por Cristina de la Torre | Nov 27, 2012 | Política exterior, Noviembre 2012
Los gobernantes colombianos son como “un grupo de bandidos sicilianos o calabreses”; lo dijo en 1903 Teodoro Roosevelt, arcabuz en mano, cuando gritó victorioso “I took Panamá”. Victoria pírrica, pues aquellos ni siquiera acusaron el libelo, acaso honrados de que la estrella polar se dignara mencionarlos. Así ha perdido Colombia la mitad de su territorio, a manos de señorones siempre listos a deshacerse de “lejuras malpobladas por horrendos negros o indios”. Elite indigna que con la pérdida de 80 mil kilómetros de mar en el Caribe ratifica ahora su torpeza.
Cuando se escindió de Colombia Panamá, el presidente Marroquín y su segundo, Jorge Holguín, reconocieron solícitos el nuevo Estado, que no demoró en cederles a los gringos la construcción del Canal. No alivió el trauma de los colombianos la aritmética ventaja que Marroquín presentó: me entregaron un país –dijo- y les devuelvo dos. Londoño Paredes, nuestro negociador en La Haya, declaró tras la debacle que Colombia era ahora “más grande”. Otro acontecimiento que lacera la memoria del país fue la pérdida de la mitad del petróleo que hoy extrae Venezuela, por decisión del presidente Urdaneta. Cedió él en secreto el archipiélago de Los Monjes, vecino de la Guajira y asentado –se sabía- sobre un mar de oro negro, en canje por Eliseo Velásquez. Corría 1951. El gobierno conservador quería al jefe guerrillero liberal refugiado en Venezuela. Colombia entregó Los Monjes y recibió al rebelde. Lo apresó, lo torturó y a los dos días lo mató. Gestionaron la operación el entonces canciller Uribe Holguín y su secretario Vásquez Carrizosa.
Hoy se repite la historia con Nicaragua. Por incuria y pifia de los expresidentes Pastrana y Uribe, Colombia pierde enorme porción de mar. El presidente Santos recibió el caso cuando ya la suerte estaba echada. Pero, rehen del Estado de opinión que Uribe quiere revivir, chambonea en su perplejidad midiéndole el aceite al desconcierto general. Y, dizque en aras de la unidad, se niega a señalar culpables. Por su parte, Uribe incendia la pradera del patrioterismo llamando a desacatar el fallo. Busca votos. Y, tal vez, guerra con Nicaragua, vale decir con Chávez; a ella podrían sumarse soldados de Fidel y respaldo de casi toda Suramérica al inefable Ortega. De paso, frustraría Uribe el proceso de paz con las Farc que se adelanta con aval de Cuba y Venezuela. Gana con creces su pasión suprema: a la guerra interna le suma otra, internacional. Eso sí, enmudece –como Pastrana- sobre su responsabilidad en el fallo adverso de La Haya.
Esta comedia de equivocaciones comienza en 1928, cuando Colombia le regala a Nicaragua la costa de Mosquitia, dizque a Cambio del archipiélago de San Andrés, que ya era nuestro. Segundo, habiendo tratado en firme, Colombia acepta en 2001 que la Corte estudie una demanda sin piso de Nicaragua. Al fungir como parte demandada, legitimó el litigio. Tercero, para contestar la demanda, nuestro país debió reclamar el archipiélago entero y exigir devolución de la soberanía sobre la Mosquitia. Entonces hubiera quedado Nicaragua advertida de lo que arriesgaba. Pudo boicotear el proceso, pero lo escabulló. Cuarto, debimos denunciar el Pacto de Bogotá (que nos obligaba a comparecer en la Corte) antes de que la contraparte demandara. No se hizo. Y Uribe, en sus largos 8 años de gobierno, se obstinó en no denunciarlo.
Si nuestro servicio exterior sigue siendo coto de caza de gobernantes sin honor, a Colombia le darán siempre rocas y, al otro, el mar. Bandidos o no, como espeta el bucanero Roosevelt, Arlene Tickner sitúa con más tino el origen de esta vergonzosa tradición: es la “soberbia andina”. Responsables hay. ¡A rendir cuentas!
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2012 | Conflicto interno, Movimiento social, Política agraria, Noviembre 2012
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos. La iniciativa de esta mesa agraria es el primer aporte serio a las discusiones que tendrán lugar en Cuba; y después, en la aplicación de los acuerdos que inauguren la construcción de la paz.
