por Cristina de la Torre | Ago 31, 2010 | Actores del conflicto armado, Agosto 2010, Corrupción, Modelo Político, Narcotráfico, Uribismo
Un país descuadernado, preñado de malhechores que se ríen desde todas las posiciones del poder, recibe el nuevo Gobierno. Reformista o neoliberal, democrático o tiránico, pulcro o corrompido, sea como fuere, no podrá ignorar esta realidad abrumadora. Pero 84% de aprobación para un Presidente que debuta con bandera de reforma agraria integral sugiere que la gente espera un viraje, no continuidad. Y el cambio, que se reputa de cuño genuinamente liberal, implica vencer la fortaleza que políticos y narcoparamilitares han levantado para adulterar la democracia y rediseñar la fisonomía del Estado, con un fin preciso: si emergentes, enriquecerse; si dueños de heredad, acabar de llenar la bolsa. Impostando respeto a la ley, claro. O a bala.
El diagnóstico de Claudia López permite imaginar los alcances de la lid que se aproxima. Con un acervo impresionante de documentación, en el libro Y refundaron la patria sigue ella el curso de las relaciones entre mafia y política, saga de violencia que redundó en cooptación de medio Estado por iniciativa recíproca de “legales” e “ilegales”. Ya desde el escenario de la legalidad, ya moviendo cuerdas tras bastidores, actuaban todos en pos de idéntico desenlace: capturar la administración del Estado y sus recursos, darle a su poder figura corporal en la política. Tarea de mérito menguado, se diría, pues los cruzados de la nueva patria no encontraron resistencia en el gobierno que, más bien, los acogió como pieza madre de su proyecto histórico. A un tercio del Congreso llegó la representación del paramilitarismo. Y casi todos los 102 parlamentarios investigados por ese cargo eran uribistas. “Los ilegales, escribe López, no eran tan clandestinos. (Contaron) con toda una gama de personas ‘de bien’ y una enorme estructura política para promover sus objetivos en todos los niveles territoriales, políticos e institucionales”.
En el origen del matrimonio obró la resistencia de los notables de provincia al surgimiento de nuevas fuerzas que amenazaban el monopolio de los feudos tradicionales del bipartidismo, porción grande de los cuales sería bastión del narcotráfico. Obró también la pérdida en 1986 del estatus legal de las autodefensas (abrigo de gamonales y narcotraficantes), y su renacimiento diez años después en las “Convivir”. De todo ello, sostiene la investigadora, derivaron necesidades e intereses complementarios entre elites políticas, mafiosas y armadas: unos necesitaban defenderse (del secuestro), otros administraban chequera y ejércitos para ofrecer protección. Unos medraban en los órganos de la política, otros necesitaban acceder a ellos para blindar el negocio, validar sus intereses y evitar la extradición. Resultado final, una contrarreforma agraria sangrienta; y la parapolítica, con su prontuario de coacción armada y fraude electoral.
Las mafias catapultaron la corrupción pública hasta fronteras insospechadas. Sostiene la autora que del clientelismo, el cohecho y el soborno se pasó a la captura masiva de recursos y negocios públicos en la fuente, mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas y carteles de contratación. Todo bajo un manto de legalidad.
Los jefes del paramilitarismo cayeron en desgracia y los agraciados resultaron ser los políticos y gamonales más propositivos en aquella alianza con el crimen. Sórdido notablato aderezado ahora de narcos, legitimado por un Gobierno que le dejó avanzar en 8 años lo que no hubiera logrado en 30. Fuerza reaccionaria ésta del uribismo duro, que Santos y su Ministro Restrepo parecen dispuestos a enfrentar por el flanco que a Colombia más le duele: la tierra. Acaso ese 84% dijera del hastío general con tanta desmesura. Y que, de persistir, el Gobierno no estaría solo.
por Cristina de la Torre | Ago 24, 2010 | Agosto 2010, Corrupción, Narcotráfico, Política agraria
En iniciativa que marca el mayor contraste con el conservadurismo atrabiliario del pasado Gobierno, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anuncia una reforma agraria que apunta a la tenencia de la tierra, corazón del conflicto armado. Restitución de tierras arrebatadas a sus dueños, redistribución y formalización de la propiedad rural, y una estrategia de desarrollo productivo del campo cimentada en el campesinado menor constituyen la nuez de un proyecto que sorprende y enciende una luz al final del túnel. La propuesta del Gobierno guarda proporción con una historia de horror tejida en torno a la propiedad rural, que ensanchó sin medida los fundos de siempre, incorporó nuevos contingentes de terratenientes forjados al calor del narcotráfico y sus ejércitos y expulsó a cuatro millones de campesinos en los últimos ocho años. Sin contar los muertos. La Fiscalía calcula que en dos décadas el número de muertos de esta guerra asciende a 165 mil; las masacres de campesinos, a 1.300; y los desaparecidos, a 31 mil. Las dictaduras del Cono Sur, juntas, arrojaron 10 mil desapariciones forzosas.
