por Cristina de la Torre | Ene 22, 2020 | Narcotráfico, Paramilitarismo
Entre narcotraficantes, paramilitares, usurpadores de tierras, mineros del oro, elenos, disidentes de las Farc y políticos que monopolizan el poder local medran los determinadores del genocidio que decapita a las comunidades en los territorios tenidos por objeto primordial de la paz. Indeseables les resultan los programas de posconflicto porque estorban sus negocios, su disputa del territorio y el control de la población. Sustitución de cultivos, restitución de tierras, curules para las víctimas del conflicto, participación comunitaria en la planeación del desarrollo regional e inversión social en grande para remontar la miseria, amenazan el estado de violencia y de abandono que empodera a aquellos sectores. Pero el Gobierno sólo ve a los gatilleros que se pavonean a menudo en la solapada indiferencia del Ejército. No busca a sus contratistas, a los autores intelectuales de la masacre.
La mitad de los 22 líderes asesinados en los 17 primeros días del año eran campesinos comprometidos con la erradicación de cultivos. Los otros, reclamantes de tierras usurpadas, miembros de Acción Comunal, defensores de Derechos Humanos y del ambiente, aspirantes raizales al gobierno de su municipio. Tras mucho ruego al Gobierno, va el Presidente a Tumaco. Pero, presa de su propia impostura publicitaria, humilla a la gente; y acaba de cerrarle el horizonte. Reparte dulcecitos de mermelada entre los niños, de a uno, ante las cámaras, mientras sus padres arman como pueden el joto de la huida, para sumarse a la marcha de los 4.000 desplazados del municipio. Muchos de ellos pertenecen a las 17.000 familias que erradicaron a mano sus siembras de coca, se quedaron esperando las inversiones del Gobierno en los productos sustituto… y tuvieron que volver a la coca. El Presidente anunció que fumigará esos cultivos en Tumaco. Su proyecto de aspersión con glifosato marcha raudo.
Al parecer, la “paz con legalidad” del Gobierno significa también inacción, complaciente impotencia frente a los gestores de la violencia que azuela a las comunidades y sus voceros, panacea de todos los advenedizos armados que trabajan para los poderosos de ayer y de hoy. O para su propio peculio, como es el caso de neofarcos y elenos. Leyder Palacios, víctima de las Farc que en Bojayá perdió a toda su familia, líder de su comunidad, denuncia la presencia en su territorio de 600 hombres de las Autodefensas Gaitanistas, 100 del ELN y connivencia de la Fuerza Pública con los paramilitares. No le da crédito el Gobierno y Palacios replica: los únicos que no se dan cuenta de la incursión de los paras son las Fuerzas Militares.
Ausente el Estado en los territorios, ausentes las extremas de izquierda y derecha (ELN y uribismo duro) en el Acuerdo de Paz, más por pragmatismo que por ideología, azuzan estas fuerzas la nueva violencia. Una andanada mortal contra las comunidades que trabajan por la paz. He allí el patrón común de la masacre de sus líderes: resistencia a la implementación de la paz. Votos por volver a la guerra, para seguir cosechando en la refriega. Y ésta renacerá si los autores intelectuales de la matanza de líderes siguen en la impunidad.
Camilo González, director de Indepaz, propone un pequeño Plan Marshall para los territorios más afectados por el conflicto. Cerrar un gran pacto democrático por la vida entre el Gobierno y todas las fuerzas políticas, parte del cual será el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Invita a reconocer la disposición de paz de las comunidades. A abandonar el tratamiento de los territorios como zonas de guerra. Y la creencia de que la matazón de líderes se resuelve militarmente: la solución será social y política, o no será.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2019 | Julio 2019, Narcotráfico, Política agraria
A todo Goliat le llega su David. Y ocurre a veces que, si al pequeño lo asisten buenas razones y voluntad de hierro, podría ganarle al gigante la partida. Este David es hoy Camilo Romero, el gobernador de Nariño que se declara en rebelión contra el descabellado plan de Duque de bañar en glifosato los sembradíos de coca, con grave riesgo para la salud del hombre y del ambiente. Y con pérdida de ingentes recursos públicos. Se la juega el mandatario regional contra la aplanadora de violencia física y económica dirigida al eslabón más frágil de la cadena del narcotráfico, los cultivadores de coca. Probado en mil batallas, lanza Romero en su tierra –primer productor de la planta– un plan piloto que suprimiría “hasta el último metro” del cultivo. Por concertación con las comunidades de cocaleros que, en lugar de erradicación forzosa y veneno, contemplarían cultivos alternativos avalados por el Gobierno. Tal como lo hizo el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, cuando eliminó, ofreciendo al cultivador otras opciones de vida, hasta la última hectárea de coca en ese departamento. Hazaña reconocida por la ONU.
