por Cristina de la Torre | May 6, 2018 | Tierras, La paz, Personajes, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Mayo 2018
Si Santrich, el odiado provocador de sus víctimas, puso de papaya la paz con negocios de narcotráfico –lo cual está por verse-, los adictos a la guerra miden el salto para devorar la blanda fruta a tarascadas, aun antes de haberla desprendido del papayo. Ya el fiscal Martínez ha interpretado, rodilla en tierra ante su alteza real la DEA y a grandes voces, el primer acto de la tragicomedia escrita por aquella. Al aviso de luz-cámara-acción, acusa sin pruebas al exguerrillero de “intentar” un envío de cocaína a los impolutos jíbaros de Nueva York. Tras larga campaña contra la paz, pareciera la ultraderecha congratularse en la coronación de un sueño: extraditar ya al jefe de la Farc. Con consecuencias que podrán ser fatales.
La guerrillerada, abandonada a la incertidumbre por el Presidente que mató el tigre y se asustó con el cuero, insegura ante la ley, volvería al monte para empuñar las armas. Caído el Acuerdo de La Habana y, con él, la reforma rural, en el río revuelto de la guerra expandiría el latifundismo sus dominios contra el campesinado inerme, otra vez a instancias de los paramilitares. Fumigadores y negociantes de armas gringos harían un nuevo agosto. Y el jefe guerrillero, expulsado sin juicio en Colombia, se llevaría para siempre la verdad y la reparación que sus víctimas reclaman. Frutos apetitosos de lo que huele a conspiración urdida a cuatro manos entre la DEA y el fiscal Martínez; para contento y votos del azaroso candidato Duque, tan locuaz en exigir castigo ejemplar para Santrich en Estados Unidos. No aquí.
En pronunciamiento sin eufemismos ni mediastintas, Humberto de la Calle, el valiente, dijo que Uribe y Duque habían elaborado “un tejido de falacias y odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra”. Y la guerra frena en seco el futuro de Colombia como comunidad solidaria. Invita a Duque a anteponer el país a sus afanes electorales. El tema de la paz –dijo- desborda mi campaña electoral: es un problema de seguridad nacional. De la Calle no propone impunidad para Santrich: pide que se valoren aquí las pruebas, que lo juzgue la Corte Suprema, que pague su pena, si es el caso, y que el Presidente de Colombia decida al cabo si lo extradita o no. Propone, pues, lo que el honor dicta: que la Justicia colombiana se sacuda el yugo de la foránea, que recupere su independencia y dignidad, que sea ella la que juzgue a los ciudadanos de esta nación.
La ventolera uribista contra la paz viene de vieja data. Ya Sergio Jaramillo recordaba (El Tiempo, I,14) que el uribismo nunca reconoció la existencia de un conflicto armado y, en consecuencia, los líderes de la guerrilla no podían transitar a la política. Su propuesta sigue siendo la del sometimiento, no la de la negociación política. De allí que Iván Duque y su mentor se obstinen en negar el estatus de congresistas a los jefes de la Farc antes de que éstos paguen cárcel. Pero ninguna guerrilla en el mundo ha entregado las armas para que se le niegue el espacio de la política. Luego, la exigencia de la derecha hace trizas la paz.
Sobrecoge esta invitación a reanudar la guerra. Y su corolario natural: una autocracia que si en Nicaragua y Venezuela cobra la vida de cientos de jóvenes en las calles, en Colombia asesinó a 5.000 muchachos que no andaban cogiendo café ni merecían el horror de fungir como “falsos positivos”. Para el laureado escritor Sergio Ramírez, los jóvenes nicaragüenses protagonizaron un levantamiento ético: le devolvieron al país “la moral perdida o silenciada por el miedo”. Fustiga el poder arbitrario que divide, separa, enfrenta, atropella; que se impone con desmesura, cinismo y crueldad. Es el poder que también en Colombia nos espera si dejamos que se tiren la paz.
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2017 | Corrupción, Febrero 2017
Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.
