por Cristina de la Torre | Dic 21, 2010 | Política económica, Diciembre 2010
Ardorosas y fecundas reacciones ha provocado la pasada columna de este espacio titulada “Santos entre dos aguas”. Se aventuraba allí que en el Gobierno conviven, en frágil equilibrio, una avanzada reformista como no se veía en décadas y la resaca de los doctrineros del mercado que, no obstante las desgracias causadas, aspiran a seguir mandando. Obsesionados con la mecánica económica, no conciben ellos estrategias de desarrollo nacional. La pregunta era si esta mixtura de reforma y asedios neoliberales anunciaba una transición hacia la socialdemocracia latinoamericana o, mas bien, el propósito de nadar entre dos aguas. Protagonistas de un debate conceptual y político largamente silenciado, los lectores apuntan al modelo económico y social que habremos de adoptar. Hoy tienen ellos la palabra.
Comienza “Vic” por aclarar que socialdemocracia moderna no es comunismo: es un sistema que combina economía de mercado con protección de los derechos y libertades individuales. Se propone alcanzar la igualdad sin sacrificar la libertad. Defiende la propiedad privada y la iniciativa individual, pero evita la formación de monopolios y la concentración excesiva de la riqueza. Redistribuye el ingreso. Y traza una política social enderezada a ofrecer igualdad de oportunidades para todos. Lo mismo rechaza el capitalismo salvaje que el comunismo totalitario.
A Andrés Trejos lo escrito le parece “dogmático y lleno de imprecisiones económicas”. Los mercados, dice, no son ningún diablo de la oligarquía; antes bien, fortalecerlos mejora la calidad de vida de la gente. Tampoco la búsqueda del equilibrio fiscal es “obsesión neoliberal” sino “un acto de responsabilidad”: gastar menos de lo que ingresa, para no quebrar. Por otra parte, nadie ha demostrado que el TLC vaya a destruir el agro colombiano. Trejos evoca “al economista que más sabe de comercio internacional”, para quien ese tratado aumentará el bienestar de los colombianos “vía beneficios para los consumidores, que somos todos, y fortalecerá algunos sectores económicos”. Apunta que “la inflación no es ningún fantasma” y obra, en cambio, como el peor impuesto contra los trabajadores. Por fin, “en economía no existe la distinción que hace la autora entre rumbo y mecánica… nos trazamos rumbos y luego usamos la ciencia económica para estructurar el cómo”.
Alberto Velásquez replica que desde cuando César Gaviria “hundió a Colombia en la temeraria empresa de la apertura económica, los colombianos afrontamos una aventura medieval según la cual los dómines de la teoría económica se han arrogado un poder semejante al de la Inquisición”. A quienes pensaban distinto y, a riesgo de ser acusados de herejía y blasfemia, criticaron “el talante apodíctico” de aquellas propuestas, se les amordazó. Y terminó por imponerse una nueva cultura económica: “el mito de la apertura, el oropel de la globalización, las garantías ilimitadas a la inversión extranjera y los sacrificios fiscales con miras a mantener el cariñito de la Banca Mundial”. Se empleó la “regulación” de la economía para abrirnos sin pudor al sector externo.
En abono de estas afirmaciones vienen las de Eduardo Sarmiento en entrevista concedida a Fernando Arellano: “Lo peor que pudo pasarle a Colombia fue la apertura económica. Los hechos han controvertido los dogmas y paradigmas dominantes: apertura, privatizaciones, especulación financiera y represión monetaria configuraron en este país una de las sociedades más desiguales del mundo”.
Tal vez el cataclismo de La Niña obligue ahora al Estado a tensionar su músculo, a responder por lo que al mercado le es ajeno: planificar y ejecutar la reconstrucción de lo perdido, y construir un país nuevo sin envilecer la obra histórica en una feria de contratos.
