por Cristina de la Torre | Abr 10, 2017 | Abril 2010, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Modelo Político, Narcotráfico
Hace bien el Presidente en denunciar el armamentismo de Chávez, proyectado sin duda como una máquina de muerte contra Colombia. Pero también Uribe practica el suyo, de puertas para adentro. Por acción y por omisión. Porque anverso sombrío de su exitosa seguridad ha sido la militarización de la sociedad y un aliento a la militarización de los espíritus. Gusto por la guerra que ya bebía en la fuente del narcotráfico, del paramilitarismo y la guerrilla, claro, pero halló nuevos bríos en la gestualidad pendenciera del mandatario más popular en mucho tiempo. Si tras una inversión militar sin precedentes siguen operando los ejércitos paralelos, difícil será valorar cómo ha incidido aquel discurso subliminal en el desmadre de la violencia entre civiles.
17.000 homicidios se cometen con arma de fuego en Colombia cada año, casi todos a manos de civiles. En Inglaterra son 600. Cifra colosal la nuestra, que coloca en primer plano la discusión sobre el desarme de civiles, como condición ineludible de la seguridad. Opción contraria a la de armar gente –a universitarios informantes, verbigracia- dizque para fortalecerla. En Colombia hay 1.043.000 armas de fuego legales en poder de particulares. Circulan muchas más, hechizas, fabricadas en la sombra o ingresadas de contrabando. Este arsenal aterroriza a la ciudadanía, multiplica la violencia, mina el desarrollo y obstaculiza el camino de la paz. 81% de los crímenes cometidos en 2009 se ejecutaron con arma de fuego. En Cali, la proporción fue del 94%. La mayoría de estos homicidios fue perpetrada por particulares, no por grupos armados. Aunque éstos terminaron por convertirse en referente ético y pragmático de miles de colombianos para quienes la violencia se ofrece como única oportunidad de supervivencia y de valía.
En la recomposición de los mercados del crimen, miles de jóvenes siguen el rastro de cuanta organización enseñó que matar paga, limpiar el vecindario de “indeseables” da prestigio, accionar un arma certifica la hombría y confiere poder. Con más veras aprietan el gatillo si el mensaje oficial reza todos los días que la fuerza es el medio único y supremo de superar el conflicto, que dialogar es apaciguar. Efecto de simplificación, la verticalidad del Gobierno frente a la guerrilla se distorsiona en divisa cotidiana de violencia por temor a “quedar como una nena”. Sambenito frecuente entre jóvenes de una comuna de Medellín.
Para ampliar los controles sobre el porte y tenencia de armas, la Coalición de Ciudadanos por el Desarme de civiles presentó en 2007 un proyecto de ley avalado por 1.800.000 firmas. Este congreso admirable ni siquiera discutió la iniciativa. Ni se enteró de que las campañas de reducción del porte de armas en Bogotá se tradujeron automáticamente en una reducción proporcional de homicidios. Productores, contrabandistas de armas y las compañías de seguridad privada –que no andan propiamente desarmadas- son los primeros en rechistar. Si extranjeras, muchas de esas firmas incorporan mercenarios que escapan a la ley colombiana y gozan de inmunidad diplomática. Si nacionales, otras tantas están integradas por miembros de AUC desmovilizados que prestan vigilancia privada y, a menudo, servicios de inteligencia.
Está visto que la guerra por sí sola no conduce a la paz. Hay que desarmar a los civiles, no sólo a los ejércitos ilegales, y devolverle al Estado el monopolio de la fuerza. Además, reorientar la seguridad revalorizando la justicia e ideando un modelo económico de crecimiento con empleo y verdadera seguridad social. Decisivo será el desarme de los ciudadanos y de los espíritus. Y reconocer más valentía en el llamado a la paz de doña Emperatriz de Guevara que en tanto pantalonudo segando vidas inocentes.
por Cristina de la Torre | Abr 3, 2017 | Abril 2017, Corrupción, Narcotráfico
No es casualidad. El protagonismo de Popeye en una marcha anticorrupción presidida por políticos con prontuario parece una charada; pero denuncia el último tentáculo de las castas de siempre (ampliadas con emergentes) para reinar, apropiarse de lo público y enriquecerse con la guerra: el narcotráfico y la impiedad de sus ejércitos. Instrumento de la hora para mantener el control sobre la tierra y suplantar a la Justicia, no brillan estos ejércitos privados por su originalidad; que pertenecen ellos a nuestra más rancia tradición. Lo nuevo es la “democratización” de la corrupción por la vía del narcotráfico. Sacudida que no disuelve del todo jerarquías pero convierte a los políticos de provincia en mediadores de las regiones con el poder central; y abre canales de ascenso a vastos sectores de marginados y excluidos en un país que moderniza su economía pero preserva relaciones con tufo a sociedad colonial. Mas la corrupción no sólo se democratiza. También se diversifica, a veces en las mismas manos. Un personaje de la entraña uribista como Otto Bula trata presuntamente con paramilitares para hacerse con 3.000 hectáreas; y a la vez habría entregado coima de la multinacional Odebrecht a la campaña del presidente.