Sostienen los campesinos que en el origen del conflicto armado está la concentración de la propiedad agraria. Inspirada en la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, proponen crear un Conpes rural con miras a formular un Plan Decenal de Desarrollo Agrícola. Para escándalo del TLC, gracias al cual aumentaron 50% nuestras importaciones agrícolas este año, reivindican el derecho de los agricultores al manejo de semillas propias. Exigen salud, educación, pensión y devolución segura de las tierras. Eje de su propuesta, garantizar la seguridad alimentaria del país. Su inspiración, una sociedad rural más campesina que empresarial. Y el meollo, la redistribución de la tierra.
Contiene el Gobierno su propuesta en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, como política de Estado que resurge después de prolongada pausa. Salvo el valiente programa de restitución de tierras, el Gobierno parece contentarse con la idea de modernizar el campo pero sin redistribuir tierra. Sin remover la talanquera de la concentración de la propiedad agraria ni tocar el latifundio improductivo en tierras de primera calidad. Por supuesto, propende también a la modernización y protección de la agricultura campesina, a menudo bajo el modelo de reservas campesinas. E impulsa alianzas productivas entre grandes empresarios y campesinos. Pero pone el énfasis en la agroindustria de exportación; y acoge de buen grado la extranjerización de tierras en la Altillanura, lo que para muchos puede comprometer la seguridad alimentaria de Colombia. Pero ambas visiones coinciden en la necesidad de desarrollar bienes públicos, de suministrar a los pequeños productores crédito, asistencia técnica, subsidios y acceso a los mercados.
Buscan las Farc una “reapropiación colectiva y social del territorio”, redistribución masiva de la tierra, y reformas rurales sólo viables con un cambio del modelo económico. Aspiración legítima que desborda los alcances de las conversaciones, pero que podrá enarbolarse cuando se dispute el poder desde las urnas. Mas puede aventurarse que, no hablando para la galería, las Farc mantienen vivo el programa agrario de sus orígenes: el de una reforma agraria liberal. Que ya es mucho decir en este país sometido a fuerzas tan retardatarias.
Hay más de una coincidencia entre estas iniciativas. O, a lo menos, en el espíritu que las anima. Buen comienzo para la paz sería que ellas se tradujeran en acuerdo político sobre criterios básicos suscrito por las partes. Y con la venia del campesinado, el verdadero doliente de la guerra y de la inequidad en el campo.
por Cristina de la Torre | Nov 23, 2012 | Modelo Político, Internacional, Noviembre 2012
Aunque la reelección de Obama no diera al traste con el modelo neoliberal que Reagan introdujo hace 30 años en ese país, ya su primer mandato y la reciente campaña electoral marcan un hito en la historia: desnudan, blanco sobre negro, los antagonismos que enfrentan al capitalismo social y su abanico de derechos para todos, con el capitalismo salvaje y su despótico elenco de anacronismos y privilegios para los elegidos de Dios y del dinero. Abrir la puja de ideas tras la dictadura del pensamiento único que fue rey del “fin de las ideologías” es paso de gigante hacia el restablecimiento del Estado social. Y de la pluralidad, negada a rugidos por una caverna teocrática que es la pata moral y política del modelo de mercado. Sin hoja de parra se baten ahora dos concepciones de Estado que han sido fogueadas en medidas de gobierno como la universalización del servicio de salud o como oposición de los republicanos a gravar con impuestos a los ricos. O funge el Estado como protagonista del bienestar general, o bien, como simple garante de la libertad económica que termina por favorecer apenas al uno por ciento de la población. O interviene para controlar los excesos de quienes propiciaron la segunda gran recesión en un siglo, o bien, se lo acorrala para dejarles a éstos uña libre, en la creencia interesada de que la mano invisible del mercado equilibra la economía. La misma mano que todo lo desequilibró y provocó la crisis. Prueba inicial en esta confrontación de modelos será el “abismo fiscal” que se avecina, si no se deroga la ley que recortará el gasto público y ahogará en impuestos a la clase media. Sería vía expedita hacia la recesión y el desempleo en masa.
Pero el paradigma neoliberal no es sólo la glorificación del mercado. Es también involución a los valores e instituciones más conservadores: a la exaltación del comunitarismo localista que achata todo espíritu de universalidad; a la preeminencia de la religión sobre la ley y el Estado laico; a la persecución del “otro” por ser de distinta raza o condición, o porque no piensa como todos o por su “rara” inclinación sexual; a la inviolabilidad del matrimonio; a la familia patriarcal, que se afirma sobre el autoritarismo, la degradación de la mujer como propiedad privada de su marido y la tiranía contra los niños, con desprecio de las múltiples formas de familia y de pareja que imperan hoy.
