por Cristina de la Torre | Mar 6, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Marzo 2012, Narcotráfico
Mientras no cese la batalla mundial contra las drogas, epílogo de la Guerra Fría; y mientras no renuncien las Farc al narcotráfico, esta guerrilla podría seguir viva indefinidamente. Como ejército o como eclosión de bandas criminales. Que la restitución de tierras abriría senderos de paz porque apunta al corazón del conflicto, no se discute. Pero quedaría suelta la otra rueda de nuestra perdición: el narcotráfico. Negocio que absorbió a las Farc y las trocó de rebeldes con causa en organización plagada de malhechores. Por contera, la perversidad incalificable del secuestro. En las tres fases bélicas que marcan la historia de esta guerrilla (la violencia liberal-conservadora, la guerra contrainsurgente y la del narcotráfico) esta última trastorna su natural político. Y deposita en la contraparte el desafío de conjurarla apostando a la despenalización de la droga.
Las Farc -brazo armado que fueron del Partido Comunista- se gestan en la Violencia, eco de la Guerra Civil española signada por el choque agreste entre laicistas y clericales. Tras el asesinato de Gaitán, ambientado en el torrente cavernario que llegaba del Norte, también aquí convergen guerrillas comunistas y liberales, Tirofijo al mando de una de estas últimas. Las unen el imperativo de esquivar las balas del régimen conservador y reminiscencias de viejas luchas por la tierra.
Después vendría la disputa en patio ajeno entre el Bloque Soviético y EE.UU. por prevalecer en el orbe, no ya con armas atómicas sino con guerritas de baja intensidad en el Tercer Mundo. Tras bambalinas, la doctrina Truman que instaba a levantarse contra “la agresión de minorías armadas o presión exterior”. En 1964, el presidente Valencia bombardea Marquetalia, reducto de autodefensas campesinas de orientación comunista. Y nacen las FARC. Y el EPL afecto a Mao y el ELN, a Fidel Castro. Trilogía doméstica apadrinada por los tres centros del socialismo internacional: la Unión Soviética, China y Cuba, respectivamente. Diez años después nacería el M19, esta vez con el sello de los Montoneros peronistas y del sandinismo. Papel crucial jugaría la revolución cubana, catalizador de la Guerra Fría en América Latina. Mecha incendiaria de los soviéticos en este continente hundido en el atraso y la desigualdad. Epílogo de la Guerra Fría serían las dictaduras de militares anticomunistas y neoliberales en los años 70 y 80.
Entre tanto, el narcotráfico se toma a Colombia. Las FARC ingresan de frente en la internacional de la coca. Quedan inscritas en la guerra contra las drogas que Estados Unidos lidera. Ya en 1982 el grupo armado regulariza el cobro de impuestos a productores y narcotraficantes. Por desacuerdo con la mafia sobre montos del “gramaje” y en una escalada de secuestros a hacendados, estalla el conflicto con el capo mafioso Rodríguez Gacha. En 1994 el paramilitarismo se organiza en AUC. La Unión Patriótica, partido legal creado por las FARC al calor de los acuerdos de paz suscritos con Belisario Betancur, ha sido exterminada.
Derribado el muro de Berlín, clausurada la Guerra Fría. Los EE.UU. elevan el narcotráfico a categoría de seguridad nacional. Pastrana suscribe el Plan Colombia, iniciativa de ellos que apunta al narcotráfico, ergo, también a las Farc. Uribe aprieta el paso obsequiándoles siete bases militares. Ahora Santos pone la mira en la paz y las Farc ofrecen no volver a secuestrar. Anuncio histórico. Conforme el Gobierno devuelva tierras y ofrezca instrumentos de justicia transicional para la paz, si la insurgencia los acoge tendrá que renunciar al narcotráfico. Y Santos, aplicarse a fondo por la despenalización de la droga; en la Cumbre de las Américas, verbigracia. Si nuestras guerras llevan la impronta internacional, que la paz la lleve también.