Se la juega el nariñense también contra el alarde criminal y peregrino de que reduciendo al hambre a 300 mil familias dedicadas a cultivos ilícitos se conjura el narcotráfico. Mentira. Mentira interesada para ganar méritos con el patrón del Norte, que persigue la producción para disparar la rentabilidad del consumo. Hasta los menos avisados saben que de los 85.000 millones de dólares que el narcotráfico mueve, sólo 300 millones llegan a los cultivadores colombianos. El resto se enreda entre laboratorios de cocaína, exportadores y comercializadores para terminar, lavado todo, en las impolutas arcas de la banca mundial… y nacional.
Reafirma la Corte que sólo habrá aspersión si el Gobierno no logra concertación con las comunidades o sustituir cultivos. Pero éste no intenta una acción integral y quiere en cambio repetir la fracasada y costosísima aspersión con glifosato, medio infalible para provocar una crisis humanitaria. Recuerda Romero que en 2005 había en su tierra 3.875 hectáreas de coca; se asperjó sin medida y hoy son 45.000 las hectáreas sembradas. De los 70.000 cultivadores nariñenses, apenas 16.000 reciben ayuda oficial.
Ebrio en los soñados efluvios del glifosato, ignora el Gobierno experiencias que, de generalizarse, cortarían por lo sano. En 2013 se destruyeron en Caldas las últimas siembras de coca. El secreto: se pactó la solución con las comunidades, el Estado allegó bienes, servicios y abrió vías; convergieron organizaciones públicas y sociales con los órganos de gobierno para crear alternativas a los cultivos ilícitos y se estimuló la natural asociatividad de la gente, hasta pergeñar el remedio: primero fue la erradicación manual y voluntaria; luego, la ejecución de proyectos productivos acordada con la comunidad.
Tampoco, en su infinita liviandad, registra el Gobierno el horizonte de industrialización que la coca ofrece. Científicos llevan años investigando sus múltiples aplicaciones médicas y farmacológicas, maravillados del potencial que los alcaloides ofrecen en Colombia. No. Anda Duque desvariando en la economía naranja, fantasía infantil para el hada Campanita de Peter Pan.
Pero un grupo variopinto de parlamentarios presenta proyecto de ley que replantea la política de drogas: prioriza la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos, con acceso a tierras y a activos productivos. Volvemos a la pepa del asunto: perseguir al narcotraficante, al lavador, no al cultivador. Ejecutar la Reforma Rural Integral, con sus componentes sustantivos de entrega de tierra al campesino y apoyos para cultivarla a derechas. Condición necesaria para ello, la rebelión contra el glifosato que ya nuestro David emprendió.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2017 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Diciembre 2017, Izquierda, Justicia, La paz, Narcotráfico, Paramilitarismo, Proceso de paz, Uribismo
A tono con el amparo que los poderosos brindan a delincuentes de cuello blanco, con su exaltación de criminales o su indulgencia hacia ellos, proliferan en este país sepelios apoteósicos de jefes paramilitares. Como marchando en la misma dirección, 5.000 lugareños acompañan entre vítores el féretro de alias Inglaterra; y el Congreso exonera virtualmente de culpa a empresarios y funcionarios que fueron sus aliados en atrocidades de la guerra. Reserva el juicio sólo para las Farc, el otro responsable del horror.
Con flores, bombas, narcocorridos, aguardiente, pólvora, lágrimas, disparos al aire, desfile de carros y motos e invitaciones a la venganza se honra en Carepa al homicida y violador de niñas, mando del Clan del Golfo. La mayoría parlamentaria, por su parte, celebra a carcajadas el estropicio que salva el pellejo a los señorones de la guerra: no a quienes debieron pagar para protegerse del secuestro de las Farc, sino a 57 empresas sindicadas por Tribunales de Justicia y Paz de coligarse con frentes de las AUC. Deja a las víctimas sin verdad ni representación política. Descuellan en este parlamento taimado Rodrigo Lara y Carlos Galán, hijos indignos de quienes se inmolaron por enfrentar al narcoparamilitarismo, cuyos socios ayudaron estos sinvergüenzas a salvar.
Coincidencia terrible que mueve a preguntarse si la desfachatez de las elites no estará proyectándose como mandato ético desde arriba hacia comunidades marginadas, que no se reconocen en su historia y su cultura; pasto seco para el primer incendiario que meta miedo y pase por benefactor de pobres. Mas el mensaje no es nuevo. A la voz que asimila librepensador con terrorista, levitando en la laxitud de las derechas frente al historial de la mafia, se sintió Popeye autorizado a fungir como estrella en manifestación uribista de abril. Cómo no, si el expresidente Pastrana, el exvicepresidente Francisco Santos y la exministra Martha Lucía Ramírez disculpaban blandamente la exhibición en el evento del sicario que se reclama autor de 300 asesinatos y auspiciador de otros 3.000. Fue Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático, el único de ese partido en rechazar la participación del matón, a quien calificó de sicario y criminal.
