesionales de la empresa fueron reemplazados por activistas del chavismo, que mucho saben de sisa y de votos y de propaganda, pero nada de industria petrolera. Resultado: la firma estatal que es corazón de la economía venezolana, fue todo ineficiencia y corrupción. A tanta incuria se suman la drástica reducción de los precios del crudo y el hecho insólito de que en los tres últimos años, 40% del ingreso petrolero nutriera fondos que Chávez maneja a su arbitrio personal y sin control. La economía se derrumba.

Chávez desperdició una oportunidad dorada: convertir la bonanza en riqueza productiva. Malogró la posibilidad del socialismo en su país. El suyo es un régimen siempre transitorio, dominado por el dogma de un hombre que considera “burgués” propender al equilibrio entre libertad e igualdad, entre liberalismo y socialismo. En su afán por descubrir el agua tibia, olvida que hubo ya socialismo democrático; y, por supuesto, también dictaduras que se impusieron a nombre del socialismo. Cuando América Latina se debate entre democracia redistributiva y dictadura, Chávez se inclina por la dictadura. Dictadura para un socialismo de opereta.

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CONTRA VIENTO Y MAREA

Alvaro Uribe cosecha los frutos de tres robles que la Constitución del 91 sembró: la descentralización, la democracia “participativa” y la cruzada contra los partidos. Gracias a ellos, podría quedarse en el puesto indefinidamente. Sin salvaguardas que previnieran el abuso de la democracia directa, este mecanismo terminó abriendo la tronera de la opción plebiscitaria que nos acerca, más y más, a la autocracia. Una  concepción de soberanía popular como voz del caudillo por cuya garganta habla Dios, terminará por suplantar las más caras conquistas de la democracia moderna. A este fin habrá contribuido la animadversión hacia  los partidos que animó el espíritu de aquella Carta. Máxime cuando prevalecía la idea  -jamás desvirtuada- de que narcotraficantes y políticos se habían conjurado para asesinar a Galán. Pero sin partidos, se sabe, las sociedades se debilitan y pueden convertirse en pasto de dictadores. Tampoco se previó que la descentralización, librada a su espontáneo movimiento centrífugo, sin lazos que preservaran una mínima unidad orgánica entre el centro y la periferia,  abriría el boquete por donde se coló el crimen desde las regiones hasta el Congreso y el Gobierno Nacional.

Uribe quiere quedarse en la Presidencia contra viento y marea. Con la Constitución, sin ella, o contra ella, si fuere necesario. Todavía en el plan A, el de hacer aprobar el referendo en el Congreso, no escatima recursos. Le pone ultimátum a su bancada para que vote la conciliación de textos. O la abruma de ofertas: puestos y contratos en Invías, en Bienestar Familiar, en el Fondo de Regalías, según denuncia Juan Manuel Galán. Cohecho a la vista, que ahora cobijaría a docenas de parlamentarios. Rodrigo Rivera,  crítico del primer referendo y de la primera reelección, hoy oficia en el bando del poder, faltaría más. En grosero chantaje a los congresistas de marras, les recuerda su responsabilidad de votar según “la voluntad popular (…). El pueblo –dice-, que quiere ser escuchado, estará atento para premiar o reprochar en las elecciones de 2010 a nuestros representantes en el Legislativo”. Los invita a insubordinarse contra la Corte. Como lo hiciera Sabas Pretelt desde  su silla ministerial, con ocasión de la primera reelección de Uribe: depositó la decisión en el “veredicto popular” y no “en una prohibición constitucional”. Ni hablar del argumento que a la sazón esgrimió José Obdulio Gaviria, para quien se trataba de impedir que llegara al poder un “burócrata sin carisma”, o un “líder inferior”. A un fracaso del Plan A, entraría el Plan B. El de la consulta popular convocada, a la Zelaya,  por el propio mandatario que aspira a reelección, al tenor del 104 de la Carta. Varios estudiosos ven en esta opción un golpe de Estado amparado por la aritmética de las encuestas.

