por Cristina de la Torre | Feb 7, 2017 | Uribismo, Corrupción, Febrero 2017
El espectáculo de casi 7.000 guerrilleros y guerrilleras —algunas de bebé en brazos— que arriban sonrientes a sus sitios de concentración para entregar las armas tras medio siglo de guerra, deshilacha la bandera contra la paz que el uribismo quería izar en campaña electoral. Y el estandarte anticorrupción, catapultado por el escándalo Odebrecht, llena el vacío de la propuesta bélica que ya no será. Además, promete ríos de votos. En acto de contrición que enaltece a Álvaro Uribe —aunque dice también de su sentido de oportunidad— le pide este al Centro Democrático investigar la conducta de su precandidato insignia, Óscar Iván Zuluaga, por contratar para la campaña de 2014 a un publicista pagado por la purulenta firma. E invita a su partido a encabezar la campaña contra la corrupción. No sea que ella les dé el triunfo a fuerzas independientes que no lucen rabo de paja: ni con la empresa de marras, ni con la clase empresarial y política que ensanchó sus arcas con el erario y su poder bajo la égida del paramilitarismo.
Dos retos de vida o muerte enfrenta hoy el uribismo. El primero, sobrevivir a la voluminosa visita del elefante en casa, capaz de sepultar a Zuluaga y de dejar en capilla a Duque, el otro precandidato comprometido en el lance con Odebrecht. Segundo reto, ganarse el derecho moral de alistarse en la cruzada contra la corrupción. Para lo cual deberá responder por el contrato de la Ruta del Sol suscrito por el Gobierno de la Seguridad Democrática, en cabeza del viceministro García Morales. Para comenzar. Y, luego, abstenerse de boicotear los procesos judiciales contra bananeros y ganaderos de sus afectos que, según estableció la Fiscalía el 2 de febrero, resulten incursos en delitos de lesa humanidad por haber financiado voluntariamente al paramilitarismo en Urabá, a través de las Convivir; ejército autor de mil crímenes y del robo de los recursos públicos, a dos manos con sus benefactores. Tan responsables como los financiadores de guerrillas que cometieron las mismas tropelías. Por supuesto, la guerrilla también tendrá que responder ante los jueces.
De arroparse ahora con la túnica de la ética, no podría el uribismo tornar al expediente del Gobierno que, por defender a su bancada de parapolíticos y al círculo íntimo del poder, persiguió sin clemencia a la corte que los juzgaba. Entonces alcanzaba la corrupción cotas sin precedentes, pues los políticos que ganaron curul con dinero del narcotráfico retribuyeron sin medida con leyes y contratos y posiciones de poder. Entre 2002 y 2010, ocho de cada diez parapolíticos fueron bancada del Gobierno. En 2007 declaró el fiscal Iguarán que fueron las élites regionales las que buscaron a los grupos armados: para defenderse del secuestro, expandir sus propiedades y eliminar a sus rivales políticos. Escribió Claudia López que del clientelismo, el cohecho y el soborno de las mafias armadas se pasó a la captura masiva de negocios y recursos públicos mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación pública. Brilló como nunca la corrupción como modelo de doble vía: de tráfico entre un Estado que concede contratos a dedo, y criminales o delincuentes que financian a la clase política-intermediaria hasta colonizar el Estado y esquilmarlo. Mas, si por esas calendas llovía, no escampa todavía.
Nada más deseable que el expresidente Uribe se sumara a la cruzada contra la corrupción. Deber y derecho que habrá de ganarse en franca lid —como el resto de la dirigencia política— principiando por depurar las filas de su propio partido, y respetando los procesos y fallos de la justicia. Única manera de lograr legitimidad moral en cualquier colectividad política que se respete. ¿Será capaz Uribe?
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2017 | Corrupción, Febrero 2017
Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2017 | Modelo Político, Febrero 2017
Terminada la guerra, acarician algunos la utopía de un consenso absoluto entre los partidos, como panacea de paz y democracia. Fantasean con abrazo de reconciliación entre Vargas Lleras, Petro, De la Calle, Uribe, Claudia López y Timochenko desarmado, en acto de renuncia a sus diferencias ideológicas. Pues estas sólo traducirían codicias de grupo y serían fuente de la pasión política que sume a Colombia en crisis crónica, y sacrifica la razón al grosero instinto de la masa. Pero se engañan. Deponer las diferencias, reprimir su confrontación es negar la pluralidad, la legítima expresión del conflicto, sustancia de la democracia. Escribe Chantal Mouffe en su libro En torno a lo político que consenso debe haber sobre los valores de libertad e igualdad para todos que la democracia liberal consagra; sobre las reglas que ella impone para tramitar las discrepancias sin matarse. A ello se han sujetado las Farc tras medio siglo de subversión contra el orden constitucional. Mas debe haber disenso en la interpretación de esos valores, cada colectividad a su manera, de izquierda a derecha, según sus particulares visiones de sociedad. Un haz variopinto de demandas y programas de gobierno.
