por Cristina de la Torre | Ene 13, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Enero 2015, La paz, Narcotráfico
Terrible disyuntiva. Si el expresidente pierde el tren de la paz, quedará condenado a fungir como referente perpetuo de la caverna, de su incesante levantamiento contra el Estado de derecho y contra el campesinado inerme. Fatalidad trágica para el hombre que acorraló a las Farc hasta forzar el desenlace que acaso no esperaba, pero marcó un hito en nuestra historia: obligarlas a negociar el fin del conflicto. Si en cambio reconoce Uribe la paz como probabilidad cercana y trueca su saboteo por una participación activa en el proceso, sin sacrificar reparos, ganará la gratitud de la mayoría aplastante de colombianos, hartos de la guerra. Aunque guarde todavía las formas meneando el distractor del castrochavismo, aumentan los signos de que él se inclinaría por la segunda opción.
Entre otras sorpresas, ha pasado Uribe de descalificar los diálogos a proponer zona de concentración guerrillera para verificar el cese el fuego. Dos cosas sugiere el cambio de tono: primero, Uribe reconocería que el proceso de paz es irreversible; segundo, se conformaría con que no fuera él su artífice, pese a autoestimarse como único destinatario imaginable de laureles. Tal vez acordada con el propio Uribe, la carta del excomisionado Restrepo en que invita al Centro Democrático a sumarse al proceso de paz para no quedar al margen de la historia ni lamentarse después de cambios que bien pudo ese partido modular, abrió el camino para rendirse a la evidencia: un acuerdo final no se vislumbra a la vuelta de la esquina, pero sí parece inexorable.
Lo dicen acontecimientos que marcan el punto de no retorno del proceso. Como la insólita liberación del general Alzate a poco de caer en manos del enemigo. Alto el fuego unilateral e indefinido de las Farc, su deriva natural en desescalamiento de la guerra y antesala del convenio final. Garantía de acuerdo en el terreno de las armas entre el general Flórez, excomandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y Joaquín Gómez, jefe de la línea militar de las Farc, cuya presencia en La Habana remarca la unidad de esa guerrilla. Y la expresa voluntad de paz de la insurgencia, también fruto de los golpes recibidos: según César Restrepo, del Ministerio de Defensa, en estos dos años de negociación han perdido las Farc 8.530 hombres (2.549 desmovilizados, 5.314 capturados y 667 muertos en combate).
A la carta de Restrepo respondió Uribe sin ahorrar objeciones, pero lanzando propuestas. Entre otras, la de convocar un congresito –versión remozada de su constituyente como alternativa al referendo– para volver a barajar los acuerdos de La Habana. El adalid de la democracia directa cabalga ahora en la democracia indirecta. Si inviable esta propuesta, más fecundas sus advertencias sobre la necesidad de juzgar, condenar y castigar crímenes de lesa humanidad en cabeza de las Farc. Extensivas, diríamos, a los autores de falsos positivos, al paramilitarismo y sus aliados políticos. En materia programática, lejos de desconocer, verbigracia, el acuerdo agrario, deberán las minorías exigir un estatuto de oposición y garantías políticas para que el Gobierno no prevalezca en elecciones a punta de mermelada. Así, todos los partidos debatirían reformas y contrarreformas en igualdad de condiciones y derivarían su fuerza limpiamente de las urnas.
El recurso a la fe ciega, al odio, la iracundia y el miedo van pasando a mejor vida. Ya no es dable sacrificar la paz a la ambición del poder personal. Colombia no quiere otros seis millones de víctimas ni otro medio millón de muertos. Que Uribe se rinda ante la paz, que vierta en ella toda su energía y su poder crítico, no podrá interpretarse como claudicación sino como acto de grandeza.
por Cristina de la Torre | Oct 21, 2014 | La paz, Narcotráfico, Octubre 2014, Uribismo
Ya se habrán dado por notificados: la pesada de los ganaderos, latifundistas de todo pedigrí, parte sustantiva del poder local, narcotraficantes y bacrim andarán apuntalando sus ejércitos antirrestitución de tierras. En la exaltada campaña por perpetuar una guerra que sólo premia a esos señores, el uribismo les espolea la beligerancia allí donde más duele. Dizque descubre en los acuerdos de La Habana un atentado contra la inmaculada propiedad privada en el campo, habida tan a menudo a bala. Sabe, cómo no, que desde hace 80 años la ley permite extinción de dominio sobre tierras inexplotadas; y, desde hace 20, su expropiación por razón de interés social o utilidad pública. Pero tergiversa. Apuesta a dinamitar la paz con el fantasma confiscatorio del comunismo. Más aún, cuando se indigna porque lo convenido “pone en riesgo la democracia” y excusa a las Farc por sus vínculos con el narcotráfico.