por Cristina de la Torre | Feb 28, 2012 | Febrero 2012, La paz, Modelo Político, Narcotráfico, Política agraria, Posconflicto
Es decisión política de alto vuelo. La anunciada Ley de Desarrollo Rural podrá interpretar la aspiración centenaria del campesinado a la tierra, o bien, favorecer a la ultraderecha de Antioquia y de la Costa que, Uribe a la cabeza, encarna hoy un sistema de jerarquías petrificadas desde la Colonia. Aunque el Ministro ha dicho que no se trata de repartir tierra sino de legalizarla y de modernizar el campo, el Presidente habló de revolución agraria. Y cabe la pregunta: ¿revolución (liberal) sin redistribución? ¿Modernización sin tocar la estructura de propiedad cuando se sabe que el latifundio improductivo y el mal uso del suelo que conlleva son las grandes talanqueras del desarrollo y la equidad en el campo? ¿Modernización expulsando el último reducto de población “sobrante” en la frontera agrícola hacia la Altillanura (edén de la agroindustria avara en empleo) o hacia los semáforos de las ciudades; sólo porque los ganaderos prefieren especular con la tierra y adjudicarla más bien a bovinos, a razón de vaca por hectárea?
Modelo aquel de colonización para la miseria que el inefable presidente de Augura retoma: a la voz de restituciones, en vez de llamar al orden a miembros de su gremio presuntamente asociados con paramilitares despojadores, éste aboga por expandir la frontera agrícola. Necoclí demostró que la restitución no sería un decir del Gobierno. Que Santos la llevaría a cabo “contra todo y contra todos”, si fuera necesario. Así los Urabeños amenacen difundiendo la imagen tenebrosa de motosierras ensangrentadas y tras ellos se agazapen ganaderos, comerciantes, políticos, uniformados y empresarios dispuestos a quedarse con tierras malhabidas (El Tiempo, 26-2). Pero el ambicioso programa de restitución, crédito y tecnología incluidos, es apenas parte de la sacudida que el campo demanda. Y a ella apuntaría la Ley de Tierras que se cocina si, como dice el Ministro de Agricultura, ésta tendrá la envergadura de la Ley 200 de López Pumarejo.
Y no se trata de canonizar el ya improductivo minifundio. O de repartir por repartir. Es que la absurda concentración de la propiedad rural inhibe la inversión, la producción y el empleo. Bloquea el acceso del campesino al trabajo y a los recursos productivos. Es antieconómica e injusta. De allí que modernizar sin redistribuir perpetúa el estancamiento del campo. Y la convivencia de un modelo de agricultura capitalista, patrimonio de pocos, con otro de economía campesina, cercado por el atraso, el abandono del Estado y la agresión de los violentos. Chicoral exaltó al primero, le dio todas las gabelas y condenó al olvido al campesino raso. Pero los grandes empresarios, lejos de jalonar el desarrollo, lo deprimieron aún más. No crearon riqueza ni empleo. Desde 1991, Colombia casi decuplicó sus importaciones de alimentos. En 2010 la agricultura creció cero, y la pobreza rural llegó al 64%. La “modernización” del campo fue privilegio de los menos, y coronó en adefesios como el de AIS.
Absalón Machado propone fortalecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Entre la gran propiedad subexplotada y el minifundio, nacería una clase media, fiel de la balanza en las democracias. Es su idea articular a pequeños, medianos y grandes propietarios de la frontera agrícola en un movimiento común de economía agraria y sobre un territorio compartido. Acaso el Presidente logre así apuntalar “sin fusiles” la revolución agraria que todos los liberalismos hicieron en los años 30. Habría que devolverle al Estado su protagonismo. Porfiar en la política de despenalizar el narcotráfico, catalizador del conflicto. Y tenderles a campesinos y gremios del agro una mano para concertar cambios de fondo en el campo, presupuesto de la paz. Nunca es tarde.