Economía, moral y sociedad, todo ello torna a siglos idos y resucita en el veintiuno en el Tea Party –evocación del Ku Kux Klan- y su teoría de que tras cada violador de mujeres obra la mano de Dios. O reencarna en cruzados como Bush y Álvaro Uribe, adalides de la guerra santa, curas en el gobierno vestidos de civil, insuperables en el arte de agrandar el ojo de la aguja para que todos los ricos accedan por ese orificio al Paraíso. Sobrecogidos de espanto deben de andar republicanos y banqueros y godos de todos los pelambres con pronunciamientos del pueblo estadounidense en favor del aborto, del matrimonio gay, de la legalización de la marihuana y contra la pena de muerte. Sobrecogido de espanto nuestro concejal del PIN Marco Fidel Ramírez, predicador cristiano cazador de homosexuales.
Signo inequívoco de democracia en Estados Unidos: se derrumbó la ficción de que allá “todos son demócratas”. No todos lo son. Pero, al calor de la crisis, todos despiertan a una confrontación de ideas que venía represada. La controversia ideológica se materializa en políticas, polariza y depura los modelos: democracia económica o capitalismo primitivo; derechos iguales en la diversidad o reino de la plutocracia. Bienvenido el destape de las ideologías. Y que Obama gobierne ahora sin miedo.
por Cristina de la Torre | Nov 6, 2012 | Izquierda, Personajes, Corrupción, Noviembre 2012
No contento con haber prohijado la más monstruosa defraudación que conociera Bogotá en su historia, Samuel Moreno nos legó el mamarracho colosal del parque Bicentenario, una puñalada contra el parque de la Independencia y su complejo cultural que es patrimonio de todos los bogotanos. No se cansa la ciudadanía de contemplar atónita esta mole de cemento, tan inútil para el transeúnte como lucrativa para el constructor. Si el Consejo de Estado confirma por estos días la suspensión de la obra que el Tribunal de Cundinamarca ordenó el 31 de enero, allanará el camino para ordenar su demolición. Razones de más: que este parque se encuentra en área de influencia de interés cultural para la nación; que las obras se emprendieron sin autorización; que el contrato, leonino, se adjudicó a dedo, sin concurso ni licitación. Pero acaso tamaña barbaridad se explique por la lógica del negocio que le subyace. Negocio montado sobre el sórdido andamiaje de la corrupción administrativa, a la cual tributan por igual el narcotráfico y la blandura de nuestras leyes de contratación pública, sin par en el mundo.
La tal legislación se cocina desde los años 90 en la olla de la privatización de empresas y funciones públicas en favor de cualquier particular agraciado del poder y generoso para la mordida. Las leyes 80 del 93 y 1150 de 2007 abrieron troneras al abuso de la contratación directa y al venal aprovechamiento de las licitaciones. Por los intersticios de aquella madriguera “legal” se coló la mano experta de los Nule y los Juliogómez; la de seis concejales contra quienes la Fiscalía prepara pliego de cargos; la del entonces alcalde Moreno y su hermano el senador, ambos tras las rejas por presunta defraudación habida en concierto con delincuentes y cuyos alcances revelará Emilio Tapia.
No despreció Confase, subsidiaria de Odinsa que suscribió contrato para el proyecto del Bicentenario, la laxitud de aquellas normas. Sabía que en Colombia el contratista puede ajustar en el camino el valor del contrato, hacer sus propios diseños y presupuestos, ampliar y modificar costos, alcances y especificaciones. Juan Luís Rodríguez estudió el contrato que le entregó a aquella firma la construcción de un tramo del Transmilenio por la calle 26. Su valor original ascendía a 213 mil millones; pero con las adiciones el costo de la Fase III montó a 334 mil millones. El contrato incluía el llamado parque Bicentenario, agresiva invasión de cemento sobre el parque de la Independencia. Calculado con tarifas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el diseño del proyecto no valdría más de 250 millones; su valor terminó en 1.300 millones. Con base en los precios unitarios del IDU para construcción de espacio público, la del parque no valdría más de 11 mil millones; mas con la adición al contrato en 2007, aquella terminaba costando 30 mil millones. El metro cuadrado de parque saldría a $2.500.00, cuando éste cuesta máximo $ 1.900.000. ¿Quién se embolsilla la diferencia? Angurria desmedida: a más del sobrecosto de la obra, Confase amenaza con cobrar otros cien mil millones por suspenderla. Una mirria, dirá, comparada con los 65 billones que según la contralora Morlli le costaron al Estado los contratos mal hechos, adiciones y vigencias futuras, sólo entre 2007 y 2010.