Vaya, vaya. Cuánto patriotismo, cuánta integridad moral, cuánto sentido del honor. Como si no hubiera sido el propio gobierno de Uribe el que puso esta democracia al borde del abismo, bajo la bota de un Estado policivo. Como si entonces no hubieran alcanzado el Estado y sus socios paramilitares cotas inéditas de terror contra la población civil, expulsión en masa del pequeño campesinado y su expropiación violenta comprendidas. Como si el 88% de las 6.000 denuncias por falsos positivos en los últimos 16 años no correspondiera a ese período de gobierno.
Acaso en los intentos de Uribe por dialogar con las guerrillas pesara tanto la voluntad de acercarse al enemigo como el imperativo de encubrir su prodigalidad con el paramilitarismo. La negociación de Ralito se brincó a las víctimas, elevó los crímenes de paras y narcos a categoría de delito político y fue irónico colofón de la sangrienta contrarreforma agraria que ellos ejecutaban. Asociada al Estado, esta fuerza exterminadora colonizó áreas cardinales del poder público y ocupó el 35% de las sillas del Congreso. Se reclamó bancada parlamentaria del uribismo y su mentor, lejos de desdeñarla, la abrazó. En alarde autoritario que entronizaba en Colombia la democracia plebiscitaria de Chávez y Fujimori, Uribe persiguió a la Corte Suprema de Justicia y la llamó instrumento del terrorismo. Doble era su propósito: primero, debilitar la independencia de poderes, que es prenda de democracia; segundo, desconceptuar al tribunal supremo que juzgaba a sus congresistas, 60 de los cuales cayeron en manos de la justicia.
Por lo visto, no le asiste al uribismo autoridad para erigirse en heraldo de la democracia y las buenas costumbres. Pero la temeraria oposición del expresidente a la paz mientras se conocen sus esfuerzos por negociarla con la insurgencia, suscita interrogantes. Férreo defensor de un modelo anacrónico para el campo, en la inminencia de una reforma rural, ¿apunta Uribe a dar alas al rearme pleno de la ultraderecha violenta si decidiera ella jugársela por sus tierras inexplotadas o malhabidas? ¿Se insubordina contra la ley vigente y quiere revivir la Violencia con que respondió el latifundismo a la Ley de Tierras de López Pumarejo? O bien, sabedor de que paz con fisuras no será paz, ¿estará reclamando espacio decisorio en el proceso de negociación? Conjetura plausible si se recuerda la generosidad de sus ofertas a las Farc: despeje militar, cese bilateral del fuego, negociación de paz y reforma que le permita a la guerrilla llegar al Congreso.
La disyuntiva sigue siendo dramática: guerra o paz.; y su pepa, la tierra. Un paso de gigante se habrá dado si el uribismo comprende que ya ni la guerra evitará una mínima redistribución de la propiedad en el campo. Que ya no es dable la república de la motosierra.
por Cristina de la Torre | Jun 18, 2013 | Junio 2013, Narcotráfico
Ni abnegada redentora del pueblo, como se presentan las Farc en sociedad; ni cartel puro de narcotraficantes, como tantos lo quisieran. Menos romántica que pragmática, esta guerrilla aunó por décadas la idea de revolución al negocio de la droga, su fuente de financiación. Los cultivadores de coca fueron a la vez base social y retaguardia militar proveedora de combatientes de las Farc. Pero la ofensiva de las Fuerzas Militares en esta década rompió el laso entre comandantes guerrilleros y raspachines, para lanzar a más de un jefe de frente al negocio del narcotráfico. Acaso, enriquecidos, prefieran éstos marginarse de un acuerdo de paz que les desfonde el tonel de oro y cocaína donde se sientan hoy. Tome nota a tiempo la Mesa de La Habana. Aunque anden las Farc tan metidas en el negocio maldito como metidos andan los banqueros en el lavado de sus activos, paz no habrá si la negociación deja aquellos cabos sueltos. Pasó con los 32 mil paramilitares que se “desmovilizaron” para reencarnar en bacrim, porque en Ralito no se obligó al desmonte de sus estructuras militares y negocios. Si se repite el error –ya lo advierte Fernando Londoño-, parte sustancial de las Farc derivará en farcrim. Y la violencia seguirá.
