por Cristina de la Torre | Sep 13, 2011 | Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Septiembre 2011
“Los colombianos se entregan con pasión a cuantificar el negocio de la droga, pero pasan por alto el problema mayor: la corrupción que éste propaga”. Eso dijo Alain Labrousse, Director del Observatorio Geopolítico Mundial de la Droga, sede París. En su columna del 5 de septiembre, Salomón Kalmanovitz ignora el núcleo de mi columna del 30 de agosto que apunta al narcotráfico como causa de los estándares que hoy alcanza la corrupción en Colombia. Y se detiene en un dato incidental según el cual en 1998 nuestras exportaciones de drogas ilícitas superaron las legales. Exagerado le pareció. Pues bien, si de medir exportaciones ilegales se trata, repitamos el ejercicio.
Yo dispongo de tres fuentes clásicas: El libro editado por Francisco Thoumi, Drogas ilícitas en Colombia, con investigaciones de Sergio Uribe y Ricardo Rocha, entre otros; Los dólares del narcotráfico, de Roberto Steiner; y el estudio de consultoría BG-DANE-FMI-1999, bajo reserva y no publicado, copia del cual reposa en mi poder. Todos ellos aplican una metodología que se aproxima a la del “valor retornado”, que es igual a exportaciones menos la suma de costos externos y utilidades. También yo usé la fórmula para calcular cuánto nos dejaban los enclaves petroleros, en trabajo para la Contraloría General. Los tres estudios proceden, pues, en forma similar, pero llegan a resultados muy distintos. Veamos por qué.
Para calcular las hectáreas sembradas de coca, Rocha usa la muestra satelital de NICC (cuadros XIII y XIV, p. 240, 242) y no la muestra ampliada del estudio sobre el terreno, de Sergio Uribe. Rocha termina por desechar las cifras de Uribe. También las ignora Steiner (Cuadro 5, p. 27). BG-DANE-FMI valida la cifra de Uribe para 1994, y la proyecta con los incrementos registrados por la muestra satelital NICC. Valida, así mismo, el rendimiento ponderado por variedades y que Uribe calcula in situ en 1.021 kilos por hectárea. Rocha y Steiner, también fuentes de Kalmanovitz, calculan la producción de hoja de coca sobre una cosecha anual. Pero Uribe ha verificado sobre el terreno que son entre 5 y 6.5 cosechas al año. Recomienda 5, y el estudio del DANE-FMI acoge el dato, previa verificación de campo en el Guaviare, el Caguán, la Sierra Nevada y el Macizo Colombiano. Para valorar los insumos de pasta de coca que aún se importaban de Perú y Bolivia, Steiner aplica a kilos el precio del gramo de pasta. O sea que reduce ese valor en mil por ciento (Cuadro 6, p. 32). BG-DANE-FMI usa las cifras de los decomisos registrados por la Policía Nacional.
Precaviéndose de los errores y omisiones señalados, bien pueden estimarse las exportaciones potenciales de drogas ilícitas. Las 700 toneladas a precio mínimo mayorista de US$16 mil el kilo, según la DEA, valen US$11.200 millones. Si a ese valor se agrega el de la heroína extraída de las 5 mil hectáreas que quedaban después de fumigaciones, esas exportaciones ilegales sumaron los US$13.118 millones cif Miami que yo registraba en mi columna para el fatídico año de 1998.
Ese año principió la más grave crisis que Colombia padeciera. Fue provocada por penuria de dólares y exceso de importaciones, no obstante el publicitado boom petrolero de Cusiana y Cupiagua, cuyas exportaciones dizque nos inundarían de dólares. Pero estos no llegaron. Acaso porque desde el gobierno de César Gaviria se había eximido a las petroleras de reintegrarle a Colombia dólares sobre sus exportaciones. Además, volaron en estampida los capitales calientes. Como co-director que fue del Banco de la República, el doctor Kalmanovitz podría explicar por qué extraño sortilegio se hacen figurar ingresos por exportaciones de petróleo que no entran; y se minimizan las exportaciones de drogas que revierten, esas sí, aunque sigilosamente, a la economía nacional.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2011 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Narcotráfico, Septiembre 2011
Apareció el fresco entero, con todos sus trazos y colores. La recuperación de 41 mil hectáreas en Urabá destapó la red de alianzas entre paramilitares y fuerzas legales que sustenta por doquier el poder de la patria refundada. Y que se apresta a afianzar su toma del Estado ganando más alcaldías y gobernaciones este 30 de octubre. Pocos episodios tan elocuentes como éste, con el que el Gobierno desentraña en Montes de María los patrones de usurpación de tierras. Veamos.