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2012 | Corrupción, Febrero 2012, Narcotráfico, Política agraria
Cuando el Incora quiso distribuir tierras en la Sabana de Bogotá y en el Valle del Cauca, los hacendados levantiscos amenazaron con guerra civil. La parcelación de Jamundí y la radicalización del campesinado precipitaron el Pacto de Chicoral, que sepultó para siempre la reforma agraria. 45 años después, la Ley de Restitución de Tierras revive las veleidades levantiscas de la Mano Negra. Aunque no se trata ya de repartir tierra sino de devolver la usurpada a sus dueños, ésta juega ahora como factor de guerra: los protagonistas del conflicto van por el control militar del territorio, necesario para asegurar los corredores del narcotráfico. Y en la mitad, las víctimas. Ayer, derrotadas por una derecha bicolor, de fusta y rosario; hoy, en la incertidumbre que transmite la coalición de un gobierno que apunta a una “revolución agraria” pero alberga en su seno a los más temibles enemigos de la restitución. Enemigos de fusta y rosario y motosierra.
En la concentración de 30 mil personas en Necoclí, epicentro de todas las violencias, el miedo y el dolor dibujados en cada rostro, se adivinaba empero la esperanza de que el Presidente pudiera cambiar la historia del país, de gancho con las víctimas. Como lo hiciera en su hora la Anuc, organización campesina creada por Carlos Lleras para apuntalar su estrategia agraria. A Lleras lo derrotó el mentís de los partidos de gobierno a su política para el campo. Al punto que fue el muy liberal Indalecio Liévano quien firmó en nombre de su partido el sepelio de la reforma agraria. Desenlace de la avanzada reaccionaria del latifundismo costeño que retuvo así sus heredades intocadas, inexplotadas, engordadas en el sojuzgamiento del campesinado: el más sufrido, el más masacrado, expulsado del terruño sin piedad.
En las nuevas circunstancias, ¿bastará la alianza del Presidente con el pueblo? ¿La envergadura de esta ley de tierras llegará a provocar deslinde de ideas, de programas, de pautas de acción política entre los partidos que conforman la patria boba de la Unidad Nacional? ¿Qué futuro se le augura a la restitución de tierras si el partido de la U, puntal de la coalición oficialista fue casa predilecta de los parapolíticos sindicados de andar en malos pasos con mafiosos y paramilitares que sólo en Urabá protagonizaron decenas de masacres y expulsaron a 1.036.456 campesinos? Ambigüedad de un partido que, gozando del poder, conspiró sin embargo en la sombra contra esta Ley de Víctimas y la suscribió a regañadientes.
Pero no todo es malo. A Álvaro Uribe se le abona la franqueza con que descalificó el recurso al pueblo del Presidente Santos. Y la restitución de tierras, por estimar que ella podía “generar nuevos odios contra los empresarios del campo (y los grandes agricultores) que ya se venían superando y que, como en los años 60, hicieron tanto daño”. Si injusta por venir de quien había erigido su estado de opinión sobre el fervor de las masas, su postura constituye un aporte inesperado a la democracia. Porque defiende sin inhibiciones a los poderosos del campo mientras otros hablan por los derechos de los más débiles. Expresión de intereses distintos, no tejidos ya en la golosina de puestos y contratos sino en función de una estrategia de calado histórico. Bueno sería que esta discrepancia de fondo contribuyera a diferenciar opciones políticas, a singularizar fisonomías propias de partido. Y sin irse a las manos, como lo propone la democracia, no fuera que del encono personal resultaran otros disparando fuego. Pesimista se muestra Mauricio García al temer que “las intenciones de la extrema derecha y del clientelismo regional, si bien más solapadas, siguen siendo las mismas”. Pregúntese el presidente Santos hasta cuándo puede seguir durmiendo con el enemigo.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2011 | La paz, Narcotráfico, Noviembre 2011
