por Cristina de la Torre | Sep 25, 2012 | Iglesias, Mujer, Septiembre 2012
Sorpresa. A la cruzada revitalizada del procurador contra el aborto le salió al paso inesperadamente Lucifer. No ya la pecadora bíblica, víbora en carne de mujer perseguida hasta la muerte por devotos que prevalecen a golpes de crucifijo. Es que ahora se revela el mismísimo demonio en figura de ministerio. Del ministerio de Justicia, que propone no sólo respetar el aborto terapéutico sino extenderlo a todos los casos, pues la prohibición induce el aborto clandestino, insalubre, causa de muerte en miles de nuestras mujeres cada año. En bumerán se trocó la falsa retractación del procurador, que se le impuso por violar la Constitución para sabotear este derecho: Ordóñez mintió sobre la píldora del día después, sobre “promoción del aborto” por la Corte y sobre la objeción de conciencia. Pero eludió, astuto, la orden y anunció que redoblaría su campaña contra el derecho al aborto en los casos prescritos por la Corte.
Cuesta arriba le quedará desde hoy, cuando el Consejo de Política Criminal abre debate sobre la iniciativa del ministerio enderezada a la despenalización amplia del aborto, más allá del terapéutico, consagrado ya. La restricción del aborto –argumenta la ministra Ruth Stella Correa- aumenta los casos de riesgo. Se trata de evitar el aborto clandestino y de asegurar los derechos de la mujer. 400.412 procedimientos se practican en Colombia cada año, la mayoría ilegales y de alto riesgo. Y concluye: en vez de perseguir a las mujeres que abortan, hay que masificar las campañas de prevención y educación sexual, servicios gratuitos de salud y asesoría en planificación.
Si, no todo va en despenalizar el aborto, medida dolorosa que la mujer adopta como solución extrema a un embarazo no deseado o peligroso. Mucho depende de la prevención del embarazo, sobre todo del adolescente, que es tragedia; porque afianza el círculo de la pobreza, frustra la educación, las oportunidades y la movilidad social de la joven. El sacerdote Carlos Novoa reafirma que a aquél contribuyen también la violencia intrafamiliar y la precaria o nula educación sexual. En acontecimiento notable, cientos de jovencitas presentan esta semana al Gobierno sus propuestas para prevenir el embarazo adolescente. Con apoyo de Naciones Unidas y del Gobierno nacional, del evento se esperan remedios a un drama que afecta a una de cada cinco niñas entre los 15 y 19 años de edad. Está visto que el riesgo disminuye con educación – en particular sobre vida sexual y reproductiva-, con servicios de salud universales y amables, con un abanico desplegado de formación y oportunidades de vida. Más vale prevenir que reprimir.
Si el ex jefe conservador José Darío Salazar declaró patético que la propuesta del ministerio es “el crimen más cobarde de todos”, para el jurista Eduardo Cifuentes la despenalización amplia del aborto es “absolutamente necesaria, (una) opción de libertad y de respeto por los derechos reproductivos de la mujer”. Y Sonia Gómez escribe en El Tiempo: abortar no riñe con la vida, es afirmar que la vida de la mujer está por encima de cualquier funcionario o credo religioso.
La iniciativa promete una revolución de sentido común en esta pobre Colombia estrangulada por exaltados que la devuelven periódicamente a la Colonia, al gobierno de la mitra, mientras el Estado de Derecho es pan comido en el mundo. Como el debate no atañe a la moral religiosa sino a los derechos civiles, no podrá dirimirse entre Dios y Lucifer, sino entre Estado laico y teocracia. Así nuestros rosaditos querubines del Congreso, monaguillos del procurador, se presten para horadar la ciudadanía de la mujer y para quemarla en la pira medieval. Por bruja.
por Cristina de la Torre | Sep 18, 2012 | Conflicto interno, La paz, Proceso de paz, Septiembre 2012
Ni la revolución ni nuevo pacto social, como lo pretendieron en el Caguán. Hoy no pueden las Farc negociar sino ajustes a lo que nuestra precaria democracia ofrece: ampliar la arena de la política legal, de modo que desmovilizados, minorías, opositores y el movimiento social puedan batirse por el desarrollo y la equidad en condiciones de igualdad con los partidos que acapararon siempre todas las ventajas. Para comenzar, que los exguerrilleros puedan convertirse en fuerza política y participar en las elecciones de 2014. Este proceso presenta dos momentos nítidamente diferenciados, y confundirlos dará lugar a maximalismos paralizantes. Una es la negociación que se ha emprendido, enderezada a desactivar el conflicto armado. A lo cual las Farc ofrecen por vez primera en medio siglo dejar las armas. La otra etapa, prolongada, laboriosa y que demandará el concurso de todos, será la de construir la paz: desactivar el conflicto social, hijo de la desigualdad que registra Colombia, sin par en el mundo entero.
Hacia allá apuntan la restitución de tierras y el proyecto de Desarrollo Rural, cuyo alcance –ha dicho el ministro Restrepo- desbordaría el de la Ley 200 de López Pumarejo. Que no serán graciosas concesiones a la guerrilla lo indica el hecho de que la restitución venía ya en marcha, aún contra despojadores de las Farc. Por su parte, la ley de desarrollo para el campo se cocina desde hace dos años y coincide en mucho con el programa agrario de las Farc. No le dará trabajo, pues, refrendarla en la mesa de diálogo. De otro lado, se estudian garantías de participación y elegibilidad políticas sin riesgo de exterminio: un código electoral que modere el porcentaje de votos necesarios para sobrevivir como partido, un estatuto de oposición que asegure medios de acción política equitativos. Si se trata de crear nuevos espacios de participación -señaló el ministro del Interior- “habrá que pavimentar el camino”. Nadie deja las armas si no puede buscar el cambio por la vía política.
