por Cristina de la Torre | Sep 4, 2012 | Conflicto interno, Narcotráfico, Septiembre 2012, Uribismo
Si, como se ha sabido, el problema agrario preside la agenda de paz, la devolución de tierras malhabidas cobra protagonismo inusitado. Soñemos. Nadie como Álvaro Uribe podría ablandar a los enemigos de la restitución y de la paz, por el respeto y el fervor que entre ellos suscita el expresidente. Si él lo quisiera. Presunción explicable a la luz de revelaciones que develan el empeño del entonces presidente en dialogar con las guerrillas: seis intentos con las Farc y búsqueda de contacto con el ELN a lo largo de todo su gobierno. En el entendido de que el despojo de fincas catapultaba el conflicto hasta el delirio, ¿esperaba Uribe poner el dedo en esa llaga? O bien, ¿compartía después la advertencia-amenaza de Fernando Londoño de que la Ley de Víctimas desencadenaría una guerra civil?
Capitán entre los seguidores que depositaron en Uribe su esperanza (ganaderos, uniformados, latifundistas, propagandistas de la violencia, paramilitares, narcotraficantes, politicastros de armas tomar), no hace matices Londoño, todo lo revuelve en su defensa genérica de la propiedad agraria. Unos fueron los mafiosos que, para lavar activos y controlar con sus ejércitos los corredores del narcotráfico, compraron tierras en sana ley por oferta de sus dueños. Otros, aquellos que usurparon predios a sangre y fuego y provocaron la diáspora de cuatro millones de campesinos. Entre 1975 y 1995, los capos del narcotráfico compraron seis millones de hectáreas de las mejores tierras en 409 municipios, el 42% de las localidades del país. Arreció desde entonces la dinámica del despojo masivo y violento por paramilitares: obligaron a sus dueños a vender a huevo, falsificaron escrituras o simplemente les robaron la tierra. Historia ominosa de siete lustros que dibuja la telaraña del conflicto y revienta, al fin, en anhelo de paz.
En los 70 se expandió la guerrilla y se dio a secuestrar hacendados. Alejandro Reyes reconstruye esta historia y sus efectos (Compra de tierras por narcotraficantes, 1997): acosados, los grandes propietarios vendieron y sus compradores fueron los capos del narcotráfico. Promovidas por miembros de la Fuerza Pública y financiadas por la mafia que ya era propietaria de grandes haciendas, nacieron las autodefensas. Además, los narcos crearon sus propios ejércitos privados, los paramilitares. En Magdalena, muchos latifundistas derivaron en narcotraficantes. En Antioquia, hacia mediados de los 90 habían comprado tierras en 90 de los 124 municipios del departamento. Córdoba presentaba la mayor concentración de la propiedad y el proceso más masivo de sustitución de la elite ganadera por narcotraficantes, que acaparaban el 60% de sus tierras útiles. La compra de tierras por la nueva elite, sobre todo de ganadería extensiva, concentró aún más la propiedad agraria y agudizó el éxodo campesino. En suma, la sustitución de empresarios y campesinos por narcos, paras y guerrilleros significó un retroceso gigantesco. En tales condiciones, haya títulos legales o falsos, si se aspira a la paz, se imponen soluciones inaplazables: restitución de lo robado; y un modelo de desarrollo rural que reoriente el uso de la tierra y redistribuya predios dentro de la frontera agrícola, con miras a la modernización y la equidad.
El ministro Restrepo ha recibido reclamaciones por un millón 300 mil hectáreas; pero denuncia a “segmentos recalcitrantes que quieren poner palos en la rueda de la restitución”. Si también mafiosos y paramilitares se sintieron uribistas, autoridad le asiste al exmandatario para invitarlos a entregar lo usurpado y respetar la vida de sus legítimos propietarios. Paso trascendental hacia la paz que también él buscó.
por Cristina de la Torre | Ago 28, 2012 | Actores del conflicto armado, Agosto 2012, Conflicto interno, La paz, Narcotráfico, Política agraria
Nunca una cortina de humo tan grosera y desproporcionada. En lugar de explicarse por el escándalo del general Santoyo (hoy confeso aliado de la mafia mientras oficiaba como jefe de seguridad del primer mandatario), llegó Uribe al extremo de señalar al presidente Santos como cómplice de las Farc y lo sindicó de adelantar diálogos de paz: “una bofetada a la democracia”, dijo, “una vergüenza”. Acusación que enfrenta el deber supremo de la paz con el recurso a la guerra contra la subversión que a Uribe le había dado fama y poder. Piadosa presentación de la guerra justa que ignoraba, no obstante, la de fondo, aquella de intereses menos nobles enderezada a hacerse, motosierra en mano, con el poder del Estado. Fueron las Farc el enemigo de Uribe y derrotarlas parecía justificarlo todo. Pero ellas fueron también pretexto providencial que le daba carácter político al ascenso violento de nuevos sectores surgidos al calor del narcotráfico. Revuelta social a cuyos agentes en el alto gobierno y en el Congreso Uribe jamás vetó. Antes bien, los defendió en cruzada memorable contra los magistrados de la Corte Suprema que investigaban la parapolítica. Y no porque los togados encarnaran ideales guerrilleros sino porque amenazaban el nuevo poder.