El Consejo de Patrimonio Distrital le pidió a la Secretaría de Planeación declarar el parque de la Independencia como bien de interés cultural. Espera respuesta. Y la ciudadanía, orden de demolición expedida por un juez. La suerte de este símbolo del grotesco en contratación y en urbanismo pende ahora del Consejo de Estado. Más le cuesta a Bogotá continuar la obra que demolerla.
por Cristina de la Torre | Nov 2, 2012 | Iglesias, Régimen político, Corrupción, Actores del conflicto armado, Noviembre 2012
No es el único, pero sí uno de los más crudos ejemplares de la especie que convirtió a Colombia en el país archiconservador del hemisferio. Retrato en mano, Alejandro Ordóñez pide a gritos un espacio en la galería rococó de los hombres que manosearon el sentimiento religioso hasta convertirlo en fórmula de gobierno inquisitorial. En su nostalgia de Cruzadas y órdenes militares del Medioevo, apenas disimula el toque neonazi que la adapta a los tiempos. Desde Rafael Núñez, pasando por san Ezequiel de Pasto y monseñor Builes y Alvaro Uribe – santo de cabecera del beato Marianito- y algún pastor cristiano enredado en parapolítica, larga es la lista de nuestros teócratas que vuelven siempre sobre los pasos de la historia para petrificarla. Para sumarle nuevas telarañas a la caverna, mientras el mundo rebasa las modestas fronteras del liberalismo que aquí nos resulta todavía esquivo. Pero, más que iluminado, Ordóñez es un concupiscente del poder que, apuntando al solio de Bolívar, mueve la fibra goda de los indoctrinados en el miedo a la paz, a la pluralidad, a la preeminencia de la ley civil sobre la divina que vino con la modernidad.
La galería abruma. Núñez negoció el Estado laico contra la bendición pontificia a sus pecadillos de alcoba. Ezequiel fue heraldo de la sentencia que trocó el liberalismo en pecado y cobró miles y miles de vidas en la guerra de los Mil Días. La continuó monseñor Builes, pulpiteador de aquella sentencia de muerte contra el pueblo desafecto al partido católico, cuando Laureano, luz de Ordóñez, se declaraba seguidor del nazi-fascismo y promovía la acción intrépida y el atentado personal. Gobernaron los tonsurados por interpuesto presidente. Monseñor Perdomo, el Cardenal Crisanto Luque y Monseñor Muñoz Duque ungieron para el gobierno civil a los mandatarios Concha, Suárez, Abadía Méndez, Ospina, Gómez y Betancur. Debieron desfilar todos por el Palacio Cardenalicio para acceder a la casa de Gobierno. Y devolvieron con creces a la poderosa Iglesia sus galanterías. Los pastores cristianos siguen el ejemplo. De la sana libertad de cultos que la Carta del 91 consagró, saltaron a la divisa “un fiel un voto”. Son los suyos feudos electorales de incautos que pagan diezmos y sufragan a menudo por quienes ofrecen resignación en la tierra por la gloria de Dios. Sin preguntar antes si ofician también de parapolíticos o si su paz es la de los sepulcros. Como el pastor Jaime Fonseca, quien se permitió predicar energúmeno su fórmula divina para alcanzar la paz: “oración de cristianos y plomo ventiado”.
Ordóñez milita en una secta ultramontana del catolicismo que bebió, entre otras, en el pontificado de Benedicto. Instaba éste a la organización de políticos dispuestos a batirse por Cristo y contra el príncipe diabólico. El padre Iraburu extremó el llamado contra la “bestial liberal” y para alzarse en armas contra ella. En su tesis de Derecho, exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español” y aboga por un Estado confesional edificado sobre el cadáver de la democracia. Homicidio perpetrado a dos manos: por el integrismo católico y por el ejemplo nazi. Fiel a sus fuentes, ya en 1978, fungiendo como cruzado medieval, repitió Ordóñez la incineración de libros que aprendiera de Hitler, de Videla y Pinochet. El procurador es resultado y síntesis de esta historia. Fingiéndose elegido de Dios para salvar la religión católica, no oculta, sin embargo, su pasión por el poder mundano. Hacia éste apunta el ejercicio selectivo de sus condenas “judiciales” ejecutadas a golpes de Biblia y de clientela. Contra blancos legítimos del dios de sus ejércitos.
