por Cristina de la Torre | Nov 25, 2008 | Corrupción, Narcotráfico, Noviembre 2008, Uribismo
En Colombia, país del Sagrado Corazón, sólo otro Mesías podrá hacerle chico al Presidente. Y he aquí que un “indio igualado”, como la idiotez de cierta oligarquía cataloga a David Murcia, amenaza trocar a Uribe de salvador en verdugo de su pueblo. Si en vez de desmontar la política que permite a militares asesinar inocentes éste invoca para evitarlo al Espíritu Santo, el nuevo potentado rubrica su poder con el lema de “creer en Dios y en David Murcia Guzmán”. Con aval divino, reparte él migajas del narcotráfico para blindar con apoyo popular la más grande operación de lavado de activos en el mundo. Y extiende sus tentáculos hacia esferas del poder a veces receptivas. Así lo sugiere la repentina premura con que se intervino a DMG y se puso a su dueño tras las rejas, después de años de sospechosa inacción, casi en el momento mismo en que los hijos del Ejecutivo parecían enredados en tratos con esa firma, y el promotor del referendo reeleccionista no acertaba a explicar por qué le aceptó ayuda en el acopio y transporte de las firmas.
Los habitantes de La Hormiga, Putumayo, riegan con llanto todos los días una oración a Dios y otra al apresado. El cura salta en su primer sermón del Apocalipsis a David Murcia, a su amparo para construir la nueva parroquia y dar mercados a los pobres. Todos le oran en trance místico, elevando hacia el cielo manos y ojos y grandes voces. Patetismo comparable al de tantos compatriotas que no se figuran al Presidente sino en olor de santidad.
Pero en el Putumayo, como en tantas partes, no todo son rezos y lamentos. Hay también parálisis de la economía, desórdenes y protestas contra el gobierno que le arrebata el pan a la gente. Y es que Murcia y las pirámides llenaron el vacío de ingresos que la fumigación de los cultivos ilícitos dejó. No bien se quedaron los cultivadores sin oficio y sin qué comer, cuando DMG les cayó como maná del cielo. Hasta hace diez días, 85% de la población del Putumayo era clientela suya. Ya se prepara marcha desde el sur hasta Bogotá en reivindicación de la última alternativa económica que les quedaba.
Comedia de equivocaciones en la que ha derivado este gobierno, el de las pirámides es epílogo de una larga cadena de escándalos que ha terminado por atrofiar el juicio de los colombianos. De tanto mirarnos el ombligo, provincianos, no sabemos ya medir las proporciones de barbaridades que llenan de asombro al extranjero.
Tras la defensa del Presidente a su director del DAS, cuando se le acusó de asociarse con el crimen; tras la permanencia en el cargo del Ministro del Interior, no obstante que a su hermano se le incrimina por vínculos con la mafia, y la del Ministro de Hacienda en el suyo habiéndose quedado quieto frente a la estafa colosal de las pirámides; tras el alegre paseillo de los emisarios de don Berna en Palacio, cabe exigir explicaciones convincentes a miembros del círculo íntimo del Presiedente que tuvieron amistad, contactos, tratos, negocios o proyectos con el más grande lavador de dólares que se conozca, o con sus socios.
La corrupción ha dado en Colombia un salto cualitativo. A la mordida, el soborno, el peculado, el nepotismo, el favoritismo en los contratos agrega hoy la avanzada del crimen que quiere incrustarse en la entraña del poder. Y el gobierno ahí: o no se percata, o no quiere saberlo. En todo caso sirve, y mucho, ser Mesías. Unas veces, para nadar en oro habido con sangre; otras, para pasar de agache.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2008 | Conflicto interno, Internacional, Junio 2008, Narcotráfico
Se arremolinaba la muchedumbre para verlo saludar, con mano torpe, desde la ventanilla de su automóvil. Cientos de carros coronaban el desfile y sus pitos ahogaban los vítores de la multitud. Algún clavel se quedaba suspendido en el aire, incapaz de llegar hasta el astro de la jornada. Con destino a la prisión de Atlanta, pagaría un año de cárcel, no por soborno, ni por extorsión, ni por secuestro, ni por asesinato sino por evasión de impuestos. Era Al Capone, rey de los gangsters de Chicago en 1932.
Tan grosera simpatía hacia un hombre que cargaba con miles de víctimas, héroe impensable en un mundo puritano, señalaba la descomposición moral que había penetrado todas las fibras de la sociedad norteamericana. El mercado negro del whisky devino mina de oro que se nutría de la Prohibición y horadaba las buenas costumbres, la justicia, la democracia. Policías, abogados, jueces, políticos, empresarios y pistoleros se asociaban en un negocio que, por ser clandestino, aseguraba rentabilidad fabulosa y no podía moverse sino con un ejército de matones.