Apostilla. Por vacaciones, esta columna reaparecerá el 18 de enero. Feliz navidad a los lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 14, 2010 | Política económica, Diciembre 2010
Según Ernesto Samper, el Partido Liberal tendrá que escoger entre la derecha conservadora del uribismo, el “inocuo” centro, y las banderas sociales “duramente golpeadas” por la apertura económica de la Administración Gaviria (El Tiempo, 11-12). El problema atañe tanto al partido como al Presidente Santos, gestor de la unificación liberal en marcha. Pero una definición concluyente habrá de esperar. La avanzada reformista de Santos convive todavía, en frágil equilibrio, con la resaca neoliberal. Herencia de Uribe, mas también de su propio paso por los gobiernos que volvieron religión la doctrina del mercado, hasta lograr que Colombia figurara entre los países más desiguales del mundo.
Se maravilla el país con la enhiesta determinación del Gobierno de resarcir a las víctimas del despojo y la violencia; pero les concede a las voraces EPS el privilegio de mantener el negocio de sus clínicas. Y defiende un proyecto de estabilidad fiscal que subordina los derechos de educación, salud y vivienda a la obsesión neoliberal del equilibrio fiscal. Propone una ley de tierras que redime la economía campesina, pero espera impasible el arribo del TLC con EE.UU. a sabiendas de su poder destructor de nuestra producción agropecuaria. La vergonzosa negociación de ese tratado traerá, no bien entre en vigencia, reducción del área cultivable, pobreza y desempleo en el campo. De entrada, caerá en 10.2% el ingreso de los productores campesinos, ha dicho el experto Fernando Barberi.
El Gobierno lanza un plan de desarrollo de perfil indicativo, promisorio, tras largos años de naderías en esta materia, pero se asusta con la bonanza minera. Recursos cuantiosos que cualquier país sensato añoraría para catapultar su industria, aquí se quieren congelar, esterilizar, extraditar. Dan vueltas los economistas del poder, aguzan la imaginación, componen, a cual más, fórmulas de fantasía para conjurar la desgracia de la bonanza. Presa de pánicos de mecánica económica, los asfixia el fantasma de la inflación. Obsesionados con la mecánica del vehículo, jamás se preguntan cuál es su rumbo. Todo oídos, el Gobierno escucha y toma nota. Por su parte, la flamante junta del Banco de la República vela en su solemnidad por el agüita para el radiador, aprieta tal cual tornillo. Pero no se ocupa del empleo ni de proyectos industriales ni les corta la especulación a los bancos para que más bien financien inversiones productivas. Clausurado el IFI (Instituto de Fomento Industrial), pasaron a la historia los hombres de industria. Ahora se dedican ellos a colocar sus capitales donde más renten. Las grandes corporaciones acometen los proyectos de envergadura y a nosotros se nos dejan las sobras: pequeñas y medianas empresas que perecen a la vuelta de la esquina, trituradas por la competencia. Sabedor de lo que un plante de capital representó en el despegue de todo país que se industrializó, a López Michelsen se le oyó decir que su único remordimiento fue el no haber aprovechado la bonanza cafetera que le llegó a Colombia durante su gobierno.
No se sabe si esta mixtura de continuismo y reforma inicie una transición hacia la socialdemocracia suramericana que armoniza democracia económica y social con democracia política. O si, manes del centrismo, se quiera nadar entre dos aguas: malabarismo que podrá durar la flor de una legislatura, mientras el Congreso pare con dolor las reformas más controversiales; mas llamado a naufragar, por incongruente, si se le fuerza como modelo permanente. Sabrá Santos que transitar los caminos de un liberalismo social es la opción que le queda para pasar a la historia. Que a la larga tendrá que escoger entre la vela que le enciende al pueblo humillado y aquella que les enciende a elites y tecnócratas que perdieron a Colombia y, no obstante, insisten en seguir mandando.
por Cristina de la Torre | Dic 12, 2010 | Izquierda, Personajes, Diciembre 2010
Lejos de las sectas de izquierda, de la guerrilla y de los partidos tradicionales, se dice parte de quienes “fuimos exilados en nuestra propia tierra” por la dura tenaza de las extremas. Hoy exaltado como segundo mejor concejal de Bogotá y miembro de la comisión que denunció la corrupción de su Gobierno, en Carlos Vicente de Roux brilla un hálito de rectitud que le ha hecho fama, y podría encumbrarlo a la alcaldía de la capital. A diferencia de Petro, él permanece en el Polo, según dice, para dar la batalla por una apertura de su partido hacia otros demócratas y por derrotar la venalidad que rodea a la Administración del Distrito.