El manoseo a los partidos o su hostigamiento viene de atrás. Ya desde 2001 se opuso Uribe a la reforma que pretendía fortalecer a los partidos. En lo que coincidía con la vieja cantinela de Alvaro Gómez (¡y de la izquierda!), quien aspiraba a que éstos desaparecieran  bajo el peso de su propia atomización personalista. No en vano lleva 7 años gobernando con esa fuerza política. En cambio Galán pensaba que verdadera democracia sólo habría sobre una base de partidos vigorosos. El inmolado reivindicó también la democracia representativa, la división de poderes, el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, la alternación en el poder. Pasos de animal grande se adivinan en Colombia. Para detenerlo, nunca resultó tan revolucionaria la democracia liberal.

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VENEZUELA INCIERTA

El acoso a la prensa en Venezuela no viene solo. Lo acompaña un proyecto de ley de educación que precipita a ese país hacia un autoritarismo confesional. No contento con perseguir a la oposición, Chávez insiste ahora en aconductar a la sociedad mediante el control del pensamiento. Tapada, en sesión relámpago de medianoche, una comisión de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto, para alarma de medio país y de la academia en pleno, que lo considera traslapo del modelo cubano, monolítico; un atentado contra la pluralidad de ideas y la libertad de pensamiento. El gobierno busca “adecuar” la educación a su plan socialista, a los valores que lo inspiran, a los requerimientos de la “democracia protagónica”. Nada de malo tendría defender el socialismo (o el liberalismo), a condición de no imponerlo como ideología oficial y única. El rector de la Universidad Central advierte que esa ley servirá para vetar a quien se aparte del ideario del gobierno. Será medio de adoctrinamiento oficial. Tanto más eficaz por el lazo que la une a  la censura de prensa que arreció con el cierre de 34 emisoras y el asalto armado de Globovisión por un grupo chavista.

El artículo 49 hermana a la Ley de Educación con la de “delitos mediáticos”: deposita en los medios y en los consejos comunales un rol educativo sobre la ciudadanía, según estrictos parámetros del socialismo bolivariano. Como se sabe, la ley mediática manda a prisión a cualquiera que, en sentir del gobierno, divulgue información atentatoria de la paz social, la salud mental y la seguridad del Estado. Para el editorialista de El País, ésta acerca más a Chávez a la dictadura; “su gobierno –apunta- ha construido (…) un imperio mediático adicto, que a su vez reprime implacablemente la información adversa”. Y Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, cataloga la iniciativa como “el texto legal más salvaje y brutal de la Venezuela contemporánea”, un verdadero “engendro totalitario”.

Mas la cosa no para ahí. A la manera de Castro y de los fascios de Mussolini, ha lanzado Chávez las “escuadras revolucionarias de lectura”. Operativo de comandos que persiguen dizque la democratización del libro para construir una visión ceñida a la ideología en el poder. Su arma de combate, una Biblioteca Popular que alterna textos de Bolívar con discursos de Hugo Rafael. Tras el ridículo, no ya el fantasma sino la rehabilitación de instrumentos que las dictaduras del Cono Sur aplicaron sin temblar. En 1976, el General Videla anunciaba en Argentina reclusión para quien divulgara información que perturbara o desprestigiara al gobierno militar. El director del Instituto Nacional de Cine, capitán Bitlestone, sólo autorizaba las películas que exaltaran la lucha del hombre contra el materialismo y por la religión. Las quemas de libros se sellaban con comunicados rubricados con la esquela “Dios, Patria, Hogar”. El decreto 3155 del 77 prohibió 3 relatos infantiles por tratarse de cuentos de “adoctrinamiento subversivo”.