Restrepo declara su decisión “firme e irreversible” de llevar a cabo una reforma que aún las democracias más imperfectas acometieron en su hora. Acaso adivine rugidos desde la caverna. Es que devolver tierras usurpadas; descorrer el velo de los testaferros; entronizar un modelo de desarrollo agrícola que prefiera subsidiar y dar crédito al labriego y no tanto al empresario grande del campo; poner al latifundista a producir y a pagar impuesto predial –por módico que resulte-, todo ello les parecerá afrenta, anatema, a los consentidos del poder que cohonestó todos los privilegios y excesos de una satrapía: en Colombia, el 4% de los propietarios controla el 61% de las mejores tierras. “Todo esto, añade Restrepo, requiere decisión política, coraje, valentía. No faltarán las amenazas y la intolerancia, pero el Gobierno sigue adelante”.
Tremendo desafío se impone, en el país del Sagrado Corazón y a la Virgen de los sicarios. En sintonía con los aires de su tiempo, intentó López Pumarejo una reforma agraria liberal y el latifundismo respondió con la Violencia. Tres décadas después Carlos Lleras insistió, para ver naufragar la reforma en Chicoral, año de 1973, arrollada en la revuelta del mismo latifundismo de escapulario y fusil. Hoy recoge Santos la bandera, cuando una derecha agresiva de políticos y empresarios que cooptaron a los paramilitares controla porción considerable del Estado, y vio legitimado su poder por el régimen que le había aceptado plata y cauda electoral. A su radicalización contribuyó –gloria inmarcesible de la guerrilla- la criminal secuestradera de hacendados por las FARC y el ELN. Entonces la guerra de autodefensa lo justificaría todo. La contrarreforma de Chicoral se amplió, escudada por los ejércitos del narcotráfico. Alias Pitirri, testigo de la parapolítica, sintetiza así el fenómeno: “unos iban matando, otros comprando (tierras) y otros legalizando”.
Pero el país ya no resiste el espectáculo de tanta tierra sin hombres y tantos hombres sin tierra. Ni el adefesio de una guerra interminable que en los últimos ocho años representó un gasto militar de cien mil millones de dólares, según cálculos del economista Diego Otero. Sentimientos difusos que reclaman expresión organizada de los colombianos, si de salvar este tercer intento de reforma agraria se trata. Un símbolo alimenta la esperanza: el agudo contraste entre la desvergüenza ofensiva del ex ministro Arias, y la solvencia, la honradez y el carácter que respira Juan Manuel Ospina, el nuevo director de Incoder. Con semejante puntal, si no flaquea la voluntad política y se moviliza la sociedad, habrá reforma.
por Cristina de la Torre | Jul 13, 2010 | Conflicto interno, Julio 2010, Narcotráfico
Miles de espectadores se apiñan en teatros y parques para escuchar, lelos, a poetas de cinco continentes. Mientras tanto, en las comunas hierve una tercera generación de bandas organizadas para vender seguridad y territorio al mejor postor, sea narcotraficante o proxeneta o tratante de cualquier negocio, si es rentable. Acaso la imagine algún turista que suba en metrocable a contemplar la flor exótica de la pobrecía asentada sobre el gran mirador de la ciudad: Medellín. Tres masacres con 19 muertos en una semana se registraron allí, al estilo ruidoso y ejemplarizante de Pablo Escobar. Pero los bardos siguen llegando, con la antigua sospecha de que sus poemas redimen al humano y desarman los espíritus, en el nuevo despertar de cientos de grupos armados que se encomiendan a la Virgen antes de disparar. Cada poeta, cada aficionado renueva la inspiración de este Festival, que nació para conjurar el horror que el narcotráfico había regado por la urbe entera.
Con el desplazamiento de la guerra del narcotráfico del campo a la ciudad, se abrió un nuevo capítulo de violencia urbana. En el último año se duplicaron los homicidios en Medellín. Si en 2008 fueron 1066, a diciembre de 2009 se proyectaban a 2000. No obstante la prohibición del porte de armas y el aumento del pie de fuerza pública. Las modestas bandas de barrio evolucionaron a ejércitos con armamento pesado, fusiles y subametralladoras. Y, peor aún, no recuperó el Estado el monopolio sobre el uso de la fuerza ni su exclusividad como dispensador de la seguridad ciudadana. Otros lo suplantaron y hoy se alternan el poder en zonas enteras de la ciudad. Paz y guerra se suceden, conforme reine algún jefe de la mafia o venga otro a disputársela.