De la anunciada confluencia entre líderes de la manifestación y el sicario de Pablo Escobar que carga con 3.000 asesinatos no puede inferirse sino afinidad de intereses y valores pues, salvo Marta Lucía Ramírez, ninguno de ellos lo objetó. Uribe, Ordóñez, Londoño, Pastrana, Henrique Gómez, el temible pastor Arrázola guardaron silencio. Y la senadora del CD Paola Holguín la justificó por ser aquel matón ciudadano con derechos. Crisol de extremistas, en el uribismo puede lo mismo un expresidente amenazar con romperle a otro la cara, marica, o manosear la idea de patria, que un ser abominable como Popeye armarse de “valor patriótico (contra la corrupción) y gritarle ladrón al ladrón y rata a la rata”. Uno y otro parecen gobernados por el mismo patrón de conducta, por el mismo lenguaje soez que naturalizó el discurso de la violencia.
Sostiene Eduardo Lindarte en Razón Pública que la raíz de la corrupción descansa en la jerarquía de castas y su exclusión racial y social que nos viene de la Colonia. En vez de una moral colectiva, solidaria, imperan entre nosotros relaciones de dependencia personal, con sus corolarios de elitismo y sentido de privilegio que les da a los estamentos superiores licencia para burlar la ley. En los estratos inferiores, la corrupción responde a la búsqueda de las oportunidades que la sociedad les niega. Diríase que mutó la lealtad y ahora se le profesó al nuevo patrón.
Sobre ese presupuesto floreció el fenómeno redistributivo del narcotráfico. Este sobornó a políticos, jueces, funcionarios y uniformados. Allí donde gobernó impuso seguridad y orden con puño de hierro, pero regó dinero entre los olvidados que tuvieron entonces moto y celular y negocio propio y, los más avisados, metra corta. Miles de muchachos se sintieron “gente” al acertar el tiro contra la víctima del día, tras encomendarse a la Virgen para no fallar. Se generalizó la mentalidad del todo-vale y un pragmatismo amoral disparó la convivencia con la ilegalidad y el crimen. Con el narcotráfico hicieron negocio las élites y salieron del purgatorio muchos excluidos. Su gran beneficiada, la clase política.
Nuestra derecha apunta al poder en 2018 con ardoroso apoyo del rey del sicariato, que así se la juega por culminar su ascenso en la política. Momento de transparencia involuntaria que la democracia agradece. Porque mueve a las mayorías hartas de narcotráfico, corrupción y violencia a unirse en el proyecto de construir un país distinto.
por Cristina de la Torre | Sep 20, 2016 | Narcotráfico, POR FECHA, POR TEMA, Septiembre 2016
Acaso por un cansancio de guerra –que aflora a los primeros coquitos de paz– va limando la ciudadanía el lenguaje contumaz que se apoderó de este país arrojado al deschavete y la violencia. Tono y palabras van cambiando en parcelas enteras de la sociedad, conforme se acerca el momento de decidir si parar el conflicto o perpetuarlo. Si parar o perpetuar el discurso de odio, venganza y crimen que el narcotráfico generalizó y algún expresidente adoptó como estética de guerra; como la guerra por otros medios, diría el marxista. No es poca cosa. En la nueva atmósfera que empieza a oxigenar el debate marca pauta el timonazo de los jefes enfrentados un día en la contienda. Llámese presidente Santos, cuando reconoce responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP. Llámese general Mejía, cuando exclama ante su tropa que la paz es la victoria. Llámese Timochenko, cuando declara ante la suya que la mayor satisfacción de las Farc es haber ganado la paz. Llámese Pablo Catatumbo quien, “con humildad sincera” y bañado en lágrimas, les pidió perdón a las familias de los diputados que su guerrilla asesinó. Pero pesa, como nada, el reclamo airado de esas víctimas a sus victimarios, preludio de su disposición al perdón. Colorida pincelada del fresco que podrá ser una Colombia reconciliada.