El mérito del Acuerdo de paz no estriba apenas en permitirles a las Farc batirse ahora desde la civilidad por la expropiación del latifundio improductivo. Es que aquel prohíja reformas que forzarán a los partidos a definir ideas y propuestas para suscribirlas, desbordarlas, o bien, para mantener las taras y vallas del pasado. El momento invita a “democratizar la democracia”, expresión de nuestra autora que hoy a las 10am pronuncia conferencia en el Gran Auditorio de la Universidad de Antioquia.
Intentamos aquí rescatar nociones de Mouffe útiles al debate, hoy crucial en Colombia. Concibe ella la democracia como enfrentamiento apasionado de adversarios que, en lucha por el poder, se legitiman recíprocamente; no de enemigos destinados a eliminarse al primer lance. Pan comido en democracias maduras, el postulado subvierte, empero, nuestro modo consuetudinario de hacer política: a tiros. Porque, diría nuestra filósofa, allí donde se suprime la confrontación entre adversarios –el agonismo– surge el antagonismo violento, que la democracia no tolera porque atenta contra la asociación política misma. Lejos de amenazar la democracia, la confrontación entre adversarios es la condición de su existencia. Precisamente la democracia moderna reconoce el conflicto y lo legitima; se niega a suprimirlo imponiendo un orden autoritario. Se trata de transformar el antagonismo en agonismo.
En su horror al abuso populista de las emociones, el racionalismo liberal se afirma en el mito de la superioridad moral de la razón sobre el sentimiento. Como si toda movilización política ignorara los deseos y fantasías de la gente. Propone deliberación “civilizada” entre contendores en busca del consenso, con victoria final del argumento más racional. Además de utópico, este fin mata la democracia.
Pero diálogo y deliberación suponen alternativas diferenciadas. ¿A qué puerto quiere llegar Claudia López con su cruzada para suplantar a la clase política corrupta? ¿Qué diferencia su troika Estado-ciudadanía-mercado de la de Tony Blair? ¿Querrá Vargas Lleras la presidencia para desmontar la justicia de paz? ¿La busca Petro para reeditar a escala del país su modelo de Bogotá? Y en cuanto a Uribe, ¿es núcleo de su programa agrario el proyecto de ley que frustra la recuperación de los baldíos malhabidos, y legaliza el mayor despojo de tierras en el país? Buen augurio: a lo menos cuatro opciones políticas van adquiriendo fisonomía propia. Que choquen en sana ley será paso decisivo para legitimar el conflicto.
por Cristina de la Torre | Feb 28, 2017 | Conflicto interno, Posconflicto, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Febrero 2017
Dos consecuencias nefandas sobrevendrán si Álvaro Uribe, Germán Vargas y el Fiscal Martínez le ganan la partida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Primero, quedarán las víctimas de las Farc sin la reparación material que esta guerrilla deberá procurarles, extraída de una fortuna de fábula representada sobre todo en infinidad de guacas con billetes enterradas en la selva. Segundo, sin garantías de vida y libertad política (cuando siete mil hombres se disponen a entregar las armas y sus jefes a rendir cuenta de lo atesorado en décadas de secuestro, extorsión y narcotráfico) volverán al monte las Farc. Volverá la guerra. Entonces podrá el extremismo de derecha nadar de nuevo en su salsa. En una guerra cruel para casi todos, pero rentable hasta el delirio para grupos selectos de guerrilleros, militares y civiles, para el narcoparamilitarismo y su brazo de parapolíticos.
No deja duda la ofensiva contra la JEP, pepa de los acuerdos de paz diseñada para investigar y sancionar atrocidades de tirios y troyanos en el conflicto. La semana pasada anunció Uribe que recogerá firmas para “reversarla”; y sugirió en twitter instaurar la pena de muerte para narcoterroristas. Al mismo blanco de la JEP apunta Cambio Radical. Y el Fiscal la ataca en arrebatos dignos de mejor causa: antes de que las Farc puedan inventariar y entregar bienes dentro de los plazos acordados, pretende Martínez hacer borrón y cuenta nueva para entregar los desmovilizados a la justicia ordinaria y mandarlos a prisión. Reto que las Farc enfrentarán, por supuesto, regresando a la selva con sus morrales, sus fusiles, sus cananas y en busca de sus guacas.
Que serían incontables, según investigación de los reputados periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina, vertida en su libro El Dorado de las Farc. Al lado de la máquina de guerra, escriben, esa guerrilla montó negocios legales financiados con el delito; así costeó su guerra y reservó ahorros. El flujo de recursos que no se situaba en el extranjero o en inversiones con testaferros llegaba en efectivo, por costalados, desde todos los rincones del país. El conteo de miles de millones en fajos de billetes, su almacenaje y encaletamiento descentralizado demandaban un esfuerzo supremo de logística y seguridad. Lo que no les impidió a 147 soldados contraguerrilla toparse a boquejarro con una caleta de 70 millones de dólares, que se repartieron tras cuatro días y sus noches de escarbar a machete y uñas y dedos, bañados en sudor, barro e ilusión. Pobres de nación, hambrientos, abandonados al latigazo de la selva, la dicha fue flor de un día: terminaron casi todos tras las rejas.