Una investigación de la Casa de Paz, coordinada por Fernando Valencia (“Medellín, un modelo de seguridad cuestionable”) sostiene que, si aquí bajan los indicadores de delincuencia, no será por intervención de las autoridades. Ello responde casi siempre a “la hegemonía de algún sector del narcotráfico o del paramilitarismo (que produce) una temporal, frágil y peligrosa estabilidad en las condiciones de seguridad, que se rompe (cuando) se altera la cadena de mando”. En la antesala del fenómeno se presenta la Operación Orión, acción militar sin precedentes que desalojó a las milicias guerrilleras de las comunas de Medellín y situó en su lugar al Bloque Cacique Nutivara de las AUC. Dice el informe a la letra que la cercanía de esta facción del paramilitarismo con sectores de la fuerza pública y la Fiscalía se resolvió en sometimiento de todas las organizaciones de delincuentes a la autoridad de su máximo jefe, alias “don Berna” y, por disposición suya, se redujeron sustancialmente todas las formas de delito en Medellín. Un año después, la desmovilización de este bloque fracasó y explotó una nueva lid por el control de la violencia y los negocios ilícitos. Todo fue caos, anarquía, guerra abierta. Hasta el triunfo de un nuevo cabecilla que ponga orden, bajo la mirada impotente del Estado.
Pero el recrudecimiento de la violencia en Medellín no procede sólo de la guerra directa entre narcotraficantes que se disputan la sucesión del mando. Intervienen también la disputa de territorios y rentas por bandas de delincuentes variopintos, casi siempre al servicio de los narcos; la dinámica económica de los negocios turbios, la tolerancia social hacia la privatización de la justicia y su recurso al crimen. Tal vez no baste con el arte para derrotar la violencia que en su hora le mereció a Medellín el mote de “Metrallo”, y ahora parece regresar. Volverá, sin duda, si el país sigue autocomplaciéndose con políticas de seguridad que apenas tocaron la epidermis del narcotráfico, la más corrosiva entre las fuentes de violencia.
por Cristina de la Torre | Feb 2, 2010 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Febrero 2010, Narcotráfico
“Tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”, rezaba panfleto de las AUC contra 30 líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia. Otro le hacía la segunda: “Somos un grupo de infiltrados (de las Águilas Negras) en la Universidad. Tenemos plenamente identificados a los tropeleros que quieren imponer un discurso comunista en Colombia”. Entre 2006 y 2008 hubo en la Nacional 312 amenazas de muerte del mismo grupo armado contra alumnos y profesores, y otras tantas en las universidades de Magdalena, Atlántico y Córdoba, esta última bastión de Salvatore Mancuso. (Tomado de El Espectador, 27-I-10) Cara política del paramilitarismo en las ciudades, alcanzará cotas de horror con la transformación de estudiantes en informantes a sueldo de un gobierno que –acaso deliberadamente- confunde los escenarios: no se neutraliza en los centros de estudio la violencia entre carteles que tiene lugar en las comunas de Medellín.
Probado está que trocar el campus en campo de guerra sirve, lo más, para perseguir a quienes se apartan del pensamiento oficial. Pura y ruda cacería de brujas. Manoseado recurso de dictaduras, la sucia tarea que Uribe le encarga a esta juventud emulará con la de sus pares en predios que fueron de Videla y Pinochet, y con los ominosos Comandos de Defensa de la Revolución de Fidel Castro y Hugo Chávez. Será leña a la hoguera de esta guerra: otro sistema de arreglo de cuentas, dirá El Espectador, con profusión de denuncias gratuitas, estigmatizaciones y recorte de libertades. La dinámica del espionaje remunerado entre redes de “cooperantes” que hoy agrupan a dos millones doscientos mil civiles, amenaza con despedazar la “cohesión social” del Presidente entre una artillería de infamias, retaliaciones, venganzas y… falsos positivos.
La tal iniciativa será cortina de humo para desinflar el debate que la absurda reforma de la salud ha suscitado, señala Lasillavacía.com. O los escándalos de corrupción oficial. Si. Pero también reafirma una estrategia de privatización de la seguridad, función indelegable que el Estado se muestra incapaz de asumir, pese a los ingentes recursos que la nación le asigna. Este gobierno ha feriado entre particulares, no siempre impolutos, el monopolio de la fuerza. Ya lo recordábamos en este espacio: en Colombia proliferan las Compañías Militares de Seguridad Privada que suplantan a la Policía en la protección de una ciudadanía acorralada por el crimen y el delito. Con equipos de espionaje y armamento modernísimos, muchas de ellas terminan tributando a la tendencia de hacer justicia por mano propia, a menudo con saldo de asesinados y desaparecidos. A ellas se integran miles de desmovilizados de las AUC, como vigilantes y con labores de inteligencia. El Decreto 3222 de 2002 creó las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que habían de articularse con vigilancia y seguridad privada y con la política de seguridad democrática.
