por Cristina de la Torre | Jun 3, 2007 | Junio 2007, Narcotráfico
Natalia Springer apunta directo a la mandíbula de la crisis. Señala ella que “los verdaderos patrocinadores y las grandes responsabilidades de esta guerra siguen en la sombra, perfectamente a salvo”. Si. En las entretelas del escándalo, el narcotráfico. Economía paralela de proporciones inimaginables que en 30 años ha favorecido a tantos, sin distingos de clase. Si en más del 80 por ciento de los municipios de Colombia compró tierras el narcotráfico, el filón mayor del negocio está en el sector financiero. Millonadas ha recibido de él la banca mundial, poco escrupulosa inclusive cuando de lavar dinero se trata, y acaso también la propia. A ello contribuyeron las reformas de los años 90. La internacionalización de la economía liberaba el movimiento de capitales en un escenario de desregulación de mercados, informalidad en las transacciones financieras y falta de controles.
El valor de la cocaína exportada en estas tres décadas, a precio mayorista, asciende a un billón 800 mil millones de dólares. No queda todo en manos del narcotráfico. Parte considerable de este valor se riega entre productores, transportadores, comisionistas, militares, paramilitares, guerrilleros, políticos, lavadores, funcionarios públicos, cultivadores… Pero el grueso va a parar a los 17 paraísos fiscales que lavan y reciclan fondos, muchos de los cuales terminan en la bolsa de Londres o en la de Nueva York. Proliferan en aquellos paraísos las transacciones invisibles de lavado de dólares, al abrigo de la confidencialidad que ofrecen y de sofisticados recursos para eludir controles legales.
Explica Ricardo Rocha que el narcotráfico también trae al país capitales encubiertos en operaciones internacionales legales, a través de la balanza de pagos. Sus coartadas más frecuentes, contrabando y subfacturación de importaciones, sobrefacturación de exportaciones, y capitales declarados como transferencias. Pero existe, además, una cantidad abrumadora de operaciones financieras realizadas por fuera de los establecimientos legales. Mercados paralelos, financiero y cambiario, que hacen las delicias de capitales de difícil explicación. Providencial resultó, pues, esta reforma financiera que suprimía los controles a los flujos de capital y de divisas, antes en cabeza exclusiva del Banco de la República.
Se creó en Colombia un enorme mercado negro de capitales que ha servido, por contera, para financiar el negocio de la droga. Coexisten en nuestra economía un sector formal y un sector informal. La soterrada repatriación de capitales provocó lo que nuestro autor llama “recomposición de la riqueza”, favorecida por esta eliminación de controles. La industria de la droga se traslapa con la economía formal, coexiste con ella y la complementa. En línea similar, casos se han visto de nuevas elites que se traslapan con las viejas elites, coexisten con ellas y las complementan. Movilidad social. Apenas natural, cuando uno de los costos gruesos de esta economía paralela es el lavado de activos y la inserción en la economía legal. La empresa del narcotráfico requiere organizaciones especializadas de carácter legal e ilegal. Como se exigen garantías sobre activos en Colombia, las inversiones se canalizan hacia construcción, propiedad rural y activos financieros. Las relaciones con la economía formal y con la sociedad procede por cooptación y por corrupción.
Tras la fría dinámica de la economía hay gente. Si FARC y Auc derivan del narcotráfico el grueso de sus ingresos, también empieza a revelarse que la responsabilidad de muchos empresarios en esta guerra trasciende la simple flojera frente a la extorsión. Se sabe. El gobierno lo sabe. Podrán meterlos a todos en la cárcel. A Mancuso y sus huestes, a Tirofijo y las suyas, a sus cohortes políticas. Pero mientras siga vivo el narcotráfico y sus principales beneficiarios en la sombra, otros ejércitos vendrán a reemplazarlos. Y seguiremos en esta macabra comedia de las equivocaciones.
por Cristina de la Torre | May 20, 2007 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2007, Narcotráfico
El alegre compadrazgo de políticos con ejércitos de criminales apenas encubre el mar de fondo del narcotráfico, negocio multinacional acaso tan pujante como el del petróleo. El impacto del genocidio y sus horrores parece distraer las miradas del fenómeno que ha signado la desgracia del país. Los paramilitares y no pocos de sus aliados –que durante años alternaron la ilegalidad con la cheveridad en casa de familias prestantes- no son sino la punta del iceberg de una cadena económica que arranca en el narcocultivo y culmina en operaciones de alto vuelo en el mercado financiero internacional. Mercado protegido por paraísos fiscales de países que fungen como templo de la civilización y se escandalizan con la barbarie de nuestras banana republic.
También los paramilitares incursionaron en el narcotráfico, claro. Pero, no obstante la parcial desmovilización de las AUC, los carteles de la droga siguen intactos y vaya uno a saber qué círculos poderosos de nuestra sociedad andan en ello. O qué porcentaje de la población vive directa o indirectamente del negocio, con frescura que desafía a la ley y a las buenas costumbres. Mares de insatisfechos dirán que la droga les ofreció la salida en un país que hostiliza a su gente y ha expulsado a cinco millones de compatriotas por falta de empleo y de oportunidades.
Se sabe que en el origen está la alianza de narcotraficantes (para hacerse con la propiedad de la tierra) y autodefensas (para facilitarles la operación y protegerlos). Hace diez años, los narcotraficantes habían comprado más de cuatro millones de hectáreas en 409 de los 1.023 municipios de Colombia. Y no se sabe a cuántos se extiende hoy su dominio. Inversión rentable que permitía lavar activos y aprestigiaba a los nuevos contingentes sociales, la compra de tierra garantizaba, sobre todo, el control estratégico de los corredores de comercialización y exportación de la droga. El control económico, militar y territorial también daba cobijo seguro a laboratorios para producirla y dominio dictatorial sobre la menguada población que en ella quedaba.
Se desencadenó un proceso de hiperconcentración de la propiedad rural que para muchos significó venta obligada de sus fundos o desalojo violento. Se echó mano de la fuerza armada para operar toda una contrarreforma agraria en el breve término de 10 o 15 años. Máxime cuando no tardaron las guerrillas en agredir a los nuevos propietarios, bien por disputarles el control del territorio que también a ellas servía para contrabandear armas y sacar droga, bien por esquilmarlos mediante secuestro y extorsión.
Debido al asedio de la guerrilla, muchos propietarios vendieron sus fincas a precios irrisorios. Pero, según el investigador Alejandro Reyes, otros tantos latifundistas tradicionales se unieron al narcotráfico para refinanciar sus haciendas. En adelante, en el departamento del Magdalena, combinarían labores agropecuarias legales con el negocio de la droga.
Los paramilitares evolucionaron de simples peones dotados de armas cortas para defender fincas, a mercenarios profesionales de acción ofensiva para recuperar territorios con armamento de guerra. Al filo de su desmovilización, las AUC constituían verdaderos ejércitos financiados por narcotraficantes, empresarios y terratenientes tradicionales, que parecían controlar medio país, cada uno con su monopolio de la fuerza, de la justicia y de las finanzas públicas.
Por su parte, el llamado de las Fuerzas Armadas a formar autodefensas y su apoyo ocasional a los paramilitares legitimó la participación de estos últimos en una alianza antisubversiva que les mereció la simpatía del latifundismo tradicional, que además conservaba el poder político de las regiones.
La parapolítica no es, pues, sino el brazo político y militar de una purulencia descomunal que sólo desaparecerá con la legalización de la droga y una reforma agraria que haga justicia y modernice el campo.