Reinaba la inseguridad. El secuestro y la extorsión eran cosa de todos los días. El índice de asesinatos en las 30 ciudades principales decuplicaba al de Londres. En crisis de ataraxia general, la justicia no operaba ni protegía a nadie. El público registraba impasible, acaso con admiración, las balaceras de los gangsters. Tácita aprobación que autorizaba la intimidación de los capos a las autoridades y su cooptación final.
Bastó la “ley seca” para disparar el negocio, con sus secuelas de crimen y corrupción. Mientras más se le reprimía, mayores utilidades arrojaba, más crecía su aparato armado en número y sevicia, más seducían sus tentáculos en todas las esferas de la sociedad y del poder. Hacia 1929, la venta ilegal de bebidas alcohólicas había adquirido dimensión de problema nacional. Y el presidente Hoover advirtió: “el crimen organizado se ha extendido a todos los confines de la nación”. Con su diagnóstico coincidió la Comisión Wickersham. Tras un estudio que compiló en 14 volúmenes, concluyó que la causa principal de la crisis era la Prohibición. Un año después, desmontó Roosevelt la “ley seca”, desapareció el mercado negro de licores y, con él, uno de los cimientos sobre los cuales había montado su imperio la Cosa Nostra.
Nadie parece aprender de esta experiencia, tan sugerente para Colombia, hoy. La lucha contra el narcotráfico es una involución a los años 20. Una cruzada cuasi-religiosa de los gringos para exorcizar la culpa de saberse primeros consumidores de cocaína en el mundo, ensañándose en los países productores. Odiosa división internacional del trabajo de la que se lucran ellos por partida doble: primero, acaparan casi todo el producido del narcotráfico –colosal, gracias a que es prohibido. Segundo, instalan en nuestros predios esa guerra, nos la venden cara en dólares, en armas y en muertos y, encima, nos declaran parias de la humanidad. Ayer nos vendieron a nosotros un “Plan Colombia”. Hoy le “ayudan” a México con un “Plan Mérida” para combatir el narcotráfico pero, eso sí, si respeta los derechos humanos. Sublime hipocresía.
En la improbabilidad de la legalización de la droga, se imponen alternativas intermedias. Una solución que balancee represión relativa y liberalización controlada. Que castigue la promoción del consumo entre jóvenes y encargue al Estado de suministrar drogas a quienes asuman el riesgo de consumirlas. Educar y prevenir, más que reprimir a látigo batiente.
Sin desmontar el narcotráfico no podremos superar nuestro conflicto interno. Guerrillos y paras seguirán obrando como la fuerza armada del negocio. Y éste no se desmonta persiguiéndolo sino despenalizándolo. Dígalo, si no, el imperio derrumbado de Al Capone.
por Cristina de la Torre | May 25, 2008 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2008, Narcotráfico
Acaso por tratarse de una mujer, y madre, la impiedad de Karina inspira más desprecio que la del guerrillero que mata a traición y, para cobrar recompensa, cercena la mano del amigo. Destinada por la Biblia a parir y no a segar la vida, no le perdona la sociedad a ella sus crueldades. Pero tanta severidad no responde sólo a que esta mujer encarna el anverso del ideal femenino en nuestra cultura cristiana-patriarcal, sino a la monstruosidad de sus actos. Díganlo, si no, los asesinatos y masacres que se le atribuyen. Como el fusilamiento gratuito de Jaime Jaramillo, hijo del Comisionado de Paz de Antioquia, por hombres al mando de Karina en marzo de 2002.
Una entre miles de barbaridades perpetradas por ambos bandos en esta guerra. The Economist le asigna a Colombia el más elevado índice de violencia en América Latina y el puesto 130 entre 140 países en el mundo. A pesar de la seguridad democrática. O quizá como secuela de ella, según lo sugiere (a otro nivel, claro) la rudeza del lenguaje del Ministro Palacio hacia supuestos conspiradores que complotan contra el Presidente, su política y su gobierno. Guerrilleros, narcos, políticos de la vieja guardia y “extremistas de izquierda”, todos a una y en el mismo saco, atentarían contra la democracia. Tono de McArthur en la ominosa década de los 50 en EE UU y de los dictadores del continente por las mismas calendas, que movería a risa si no fuera porque hoy en Colombia sindicaciones de esa laya formuladas desde el poder pueden significar la muerte. Modérese el Ministro, no sea que la intemperancia de su defensa en el yidisgate desdore los avances en la lucha contra las Farc.
