por Cristina de la Torre | Abr 8, 2018 | Abril 2018, Acuerdos de paz, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Posconflicto, Reforma Agraria, Seguridad social, Tierras
No se trata apenas de redistribuir la tierra, sino también la población en el territorio: rediseñar el minifundio en unidades de tamaño rentable y desconcentrar la gran propiedad de tierras feraces pero subexplotadas en la frontera agrícola. Cambio de fondo que implicará reubicación de pequeños propietarios sobrantes en poblados aledaños a zonas de minifundio, y traslado a la frontera agrícola de colonos arrojados a lejanías inhóspitas, sin más horizonte que el de la coca. La mira en el largo plazo, propone el agrarista Absalón Machado un modelo de desarrollo alternativo fundamentado en la agricultura familiar que podrá convivir con la agroindustria. Un paso adelante de la reforma rural suscrita en el Acuerdo de Paz, no pasará inadvertido este modelo de repoblamiento y recomposición del minifundio, si de pedirles definiciones a los candidatos se trata. En particular a los inmovilistas, obscenos en su defensa del estatus quo y de la contrarreforma agraria apuntalada por el paramilitarismo.
Nueva ruralidad para un nuevo campesinado, el modelo preliminar apunta a aumentar el tamaño de la pequeña propiedad, mínimo hasta una Unidad Agrícola Familiar, suficiente para sostener con dignidad a una familia. De donde resultarían microfundistas sobrantes que podrán ubicarse en poblados vecinos, confiar su tierra al Estado a cambio de una renta y emplearse, por ejemplo, en actividades de turismo ecológico y de naturaleza. Resultado: habrá menos productores pero con mayor capacidad productiva y nivel de vida. Y se mantendrá esta población en el entorno rural.
Por otra parte, revirtiendo la ominosa tradición de colonización consistente en expulsar el campesinado a los extramuros de la patria o a metrópolis sin empleo, se habrá completado un fin medular: reubicar a esos pobladores en la frontera agrícola, cerrarla, y mantenerlos también a ellos en la ruralidad. Porque se buscaría, como se ha dicho, redistribuir extensas propiedades subexplotadas entre el campesinado nuevo, mediante tres instrumentos que las leyes consagran desde 1936 y 1994: extinción de dominio, expropiación con indemnización y compra de tierras. La política de poblamiento y redistribución agraria se habrá traducido en proceso de recampesinización o acomodamiento de la agricultura familiar en el paisaje rural; y en ubicación de población excedente en espacios urbanos de la ruralidad.
El nuevo paradigma supone concertación del Estado con el sector privado. Además, una política integral de tierras con restitución, formalización de la propiedad, creación de una jurisdicción agraria y, elemento principalísimo, una política de reducción de precios de la tierra. En ello resulta decisivo tasar en justicia el impuesto predial, para quitarle a la tierra el potencial especulativo y rentístico que incrementa artificialmente su valor: la vuelve inaccesible al comprador y dispara los costos a la inversión productiva.
La redistribución de la tierra –explica Machado- operará en perspectiva de industrialización, de descentralización hacia centros menores, de construcción de infraestructura y suministro de bienes públicos. Pero supone, sobre todo, cierre de la frontera agrícola y freno a la titulación de baldíos en la periferia. Demandará así mismo instituciones que estrechen lazos entre lo rural y lo urbano, y activa participación de la comunidad. Entonces crecerán corredores de producción agrícola alrededor de las áreas urbanas, para garantizar seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.
Brillante hipótesis que proyecta la discusión a nuevos ámbitos, mientras el Congreso prepara debate a la Ley de Tierras, corazón de las reformas sin las cuales no habría paz. Esta propuesta promete un vuelco rural, sin sangre. Una revolución pacífica.
por Cristina de la Torre | May 22, 2017 | Mayo 2017, Modelo Económico, Política agraria
Su angurria no tiene límites. No contentos con que se les legalice lo usurpado, los poderosos del campo quieren reducir a fórmula inane el poder de expropiar y de extinguir dominio sobre tierras inexplotadas, que el Ejecutivo ostenta desde 1936. Temiendo su aplicación ahora, se despelucan ellos por reversar la legislación vigente. El coco castrochavista seguirá probando su eficacia como coartada para preservar el acaparamiento de tierra, y agudizarlo, en un país donde 80% de la población campesina se apelmaza en el 5% de la tierra cultivable, para producir el 90% de los alimentos. Pero, en el juego de encenderle una vela al campesino y otra a su enemigo inveterado, el Gobierno le concede a éste gabelas que podrán malograr la reforma. Como la legalización de baldíos usurpados, cuyo trofeo es la Ley Zidres. Y la supresión de la expropiación por vía administrativa, para condenarla a su agonía en la inmovilidad eterna de los juzgados. Cosa distinta haría una jurisdicción agraria creada para desenredar y evacuar rápidamente los procesos.