Una Colombia ajena al modelo ético que Medófilo Medina califica como contrarrevolución cultural: “emanaciones tóxicas de la guerra sin reglas y de la violencia difusa” que invadieron la cultura colombiana. Sus elementos, mentalidad y conducta marcados por el todo vale; pragmatismo amoral; violencia en las relaciones personales, de buen recibo en todas las clases sociales; culto al militarismo estatal, insurgente o paramilitar; revanchismo y la mentira como norma en el debate político; invasión de la estética del traqueto, e íntima convivencia de valores de muerte y de legalidad. En tal exaltación de la doble moral, el país denigra más de las Farc que de su émulo en violencia, el narcotráfico. Tal vez porque fue este pródigo con los excluidos. Y no por caridad cristiana. Atentos solo al pragmatismo del negocio y su estela de muertos, irrigaron los narcos dinero acá y allá, con lo que abrieron compuertas de poder y ascenso social a los siempre segregados por una oligarquía despótica y sin méritos.
Recuerda Duncan que, además, en lejanías abandonadas de la patria, ofrecieron los narcotraficantes el orden y la protección que las comunidades demandaban. Así, la organización de la violencia privada canalizó el ascenso de los olvidados. Y, súbitamente, se transformaron las jerarquías sociales, la división del trabajo y la distribución de la riqueza. Mafias y señores de la guerra se tomaron el poder local. Tras ellos, los grandes beneficiarios: parte de la clase política y señorones divinamente que blanqueaban el dinero en operación de profilaxis regada con un whiskicito, ala.
Aquella revolución social lo fue también estética y moral. Y sin fronteras. Un matoneador del profesor Daniel Segura Bonett, estudiante de Los Andes, cuenta cómo se burlaban de Segura en el colegio hasta que se ponía “rojo” de indignación. “A la cara roja que vieron quienes pasaban por la calle cuando Daniel se votó (sic) desde su apartamento y dejó pintado el piso de sangre […] nosotros todavía teníamos tiempo para vivir, así que decidimos reír otro rato”.
Moral de alcantarilla, desalmada, en los escenarios más exclusivos.
Vencer la guerra este 2 de octubre será empezar a derrotar también patrones de comportamiento prestados por un conflicto envilecido, despiadado, que se expresa todos los días en el lenguaje traqueto que naturalizó el discurso del horror. Primer paso para lograrlo, votar Sí
por Cristina de la Torre | Feb 8, 2016 | Corrupción, Febrero 2016, Impunidad, Narcotráfico, Política económica
Si Colombia fuera país medianamente civilizado, ¡ay!, andarían tras las rejas sus hordas de ladrones de cuello blanco. No bien nos enteramos del mayor escándalo de corrupción en la historia del país –sobrecostos de $13 billones en Reficar causados por una firma gringa con aval de Ecopetrol durante los gobiernos de Uribe y Santos– cuando salta otra liebre de bíblico tamaño. Denuncia el Auditor General que la mitad de los $120 billones del presupuesto regional en 2015 se ejecutó por contratación directa. A dedo. Entre gavillas de gamonales, políticos y contratistas que así se manduquean, muertos de risa y en la complacencia de sus huestes, el dinero de los colombianos reservado a salud, educación y gestión pública. Y la oposición, llamada al control del Gobierno, neutralizada en los pecados de su propio pasado.
Acostumbrados como estamos al grotesco, nos pasan de largo desafueros que en las democracias derriban gobiernos y dignatarios de primer orden. Un presidente de Corte Constitucional que mancilla el honor del cargo, atornillándose en él cuando se le sorprende en supuestos tratos de tierras con asesinos. Un ministro de Hacienda que repite carteras acá y allá, y hasta aspira a Presidente, tras protagonizar el escándalo de Dragacol. Un Congreso integrado en porción sustantiva por la parentela de parapolíticos condenados por los jueces. Y, entre una nube de granujas impresentables educados en universidades de élite, los Nule, saqueadores de Bogotá que dejan una deuda, perdida, de $2,2 billones.
Hubo en Reficar feria de contratos, lucro cesante y desplome de la rentabilidad esperada. Botón de muestra en los estrafalarios sobrecostos: un contrato de servicio de andamios se tasó en $23 millones y terminó en $8.615 millones. Todo ello, contra las finanzas de la Nación. Fue “una compleja estructura delincuencial”, se dijo en órganos de control. Por su parte, la contratación a dedo en municipios y departamentos es puerta abierta al robo de los recursos públicos. En salud, aquella aumentó 81% el año pasado. Y el ministro ahí. Según el Auditor General, se ha creado una malla empresarial de contratistas que reúne firmas temporales para concentrar los contratos del Estado en “distintos” proponentes que resultan ser el mismo. Las mallas son hoy siete y, gracias a ellas, una empresa agrícola puede terminar construyendo vías. En suma, tres familias acaparan la contratación pública.