En la saga de condescendencia con los violentos, cuyo impacto deberá calibrarse en un país donde el protomacho es rey y la política procede a bala, viene a la memoria una célebre columna publicada en 2006 por el ideólogo del uribismo, Fernando Londoño. Argumenta él, con algo de razón, que las autodefensas nacieron como respuesta a la guerrilla. Y que Carlos Castaño, “intelectual hecho a pulso” cuyo ideario debería resucitar, hubo de plegarse al narcotráfico como fuente de financiación de las AUC; pero sin perder “su naturaleza política antisubversiva y anticomunista”. Dos omisiones graves: primera, el carácter “político” de las AUC pronto se reveló como fachada funcional del negocio maldito del narcotráfico. Segunda: ya desde 1988 y hasta 2002 a Castaño se le sindicaba de decenas de masacres y asesinatos individuales. Lo que no impedía que señoras “divinamente” suspiraran en sus clubes por el sujeto de marras. Pobres por necesidad, ricos por interés en el negocio compartido, simpatizaron (y simpatizan) con el paramilitarismo. Y acuden a los sepelios de sus jefes.
Escribe el editorialista de El Colombiano: no pueden ser los pabloescobares, carloscastaños, inglaterras y otrora timochenkos quienes nos sirvan de ejemplo. Pero Rafael Nieto anuncia que “estamos listos a asumir los costos de la continuación de la guerra con las Farc”. Quiénes: ¿sus hijos? ¿O seguirán las víctimas como carne de cañón de nuestros héroes de barro y sangre, y de sus socios?
por Cristina de la Torre | Jun 5, 2017 | Junio 2017, Narcotráfico
Un negocio siniestro florece en Medellín: el narcotour. Y opera al parecer con la misma naturalidad con que el sicario de los 300 muertos desfila en manifestación uribista contra la paz, codo a codo con celebridades de la política que fingen no verlo. Pero uno y otro hecho ultrajan el sufrimiento de una ciudadanía que se arranca como puede el lastre de horror que Pablo Escobar legó. Rubios mochileros alternan aquí turismo sexual y consumo barato de cocaína con este recorrido morboso por lugares y objetos distintivos del Robin Hood antioqueño, cuyos carros-bomba y pistoleros cobraron la vida de miles de inocentes. En 1990, los extraditables asesinaron a quemarropa a 300 policías. El País escribía que la guerra de Escobar arrojaba 4.000 muertos cada año. Popeye pregona orgulloso haber participado en el homicidio de 3.000 personas.
Clientes mimados del tour son ejemplares del Primer Mundo cuyo vicio pagamos nosotros con sangre, mientras ellos, exaltados por la serie Narcos, acuden en masa al recorrido. Thriller de quinta, aun para Hollywood, es aquél grosera deformación del fenómeno del narcotráfico. Repite la lucrativa amalgama de droga, sexo y crimen, sobre el más lucrativo negocio en cabeza de quien fuera tildado primer homicida del mundo. Condición que beneficiarios de Medellín sin Tugurios disculpan “por la persecución que se le tendió a un hombre bueno”. Feudo del Patrón, en aquellos barrios la fe en Escobar diluye su pasado violento. Wberney Zabala pregunta cómo puede uno sentirse al salir de un basurero para recibir una casa digna de manos del único que quería darla: Pablo. Sentimiento parecido albergan los excluidos que ganaron poder y dinero al calor del narcotráfico, emulando el modelo milagroso de enriquecimiento fácil. Así se llena el vacío de Estado.
De otros, incluidos desde la cuna, ni hablar. En codicia desbocada, depusieron todo escrúpulo, se sumaron al negocio –de frente o de ladito– y le dieron carta de ciudadanía a la ética del traqueto. Otros vendieron sus mansiones a narcotraficantes por sumas de fábula, en el barrio más exclusivo de Medellín. Bajo presión, o de buena gana, un enjambre de residentes acudió a la feria de ventas: “le tendieron la mano al enemigo”, apunta la escritora María Cristina Restrepo. Y allí se levantó el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia, dinamitado en 1983 por el cartel de Cali. Mole desapacible en su abandono, recuerdo ominoso del pavor que se apoderó de la ciudad, la construcción es punto de partida del narcotour y paisaje de fondo en la fotografía del turista.