Salvadas las pendencias del gobierno y el revanchismo de una sociedad que conspira contra la mujer, Karina simboliza la sima de la degradación de la guerrilla. No nació la insurgencia para ejecutar inocentes, ni para asaltar poblados inermes, ni para secuestrar, ni para traficar con drogas. Marulanda echó para el monte, joven aún, para vengar el asesinato de su familia en épocas de la violencia. Con el bombardeo de Marquetalia, El Pato y Guayabero, pasó de guerrillero liberal a comunista y su proyecto fue entonces, como en el resto del subcontinente, el derrocamiento de un poder que perpetuaba inequidades intolerables y una democracia de mentirijillas. Corrían los tiempos de la guerra fría. China, la Unión Soviética, Cuba, sembraron guerrillas por doquier y los ejércitos hicieron guerra de contrainsurgencia. En vez de contienda atómica, las grandes potencias se disputaron el mundo en patio ajeno, a manera de conflictos de baja intensidad. Guerrillas comunistas sólo sobrevivieron en Colombia, único país donde no fructificó una reforma agraria.
Abandonaban aquí los estudiantes las aulas y muchos campesinos su parcela para empuñar las armas. Pero la revolución se volvió religión. Dos géneros de intolerancia convergieron para cerrarle toda opción a la izquierda legal: la terquedad de una oligarquía hirsuta petrificada en la Colonia; y el totalitarismo de Moscú, Pekín y La Habana, que importamos como obsesión por la lucha armada. La derecha pudo así monopolizar todo el campo de la política. Hasta cuando la guerrilla urbana, el M-19, se desmovilizó, en 1990, y se integró a una izquierda democrática que abre futuro: el Polo.
Karina es el epílogo melancólico de una guerrilla que sucumbió al narcotráfico, la guerra sucia y un espíritu belicista que todo lo contagió. Esta semana, el Presidente mismo instaba a la jefa del Congreso dizque a ponerse las charreteras y dar garrocha. Como si no bastara con las Karinas y sus hombres para inundar de lágrimas a este pobre país.
por Cristina de la Torre | May 18, 2008 | Corrupción, Internacional, Mayo 2008, Narcotráfico, Uribismo
Más que una embestida contra el narcotráfico, la extradición de la cúpula paramilitar es un golpe de opinión. Acosado contra las cuerdas de la ilegitimidad por un voto comprado para aprobar su reelección y por tolerar el apoyo político de delincuentes, el presidente Uribe pretende desmarcarse de aliados que hoy le resultan incómodos. Pero no toca el poder de aquellas mafias en el Estado, ni su organización militar, ni sus negocios.
Se habló primero de disolver los partidos uribistas, con la misma perfidia con que el Primer Mandatario pone en jaque a sus ministros en público, para endilgarles a otros sus errores y pecados. Y ahora extradita a quienes pugnó siempre por presentar como políticos, siendo, como queda demostrado, capos del narcotráfico. Suma así puntos a su popularidad el día mismo en que principia la recolección de firmas para la segunda reelección. Y cuando don Berna y Mancuso se preparaban para despacharse a fondo contra políticos, empresarios y militares enredados en la parapolítica.
Con los 14 del patíbulo se van los secretos supremos de este proceso. En Estados Unidos los juzgarán por tráfico de drogas, no por el reguero de muertos que nos dejan. Metalizada como es, esa justicia aplicará la nueva noción de extradición. No siendo ya castigo, como en tiempos de Pablo Escobar, sino pretexto de negociación, los reos verán reducirse sus penas significativamente, a cambio de dólares contados por millones. Allá se quedarán esos recursos, y aquí seguiremos poniendo la sangre y los 7 billones de pesos para resarcir a las víctimas. De 670 extraditados, 281 negociaron así, pagaron dos o tres años de cárcel y volvieron, felices, a lo suyo.
Pero no se contentan los gringos con esa tajada. Ellos se quedan con el grueso del negocio del narcotráfico, que viene de la comercialización. La exportación mundial de cocaína y heroína vale cada año, en el mercado minorista, 307 mil millones de dólares. Colombia sólo participa en el mercado mayorista, y ello le reporta 15 mil millones de dólares y 3 mil por repatriaciones. Desde luego, por menguada que sea esta proporción, hay quienes estiman hasta en 5% la participación del negocio de las drogas en el PIB de nuestro país. Poderío económico con suficiente capacidad disuasiva como para tomarse el poder político, según se ve.
Ni hablar de los paraísos fiscales, banca internacional que capta, sin preguntar mucho y garantizando confidencialidad, el producto astronómico del narcotráfico: 246 mil millones de dólares al año. Mafias de cuello blanco canalizan por internet todos los días el producido colosal de este negocio, sin que nadie ose siquiera exigir control. ¿Cómo hacerlo, si entre los 73 paraísos fiscales se cuentan lo mismo las Islas Caimán que la civilizadísima Suiza? ¿Cómo proponer la legalización de la droga, si con ella desaparece el negocio, caen en desgracia los jíbaros de las calles de Nueva York y Londres y sufre golpe mortal el sistema financiero internacional?