En tal cuadro de poder patrimonial propio de república bananera, donde el narcotráfico consolidó la hegemonía de las viejas élites y catapultó su alianza con las nuevas, poca esperanza ofrece la oposición. Tras ocho años de conceder franquicia a una corrupción desbordada, carece el Centro Democrático de autoridad moral para señalar a nadie con el dedo. Si maniatada la oposición de derecha para estos menesteres, tampoco la de izquierda que el Polo encarna exhibe credenciales para cuestionar con todas las letras estos desafueros. En su ardorosa defensa del alcalde que entró a saco en las arcas de la capital, corregida a la hora de nona, menoscabó el Polo la credibilidad de sus dirigentes en debates memorables. Como el del brillante senador Robledo contra la ley Zidres.
Recursos archisabidos para contrarrestar la ladronera: depurar partidos, Congreso y administración pública; desmontar el negocio del narcotráfico, motor de la corrupción, legalizándolo. Pero no será cosa fácil. Entre tanto, da la ciudadanía pasos hacia el escenario primigenio de la democracia moderna: la calle. Para exigir de viva voz justicia contra la minoría de malhechores que paraliza a Colombia en el atraso y quiere proyectar sobre todos los demás el estigma del ladrón.
por Cristina de la Torre | Ene 20, 2015 | Conflicto armado, Enero 2015, Narcotráfico
Ni los guerrilleros fueron presa inocente de una oligarquía agraria rapaz y violenta, ni ésta, mártir del terrorismo. Abundan en ambos frentes los que fueron a la par víctima y victimario. Verdad insoslayable que ya esclarecerán los historiadores encargados por la mesa de diálogo para estudiar orígenes, factores y responsables de la guerra. Su diagnóstico arrojará ricos insumos para modular parámetros de justicia transicional aplicables tanto a jefes guerrilleros como a sus recíprocos de la contraparte, en el entendido de que fue el pueblo inerme el que puso la mayoría de muertos. Las víctimas del conflicto en treinta años son 6,8 millones. Último botón de muestra, las madres de 43 inocentes torturados y asesinados por paramilitares al mando de Castaño hace veinticinco años en Pueblo Bello, Antioquia.
Una entre miles de masacres perpetradas por ejércitos del narcotráfico, en cuya virtud una riada de criminales se hizo con el poder político en regiones apartadas del país. Como lo prueba el libro de Gustavo Duncan, Más que plata o plomo, el poder político del narcotráfico, la nueva clase de malhechores concertada con políticos prevaleció allí por la violencia, regando dinero de la droga y creando instituciones de poder que la elevaron al gobierno. El libro permite auscultar nuevas entretelas de nuestra historia reciente, en el narcotráfico, palanca del conflicto armado.
Según nuestro autor, apuntalado en el crimen y en respuesta a las necesidades de los excluidos, el narcotráfico rescató de la pobreza a amplios sectores de la sociedad y los integró a mercados globales. Se impuso allí donde faltaba o flaqueaba el Estado: cobró impuestos, administró justicia, llenó los vacíos de seguridad y protección, y suministró ingresos a la pobrecía. Pero también la sometió a su dominio por las armas, en lo que no ahorró despojo violento de la tierra. Se sacudió el orden social: las jerarquías sociales fueron otras, otras la división del trabajo y la distribución de la riqueza. Y surgieron nuevas instituciones de regulación social. Mafias y señores de la guerra fueron ahora la autoridad.
Las élites tradicionales se les unieron y aportaron a la alianza su mediación ante el Estado y ante las élites del centro, para proteger el negocio de la droga y sus ejércitos; en contraprestación, el narcotráfico financió al notablato local. Así, el dominio de los paramilitares se extiende a la clase política, gran beneficiaria del poder cifrado en el narcotráfico. Un nuevo orden emerge, donde criminales, políticos, agentes venales del Estado y empresarios que lavan capitales se instalan en la cresta de la jerarquía social.
Pero el ascenso político del narcotráfico se ata también a la amenaza de las guerrillas marxistas que controlaban la producción de coca y se dieron al secuestro de narcos, sus antiguos aliados. Hubo guerra. La ganaron los narcos que, además, se apropiaron las rentas de la descentralización ampliada en 1991. Si bien en comunidades aisladas predomina la coerción de la guerrilla y los señores de la guerra, a partir de 2002 el Estado repliega a las Farc de nuevo a zonas de colonización, y las autodefensas deben negociar su desmovilización.
Este nuevo orden en la periferia se yuxtapuso al existente: un autoritarismo sanguinario, sobre una república rural que ostenta la mayor concentración de la tierra en el mundo. Paz habrá, pues, no sólo cuando Estado y ciudadanía prevalezcan en todo el territorio con poder legítimo sobre usurpadores de fusil y motosierra, sino cuando se instaure en Colombia una democracia con justicia y equidad. Primer paso, que los victimarios de todos los bandos reconozcan su papel en la guerra y acepten el veredicto de una Comisión de la Verdad.