Fue gracias a la zona de distensión de 42.000 kilómetros que Andrés Pastrana cedió a las Farc, como el grupo armado disparó su fortuna, tras convertirse en Estado paralelo mientras “negociaba” la paz. Para los autores, las Farc convirtieron el Caguán en su fortín de guerra y sede financiera. Desde allí controlaron el negocio del narcotráfico y allí concentraron a sus secuestrados, cuyo número no conoció par en el mundo. Producto del delito, miles de millones de dólares se habrían encaletado allí y permanecerían todavía bajo tierra. Todo un paraíso fiscal.
Tendrán de sobra las Farc con qué reparar a sus víctimas. Si las dejan. Queda pendiente, no obstante, la tarea de desentrañar emporios financieros de otros que también se enriquecieron pescando en el río de la guerra. Que a lo menos devuelvan las tierras usurpadas o compradas a huevo a propietarios que huían de la muerte. Acepten los enemigos de la JEP que la justicia ordinaria se hizo para la guerra; y la justicia transicional, para la paz. Que la paz no es embeleco, es un derecho irrenunciable.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2017 | Modelo Político, Febrero 2017
Terminada la guerra, acarician algunos la utopía de un consenso absoluto entre los partidos, como panacea de paz y democracia. Fantasean con abrazo de reconciliación entre Vargas Lleras, Petro, De la Calle, Uribe, Claudia López y Timochenko desarmado, en acto de renuncia a sus diferencias ideológicas. Pues estas sólo traducirían codicias de grupo y serían fuente de la pasión política que sume a Colombia en crisis crónica, y sacrifica la razón al grosero instinto de la masa. Pero se engañan. Deponer las diferencias, reprimir su confrontación es negar la pluralidad, la legítima expresión del conflicto, sustancia de la democracia. Escribe Chantal Mouffe en su libro En torno a lo político que consenso debe haber sobre los valores de libertad e igualdad para todos que la democracia liberal consagra; sobre las reglas que ella impone para tramitar las discrepancias sin matarse. A ello se han sujetado las Farc tras medio siglo de subversión contra el orden constitucional. Mas debe haber disenso en la interpretación de esos valores, cada colectividad a su manera, de izquierda a derecha, según sus particulares visiones de sociedad. Un haz variopinto de demandas y programas de gobierno.
El mérito del Acuerdo de paz no estriba apenas en permitirles a las Farc batirse ahora desde la civilidad por la expropiación del latifundio improductivo. Es que aquel prohíja reformas que forzarán a los partidos a definir ideas y propuestas para suscribirlas, desbordarlas, o bien, para mantener las taras y vallas del pasado. El momento invita a “democratizar la democracia”, expresión de nuestra autora que hoy a las 10am pronuncia conferencia en el Gran Auditorio de la Universidad de Antioquia.
Intentamos aquí rescatar nociones de Mouffe útiles al debate, hoy crucial en Colombia. Concibe ella la democracia como enfrentamiento apasionado de adversarios que, en lucha por el poder, se legitiman recíprocamente; no de enemigos destinados a eliminarse al primer lance. Pan comido en democracias maduras, el postulado subvierte, empero, nuestro modo consuetudinario de hacer política: a tiros. Porque, diría nuestra filósofa, allí donde se suprime la confrontación entre adversarios –el agonismo– surge el antagonismo violento, que la democracia no tolera porque atenta contra la asociación política misma. Lejos de amenazar la democracia, la confrontación entre adversarios es la condición de su existencia. Precisamente la democracia moderna reconoce el conflicto y lo legitima; se niega a suprimirlo imponiendo un orden autoritario. Se trata de transformar el antagonismo en agonismo.
En su horror al abuso populista de las emociones, el racionalismo liberal se afirma en el mito de la superioridad moral de la razón sobre el sentimiento. Como si toda movilización política ignorara los deseos y fantasías de la gente. Propone deliberación “civilizada” entre contendores en busca del consenso, con victoria final del argumento más racional. Además de utópico, este fin mata la democracia.
Pero diálogo y deliberación suponen alternativas diferenciadas. ¿A qué puerto quiere llegar Claudia López con su cruzada para suplantar a la clase política corrupta? ¿Qué diferencia su troika Estado-ciudadanía-mercado de la de Tony Blair? ¿Querrá Vargas Lleras la presidencia para desmontar la justicia de paz? ¿La busca Petro para reeditar a escala del país su modelo de Bogotá? Y en cuanto a Uribe, ¿es núcleo de su programa agrario el proyecto de ley que frustra la recuperación de los baldíos malhabidos, y legaliza el mayor despojo de tierras en el país? Buen augurio: a lo menos cuatro opciones políticas van adquiriendo fisonomía propia. Que choquen en sana ley será paso decisivo para legitimar el conflicto.
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2017 | Corrupción, Febrero 2017
Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.
