por Cristina de la Torre | Nov 30, 2010 | Modelo Político, Partidos, Uribismo, Noviembre 2010
El divorcio entre Santos y Uribe podría adelantarse. Mas no será por puestos. Por vez primera en décadas, en la disolución de este vínculo pesarían más las ideas, los programas. Tras larga orfandad de debate ideológico, la envergadura del viraje que Santos ensaya y el principio que lo sustenta obran ahora como el elemento diferenciador. Desconciertan a los sectores más oscuros de su coalición, liderados por Uribe. Y los obliga a buscar en los viejos baúles de los abuelos hilachas de doctrina para salvar la partida con honor. Difícil. A la voz de restitución de tierras, de protección de la agricultura campesina en una revitalización del campo, grandes voces y puños se levantan contra el proyecto que, según algún columnista, “nos dejará a todos sumidos en un lodazal”. La reacción se acompaña del odio bíblico contra la mujer –el demonio- esta vez con el fin de reversar el aborto, subordinando la norma civil a la ley de Dios. Parece despabilarse el ave fénix de la controversia política que precedió a la hibernación de los partidos durante la patria boba del Frente Nacional. Y después de 1991, irrelevantes, desperdigados en una polvareda de empresas electorales, muchas financiadas por el narcotráfico. País anacrónico el nuestro, anclado en el dilema que los vecinos resolvieron hace marras y que a nosotros nos parece todavía novedad: democratización del campo y Estado laico versus latifundismo soberbio y teocracia.
Los de Santos y Uribe son talantes opuestos. Como que en el primero respira de nuevo la dignidad del cargo. Pero hay más, que es cosa de contrastes y rupturas. Aparte de lo dicho sobre víctimas y tierras, rescatar a Colombia de su aislamiento en Suramérica; prodigar respeto a las Cortes; negar la imposición de un fiscal amigo del ex presidente cuando se avecina el juicio de sus coequiperos; empezar a desmontar los regalos tributarios que aquel les hizo a los más ricos. Y ahora, una carga de dinamita que abrió honda grieta en esa alianza: la descalificación del Estado colombiano por Uribe quien, por salvar el pellejo, trocó en perseguidos de la justicia a los ejecutores de una conspiración de Estado urdida desde la entraña misma de su Gobierno. El asilo de la ex directora del DAS, promovido por Uribe, repetía el recurso aplicado con la extradición de los jefes paramilitares: desterrar la verdad.
Para El Espectador (23-11), las medidas de Santos traducen una línea más roja que azul; mientras el Partido Liberal y Cambio Radical proponen cambios programáticos, el Conservatismo y la U se limitan a resistirlos. Dos facciones de la Unidad Nacional, donde la confrontación de ideas reclama espacio. Enhorabuena. Sería el renacer de los partidos, sin los cuales la democracia es un chiste. Bienvenida la petición de parlamentarios conservadores al director de su partido para convocar un congreso ideológico que le dé a esa colectividad norte y programa; que la redima de su papel puramente contestatario.
Si la recomposición de fuerzas en la Unidad Nacional cobra vuelo ideológico, evocará, por analogía, al viejo bipartidismo. Pero será, en realidad, confluencia de las derechas liberal y conservadora alrededor del uribismo duro, por un lado; y, por el otro, convergencia del reformismo de origen liberal y conservador, en torno a Santos. Nótese que es el conservador Juan Camilo Restrepo quien apadrina los proyectos estelares de este Gobierno. No faltarán aquí liberales de la U que prefieran acompañar al príncipe en funciones. Si hay divorcio, podrían a la larga decantarse estos dos bloques en partidos, y volver a configurar un bipartidismo. Sería un avance. Pero insuficiente, si de democracia pluralista se trata. Faltaría, a gritos, la izquierda democrática que amenaza desaparecer, tras la puñalada letal que la corrupción del Gobierno de Bogotá le asestó al Polo.