Exultante el uribismo con el golpe de mano que la Corte acaba de asestarle a la implementación de los Acuerdos de Paz, cuyo eje es precisamente la reforma rural, el CD librará una batalla encarnizada contra ella. Asistiremos a la enésima defensa de la concentración de tierras, mientras la derecha armada hace lo suyo en custodia de los predios robados al campesino. Y el país podrá verse de nuevo ante el abismo de la guerra. Misión cumplida. Tras el fragor de la contienda pretenderá seguir agazapado el curubito de los avivatos, miembros prestantes del empresariado y de la política, contra quienes pide acción judicial la Contraloría por haber adquirido ilegalmente 123.000 hectáreas en baldíos destinados a economía campesina.
La prohibición de acumular tierras para no explotar o cultivar a medias mientras se valorizan y no pagan impuestos viene desde 1936. A la luz de la función social de la propiedad, toda la legislación agraria hasta hoy consagra la extinción de dominio para lotes de engorde y predios inadecuadamente explotados. Y expropiación con indemnización, por razones de utilidad pública o de interés social. No se buscó en el 36 cambiar la estructura de propiedad agraria; antes bien, se quiso fortalecer la propiedad privada mediante titulación. Modestísimo alcance que se repite hoy, si se comparan estas iniciativas con las muy liberales reformas agrarias que Europa ejecutó con incautación directa del latifundio y su repartición entre el cultivador medio y el pequeño.
En su tortuosa concertación con los gremios del agro, aceptaría el Gobierno como legal la acumulación de baldíos antes de 1994. Y, además, esos predios sólo configurarían acumulación indebida si el Registro lo hubiese consignado por escrito. Naturalmente, casi ninguna escritura habrá incorporado la nota, y no podrá argumentarse ilegalidad. Será vía expedita para fomentar el acaparamiento y perdonar el robo de las tierras reservadas por la Constitución al campesino que las necesita.
Como van las cosas, en el proyecto que el Gobierno negocia no quedaría espacio para la agricultura campesina. Ni la concentración servirá siempre a proyectos productivos sino a la especulación con la tierra, bien protegida por las armas y por un remedo de catastro rural que no obliga con impuestos. Aboga Alejandro Reyes por “garantizar la propiedad de tierras legales, no de las ilegales”. También se ha dicho que el último recurso para asegurar una reforma rural capaz de desactivar la causa mayor de la guerra será la movilización social y política de todos los demócratas contra la codicia desbordada de quienes llevan siglos haciendo lo que les da la gana.
por Cristina de la Torre | May 9, 2017 | Mayo 2017, Política agraria, Proceso de paz, Uribismo
Tras la oferta uribista de volver añicos el “maldito” Acuerdo de Paz podrá escudarse la oposición armada a la reforma rural que buscaría formalizar la propiedad en el campo, dar tierra pública al campesino y forzar la producción en tierras inexplotadas. Tímido intento liberal que asoma periódicamente desde hace 80 años, para desfallecer con la misma regularidad aplastado por una derecha cerril y violenta empotrada desde la edad de piedra en el poder. En la intrincada rebatiña de ELN, paramilitares, Bacrim, mafias y una disidencia de las Farc por territorios y negocios que fueron de esa guerrilla, se refocilan también los enemigos más bravíos de la devolución de tierras, ejércitos anti restitución comprendidos. Y acaso terminen estos por disparar asimismo contra la ley agraria que será avenida principal hacia la paz.
Ni alarmismo ni retórica, que el embate podrá escalar a genocidio. Defensoría del Pueblo y ONU cifran en centenares los dirigentes sociales, de derechos humanos y de izquierda asesinados o amenazados de muerte en el último año. El Cinep confirma la expansión del paramilitarismo, autor en ese año de 550 víctimas de asesinato o amenaza; de 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 heridos, 9 desaparecidos y 12 torturados. Y centenares de casos permanecen en la sombra. 72 son los líderes de restitución de tierras asesinados.
