Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.