por Cristina de la Torre | Nov 23, 2010 | Modelo Político, Educación, Ciencia, Noviembre 2010
De 37 años, él es científico, con post-doctorado en Estados Unidos y 23 publicaciones internacionales. La madre, faro de su vida, apenas inicia la primaria. Flor exótica de la Comuna Oriental de Medellín, Angel González dirige la Unidad de Micología Médica y Experimental de la Corporación para Investigaciones Biológicas de esa ciudad. Tesón y sacrificio del muchacho, y de esta mujer que hizo de su hijo la excepción a la regla. Porque la educación en Colombia, duele decirlo, es mala y discriminatoria. Aunque llegue a más colombianos. Se universaliza una escuela pobre para pobres, y se preserva el sistema de privilegios y oportunidades educativas para los más pudientes. Pero el rasero general descorazona: 45% de los colegios evaluados este año por el Icfes arrojaron bajo rendimiento en competencias básicas. En las últimas pruebas de PISA, Colombia fue el colero de América Latina en ciencias y matemáticas. Nuestras universidades ni siquiera se mencionan entre las 500 mejores del mundo.
El nuevo Gobierno se propondría mejorar la calidad. Se trataría, sobre todo, de orientar los contenidos hacia la innovación y la productividad. De armonizar la educación con el mundo del trabajo y con el llamado emprendimiento empresarial. Contempla la creación de 880 mil cupos para educación básica y superior, y 225 mil nuevos créditos educativos. Se destinaría 10% de las regalías a ciencia y tecnología. Dice la Ministra Campo que, a la búsqueda de calidad, se capacitaría a los docentes, de preferencia, en el Sena. Vaya, vaya. El Sena, dispensador de técnicas y oficios, como corazón del sistema educativo para adiestrar fuerza laboral en un país detenido en el atraso y sin perspectiva de industrialización. El politécnico. Sin vuelo científico ni humanístico. Para las mayorías.
Mas, para todos los niveles, ¿dónde queda el enfoque pedagógico? ¿Y los contenidos? ¿Qué enseñar y cómo enseñarlo de modo que no castre la imaginación y la inventiva? ¿Cómo dar el vuelco necesario, si educar –se dice- es enseñar a estudiar, a pensar, a interrogarse, a escribir, a criticar, a crear? ¿Cómo transmutar al profesor de déspota de “la verdad” en guía de inteligencias libres? ¿Y a los estudiantes, de receptáculo pasivo de dogmas, en hervidero de problemas que habrán de resolver? ¿Cómo lograr que los Angel González no sean una flor en el desierto?
En países como Colombia, la calidad de la educación no es el único dilema. También lo es la inequidad que la rodea. Universalizar la educación es garantizar que todos puedan acceder a ella, pero en condiciones de igualdad. Más allá de las diferencias de clase, que tienen su marca de origen: pobreza, discriminación, injusticia. El sistema educativo se resuelve en circuitos diferenciados. Como un sino, la escuela marcará desde la cuna la competitividad del profesional. Y entonces la meritocracia, mecanismo de selección de concursantes que compiten “en condiciones de igualdad”, es ficción. Ya los elegidos del destino se quedarían con los cupos y los puestos y las becas y los honores. La igualdad de condiciones, que es ideal de la democracia, principia por el goce general de una educación de calidad. Para que en el desierto proliferen los oasis. Es hora de moderar la obsesión de la cobertura, y trazar verdaderos derroteros de calidad en la educación: en los colegios, en el Sena, en la Universidad. No sea que se repita aquí lo sucedido en el sistema de salud: muchos beneficiarios y cero calidad.