Se rodeó Uribe de “buenos muchachos” y la cima de la seguridad del Estado terminó en manos de la justicia, por andar en tratos con criminales. No precisamente por haber abominado de las Farc. Jorge Noguera, Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo J. Miguel Narváez, el general Santoyo. Y ahora, el general Rito Alejo del Río, condenado a 26 años de prisión por apadrinar crímenes horrendos del paramilitarismo en Urabá, zona donde la contrarreforma agraria del narcotráfico más víctimas cobró. Matanzas archisabidas tras de las cuales condecoró Uribe a este “héroe” de la patria.
Escribe en este diario el columnista Rodolfo Arango que tal vez Santoyo y el círculo más cercano a Uribe hubieran traspasado la línea de la legalidad en pos de un fin que tenían por legítimo: liquidar a la guerrilla. Quedaría así en evidencia “el uso del crimen para combatir el crimen”. Razón no le falta. Mas, si de acabar con las Farc se trataba, no era apenas porque fueran izquierda alzada en armas, sino porque esta guerrilla amenazaba el monopolio de las mafias sobre el negocio de la droga. Las Farc fueron el antagonista funcional de las autodefensas y sus propagandistas interesados en darle vuelo político a una ruda conflagración de tierra arrasada y crueldad inenarrable contra la población civil. Se usó el crimen para combatir el crimen, sí. Y para extirpar toda idea de cambio, así la encarnaran inocentes (caso UP). Pero también para que los criminales justicieros se hicieran amos de territorios enteros, se tomaran poderes locales, colonizaran la tercera parte del Congreso y pusieran su pica victoriosa en plena Casa de Nari. En los conflictos de El Mexicano y de Castaño contra las Farc había menos de lucha ideológica que de rapacidad por el negocio maldito.
Ironía. Uribe es artífice involuntario del proceso de paz que se avecina, pues fue él quien redujo a las Farc a su mínima expresión. Condición necesaria para allanarse a conversar. Un buen comienzo de reconciliación arrancaría por las explicaciones que el ex presidente le debe al país: cómo pudo abrazarse durante tantos años al círculo infecto de sus amigos en el poder, sin romperse ni mancharse. Por qué permitió que parte de la fuerza pública y el DAS persistieran en su alianza con paramilitares, que el Estado democrático perdiera su neutralidad en el conflicto. Un amago de rendir cuentas sería ya la primera velita que se le encendiera a la paz.
por Cristina de la Torre | Jul 31, 2012 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Julio 2012, La paz, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico, Proceso de paz
No es utopía. Ni es rumor. En primicia de El Espectador (7-29), Maria del Rosario Arrázola revela pasos que el Gobierno da en silencio para aproximar la paz con las guerrillas. No hay agenda todavía, dice, pero sí avances concretos y una perspectiva definida para conversar, negociar y buscar salidas políticas al conflicto. A la liberación de sus últimos militares plagiados y la promesa de las Farc de cesar el secuestro político le siguió el Marco Legal para la Paz, que introduciría normas de justicia transicional en un eventual proceso de paz. Ahora se habría iniciado otra fase en cabeza de Sergio Jaramillo, alto consejero del Gobierno, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl. Apuntan ellos a la reconciliación. Otros medios especulan sobre reuniones suyas en Cuba con emisarios de las guerrillas. De otro lado, aporta su experiencia al alto Gobierno el exguerrillero del Farabundo Martí y negociador de la paz en El Salvador, Joaquín Villalobos. En una tal disposición de ánimo, el polvorín del Cauca -a punto de replicarse en otras regiones- bien podría convertirse en laboratorio de paz. La epifanía. Paz anhelada pero diríase incierta, si no aborda un factor determinante en la guerra: el narcotráfico. En el Cauca, éste ha potenciado hasta el paroxismo todos los factores de la guerra. Porque la financia. Y porque enriquece a los amantes del conflicto en medida igual que atenaza entre dos fuegos a los pueblos indígenas, mientras el Estado ignora sus derechos, los excluye y condena a la miseria.