Gustavo Duncan y Juan David Velasco demuestran en Razón Pública que las Farc no deben su supervivencia exclusivamente al narcotráfico o a su ideología marxista. Si la tradición comunista organizó al grupo armado como guerrilla, la droga le suministró recursos y apoyo social. Tuvieron las Farc territorio, población, capital y fuerza armada, condiciones suficientes para escalar la guerra. Vienen a la memoria nuestros militares-hacendados del siglo XIX con sus peonadas de labriegos-electores-soldados de sus guerras. Pero la guerra terminó ahora por fracturar la alianza de idea comunista y economía cocalera. Campos minados, bombardeos, erradicación de cultivos, migración creciente de raspachines hacia minas de oro y rabia de la gente con la arrogancia de comandantes citadinos ajenos a las querencias del campesino alteraron el escenario de esa alianza. La vieja comunidad de colonos perdió poder de mando en la guerrilla y ésta se le volvió un lastre. A la defensiva, tornaron las Farc a la guerra de guerrillas, el Estado penetró sus zonas de influencia y la retaguardia cocalera perdió valor estratégico para la guerrilla.
Con el caso de la comandante Mayerly en el Frente 21 del sur del Tolima ilustran nuestros autores la complementariedad de comunismo y narcotráfico, y su resquebrajamiento final. Pobre en finanzas, el 21 vivía de otros frentes dedicados al narcotráfico. Pero rico como símbolo político, heredaba el prestigio de cuna de las Farc y último refugio de Cano. Asediada, la muerte de su marido en bombardeo precipitó el viraje de Mayerly: por sospechas y para repudio general, mandó matar a 16 líderes de Acción Comunal. Como sus zonas de retaguardia flaquearan, se rompió el contacto con otros frentes y, con ello, el flujo de recursos. Entonces acudió a extorsión masiva en las localidades. Conclusión: mientras el frente 21 se financió con coca de otros frentes pudo agitar la idea de revolución campesina. Ahora priman la extorsión y el narcotráfico en núcleos amplios de las Farc. Insight Crime sostiene que, de consuno con bacrim, las Farc ganarían hasta mil millones de dólares al año por este concepto.
Un acuerdo de paz no liquidará el narcotráfico, pero sí podrá comprometer a las Farc a desactivar los núcleos del negocio en sus filas. Y catapultar, en su lugar, una economía campesina asociada a la agroindustria, mientras se vira hacia la despenalización de la droga. Alternativas preferibles al contrasentido que hermana coca y revolución.
por Cristina de la Torre | May 7, 2013 | Internacional, Mayo 2013, Narcotráfico
Sorpresa. Cuando la mesa de La Habana se aboca, sigilosa, a discutir la inmersión de las Farc en el narcotráfico, provoca Obama un timonazo en política antidrogas capaz de definir la suerte de la paz en Colombia. Pero si también nuestro país lo da. Ni legalización súbita ni represión a ultranza, aquel mandatario inaugura un estadio de transición: cuanto se vaya mordiendo al presupuesto militar contra las drogas se traslada a educación, prevención y tratamiento de adictos. Que no es idea en el aire sino política en ejecución lo prueba un primer incremento de 16% en presupuesto para la nueva opción. Es paso inicial en el desmonte paulatino del fracasado prohibicionismo, la mira puesta en la despenalización regulada del consumo. Salud pública y seguridad ciudadana que “todos los países deben considerar” es la divisa. Si el mundo la acoge y reconoce su buen éxito allí donde ya la aplican, será la agonía del negocio.
Colombia vería derribarse su más formidable barrera contra la paz, pues se secaría el surtidor de la gasolina que mueve el motor de la guerra. Surtidor que Uribe no cerró en Ralito cuando (¿ingenuo?) confió la refundación de la patria a mafiosos que pasaban por autodefensas. La “nueva” patria fue apenas refrendación ampliada del narcotráfico y su inclemencia sangrienta. Lección robusta para el gobierno que hoy negocia la paz con las Farc, y que Fernando Londoño rescata, aunque impúdicamente salpicada de flores al asesino Carlos Castaño. Pero de La Habana se esperaría, con mucho, un compromiso taxativo de las Farc para abandonar el narcotráfico. Y del Estado, para pedir cuentas también a los otros beneficiarios del engendro: a los banqueros y empresarios que se lucran del lavado de activos; a los usurpadores de lo ajeno en el campo, políticos comprendidos, redoblando la ofensiva en restitución de tierras; a tantas manzanas de uniforme.
Mas el verdadero apretón vendría de cooptar al punto la estrategia de quitarle el oxígeno al narcotráfico: reemplazar paso a paso la prohibición –que es lo que valoriza el negocio- con prevención. Ya Bernardo García proponía en su libro Colombia Insólita radicalizar la lucha contra las drogas, pero no por la vía de la represión, sino mediante prevención, educación y cura sanitaria. Transfiriendo partidas crecientes del presupuesto de un rubro a otro durante varios años. “Se cambiaría de sitio y de oficio un montón de plata y a un montón de gente”, dice. Pacto de paz habrá, probablemente. Mas si no se le suma el marchitamiento de la prohibición, las Farc derivarán en Farcrim. Y la violencia seguirá, movida por el incentivo multimillonario de la droga.