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En carta a El Espectador (17-XI), Bernardo Congote (cuyos escritos respeto) se queja, con razón, de que en mi pasada columna apareciera incompleta la referencia bibliográfica de expresiones tomadas de Gonzalo Sánchez. El texto consultado es el prólogo al libro “La tierra en disputa”.
por Cristina de la Torre | Nov 16, 2010 | Movimiento social, Política agraria, Noviembre 2010
En los años 60 y 70, recuperar tierras era actividad tolerada como parte de la democratización que la Violencia había ahogado en sangre. En la academia, entre funcionarios oficiales, en los partidos el problema agrario ocupaba lugar de privilegio. Liberales y conservadores de avanzada cortejaban la ocupación de tierras, recuerda Gonzalo Sánchez, Director de Memoria Histórica en la Comisión Nacional de Reparación. Hoy no se habla, como entonces, de ocupar predios o redistribuirlos sino de devolvérselos a sus dueños. Y, sin embargo, hay quienes le atribuyen a la ley de Víctimas, instrumento de la restitución, la malévola intención de “revivir” una guerra civil imaginaria. Pero aquí guerra civil no hubo y sí, en cambio, sucesos más tortuosos: una campaña criminal de narcotraficantes por el control del territorio, condición necesaria del negocio de la droga. Su brutalidad vino a descubrirse en los cientos de fosas comunes de campesinos que no alcanzaban a huir a las ciudades. Narcos devenidos terratenientes -en manguala con políticos, gamonales, funcionarios y militares- despejaban de población los territorios donde operaban sus centros de aprovisionamiento, cristalizaderos químicos y corredores para el transporte de la droga. Cruda rapiña armada.
Dos procesos paralelos habían conspirado contra la lucha por la tierra: el látigo del Estado, y la pretensión de las guerrillas de subordinar a sus delirios el movimiento campesino. Resultado, éste ingresó en la nómina de actividades subversivas. Hacia finales de los 70, había sido virtualmente ilegalizado. Y en los últimos años, dondequiera que amagó, se le dio trato de terrorista.
A ello contribuyó el deslizamiento subrepticio de insurgentes en alguna marcha campesina para escudarse de los operativos del ejército (¡). Y el ansia de las guerrillas por medrar en el movimiento, que sólo fructificó –a medias- entre colonos perdidos en la lejanía. En la creencia de que Colombia estaba a punto para una insurrección armada, el Epl puso sus ojos también en el proletariado rural. Incursionó en los sindicatos bananeros de Urabá para disputárselos a bala con las Farc. Sobre los trabajadores recayó la peor parte de este arrebato demencial. Manes de la combinación de formas de lucha, que siempre terminaba sacrificando incautos mientras los responsables huían heroicamente con sus fierros monte adentro.
Si efímero, el “entrismo” del Epl en el movimiento campesino terminó por justificar la violencia que se ensañó contra él. Poblaciones enteras fueron blanco de operativos contrainsurgentes. La criminalización de la protesta campesina legitimó después la embestida paramilitar, que combinó violencia selectiva (asesinato de dirigentes) con violencia masiva (masacres, despojo y desplazamiento). Para Rosmy Rojas, actual Presidente de Anuc en Córdoba y miembro de su Junta Nacional, “las guerrillas le hicieron un daño enorme al movimiento campesino”.
La Costa Atlántica fue a la vez epicentro de las luchas de Anuc y cuna del proyecto político-militar que quiso “refundar” la patria, pasando sobre el cadáver de la organización campesina y la reversión de las parcelaciones habidas desde los años 60. El proyecto fue, recuerda Sánchez, “punta de lanza de uno de los grandes monstruos de la violencia contemporánea en el país, el paramilitarismo y su expresión política, la parapolítica”. Agrega que el problema de la tierra no se asocia hoy a la reforma agraria sino a la dimensión monumental del despojo. Que sin movimiento campesino, no habrá restitución de tierras.