Como ambientando acciones ejemplarizantes, avasalla la caverna el debate razonado sobre la ley rural, para potenciarlo como táctica de la mentira, cuya eficacia probó el 2 de octubre pasado. En impecable contravía de la realidad, le atribuye al proyecto el propósito de colectivizar la tierra y de entregársela a las Farc. Un editorial de La República lo señala como “venezolanización del campo”. Tanto crédulo dispuesto a comulgar con ruedas de molino; tan desangelada batalla del Gobierno por la estrategia madre del posconflicto podrán hasta salvar a la ultraderecha del ridículo.
Despojada la controversia de sus deformaciones más groseras, una idea nuclear se saca en limpio: el proyecto de ley armoniza la entrega de tierra al campesino con garantías jurídicas al empresario del campo. Aunque en el proceso de conciliación reparos van, reparos vienen, desde la izquierda, desde la academia, desde los gremios de empresarios. Para unos, el proyecto legaliza el despojo y favorece una mayor concentración de la propiedad, en detrimento del campesino. Para los empresarios, la ley pone en riesgo la propiedad privada. Según Yamile Salinas, el proyecto permite la acumulación ilegal de baldíos y menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la magnitud del despojo. Otros resintieron falta de garantías de indemnización en procesos de expropiación; y objetaron el poder que el Gobierno se daba para expropiar y decretar extinción de dominio. Éste modificó el proyecto en función de esa crítica.
Pero la ultraderecha presenta por su anverso la verdad. Desde el podio de pastor en auditorio de iglesia, preside Uribe la convención de su partido; y, en delirio de dios y patria, insta al rebaño a seguirlo en su carrera ciega contra el tratado de paz; en marcha de vencedores contra el enemigo de la sacrosanta propiedad. Evocan Ordóñez y Lafaurie su concentración de un año atrás en apoyo de los llamados compradores de buena fe de tierras arrebatadas a sus dueños. Interpelado se sintió a su vez Aníbal Guerra, falso propietario de predio ajeno quien, a una con alias El Patriota, juró defender con su vida hasta el último centímetro de esa tierra. Merodeaban hombres con leyendas contra la restitución de tierras. Cómo destruirán éstos los acuerdos; como defenderán la tierra usurpada: ¿argumentando? ¿orando? ¿disparando?
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2013 | julio 2013, Política agraria
Cientos de miles de muertos y cinco millones y medio de víctimas de la Violencia y el conflicto armado preceden el acuerdo agrario suscrito con las Farc. De operarse en el campo el vuelco que éste promete, se ahorraría Colombia nuevas cifras de horror y de vergüenza, hijas del lastre colonial que se niega a desaparecer, y del narcotráfico. Razón poderosa para congratularse y batirse por el proceso de paz en marcha. Así redoble él la vocinglería de sus enemigos, Uribes y Londoños y Pachitos y Lafauries y Mancusos, paladines del pensamiento más retardatario donde se atrincheraron, con sus fierros, la vieja guardia del campo y ahora el paramilitarismo.
El texto del acuerdo se diría fragmento de la Ley de Tierras de López Pumarejo, o de la reforma agraria que la Alianza para el Progreso de Kennedy le propuso a América Latina en 1960. Primero la de López, tributaria de la revolución liberal que hace un siglo campeaba en el continente, murió en la cuna a mano armada del latifundismo que respondió con la Violencia a las enseñas de Estado laico y reforma agraria. Aquella guerra santa, juguete de caudillos y purpurados, arrojó 280 mil muertos, por los cuales ninguno de sus instigadores pagó cárcel. No pocos fascistas entre ellos, pasaron a la historia con su indignidad trocada por milagro en virtud, y la legaron a sus hijos: Fernando Londoño porfía en defensa de terratenientes, ya de los añosos Leopardos de sus ancestros, ya de Carlos Castaño, el asesino despojador de labriegos a quien tiene por intelectual. Y Juan Lozano, jefe de un partido sembrado de políticos aliados de aquellos despojadores, ¿será por ventura heredero de Juan Lozano y Lozano, el intelectual de la violenta APEN que conspiró contra la reforma agraria de López?