El Presidente denuncia robo masivo de tierras en Urabá, a manos de empresarios y paramilitares. El Fondo Ganadero de Córdoba las había comprado, casi todas, a menos precio. Según el director de Notariado y Registro, en la mitad de esas compras hubo presión y, en la otra mitad, estafa. El negocio fructificó por concierto con funcionarios del ICA, Incoder y el viejo Incora; con alcaldes, y notarios a granel. Para adquirir a huevo esas tierras, los ganaderos se valieron de Sor Teresa Gómez, parienta de los Castaño y condenada por el asesinato de la líder agraria Yolanda Izquierdo. Algunos de los predios terminaron en manos del paramilitar Pedro Bonito. Y Benito Osorio, hoy preso por parapolítica, fue durante siete años gerente de aquel Fondo. Informa El Espectador (agosto 27) que Osorio pareció jugar papel preponderante en la captura del poder público por el paramilitarismo; que el entonces presidente Uribe lo había nombrado gobernador encargado de Córdoba.
Que la manguala descrita treparía hasta el poder central se infiere del debate parlamentario del pasado 31 de agosto. Se reveló allí que el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, violando las medidas de protección que cobijaban fincas susceptibles de despojo, habría incitado a campesinos de María la Baja a feriar sus tierras. Dijo el ministro Restrepo que inversionistas, comisionistas, notarios y registradores habían violado “de diez mil maneras” esa figura de protección de predios. Elocuente botón de muestra que pone en evidencia los alcances de la nueva patria, que avanzó en ocho años cuanto no hubiera logrado en treinta: políticos, paramilitares, narcotraficantes, lavadores de activos y funcionarios públicos formaron un bloque inexpugnable para hacerse con la tierra ajena. Y con el poder local y sus recursos.
Estas elecciones serán plato suculento para los poderes de la motosierra y sus amigos, que hoy practican modalidades de violencia menos ruidosas pero no menos pavorosas. Hace cuatro años, a la Embajada de Estados Unidos le preocupaban “los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas” en departamentos como Sucre y Córdoba. El entonces candidato a la alcaldía de San Onofre, José Meléndez, temía el triunfo electoral de grupos criminales gracias al cual podrían “controlar dos departamentos que eran una gran ruta para el narcotráfico” (Wikileaks, 9.25.07). El mismo cable registra el caso de la actual gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, quien publicó a la sazón aviso de prensa donde anunciaba alianza con parapolíticos encarcelados. La saga sigue intacta. Diana Mancilla, candidata a la alcaldía de María la Baja y hermana de ex jefe paramilitar, figura en informe de inteligencia militar como cómplice de paramilitares. Arco Iris demuestra que casi todos los parapolíticos están hoy apoyando candidatos. Algunos, desde la cárcel.
No contentos con los exorbitantes réditos del narcotráfico, los nuevos poderes van en octubre por todas las regalías regionales y las platas de la salud y las rentas de los municipios. Se pelearán cada centímetro cuadrado de la tierra “conquistada”. Con los ganaderos o con otros aliados. Es hora de que los flamantes candidatos de la Unidad Nacional digan esta boca es mía frente a la restitución de tierras. Es que este programa, o se ejecuta ahora, o se pierde para siempre.
por Cristina de la Torre | Ago 30, 2011 | Agosto 2011, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico
La audaz recuperación de 41 mil hectáreas la semana pasada en Urabá es una carga de dinamita contra el bastión agrario del narcotráfico. Enhorabuena. Pero, siendo causa suprema de la corrupción sin límites que este Gobierno y los organismos de control destapan día a días, el narcotráfico produjo efectos más perniciosos aún: torció la mentalidad de los colombianos hacia la complacencia con el robo y la indiferencia frente el crimen. No pocos asumen estas actitudes o aspiran a imitarlas. En particular, cuando gobernantes y delincuentes de cuello blanco se convierten en modelo de conquista a codazos del poder y la riqueza, en un país donde las oportunidades son privilegio de ricos. Para muchos colombianos, el narcotráfico es la oportunidad que redime de la pobreza. Aunque pulverice la ética y trace pauta a las escuelas del crimen que enseñan un grosero pragmatismo y sangre fría en el quehacer público y privado. Más escandaloso que el lenguaje soez de algún mandatario que incitaba en público a la violencia es la impavidez y hasta el júbilo con que sus prosélitos recibían el mensaje. Crecía su popularidad. Y el número de muertos. Según la Fiscalía, sólo entre 2006 y 2010, 173 mil inocentes murieron a manos de paramilitares y 34 mil desaparecieron. Y la corrupción administrativa cobró dimensión sin precedentes, como lo comprobamos hoy.