Tanto se retrocedió en las últimas décadas, que hoy la tierra no suscita controversia entre izquierda y derecha sino entre un liberalismo genuino y una derecha extremista. Tan mal venimos, que el solo restituir es ya una revolución.
por Cristina de la Torre | Nov 9, 2010 | Movimiento social, Política agraria, Noviembre 2010
Sorpresa, don Berna y el Alacrán ofrecen devolver 45 mil hectáreas. El Ministro Restrepo adivina en algún enemigo de la restitución de tierras una “vaga amenaza para debilitar la voluntad del Gobierno en defensa de las víctimas del despojo organizado por los señores de la guerra, que se volvieron los señores de la tierra”. Ablandamiento de unos. Férrea determinación del Gobierno. Sí, pero aquí falta un elemento crucial: el apoyo organizado del campesinado. Destinatarios de las reformas en ciernes, los campesinos serían su aliado natural y fuerza de presión incontrastable para acometerlas. Como lo fueron en tiempos de la ANUC. Hasta cuando el gigantesco movimiento agrario de los años 70 fue derrotado por los terratenientes, la Fuerza Pública y el gobierno de Misael Pastrana. Y terminó en los 80 infiltrado por las guerrillas, pretexto providencial que redobló la brutalidad del latifundismo contra los campesinos. Guerrilla contra la cual habrán de precaverse hoy, celosamente, no sea que a las FARC les de por barnizar sus vergüenzas fingiéndose amigas de la justicia en el campo.
Con sus luces y sus sombras, la experiencia de ANUC resulta aleccionadora. La asociación de usuarios campesinos fue creada por el Gobierno de Carlos Lleras como base de apoyo social de los directamente interesados en la reforma agraria. Ante el poder hacendario, Lleras decidió saltarse las redes clientelistas de los partidos; y ejecutar la reforma con el campesinado, sin intermediarios. Aunque nació arriba, la ANUC se construyó desde abajo: era una organización de alcance nacional; heterogénea, pues integraba a toda la diversidad del campo; a su legitimidad institucional sumaba la que le otorgaba un sistema de representación democrático.
En los años 70 prohijó un movimiento orgánico de lucha por la tierra que se resolvió en la recuperación de centenares de latifundios. Si encendido el discurso, sus demandas se ceñían a una divisa reformista. El Primer Congreso declaró que la solución a los problemas campesinos no estaba en la lucha de clases sino en la lucha pacífica contra el atraso y la marginalidad. Hervía en los campesinos el anhelo de ser propietarios, no “sirvientes de los ricos”.
En los 80, ya derrotado y dividido, el movimiento degeneró en movilizaciones dispersas, a veces salpicadas de guerrilleros del EPL o del ELN. Mientras el ala radical de ANUC languidecía, la oficialista tornaba al clientelismo. Los labriegos de la Costa que habían conquistado sus tierras en la década del 70, las perderían en los años 90. El narcotráfico y sus ejércitos se hacían terratenientes y cerraban filas con el gamonalismo regional. Escribe León Zamosc que la amenaza de una convergencia entre guerrilla y movimiento social creó el caldo de cultivo ideal para que caciques políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares se articularan en torno a un proyecto común. Mientras la guerrilla secuestraba, extorsionaba y asesinaba, intentaba acaballarse sobre la lucha campesina. Y, claro, el paramilitarismo sembró el terror allí donde se había recuperado tierra. Entonces fue la guerra. Y el despojo. Daño inmenso le causó la guerrilla al movimiento campesino.
Más de uno se asusta hoy a la voz de organización campesina. Los poderes consagrados, porque saben que, cohesionados, los campesinos pueden ser un aliado formidable del Gobierno en este trace. Algunos demócratas desavisados, porque les dijeron que quien discuta los valores de tradición, familia y propiedad es terrorista. Mas no el Vicepresidente Garzón. Al parecer, él propone trabajar con la organización que ya existe, en vez de inventarse otra ANUC. Esta necesitará el respaldo de toda la sociedad, para que no le caigan los buitres de la guerrilla y las Aguilas Negras.