También pasó a peor vida en Chicoral la reforma agraria de los dos Lleras cuando ésta era ya un hecho en 14 países de América Latina. Con altibajos, sí, pero se acometió en todas partes (en Bolivia, en Chile, en el Perú), y en todas partes periclitaron las guerrillas marxistas que habían enarbolado la bandera agraria. Salvo en Colombia. Curioso, único país donde se frustró una y otra vez, a bala, el cambio; único donde el conflicto armado por la tierra suma 50 años, y donde persiste una insurgencia que se autoproclama portavoz del campesinado irredento. Aunque no lo sea sino por el origen, pretensión que a mitad de camino degradó con crímenes y negocios non-sanctos.
Evocando la función social de la propiedad enderezada contra el latifundio improductivo que la Carta del 36 introdujo, y la lucha que la Alianza para el Progreso y la Cepal lanzaron contra el sistema remolón que tiranizaba al campesino, el acuerdo de La Habana apunta a vencer, por fin, el rezago de Colombia en materia agraria. Habrá distribución y titulación masiva de tierras, con ayuda de una jurisdicción agraria al más alto nivel. La actualización del catastro forzará la reconversión productiva del latifundio o su expropiación con indemnización por el Estado, y fortalecerá las finanzas del municipio. Se apoyará la economía campesina en predios que se entregarán siempre dentro de la frontera agrícola. Habrá megaplanes de inversión por regiones, obras de infraestructura comprendidas.
La Ley de Tierras de Santos eliminaría “la inequitativa concentración de la propiedad rural”. También la citada Alianza propuso corregir “la injusta estructura de tenencia y uso de la tierra”. Nada nuevo bajo el sol. Mas para nuestro país, avasallado durante siglos por una derecha montaraz, estos cambios revolucionarían el campo. Si se renegocia el TLC. Y por sobre todo: desactivado el conflicto agrario, desactivado el ciclo de la muerte.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2012 | Conflicto interno, Movimiento social, Noviembre 2012, Política agraria
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos. La iniciativa de esta mesa agraria es el primer aporte serio a las discusiones que tendrán lugar en Cuba; y después, en la aplicación de los acuerdos que inauguren la construcción de la paz.
Sostienen los campesinos que en el origen del conflicto armado está la concentración de la propiedad agraria. Inspirada en la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, proponen crear un Conpes rural con miras a formular un Plan Decenal de Desarrollo Agrícola. Para escándalo del TLC, gracias al cual aumentaron 50% nuestras importaciones agrícolas este año, reivindican el derecho de los agricultores al manejo de semillas propias. Exigen salud, educación, pensión y devolución segura de las tierras. Eje de su propuesta, garantizar la seguridad alimentaria del país. Su inspiración, una sociedad rural más campesina que empresarial. Y el meollo, la redistribución de la tierra.
Contiene el Gobierno su propuesta en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, como política de Estado que resurge después de prolongada pausa. Salvo el valiente programa de restitución de tierras, el Gobierno parece contentarse con la idea de modernizar el campo pero sin redistribuir tierra. Sin remover la talanquera de la concentración de la propiedad agraria ni tocar el latifundio improductivo en tierras de primera calidad. Por supuesto, propende también a la modernización y protección de la agricultura campesina, a menudo bajo el modelo de reservas campesinas. E impulsa alianzas productivas entre grandes empresarios y campesinos. Pero pone el énfasis en la agroindustria de exportación; y acoge de buen grado la extranjerización de tierras en la Altillanura, lo que para muchos puede comprometer la seguridad alimentaria de Colombia. Pero ambas visiones coinciden en la necesidad de desarrollar bienes públicos, de suministrar a los pequeños productores crédito, asistencia técnica, subsidios y acceso a los mercados.
Buscan las Farc una “reapropiación colectiva y social del territorio”, redistribución masiva de la tierra, y reformas rurales sólo viables con un cambio del modelo económico. Aspiración legítima que desborda los alcances de las conversaciones, pero que podrá enarbolarse cuando se dispute el poder desde las urnas. Mas puede aventurarse que, no hablando para la galería, las Farc mantienen vivo el programa agrario de sus orígenes: el de una reforma agraria liberal. Que ya es mucho decir en este país sometido a fuerzas tan retardatarias.
Hay más de una coincidencia entre estas iniciativas. O, a lo menos, en el espíritu que las anima. Buen comienzo para la paz sería que ellas se tradujeran en acuerdo político sobre criterios básicos suscrito por las partes. Y con la venia del campesinado, el verdadero doliente de la guerra y de la inequidad en el campo.