Datos del Banco de la República y consultorías del DANE revelan que en 1998 nuestras exportaciones legales sumaban menos que las ilegales. Las de café, petróleo, carbón y productos tradicionales, entre otros, alcanzaban 10.930 millones de dólares; las de cocaína y heroína, 13.118. La tendencia se mantiene. Pero la fría cifra encubre el drama. Si miles de familias viven, gozan y sufren de la economía cafetera, seis veces más familias viven, gozan, sufren y mueren de la economía del narcotráfico. Múltiples actividades la componen: siembra, procesamiento, transporte, comercialización, lavado de activos, reinversión en tierras, en propiedad raíz o en la bolsa. Con diferencias abismales –como en toda actividad económica que termina por concentrar sus réditos en unos cuantos- del narcotráfico viven raspachines; laboratorios químicos y procesadores de alcaloides; camioneros, aviadores y uniformados de todos los rangos que cobran por no ver; abogados, notarios y notables; alcaldes y gobernadores y parlamentarios que buscaron a los mafiosos para enriquecerse ellos también. Y, ay, los banqueros, la cabeza del león, con sus paraísos fiscales y su secreto bancario a discreción de narcotraficantes, dictadores, ladrones de fondos públicos y bandidos de prestancia social indiscutida. Tras todos estos protagonistas visibles de una economía así dinamizada, el poder institucional y político de la nueva patria. Despótica, brutal. Promesa de un ascenso social que dosifica y mezquina su poder conforme la nueva dirigencia se asimila a la gente de pro, y ésta multiplica su riqueza en santa alianza con el odiado advenedizo.
La llamada cultura mafiosa que invade todos los pliegues de la sociedad y del Estado, que se adivina en cada escándalo de corrupción no es, pues, una simple propensión al enriquecimiento fácil. Éste es apenas manifestación de un fenómeno más perturbador: la irrupción de una sicología colectiva proclive a la trapisonda, a la violencia y el crimen. Bienvenida la recuperación de tierras usurpadas por paramilitares y el Fondo Ganadero de Córdoba, entonces presidido por Benito Osorio, hoy preso por parapolítica. Paso siguiente en la lucha contra la corrupción será atacarla de raíz: erradicar el narcotráfico. Probada la inutilidad del prohibicionismo, el Presidente Santos deberá pelearse la legalización de la droga, arma letal contra el narcotráfico. Entonces a Colombia se le borrará el sanbenito de país mafioso.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2011 | Actores del conflicto armado, Julio 2011, Narcotráfico, Política agraria
Desplomado ‘Uribito’, el entonces sucesor de Uribe al trono, queda también en entredicho su modelo agrario. No se conformó Arias con reverenciar a los ricos para que éstos lo elevaran al solio de Bolívar. Es que además le bullía por las venas el arquetipo Carimagua: aquel que desde tiempos inmemoriales dispensa a los privilegiados todos los privilegios del desarrollo en el campo y convierte al campesinado en sus peones de brega. Pero, aunque no cobra forma todavía su anunciada transformación integral del agro, Santos debutó con un lance inesperado que tiene vociferando a la Mano Negra: titular cuatro millones de hectáreas, la mitad de ellas a despojados de sus fundos por la fuerza. A la fecha, ha devuelto 350 mil hectáreas. Mas, se echó de menos en su discurso del 20 de julio la prometida ley de Tierras y Desarrollo Rural, con sus apoyos en crédito, tecnología, sistemas modernos de comercialización y obras publicas de beneficio común. Complemento indispensable de la formalización en curso de la propiedad, sin ella quedaría el trabajo a medio andar. Y más incierto aún, si no se rompe el espinazo de las talanqueras que hunden al sector rural en el subdesarrollo y, en la pobreza, al 68% de sus habitantes: concentración escandalosa de la tierra, ahora extremada por el narcotráfico; ganadería extensiva, con media vaca por hectárea de las mejores tierras; burla impune de los terratenientes al impuesto predial, aunque se sabe que la eficiencia en el agro se logra pagando por la tierra ociosa; menosprecio del campesinado, que produce la mitad de la riqueza y podría garantizar la seguridad alimentaria del país. De seguir ignorando tales rémoras, nuevas frustraciones pesarían sobre una deuda que las revoluciones liberales saldaron por doquier, menos aquí: la reforma agraria.
Verdad es que este gobierno rescató las 17 mil hectáreas de Carimagua de las garras de cuatro palmeros agalludos, a quienes el ex ministro Arias quiso regalárselas, no obstante pertenecer la hacienda a desplazados. Como abrebocas de la restitución de tierras – primero en Montes de María, santuario del paramilitarismo, y luego en el predio de marras- Santos entregó Carimagua a sus legítimos destinatarios. Bajo la figura de empresa mixta y asociativa, el Estado abrió allí un horizonte cierto de desarrollo. Plan piloto para la región y para el país, el experimento se construye sobre una alianza entre campesinos y empresarios. Quinientas familias de desplazados se incorporan a procesos productivos integrados a escala comercial. Ya el ministro Restrepo había dicho que las nuevas políticas no amenazan la agricultura empresarial de vocación exportadora; que la agricultura campesina, modernizada y competitiva, bien puede convivir con aquella. Carimagua es hoy elocuente contracara del modelo que el ex ministro sub judice quiso perpetuar a carcajada batiente. Pero restitución de tierras, empleo, producción de alimentos, agroindustria y modernización de la ganadería podrían naufragar si no se ablandan los diques del poder en el campo. Y si no se promueve la organización de los campesinos. Perspectiva insoslayable si, como lo expresó por estos días, el Presidente quiere poner la mira no sólo en las víctimas de la violencia sino en las de la pobreza.