Ernesto Samper, Carlos Pizarro y Noemí Sanín fueron sus compañeros de aula en la Universidad Javeriana. Un destino menos previsible le esperaba a él. Por rebelde y por dedicar tantas horas a la lectura de El Capital de Marx, salió expulsado del claustro católico. Aunque desoyó la invitación de Pizarro a ingresar en el M-19: “no tuve la suficiente dosis de coraje y de locura”, confiesa. Aterrizó en El Externado, donde se hizo abogado. Hombre de acción y de ideas, este caleño de finas maneras fue consejero presidencial para los Derechos Humanos en los gobiernos liberales de los años 90 y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora le espera batallar como minoría para devolverle al Polo la credibilidad perdida. Habrá de concitar sanción social y política contra quienes en su seno convirtieron la política en negocio particular.
Mas, para algunos, la denuncia se malogró; no ofreció pruebas. Caso contrario, hubiera dado lugar a la “refundación” del Polo. Pero De Roux no se sitúa en el terreno de los jueces sino en el de la acción ciudadana y el control político. La verdad, sostiene, es que la comisión demostró una elevada concentración de los contratos del Distrito en pocas manos; una agresiva avanzada hacia la contratación directa, a dedo, sin licitación; y la adjudicación de grandes paquetes de contratos a una red de sociedades entrelazadas y lideradas por Emilio Tapia, hombre de la cuerda de Iván Moreno. Según De Roux, las declaraciones de Nule robustecen todo el caudal probatorio ante los jueces penales. Por su parte, la comisión espera pronunciamientos políticos del Polo y de su comité de ética, en relación con los hermanos Moreno. “En Colombia, explica, la política se ha hiperpenalizado. El espacio de deliberación política sobre fenómenos de corrupción y violencia se cierra en favor de la justicia penal. Ya no hay sanción política del electorado sin condena judicial previa. Pero el control y la sanción no son sólo legales; son también políticos y sociales. Se equivocan las directivas del Polo: en vez de coger el toro por los cuernos, como lo hizo Lula cuando el PT se vio envuelto en escándalo parecido, sigue la política del avestruz de López Obrador en México, para dar al traste con su partido”.
P. Usted desdice de su pasado marxista?
D.R. Es imposible hacer política convirtiendo El Capital en libro sagrado. Además, el mundo ha cambiado. Y no todos los ensayos de socialismo resultaron edificantes. La izquierda que conocí en mi juventud era una constelación de sectas dogmáticas, capillas desconectadas de la gente y del país. Hasta cuando nació el Polo y, con él, la esperanza para la izquierda democrática. Una amplia alianza, madura, se medía en las grandes ligas. Pero traía el componente genético de la casa Rojas, que convirtió la política en negocio, hasta acabar con el partido.
P. ¿Hay en el Polo gente proclive a las FARC?
D.R. Casi todos los miembros del Partido Comunista se consagran a la acción política legal. Pero discrepo de su caracterización de las FARC. Demasiado benévola. No perciben el daño que la lucha armada le hace al país; ni que ella desquicia toda posibilidad de lucha democrática. Mi diferencia con ellos es ideológica. Claro, si hay allí quien auxilie a las FARC, deberá ser confrontado con las armas de la ley. En un partido pacífico como el Polo, eso es inadmisible”.
P. Con la cooptación de banderas de la oposición por Santos, ¿quedará la izquierda condenada a repetirse como colera del liberalismo?
D.R. En Colombia hay espacio para otras alternativas. Batido el monopolio de la lucha armada, podrá desarrollarse un centro-izquierda. Iniciativas de este Gobierno sobre Tierras y Víctimas –que debemos apoyar aunque sean perfectibles- sólo podrán coronar venciendo a la reacción que anida en la Unidad Nacional. Pero, además, este Gobierno se queda corto en asuntos cruciales. Para Bogotá, por ejemplo, preserva el modelo de expansión anárquica de la ciudad sobre la Sabana. Monstruo urbano que expulsa a los pobres hacia la periferia, dispara los costos en servicios públicos, agrede al medio ambiente y no ofrece equipamiento social e institucional. Es una ocupación del territorio discriminatoria, desordenada y antieconómica.