En este negocio global, una golondrina no hace verano. Desde luego. Pero Estados Unidos no es cualquier golondrina. Potencia promotora de la nefasta interdicción, hoy encabeza no obstante el viraje que América Latina reclamaba a gritos desde los despojos de sus cientos de miles de muertos. Volvió a oírse el coro de mandatarios de Centroamérica y el Caribe la semana pasada, con ocasión de la visita de Obama. Se había adelantado él a replantear la interdicción, sin lo cual fracasaría su propuesta de integración comercial con los 12 países del litoral Pacífico.
Mucho significa el respaldo de ese gobierno y de 62 de sus congresistas a nuestro proceso de paz; y el anuncio de que reorientará su ayuda hacia inversiones de paz y no ya de guerra. Póngale Obama acelerador a la nueva estrategia antidrogas. Y súmese Santos, cuanto antes, al marchitamiento de la prohibición. Perspectiva crucial del post conflicto, cuya puerta ha abierto inesperadamente Obama.
Coda. ¿Ya sabe la Justicia quién atentó contra Ricardo Calderón, y por orden de quién?
por Cristina de la Torre | Sep 18, 2012 | Conflicto interno, La paz, Proceso de paz, Septiembre 2012
Ni la revolución ni nuevo pacto social, como lo pretendieron en el Caguán. Hoy no pueden las Farc negociar sino ajustes a lo que nuestra precaria democracia ofrece: ampliar la arena de la política legal, de modo que desmovilizados, minorías, opositores y el movimiento social puedan batirse por el desarrollo y la equidad en condiciones de igualdad con los partidos que acapararon siempre todas las ventajas. Para comenzar, que los exguerrilleros puedan convertirse en fuerza política y participar en las elecciones de 2014. Este proceso presenta dos momentos nítidamente diferenciados, y confundirlos dará lugar a maximalismos paralizantes. Una es la negociación que se ha emprendido, enderezada a desactivar el conflicto armado. A lo cual las Farc ofrecen por vez primera en medio siglo dejar las armas. La otra etapa, prolongada, laboriosa y que demandará el concurso de todos, será la de construir la paz: desactivar el conflicto social, hijo de la desigualdad que registra Colombia, sin par en el mundo entero.
Hacia allá apuntan la restitución de tierras y el proyecto de Desarrollo Rural, cuyo alcance –ha dicho el ministro Restrepo- desbordaría el de la Ley 200 de López Pumarejo. Que no serán graciosas concesiones a la guerrilla lo indica el hecho de que la restitución venía ya en marcha, aún contra despojadores de las Farc. Por su parte, la ley de desarrollo para el campo se cocina desde hace dos años y coincide en mucho con el programa agrario de las Farc. No le dará trabajo, pues, refrendarla en la mesa de diálogo. De otro lado, se estudian garantías de participación y elegibilidad políticas sin riesgo de exterminio: un código electoral que modere el porcentaje de votos necesarios para sobrevivir como partido, un estatuto de oposición que asegure medios de acción política equitativos. Si se trata de crear nuevos espacios de participación -señaló el ministro del Interior- “habrá que pavimentar el camino”. Nadie deja las armas si no puede buscar el cambio por la vía política.
Controversia mayor suscita el Marco para la Paz, porque introduce medidas de justicia transicional en favor de los desmovilizados. Para el fiscal Montealegre, este instrumento puede ser “una amnistía condicionada incluso para graves violaciones a los derechos humanos”. No habría impunidad, advierte, pero tampoco cárcel. Grave dilema, pues nadie querrá cambiar el fusil por la prisión. La Comisión Asesora de Política Criminal considera que ese instrumento restaura el delito político, eliminado por el uribismo; que rescata la dimensión política del conflicto armado; que dar tratamiento privilegiado a delitos como el de rebelión despejaría el camino a procesos de desmovilización y reconciliación.
Esta vez la relación de fuerzas política y militar favorece al Gobierno y es él quien lleva la iniciativa. Por eso pinta rosada la esperanza de arribar a buen puerto. Tras un trámite expedito que podría culminar en un paquete de reforma rural y política sometido a referendo, la paz adquiriría toda su legitimidad. Pero un peligro se cierne sobre el proceso: que jefes militares de las Farc como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, cabezas del Bloque Sur (metido en la droga), desconozcan las decisiones de los actuales negociadores. Éstos harían política, mientras que el ala militarista derivaría en Farcrim. ¿Ruptura de las Farc? Como la agenda abordará también sus vínculos con el narcotráfico, ¿habrá contemplado el Gobierno la eventualidad de negociar en una mesa sin vocero de la fracción comprometida en el negocio? Acaso diga que a quien ejerce violencia se le liquida; y con quien hace la guerra se negocia para que pase de las balas a los votos.