Controversia mayor suscita el Marco para la Paz, porque introduce medidas de justicia transicional en favor de los desmovilizados. Para el fiscal Montealegre, este instrumento puede ser “una amnistía condicionada incluso para graves violaciones a los derechos humanos”. No habría impunidad, advierte, pero tampoco cárcel. Grave dilema, pues nadie querrá cambiar el fusil por la prisión. La Comisión Asesora de Política Criminal considera que ese instrumento restaura el delito político, eliminado por el uribismo; que rescata la dimensión política del conflicto armado; que dar tratamiento privilegiado a delitos como el de rebelión despejaría el camino a procesos de desmovilización y reconciliación.
Esta vez la relación de fuerzas política y militar favorece al Gobierno y es él quien lleva la iniciativa. Por eso pinta rosada la esperanza de arribar a buen puerto. Tras un trámite expedito que podría culminar en un paquete de reforma rural y política sometido a referendo, la paz adquiriría toda su legitimidad. Pero un peligro se cierne sobre el proceso: que jefes militares de las Farc como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, cabezas del Bloque Sur (metido en la droga), desconozcan las decisiones de los actuales negociadores. Éstos harían política, mientras que el ala militarista derivaría en Farcrim. ¿Ruptura de las Farc? Como la agenda abordará también sus vínculos con el narcotráfico, ¿habrá contemplado el Gobierno la eventualidad de negociar en una mesa sin vocero de la fracción comprometida en el negocio? Acaso diga que a quien ejerce violencia se le liquida; y con quien hace la guerra se negocia para que pase de las balas a los votos.
por Cristina de la Torre | Sep 4, 2012 | Uribismo, Conflicto interno, Narcotráfico, Septiembre 2012
Si, como se ha sabido, el problema agrario preside la agenda de paz, la devolución de tierras malhabidas cobra protagonismo inusitado. Soñemos. Nadie como Álvaro Uribe podría ablandar a los enemigos de la restitución y de la paz, por el respeto y el fervor que entre ellos suscita el expresidente. Si él lo quisiera. Presunción explicable a la luz de revelaciones que develan el empeño del entonces presidente en dialogar con las guerrillas: seis intentos con las Farc y búsqueda de contacto con el ELN a lo largo de todo su gobierno. En el entendido de que el despojo de fincas catapultaba el conflicto hasta el delirio, ¿esperaba Uribe poner el dedo en esa llaga? O bien, ¿compartía después la advertencia-amenaza de Fernando Londoño de que la Ley de Víctimas desencadenaría una guerra civil?
Capitán entre los seguidores que depositaron en Uribe su esperanza (ganaderos, uniformados, latifundistas, propagandistas de la violencia, paramilitares, narcotraficantes, politicastros de armas tomar), no hace matices Londoño, todo lo revuelve en su defensa genérica de la propiedad agraria. Unos fueron los mafiosos que, para lavar activos y controlar con sus ejércitos los corredores del narcotráfico, compraron tierras en sana ley por oferta de sus dueños. Otros, aquellos que usurparon predios a sangre y fuego y provocaron la diáspora de cuatro millones de campesinos. Entre 1975 y 1995, los capos del narcotráfico compraron seis millones de hectáreas de las mejores tierras en 409 municipios, el 42% de las localidades del país. Arreció desde entonces la dinámica del despojo masivo y violento por paramilitares: obligaron a sus dueños a vender a huevo, falsificaron escrituras o simplemente les robaron la tierra. Historia ominosa de siete lustros que dibuja la telaraña del conflicto y revienta, al fin, en anhelo de paz.
En los 70 se expandió la guerrilla y se dio a secuestrar hacendados. Alejandro Reyes reconstruye esta historia y sus efectos (Compra de tierras por narcotraficantes, 1997): acosados, los grandes propietarios vendieron y sus compradores fueron los capos del narcotráfico. Promovidas por miembros de la Fuerza Pública y financiadas por la mafia que ya era propietaria de grandes haciendas, nacieron las autodefensas. Además, los narcos crearon sus propios ejércitos privados, los paramilitares. En Magdalena, muchos latifundistas derivaron en narcotraficantes. En Antioquia, hacia mediados de los 90 habían comprado tierras en 90 de los 124 municipios del departamento. Córdoba presentaba la mayor concentración de la propiedad y el proceso más masivo de sustitución de la elite ganadera por narcotraficantes, que acaparaban el 60% de sus tierras útiles. La compra de tierras por la nueva elite, sobre todo de ganadería extensiva, concentró aún más la propiedad agraria y agudizó el éxodo campesino. En suma, la sustitución de empresarios y campesinos por narcos, paras y guerrilleros significó un retroceso gigantesco. En tales condiciones, haya títulos legales o falsos, si se aspira a la paz, se imponen soluciones inaplazables: restitución de lo robado; y un modelo de desarrollo rural que reoriente el uso de la tierra y redistribuya predios dentro de la frontera agrícola, con miras a la modernización y la equidad.
El ministro Restrepo ha recibido reclamaciones por un millón 300 mil hectáreas; pero denuncia a “segmentos recalcitrantes que quieren poner palos en la rueda de la restitución”. Si también mafiosos y paramilitares se sintieron uribistas, autoridad le asiste al exmandatario para invitarlos a entregar lo usurpado y respetar la vida de sus legítimos propietarios. Paso trascendental hacia la paz que también él buscó.