Si renunciara el Presidente Uribe a andar de golpe en golpe de opinión y cogiera el toro por los cuernos, propondría una estrategia que lo consagraría como líder verdadero: más allá de tanta vanidad mediática, de tanta astucia de ocasión, se aplicaría a desmontar el aparato de poder de las mafias del narcotráfico en Colombia. Con sustitución de cultivos ilícitos por cultivos rentables, mediante planificación y ordenamiento territorial. Fortaleciendo la justicia. Peleando en todos los foros internacionales por la legalización de la droga. Y ahorrándose galanterías a los paras, como aquella de proclamarlos rebeldes con causa y víctimas de un Estado ausente.
por Cristina de la Torre | Ago 26, 2007 | Agosto 2007, Modelo Económico, Narcotráfico, Uribismo
Reveladora, la apatía del gobierno frente a la intimidación de las armas y del dinero que ha revivido en el país con ocasión de la campaña electoral. Es en momentos de elecciones cuando la descentralización de hecho que ha tenido lugar en Colombia asoma abiertamente la cabeza. Pero ella no viene sola. La acompaña una reedición populista del presidencialismo.
Se diría que avanzan aquí tendencias simultáneas a la concentración del poder y los recursos en Presidencia de la República, de un lado, y, del otro, en fuerzas que han impuesto autonomías regionales a la brava. Mientras el gobierno central acapara partidas del presupuesto nacional y usurpa fondos de ministerios y localidades para distraer la pobreza, las mafias regionales nos van convirtiendo en una federación de Estados en ciernes. Movimiento divergente en apariencia pero gobernado por idéntica ambición de capturar el patrimonio público en beneficio propio, brincándose las instituciones. El Presidente, con el fin de acrecer su popularidad, acaso pensando en la reelección indefinida. Los poderes “fácticos”, para avanzar en la toma del Estado. Y, en la mitad, políticos cosechando en este río revuelto de centralización personalista y descentralización de hecho.
Así el poder central recorte transferencias, varias regiones operan en la práctica como Estados paralelos. Catapultado por el narcotráfico, el fenómeno cristaliza en la Costa, en Arauca, en los Llanos. Dondequiera que paramilitares o guerrillas instauran ejército propio, dominan la economía, administran justicia, controlan finanzas públicas, territorio y población, y cooptan a la clase política de la zona.
A la consolidación de estos poderes contribuyen la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo y las leyes que descentralizan pero no integran ni controlan. El patrimonio público es festín de las viejas y las nuevas “fuerzas vivas” de la región. A este modelo aportó también la desarticulación de los partidos en baronías electorales. Sacrificada su unidad, aquellos perdieron la función integradora que habían desempeñado en la nación. Y la elección popular de gobernadores entregó el último bastión de cohesión del Estado unitario. No siendo ya agente del poder central y arrollado por realidades que lo superaban, el gobernador se volvió instrumento de una autonomía mafiosa. Hoy se nos vende la idea de que la unidad del Estado puede emanar por milagro del carisma del Príncipe.
Pero Palacio poco dice sobre las severas anomalías que rodean la campaña en las regiones, montada, precisamente, sobre la amenaza y el asalto a las finanzas del municipio. Según Claudia López, todos los partidos que en 2003 se vieron involucrados con mafias y paramilitares conservan la personería jurídica e inscriben a miles de candidatos, así hubieran incurrido en concierto para delinquir o en fraude electoral. 328 municipios estarían en alto riesgo electoral. Es que el resultado de las elecciones de octubre, bien puede proyectarse después hacia el solio de Bolívar.
Por su parte, el poder central no se descuida. En consejos comunales contrae gastos no presupuestados cuya financiación se improvisa después. Mete la mano en el presupuesto de 2008 para sacar una tajada de 3.5 billones con destino a una inversión social cada día más difícil de separar de la incesante campaña electoral del Presidente.
Luis Alfonso Hoyos, zar de la inversión social del gobierno, maneja 31 programas. “Junto a su despacho, se informa, funciona una especie de bunker en el que opera un ´gabinete en la sombra´ integrado por delegados de cada ministerio que resuelven los problemas del sector directamente con él”. Triste condición la de ministros que así degradan su investidura, sometidos a personajes que despliegan todo el poder dentro de la más absoluta informalidad. Reina la arbitrariedad en Colombia. La ley de la selva impera en las regiones dominadas por la mafia y al parecer se pavonea también, altanera, por la Casa de Nariño.