En este departamento las Farc moran desde hace 40 años. Y han derivado en señalado protagonista del narcotráfico. La batalla militar por rearticular su Bloque Central en la intersección de Cauca, Huila y Tolima busca controlar los cultivos ilícitos, laboratorios y corredores de comercialización de la droga hacia el Pacífico. Aunque las Farc reclutan niños indígenas y compran la colaboración de jóvenes milicianos, las comunidades les ponen el pecho y decidieron expulsarlas de sus territorios. En resolución 002 de 2009, el cabildo de Jambaló instó a los dueños de laboratorios a desalojar sus predios, antes de que la guardia indígena lo hiciera por sus propios medios. Así ha procedido en más de una ocasión con la droga, y también con armas y pertrechos de la guerrilla. Los nasa andan en guerra de resistencia pacífica contra la guerra y la droga que la financia. Las Farc han empezado a asesinar a sus dirigentes.
A falta de alternativas económicas, muchos nativos malviven de coca y amapola, como si de cultivos de pancoger se tratara. De allí no extraen ni un salario mínimo. Venden a huevo la cosecha y reservan hoja para mambear, no para producir clorhidrato de cocaína. Envalentonados, guerrilla y ejército y bacrim se pavonean como fuerzas de ocupación que se disputan a muerte el control del territorio, la geografía del narcotráfico. Sin contemplaciones con la población civil, víctima de una guerra ajena. Dizque el ejército y la policía garantizan allá seguridad. Símbolo vacío, pues ni derrotan a la guerrilla ni persiguen el narcotráfico. Para Feliciano Valencia, líder nasa, si el Estado quisiera erradicar la guerrilla y el narcotráfico, le bastaría controlar las rutas por donde suben los precursores químicos y sacan la droga. Ofrece los territorios indígenas y sus comunidades como mediadores en un proceso de paz: “para ponerle fin a esta guerra se requiere que se sienten a dialogar Gobierno, guerrilla e indígenas”. Si se aspira a una paz duradera, a la redención social y económica de los indígenas ha de sumarse la erradicación del narcotráfico. Y que el presidente Santos persevere en su propuesta de despenalizar la droga.
por Cristina de la Torre | Jun 19, 2012 | Conflicto interno, Junio 2012, La paz, Narcotráfico, Personajes
Tras bambalinas, sin ruido, va levantando Santos el andamiaje jurídico, institucional y político de la obra que lo consagraría en la historia: la paz. Contra viento y marea, ha dicho. Pero a cualquier precio. Se propone ganarle adeptos y neutralizarle enemigos, acá y allá, alternando sin escrúpulos políticas de todos los colores. Así, se la juega en el marco para la paz –redención de guerrilleros y militares que delinquieron en la guerra, y despedida al militarismo de la seguridad democrática. Desafía a la mano negra con una Ley de Víctimas que reconoce el conflicto armado, repara a los ofendidos y, en elocuente remembranza de la bandera agraria de las Farc, restituye tierras. Sin embargo, orquesta una reforma a la justicia que es sórdida componenda de poderes para comprar la benevolencia de magistrados y parlamentarios en vista de un eventual proceso de paz. En este gobierno o en el siguiente, que lo será de Santos también.
De paso, la tal reforma no le sirve al ciudadano: en vez de multiplicar los jueces para descongestionar la Justicia, cercena su autonomía, abre las puertas a su privatización y formaliza la segregación de las mayorías que, además, no tendrán con qué sufragar el servicio, como se dispuso ahora. Para este trocar en negocio los derechos fundamentales, ¿no bastaba con el ejemplo macabro de la salud? En ejercicio de “gobernabilidad”, el Gobierno reparte caramelos por doquier. A los magistrados de las altas cortes, aunque envenenados –según Jorge Iván Cuervo- pues extendiendo su período los coopta y mina su capacidad de reacción cuando a defender la independencia de la Rama toquen. A la mayoría de parlamentarios les destraba la locomotora de la corrupción y la parapolítica, y éstos retribuirán con creces: le aprobarán al Gobierno todas sus iniciativas, incluidas la ley estatutaria de paz y la que fortalece el fuero militar. Avance notable del gobierno de Unidad Nacional, si se recuerda que el entonces presidente Uribe se limitó a pedirle a su bancada parlamentaria votarle los proyectos “antes de ir a la cárcel”. Mucha gabela maloliente suplantó el cambio que no daba espera. Hay a la fecha tres millones de procesos judiciales pendientes. Seguirán pendientes y crecientes. Entre 1993 y 2011, el número de procesos creció 300%, y la nómina del sector, sólo 17%.