De Roux no quiere “convertir la lucha contra la corrupción en un recurso electoral”. Acaso no necesite hacerlo. Ya él parece encarnar el prototipo de dirigente que tantos colombianos buscan: la antípoda del político mendaz. Ave rara en nuestro medio.
por Cristina de la Torre | Dic 7, 2010 | Modelo Económico, Educación, Diciembre 2010
Sin abrir un libro, miles de estudiantes “ganaron” este año gracias al adefesio de la promoción automática. Más demagogia que innovación, la disposición que rige desde 2003 enmochila la exigencia académica, que es condición ineludible del aprendizaje y de la formación del carácter. Por ahorrarle al Estado costos en Educación mientras gasta 100 mil millones de dólares en Defensa en ocho años, la institucionalización de la vagancia es, entre otras, causa ominosa del bajísimo nivel de nuestros educandos. Obedece también al recurso engañoso de mostrar que aumenta el número de bachilleres y desaparece el de repitentes, así no aprendan nada. El fetiche de la cobertura (a expensas de la calidad) para impresionar a la galería. Mas no faltaría el efecto de demostración contrario, único: el Liceo Campo David, colegio del sur de Bogotá que acaba de ganar el primer puesto en las pruebas del Icfes, y cuyo lema es sentido de compromiso con la sociedad y elevado nivel forjado en la exigencia a sus estudiantes.
Refiere la educadora Maria Antonieta Cano que en directiva del 16 de noviembre la Ministra de Educación prohibió a secretarios de educación y docentes que algún estudiante perdiera el año escolar. La preocupación del Gobierno por la repitencia escolar, señala, responde en realidad a un problema económico: por cada niño que repita el año, el Estado debe reinvertir el valor del subsidio, 930 mil pesos. Se trataría de reducir la reprobación a su mínima expresión para ahorrar recursos, con independencia del resultado académico de los estudiantes y de la deplorable calidad educativa que resulta de la promoción automática. Explica que con el recorte del presupuesto de educación y de las transferencias de la Nación a los municipios para cubrir ese servicio, el ahorro por promoción automática compensaría la disminución de recursos al sector. Como si fuera poco y contrario al espíritu de la Constitución, el proyecto de estabilidad fiscal del Gobierno subordinaría el derecho a la educación a las posibilidades del presupuesto. Pero, eso sí, el fisco no tocará las ganancias astronómicas de los banqueros ni Hacienda volverá a barajar el presupuesto de modo que la Educación cobre dignidad. El médico Ramiro Arteta me escribe: “El desastre educativo en Colombia se debe a la aplicación de criterios financieros por encima de políticas de docencia para resolver los problemas de educación. Lo que guarda cierto paralelismo con el desastre de la salud que sobrevino con la Ley 100, en cuya virtud los criterios financieros tienen prioridad sobre los métodos de diagnóstico y tratamiento. Todo seguirá siendo un desastre de calidad, mientras sean los economistas quienes marquen las pautas a seguir en materia de educación y salud”.
Pero la Ministra Campo aduce también que la reprobación de los estudiantes puede obedecer, entre otros factores, a prácticas pedagógicas ineficientes. No le falta razón. Dígalo, si no, la excepción estelar del Liceo Campo David, donde se aprende, primero, jugando y después, enfrentando problemas que desafían toda la creatividad del alumno, y tareas permanentes. Mientras se privilegia el estudio de matemáticas, ciencias naturales e idiomas, en español se trabaja en comprensión, crítica y construcción de textos. Pero el rector, Henry Romero, aclara que hay también clases de ritmo y rumba; salidas al campo a sembrar árboles, y “a encontrarnos con nuestros orígenes”. Romero se duele de tantos planteles públicos que no son colegios sino “depósitos de niños”.
Insistencia en la promoción automática, tacañería presupuestal e indiferencia hacia un modelo pedagógíco mandado a recoger parecen destinar la Educación al último vagón de la llamada prosperidad democrática. Aquí, ni sombra de las audacias que en otros terrenos se abren paso.