Con todo y sus altibajos, dos hazañas registra en su haber el presidente en lo que lleva de gobierno, ambas enderezadas a la paz. Primero, la política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto, osadía que tiene alebrestada a la Mano Negra. Segundo, su propuesta al mundo de considerar la legalización de las drogas, como alternativa al ruidoso fracaso de la guerra contra ellas. En declaraciones al Observer de Londres que le dieron la vuelta a Europa, el Presidente de Colombia sorprendió con su tácita descalificación de la política antidrogas que el Gobierno de Estados Unidos impuso, aunque sabe que somos nosotros quienes ponemos los muertos. Es menos dañino legalizar que perseguir el tráfico de drogas, argumentó. Pese a la presumible resistencia que le opondrían todos los poderosos que se han lucrado de esta guerra, no le tembló la voz. Cavilosos andarán el gobierno norteamericano; los productores de armas; los mafiosos y sus ejércitos que han colonizado un tercio del Estado colombiano, amén de los políticos que les hacen la segunda; las Farc, que devinieron cartel de la cocaína; los militares colombianos, hechos ya a sueldos y primas y gabelas del astronómico presupuesto de guerra, no pocos enriquecidos con sobornos de narcotraficantes. Y la banca internacional que nutre con los réditos de este mercado negro la cueva de Alí Babá, eufemísticamente llamada paraísos fiscales.
Si para Estados Unidos la política antidrogas dizque es problema de seguridad nacional, para Colombia es tragedia nacional. Aquí la persecución al narcotráfico, lejos de erradicarlo, valorizó el mercado negro de la droga, nos inundó de sangre y elevó a toda suerte de maleantes al poder en un tercio del Estado. De donde, si prosperara el debate mundial y se produjera un viraje, la legalización sería un proceso responsable –que reordenara prioridades del presupuesto-. Se trataría entonces de invertir más en prevenir, educar y rehabilitar que en gasto policivo y militar. Gasto insultante para un país donde la quinta parte de su gente se acuesta con hambre.
Por otra parte, afloran en la comunidad mundial síntomas discretos de que podría llegar a intervenirse el emporio financiero de los grandes capos del narcotráfico. Juega en él la gran banca internacional que capta sumas inimaginables del narcotráfico global, las lava y las recicla en inversiones legales, sobre todo en las bolsas de valores. La sola palabra ‘legalización’ le resulta a este sector ‘éticamente’ intolerable: las proporciones del negocio autorizan cualquier impostura. Es que del precio final de la coca al campesino plantero le llega el 1%; los mayoristas se quedan con el 23%, y los distribuidores finales, con el 73%. Sólo 3.5% del valor final retorna a los países productores, mientras los banqueros acaparan la parte del león.
El dirigente empresarial Nicanor Restrepo le dijo a Semana: como la droga es un negocio ilegal, produce utilidades tan jugosas que permiten armar ejércitos y corromper políticos, empresas, aduanas, bancos, todos los instrumentos necesarios para mantener a flote una economía clandestina. De la descomposición social, de la estela de muertos que va dejando a su paso, ni hablar. Pero está probado que la represión del narcotráfico no desmonta el negocio ni conjura la violencia que conlleva. En buena hora tuvo Santos la valentía de abrir el debate sobre la legalización de la droga. Mas, para ganar aquí la partida, tendrá que convocar el apoyo de los colombianos. Sólo así podrá enfrentar la oposición de quienes han cosechado blasones y riquezas a costa de esta guerra absurda. De Álvaro Uribe que, cabeza de la derecha más reaccionaria, se apresuró a descalificar todo conato de legalización. Como cuestionó la ley de víctimas. Acaso porque restitución de tierras y legalización de la droga ayudarían a la paz.
por Cristina de la Torre | Sep 13, 2011 | Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Septiembre 2011
“Los colombianos se entregan con pasión a cuantificar el negocio de la droga, pero pasan por alto el problema mayor: la corrupción que éste propaga”. Eso dijo Alain Labrousse, Director del Observatorio Geopolítico Mundial de la Droga, sede París. En su columna del 5 de septiembre, Salomón Kalmanovitz ignora el núcleo de mi columna del 30 de agosto que apunta al narcotráfico como causa de los estándares que hoy alcanza la corrupción en Colombia. Y se detiene en un dato incidental según el cual en 1998 nuestras exportaciones de drogas ilícitas superaron las legales. Exagerado le pareció. Pues bien, si de medir exportaciones ilegales se trata, repitamos el ejercicio.