Se la hizo tomar, cómo no, el reguetonero J. Álvarez vistiendo camiseta de Escobar. Entonces el Alcalde Gutiérrez le exigió respeto por la ciudad: lo suyo es una ofensa para Medellín y para el país, le espetó exasperado. Y al rapero norteamericano Wiz Khalifa, que repitió la dosis, lo llamó sinvergüenza; en vez de llevarle flores a Pablo Escobar debió llevárselas a sus víctimas, y disculparse con la ciudad, remató. Tras ires y venires de Gobiernos anteriores, Gutiérrez tomó la añorada decisión: demoler el edificio Mónaco y construir, en su lugar, un parque en memoria de las víctimas. Aplauso cerrado.
A la mar de libros, películas y seriados que hacen la apología del narcotráfico y sus delitos se suman los 110 videos de Popeye en You Tube con sus diez millones de visitas. La versión de los victimarios. Pero es hora de incorporar a la historia también la verdad de las víctimas. Sin ella, en lugar de aportar a la comprensión del pasado, la sombra de Escobar seguirá obrando como fetiche que desfigura la realidad. Del cruce de versiones podrá resultar un relato que se aproxime a la historia.
por Cristina de la Torre | Abr 23, 2017 | Marzo 2013, Modelo Económico en Colombia, Narcotráfico
La exaltación de Medellín como ciudad más innovadora del mundo dio para todo: fue bálsamo y motivo de orgullo para los antioqueños, pero también permitió exhibir una muestra selectiva de obras públicas que quisieran en su esplendor opacar el mar de fondo, la tragedia de la violencia periférica que reverdece todos los días en la desindustrialización y el narcotráfico. Causa del desempleo, la informalidad y la falta de oportunidades, el desfallecimiento de la economía productiva arrojó a su población más pobre en brazos de don Berna y los Urabeños. Trasladada a las comunas la estrategia del narcotráfico de control militar del territorio en el campo, ésta se resuelve aquí en fronteras invisibles del microtráfico que se pelea el mercado metro a metro y hace un mes segó la vida de dos niños camino de la escuela. Fueron asesinados y descuartizados, probablemente por otros menores sin horizonte pero empoderados de metralleta y organizados en bandas y combos de miles de miembros. Y no es todo. Según Fernando Quijano, de Corpades, 40% de los funcionarios públicos de Medellín colaboran con las mafias del narcotráfico.
Mientras tanto, grita el silencio de los industriales que aún quedan frente al modelo de desindustrialización que César Gaviria introdujo y sus sucesores desarrollaron, hasta alcanzar el clímax con los TLC y la política de revaluación que Santos aplica para matar toda fuente de trabajo productivo. Con revaluación del peso de 35% y subvaluación china del 30%, los productos de ese país nos llegan 65% por debajo del precio internacional en dólares constantes de nuestros productos. Su más reciente víctima, la firma de confecciones Hernando Trujillo. Claro que así no se puede competir. Pero sí se podría protestar y proponer y pelear. Si se pensara un instante en la generación sacrificada de las comunas de Medellín. Mas acaso en esta zaga irreconocible de los hombres que hicieron de Medellín cuna de la industria en Colombia haya demasiados dedicados hoy en su mutismo a labores menos patrióticas pero más jugosas para su bolsillo, tal como aconseja el nuevo modelo económico: a importar en vez de producir, a especular en vez de invertir.
Excepciones hay que se la juegan como flor solitaria en el desierto promoviendo alianza entre ciencia y tecnología, empresa y Estado. Se trata de volcar el conocimiento hacia la creación de empresas capaces de desarrollar productos y servicios de alta calidad, con apoyo del poder público. El Parque del Emprendimiento que preside Patricia Fuel descuella en este modelo tripartito, mediante concierto de la Universidad de Antioquia con la Alcaldía de Medellín. Resultado, 40 nuevas empresas con elevado potencial de crecimiento. Entre ellas, XRol, aplicación de tele-radiología médica; Tecnologías Marte, un sistema para desactivar minas antipersonal; y tecnologías nuevas y más eficientes para materiales de construcción, industria agrícola y alimenticia, cosmética y farmacéutica. De haber locomotora industrial, este tipo de alianza haría una revolución. Pero nuestro destino es otro: producir bananitos y carbón. Será aquella, pues, otra flor sin retoño.
La distinción de marras redime a Medellín del dolor infligido por los ejércitos de Pablo Escobar. Y es reconocimiento a la energía, la creatividad y el espíritu solidario de su gente. Pero mucho va de este orgullo al uso propagandístico del metrocable para deslumbrar turistas con el espectáculo de la pobrecía “rescatada”, mientras sus muchachos se inmolan en la desesperanza. Las obras sociales y de infraestructura en las comunas no conjuraron la pobreza y la violencia. Les faltó carne. También el premio pareció reparar apenas en la epidermis de una musculatura atrofiada.