Como se ve, las tiranías confesionales (y sus imitadores) no distinguen color político; las separan diferencias sólo de grado o de matiz. A la misma constelación de desafueros pertenece el espionaje que el tenebroso DAS le tendió aquí a la profesora Sonia Urrea por recomendar a sus alumnas escritores que no siempre llevan sotana ni charreteras ni rubrican sus textos con los vocablos Dios y Patria. Y el acoso vergonzoso  del G3 contra periodistas en el país. Saltan las diferencias, claro. En Venezuela se escala hacia un régimen de fuerza; se agrede de frente, a la Videla. En Colombia, sibilinamente.

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CUÑAS DEL MISMO PALO

Andan todos, a cuál más recursivo, sacándole el jugo a su Estadito de opinión. Césares del trópico, Chávez, Uribe y Correa lo exprimen desde todos los flancos, con ayuda de las encuestas, de los medios y del tesoro público que ellos administran como cosa personal. Ya movilizan al pueblo para montar constituciones que los amarran al poder. Ya amordazan a quienes se extravían del camino que conduce, inexorable, a la aclamación del caudillo. En todo caso, acaban ellos por usar en su favor la esperanza siempre embolatada de las gentes. Y a esto le llaman Estado de opinión. Señuelo de demagogos que deriva en monopolio indefinido del poder.

Uribe anticipa veto a la decisión de un Congreso que negaría su re-reelección e invoca, en su defecto, la voluntad popular. También hace tres años se hizo reelegir abusando del poder, gracias al delito de cohecho y al voto de parlamentarios que quisieron refundar la patria en asocio del paramilitarismo. Hoy chantajea a los amigos que le guardaron fidelidad mientras hubo notarías y embajadas y puestos y contratos. Dizque espera que “las piruetas politiqueras (no) afecten la voluntad popular”. Velada notificación de que hará prevalecer su Estado de opinión sobre el Estado de derecho que consagraba el imperio de la ley –cuya fuente es el Congreso- y la independencia de poderes. As bajo la manga que Uribe lanzó como teoría en su campaña de 2002 y refinó como práctica a lo largo de 7 años. Hoy le sirve para desembozar la disyuntiva suprema de todos los que se atornillaron en el mando azotando las miserias de la “partidocracia”: o Congreso corrompido (¿por quién?), o “voluntad popular”.

También Correa volvió fetiche al pueblo ecuatoriano cuando lo invitó a respaldar una constitución que le daría al Presidente todo el poder, una y otra vez. “¿Se puede esperar algo más democrático?”, inquiría su gobierno; y remataba: “no se trata de disolver ni de pedirle permiso al Congreso sino de acatar la voluntad del pueblo”. A poco, para asegurar mayorías, canceló la licencia a los principales medios de información y anunció la aplicación de esta medida a 229 emisoras de radio y TV. Correa ganó la consulta. La nueva Carta introdujo reformas económicas no más audaces que las de un Carlos Lleras, pero a años luz del conservadurismo económico de Uribe. Y al artífice de esta Carta le entregó un arsenal de poderes comparable al de Hugo Chávez.

De sobra se conocen el rosario de atropellos y el despliegue de exhibicionismo con los que el venezolano se ha afirmado en el puesto. Constitución y Asamblea de bolsillo parecen asegurarle gloria eterna. Así como Correa, Chávez asfixia a la prensa independiente. Se propone encarcelar hasta por cuatro años a quienes divulguen información que pueda atentar contra la estabilidad política y la salud mental o moral pública; y a quienes creen “una matriz de opinión en la sociedad” (¡). Hace un mes amenazó con cerrar 285 emisoras de radio y TV. El 31 de julio clausuró las primeras 34. La SIP habló de “golpe devastador contra lo que queda de democracia en Venezuela”. Uribe se ahorra estas flagrancias, pero  ha acusado a periodistas de cohonestar el terrorismo, acaso sin reparar en que donde él pone la injuria otro puede poner la bala.

Así medran estos autócratas en ciernes con delirio de grandeza. Elevan los dolores de sus años mozos a política de Estado  y juegan a la guerra, magnificando diferencias de talante. Pero son cuñas del mismo palo que anuncia el regreso al golpismo latinoamericano. No ya militar, sino civil.

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