Yo dispongo de tres fuentes clásicas: El libro editado por Francisco Thoumi, Drogas ilícitas en Colombia, con investigaciones de Sergio Uribe y Ricardo Rocha, entre otros; Los dólares del narcotráfico, de Roberto Steiner; y el estudio de consultoría BG-DANE-FMI-1999, bajo reserva y no publicado, copia del cual reposa en mi poder. Todos ellos aplican una metodología que se aproxima a la del “valor retornado”, que es igual a exportaciones menos la suma de costos externos y utilidades. También yo usé la fórmula para calcular cuánto nos dejaban los enclaves petroleros, en trabajo para la Contraloría General. Los tres estudios proceden, pues, en forma similar, pero llegan a resultados muy distintos. Veamos por qué.
Para calcular las hectáreas sembradas de coca, Rocha usa la muestra satelital de NICC (cuadros XIII y XIV, p. 240, 242) y no la muestra ampliada del estudio sobre el terreno, de Sergio Uribe. Rocha termina por desechar las cifras de Uribe. También las ignora Steiner (Cuadro 5, p. 27). BG-DANE-FMI valida la cifra de Uribe para 1994, y la proyecta con los incrementos registrados por la muestra satelital NICC. Valida, así mismo, el rendimiento ponderado por variedades y que Uribe calcula in situ en 1.021 kilos por hectárea. Rocha y Steiner, también fuentes de Kalmanovitz, calculan la producción de hoja de coca sobre una cosecha anual. Pero Uribe ha verificado sobre el terreno que son entre 5 y 6.5 cosechas al año. Recomienda 5, y el estudio del DANE-FMI acoge el dato, previa verificación de campo en el Guaviare, el Caguán, la Sierra Nevada y el Macizo Colombiano. Para valorar los insumos de pasta de coca que aún se importaban de Perú y Bolivia, Steiner aplica a kilos el precio del gramo de pasta. O sea que reduce ese valor en mil por ciento (Cuadro 6, p. 32). BG-DANE-FMI usa las cifras de los decomisos registrados por la Policía Nacional.
Precaviéndose de los errores y omisiones señalados, bien pueden estimarse las exportaciones potenciales de drogas ilícitas. Las 700 toneladas a precio mínimo mayorista de US$16 mil el kilo, según la DEA, valen US$11.200 millones. Si a ese valor se agrega el de la heroína extraída de las 5 mil hectáreas que quedaban después de fumigaciones, esas exportaciones ilegales sumaron los US$13.118 millones cif Miami que yo registraba en mi columna para el fatídico año de 1998.
Ese año principió la más grave crisis que Colombia padeciera. Fue provocada por penuria de dólares y exceso de importaciones, no obstante el publicitado boom petrolero de Cusiana y Cupiagua, cuyas exportaciones dizque nos inundarían de dólares. Pero estos no llegaron. Acaso porque desde el gobierno de César Gaviria se había eximido a las petroleras de reintegrarle a Colombia dólares sobre sus exportaciones. Además, volaron en estampida los capitales calientes. Como co-director que fue del Banco de la República, el doctor Kalmanovitz podría explicar por qué extraño sortilegio se hacen figurar ingresos por exportaciones de petróleo que no entran; y se minimizan las exportaciones de drogas que revierten, esas sí, aunque sigilosamente, a la economía nacional.