De paz volvió a hablar esta semana el Jefe de Estado. De paz hablan de nuevo las FARC, un movimiento de lucha por la tierra desde cuando Tirofijo empuñó su primer fusil. Ya ‘Cano’ había declarado que la ley de Víctimas abría caminos en esa dirección. Un reformismo consistente para el campo en Colombia traería la paz, pues tocaría el corazón mismo del conflicto. Devuelta la esperanza, ‘Uribito’ vería desde el ostracismo desvanecerse su sueño retardatario de Carimagua. Y sus delirios de guerra.
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2011 | Corrupción, Enero 2011, Modelo Político, Narcotráfico
Sobre tres cimientos formidables se ha montado la corrupción en Colombia: sobre la insólita largueza de la norma de contratación pública con empresas privadas. Sobre la designación de los controladores por los propios controlados, en cuya virtud gobernadores y alcaldes terminan “vigilados” por amigos que no ven la uña larga de muchos gobernantes que se roban la plata de todos en asocio de pillos de cuello blanco y hasta de criminales. La pudibunda clase política fiscalizándose a sí misma. También se ha montado la corrupción sobre la connivencia de un número creciente de jueces de base que, amedrentados o pagados, terminan por favorecer al funcionario o al contratista corruptos.
Desde la Ley 80 de contratación estatal, hija putativa del desmantelamiento del Estado, se cubrió de besos y mimos a cuanto negociante se ofreció como digno ejecutor de tareas que el poder público dizque no podía ya acometer, colapsado como se le diagnosticó, por ineficiente, politiquero y corrupto. Prueba estelar de que el remedio privado resultaría acaso peor que la enfermedad pública es el caso de los Nule. Por su parte, la confabulación de gobernadores con contralores departamentales y de alcaldes con sus personeros floreció al calor de la demagogia descentralizadora que sacrificó instrumentos vitales del Estado unitario: convirtió en rueda suelta la provincia y en caricatura de descentralización el legítimo anhelo autonómico de las regiones. Allí cosecharon fuerzas que, mutilada la injerencia del Estado central, se tomaron por las armas el poder local. Guerrillas y narcoparamilitares hicieron su agosto. Desregulación, ligereza privatizadora, caótico desencuentro entre poder central y poder regional son producto de la Constitución del 91 que la inundación de medio país dejó expósitos. Gobierno y organismos nacionales de control desesperan por evitar hoy el desvío de ayudas a los damnificados. Y mañana, el asalto a las billonadas de la reconstrucción que se invertirán mediante contratos con el sector privado. Mas, si se porfía en la actual dinámica de licitaciones amañadas y contratación a dedo, será, sin duda, la feria de los avivatos.
41 billones de pesos, equivalentes al 21 por ciento del presupuesto nacional, se destinan a contratación. En 4.2 billones calcula el Auditor General, Iván Darío Gómez, la tronera por donde se fugan cada año los recursos públicos a manos ajenas. Unos 9 billones valen los sobreprecios de la contratación amañada. Casi lo mismo que la reconstrucción. Dice el senador Luis Fernando Velasco que en Colombia no se gana el poder sino que se compra: se invierte en ganar alcaldías, gobernaciones, curules en los cuerpos colegiados; la retribución vendrá con creces. Es que la Ley 80 les entrega la contratación del Estado a los alcaldes y, además, les permite a éstos delegarla en cualquiera. Más aun, autoriza adiciones sucesivas a los contratos, de donde se entiende por qué ellos triplican a poco su valor. Para completar, la ley 1150 de 2007 abre la posibilidad de adicionar los contratos de concesión. Vencido el contrato, éste se puede prolongar, sin que medie nueva licitación pública. Fue así como Andrés Uriel adicionó concesiones en vías por valor de 10 billones. Las obras entregadas, claro, representan porción insignificante de lo programado.
En acción envolvente contra el monstruo, Contraloría, Auditoria y Procuraduría proponen reformar el estatuto de contratación del Estado. Y afilan sus medios de control con rendición mensual de cuentas, información unificada sobre ejecución de los recursos en tiempo real y, en ausencia de los partidos –que son el andamiaje de la corrupción- convocan la ayuda ciudadana. Objeto de otras gestas será derribar el muro madre de la corrupción: el narcotráfico.