por Cristina de la Torre | Nov 2, 2010 | Partidos, Izquierda, Conflicto interno, Noviembre 2010
No es Petro quien quiere matar al Polo. En su trasegar suicida, el destape de la corrupción en el Gobierno de Bogotá parece anunciar el último resuello de la oposición. La izquierda democrática terminaría sacrificada en el altar de la retardataria y corrompida Anapo y su ayuda de cámara, el Moir. Este aire enrarecido que invade la ciudad es apenas epílogo de una prolongada autoflagelación del Polo como alternativa de oposición recta y verosímil. Desde el parto comenzó el suicidio. No bien nació, se creyó partido, siendo sólo coalición de fuerzas distintas. Pero esta camisa de fuerza ignoró además abismos insalvables entre el turbio legado del rojaspinillismo y la izquierda moderna. Un matrimonio que nunca debió ser, pues ninguna afinidad los acercaba. Populismo de derecha y estalinismo terminaron asociados en el propósito de ahogar a la corriente democrática del Polo. La alianza se extendió al uribismo en el Concejo y en los negocios de Bogotá, para arrojar una montaña de indicios probatorios de corrupción que la justicia investiga. Ya la ceguera de sus sectas le había infligido al Polo un golpe de muerte, cuando se marginó de los ocho millones de colombianos que se lanzaron a las calles contra el asesinato de 12 diputados del Valle por las FARC.
Ahora Avellaneda, senador del Polo, inculpa a Iván Moreno de enriquecerse con los contratos de Bogotá y, a su hermano, el Alcalde, de ser el responsable por acción o por omisión. Moreno responde que el denunciante y sus colegas, Petro y De Roux, quieren matar al Polo. Su Comité Ejecutivo en pleno – manipulado y despótico- rodea al Alcalde y acusa a los acusadores de complotar con la extrema derecha contra él. ¿Complot sería también la quiebra de Bucaramanga a resultas de la alcaldía de Iván Moreno? ¿Complot, los escándalos de corrupción que rodearon esa administración? Y el incendio de la alcaldía con todos los contratos, ¿fue caso fortuito o provocado? Denuncia Petro que el 70% de la contratación para movilidad en Bogotá quedó en manos de cinco grupos. Que una gruesa porción de los contratos se entregó sin licitación. Que dos supuestos amigos y socios de los Moreno, Julio Gómez y Emilio Tapia, recibieron contratos por 173 mil millones. Parte de los anticipos de los contratos de obras, dice, terminan pagando comisiones: “es el costo de la corrupción, pues esos dineros no se aplican a las obras”.
Miguel Nule revela que Julio Gómez y Emilio Tapia le pidieron una comisión del 6% sobre dos contratos de vías con destino a Iván Moreno. Según la revista Dinero, Colombia pide levantar el secreto bancario para establecer si la firma Geos Investment recibió 30 millones de dólares que se habrían pagado en comisiones por contratos de Bogotá. Y para conocer el origen de fondos que Moreno hubiera movido desde sus cuentas en Islas Vírgenes. El representante de Geos en Miami es Emilio Tapia, amigo, contratista y gran elector de Moreno en Sahagún. Y Luis Alfredo Baena, negociante colocado por su amigo lván en la administración del Distrito, figura como socio de las mismas firmas radicadas por el senador en aquel paraíso fiscal. Dinero reconstruye la apretada telaraña de contratistas de la Alcaldía que serían amigos o socios de Iván Moreno, mientras su hermano, el Alcalde, le nombra los enlaces en la administración del Distrito. Todo queda en familia.
Si el Polo no sanciona a sus corruptos, desaparece como opción de cambio. Termina bifurcado entre el amorío de la casa Moreno-Rojas y el Moir, de un lado; y, del otro, la izquierda democrática que se apoya sobre una base sustantiva de la organización y sólido respaldo de opinión. Destino del PC sería, tal vez, la solitaria tozudez de sus homólogos del mundo, fósiles de la política. Por lo visto, no habría asesinato del Polo sino suicidio.