Como otro pilar del andamiaje de paz, el presidente ha integrado en un ente poderoso instituciones consagradas al asistencialismo, a la reconciliación y la integración regional. Si la semana pasada elevó Familias en Acción a política de Estado, es porque ya este programa era parte del billonario Departamento de la Prosperidad Social, conformado, entre otras entidades, por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad para la Reconciliación y la Unidad de Restitución de Tierras. Para La Silla Vacía, “lo que el Presidente creó fue toda una institucionalidad relacionada con la superación del conflicto”. Enhorabuena.
A falta de verdaderas simientes de paz, por ejemplo estrategias de industrialización y desarrollo (clausuradas para siempre con el TLC); mientras madura en el continente la idea de Santos de eliminar el narcotráfico –motor de la guerra- legalizando la droga, Colombia cifrará sus esperanzas en estos dispositivos institucionales. Le pedirá al Presidente, eso sí, no desnaturalizar políticas como la restitución de tierras con otras de signo contrario. Y en lugar de extraviar la paz en los vericuetos de la componenda con otros, movilizar a la sociedad toda en torno a aquella. Su garantía suprema serán los colombianos en pleno, no la versátil, a veces contradictoria personalidad del Presidente Santos.
por Cristina de la Torre | Abr 10, 2012 | Abril 2012, Corrupción, Narcotráfico
Setenta por ciento de personas encuestadas en Colombia y Estados Unidos no aprueba la guerra antinarcóticos, y el mismo porcentaje rechaza la legalización de la droga. Se reconoce, pues, el fracaso del prohibicionismo armado pero, a la vez, alarma la perspectiva de un mercado libre de drogas en los supermercados. Terceras opciones se abren paso y prometen ventilarse abiertamente, por vez primera en cuarenta años, en la Cumbre de las Américas este fin de semana en Cartagena. Cobra fuerza entre ellas la de marchitar la guerra militarizada y desarrollar en su lugar una guerra preventiva (densa en publicidad y educación). En proceso de reconversión de prioridades que desemboque en la despenalización del consumo, jamás se bajaría la guardia sinembargo contra las siniestras mafias de la droga. Se trataría de invertir las asignaciones de presupuesto: cuanto se le reste al gasto militar en esta guerra deberá sumársele al gasto en salud preventiva. Como ya se ha hecho en Holanda y Portugal, una despenalización responsable, controlada, regulada y evaluada periódicamente –la guerra por otros medios- sería letal para el narcotráfico. Y para vendedores de armas y banqueros que se han forrado con el producido multibillonario del narcotráfico. Se sabe, aunque no se divulga mucho, que grupos financieros, la banca internacional y los paraísos fiscales lavan ese dinero y lo reciclan en inversiones legales, casi siempre en bolsas de valores. Según la ONU y el FMI, el monto de la lavatija se acerca a 400 mil millones de dólares cada año. De no ser por la protección que estas cuevas de Ali Babá brindan a los grandes narcotraficantes, no disfrutarían ellos de las fortunas a sus anchas.
El negocio está en la guerra tal como se ha llevado. En lógica elemental de oferta y demanda, mientras más droga se decomise, mejores precios alcanza ésta en el mercado. Los distribuidores mayoristas lo saben: tasan sus inventarios de droga para regular el mercado y mantener precios elevados. A ello contribuye la persecución, que dispara la rentabilidad del negocio y, pese a sus sermones, no reduce el número de consumidores. En los últimos 31 años de guerra contra las drogas, el consumo se extendió de 44 países a 130. El problema no estriba apenas en el costo monumental de la represión armada, el grueso del cual recae sobre los países productores, sino en la corrupción y la violencia que el narcotráfico conlleva. Colombia sí que sabe de sus horrores. Lleva décadas llorando a sus muertos, los cuenta por decenas de miles, y tiene que habérselas ahora con mafias formidables que se enquistaron en todas las esferas del poder. Mientras tanto, sus gobiernos aceptaron –hasta hoy- que la nuestra era la misma guerra antinarcóticos y contra el terrorismo internacional que a los Estados Unidos se les antojó “de defensa nacional”. Como quien dice que, si abdicamos, se nos condena por cohonestar con el narcotráfico y con el terrorismo.
Nunca se ha ensayado una educación masiva e intensa de la demanda. Pero los resultados parciales son alentadores. Y otras experiencias lo ilustran. Según la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, “la reducción espectacular del consumo de tabaco (…) demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento”. Así lo entendió Estados Unidos tras la entrega del Informe Wittersham sobre prohibición del alcohol, cuando el gangsterismo y la corrupción de la policía hundieron en crisis a ese país. No es, pues, original la alternativa de marchitar la persecución policiva en favor de la prevención. Lo nuevo es el destape que se avecina en la Cumbre para proponer una guerra distinta de la que lleva 40 años favoreciendo a narcotraficantes y banqueros.
