por Cristina de la Torre | Oct 2, 2012 | Conflicto interno, Octubre 2012, Política agraria
Las Farc van por reforma agraria. Santos va, en dinámica de TLC, por la agroindustria de exportación. Pero también por restituir tierras y relanzar la agricultura campesina con todos los apoyos del Estado. Estos últimos frentes, en los que el Gobierno trabajaba ya por iniciativa propia, resultarán cruciales en Oslo y La Habana. Paso intrépido, cargado de significado dio esta semana al intervenir dos haciendas, santuario del paramilitarismo, arrebatadas por los Castaño a campesinos de Córdoba y Cesar. Por su parte, el proyecto de Desarrollo Rural replantea las Zonas de Reserva Campesina, no ya en los extramuros de la patria, sino dentro de la frontera agrícola. Concebidas para estabilizar y fortalecer la agricultura campesina, fuente de la seguridad alimentaria, estas áreas podrían alojar también a las tropas desmovilizadas de las Farc: campesinos a quienes la ciudad nada ofrece, pues industrialización no hay; ésta se estrellaría contra el TLC.
La incursión del Gobierno en las haciendas Santa Paula y Las Pavas, íconos de la expropiación violenta, simboliza el reto de la restitución: revertir la contrarreforma agraria de los bandidos. Que no actuaron solos. En Urabá, verbigracia, el Fondo Ganadero de Córdoba les compró parte de las tierras robadas; negoció Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño sindicada de asesinato. También se benefició el paramilitar Benito Osorio, antes presidente de ese fondo ganadero. Ahora José Félix Lafaurie, vocero del gremio, previene contra “una reforma agraria expropiatoria”. Aceptará la recuperación de tierras malhabidas, dice, pero advierte que en aras del desarrollo rural no avalará detrimento de la legítima propiedad agraria.
Las reservas buscan estabilizar los asentamientos campesinos con producción modernizada, y protegerlos de la agresiva expansión del latifundio ganadero. La Ley de Desarrollo Rural las fortalece porque dota a sus dueños de crédito, asistencia técnica, mecanismos de comercialización; y mejora su vida con vivienda, salud y educación. Pero, sobre todo, porque ahora tendrán lugar en cualquier parte de la geografía nacional, no sólo en zonas de colonización. Así lo sugiere el Artículo 293 del proyecto de marras. En tónica de ordenamiento del territorio, la reserva campesina se establece allí donde el suelo y el entorno ofrecen la misma vocación económica y, las gentes que lo habitan, homogeneidad cultural y social. Forzoso será planificar el desarrollo y el uso de la tierra, ya en agricultura, en bosques, en ganadería o en conservación de cuencas hidrográficas. O proyectarse al turismo, a artesanías, a servicios ambientales. Y sus propietarios podrán asociarse en proyectos colectivos. La delimitación de las zonas podrá afectar latifundios improductivos cuyos dueños tendrán que vender al Estado, a los precios declarados, o someterse a extinción de dominio. De adjudicárseles reservas a las farc, éstas tendrían que cortar en el acto con la producción de coca. Y también devolver las tierras y ganados arrebatados a sus dueños, pues la ley obliga a todos.
Santos restituye tierras, pero el TLC nos devuelve a la colonial división internacional del trabajo: unos países producen carros; otros, florecitas y carbón. Hay que renegociar el tratado o, al menos, crear mecanismos de compensación que ofrezcan opciones ciertas de supervivencia. Como consolidar y proteger las reservas campesinas. Y lanzar la locomotora de la industrialización. Ampliada la democracia, habrá refriega abierta entre ideas de desarrollo. Pero, desactivado el conflicto armado, restitución y reservas serán un buen comienzo en la desactivación del conflicto social: dar tierra siembra paz.
por Cristina de la Torre | Ago 28, 2012 | Actores del conflicto armado, Agosto 2012, Conflicto interno, La paz, Narcotráfico, Política agraria
Nunca una cortina de humo tan grosera y desproporcionada. En lugar de explicarse por el escándalo del general Santoyo (hoy confeso aliado de la mafia mientras oficiaba como jefe de seguridad del primer mandatario), llegó Uribe al extremo de señalar al presidente Santos como cómplice de las Farc y lo sindicó de adelantar diálogos de paz: “una bofetada a la democracia”, dijo, “una vergüenza”. Acusación que enfrenta el deber supremo de la paz con el recurso a la guerra contra la subversión que a Uribe le había dado fama y poder. Piadosa presentación de la guerra justa que ignoraba, no obstante, la de fondo, aquella de intereses menos nobles enderezada a hacerse, motosierra en mano, con el poder del Estado. Fueron las Farc el enemigo de Uribe y derrotarlas parecía justificarlo todo. Pero ellas fueron también pretexto providencial que le daba carácter político al ascenso violento de nuevos sectores surgidos al calor del narcotráfico. Revuelta social a cuyos agentes en el alto gobierno y en el Congreso Uribe jamás vetó. Antes bien, los defendió en cruzada memorable contra los magistrados de la Corte Suprema que investigaban la parapolítica. Y no porque los togados encarnaran ideales guerrilleros sino porque amenazaban el nuevo poder.
Se rodeó Uribe de “buenos muchachos” y la cima de la seguridad del Estado terminó en manos de la justicia, por andar en tratos con criminales. No precisamente por haber abominado de las Farc. Jorge Noguera, Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo J. Miguel Narváez, el general Santoyo. Y ahora, el general Rito Alejo del Río, condenado a 26 años de prisión por apadrinar crímenes horrendos del paramilitarismo en Urabá, zona donde la contrarreforma agraria del narcotráfico más víctimas cobró. Matanzas archisabidas tras de las cuales condecoró Uribe a este “héroe” de la patria.
Escribe en este diario el columnista Rodolfo Arango que tal vez Santoyo y el círculo más cercano a Uribe hubieran traspasado la línea de la legalidad en pos de un fin que tenían por legítimo: liquidar a la guerrilla. Quedaría así en evidencia “el uso del crimen para combatir el crimen”. Razón no le falta. Mas, si de acabar con las Farc se trataba, no era apenas porque fueran izquierda alzada en armas, sino porque esta guerrilla amenazaba el monopolio de las mafias sobre el negocio de la droga. Las Farc fueron el antagonista funcional de las autodefensas y sus propagandistas interesados en darle vuelo político a una ruda conflagración de tierra arrasada y crueldad inenarrable contra la población civil. Se usó el crimen para combatir el crimen, sí. Y para extirpar toda idea de cambio, así la encarnaran inocentes (caso UP). Pero también para que los criminales justicieros se hicieran amos de territorios enteros, se tomaran poderes locales, colonizaran la tercera parte del Congreso y pusieran su pica victoriosa en plena Casa de Nari. En los conflictos de El Mexicano y de Castaño contra las Farc había menos de lucha ideológica que de rapacidad por el negocio maldito.
Ironía. Uribe es artífice involuntario del proceso de paz que se avecina, pues fue él quien redujo a las Farc a su mínima expresión. Condición necesaria para allanarse a conversar. Un buen comienzo de reconciliación arrancaría por las explicaciones que el ex presidente le debe al país: cómo pudo abrazarse durante tantos años al círculo infecto de sus amigos en el poder, sin romperse ni mancharse. Por qué permitió que parte de la fuerza pública y el DAS persistieran en su alianza con paramilitares, que el Estado democrático perdiera su neutralidad en el conflicto. Un amago de rendir cuentas sería ya la primera velita que se le encendiera a la paz.