El plan de convertir estudiantes en informantes del Ejército integrará el frente juvenil a una estrategia de seguridad que no se limita a la derrota de la guerrilla y la desmovilización de los paramilitares: también persigue el control social y político de la comunidad, con las armas de la república y militarizando a la sociedad civil. Vista la experiencia, cabe preguntarse si no terminarán por darles a estos muchachos armas y aparatos de comunicación, como a las nefastas Convivir por las calendas de la gobernación de Uribe en Antioquia. Ayer armaron campesinos, hoy arman estudiantes. ¿Quién garantiza que así ataviados y pagados no deriven estos nuevos contingentes en estructuras paramilitares de acción patriótica, no ya para ejecutar la contrarreforma agraria sino para exterminar a la oposición?
por Cristina de la Torre | Oct 13, 2009 | Corrupción, Modelo Político, Narcotráfico, Octubre 2009, Régimen político
Ni manzanas podridas, ni avivatos que abusaron de la “candidez” del ex ministro Arias cuando éste, obedeciendo al jefe, convirtió la política agraria en escándalo perpetuo. Es el modelo: el tránsito hacia un orden enderezado a mantener el dominio de los ricos y sumarles elites emanadas de nuevos sectores sociales que se han impuesto a sangre y fuego. La emergencia de otras clases, que toda democracia saluda, obra en Colombia como mentís de la democracia, pues ellas porfían aquí en prevalecer desde el narcotráfico y el crimen. Viejos y nuevos potentados usufructúan la filosofía de Uribito, para quien favorecer a los ricos es ver por los pobres. Beneficiarios de AIS son la familia del banquero Sarmiento Angulo (recibió 3.948 millones); las familias Lacouture (11.996), Vives (7.068) y Dávila Abondano (2.982); Ismael Pantoja, extraditado por narcotráfico, (700), para abundar en queriduras con narcotraficantes como Macaco y Micky Ramírez que recibieron otra millonada de FINAGRO. La punta del iceberg.
Tras observar con microscopio la penetración de los grupos armados en la vida de 18 municipios, un estudio que dirige Fabio Velásquez introduce enfoques originales sobre la captura del Estado por los violentos y sus alianzas con políticos de la localidad. Sin ánimo de señalar personas, el libro Las otras caras del poder examina los procesos de control del territorio, de la economía, de la política y la población por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, que parecen anunciar el advenimiento de un nuevo orden en este país. Sus pilares, “un régimen político autoritario, una acumulación de capital a sangre y fuego en nuevas manos y una base social legitimadora, beneficiaria de favores y prebendas”.
Matriz de esta transformación sería el conflicto. No obstante los logros de la seguridad democrática, los violentos siguen vivos, y marchan hacia la acumulación de riqueza en tierras y negocios, en el control de las rentas y megaproyectos de la economía local y regional. Cuando no se alían con guerrillas y mafias, los paramilitares reinan en zonas estratégicas por su potencial minero y agropecuario y meten mano en grandes proyectos agroindustriales, como los de palma africana, tan afectos al gobierno central.
Su meta, instaurar un sistema que envilece la descentralización, compromete la democracia y sacrifica la equidad. A sus logros contribuye la alianza con familias de tradición que, por afinidad, o por oportunismo, o por instinto de conservación –pero siempre con desprecio de la moral y de la ley, diríamos nosotros- deriva en una estructura de poder asentada en cimientos de capacidad económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social. Con dominio creciente sobre la riqueza y las elecciones, estos grupos armados terminan por controlar el orden público, las disposiciones legales, las políticas del municipio y sus inversiones. Hegemónicos, se legitiman en la tradición más conservadora de nuestro sistema político: en la concentración de la propiedad y del poder, en un rudo catolicismo, en el todo vale, en la predilección por el garrote para aconductar al de a pie y eliminar al adversario. Un ingrediente agregan: la amenaza cotidiana de las armas.
El grosero favoritismo de AIS y otras agencias hacia los opulentos amigos del Poder; la impunidad que cubre la conversión del DAS en policía política penetrada por las mafias, denotan más que corrupción: sugieren que el modelo autoritario y concentrador de las regiones encuentra inspiración y aval en el gobierno central. Y que Álvaro Uribe funge como mentor del nuevo orden.
