Reanudar relaciones con Venezuela

Si tuvieran algún sentido del desarrollo, algún sentido de patria, se jugarían nuestros empresarios el restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela. Ya que son Gobierno, y el presidente Duque, su servidor y amigo. Oportunidad que el propio Maduro le abre a Colombia, mientras ofrece al capital extranjero el control de su industria petrolera y Trump vira hacia una propuesta de gobierno de transición en este país: rinden frutos su bloqueo económico a la dictadura, y la comprobación de que ésta de Maduro ostenta la misma vocación de eternidad de sus gemelas en Rusia, China, Cuba y Corea. Vira también el Grupo de Lima, en pos de una solución pacífica y democrática.

Reabrir el mercado de Venezuela no revertiría el modelo de apertura hacia adentro que rige en Colombia desde 1991 e hirió de muerte su industria en ciernes; pero sí empezaría por aliviar la crisis de balanza comercial, efecto de aumentar importaciones y reducir dramáticamente nuestras exportaciones. Venezuela fue por décadas su primer destino; y ahora, malogrado su aparato productivo, abre mercado a Colombia y podría explorar en el nuestro. Al vecino nos unen la historia, la cultura, la gente, 2.000 kilómetros de frontera, un natural intercambio de mercaderías y 1.500.000 migrantes, a medias colombianos, que han dinamizado nuestra economía.

Es el nuestro un modelo de sustitución de la industria y la agricultura propias por la foránea; un modelo que sustituye el empleo nacional por el extranjero. Paradigma de no-desarrollo, nos condena a la exportación de productos primario —petróleo, café, bananos, flores—, y nos niega el salto a la producción de bienes de tecnología avanzada y buenos salarios. Todo comenzó con la súbita reducción de aranceles de Gaviria: antes de la apertura eran del 30%, y hoy, del 5%. Según Mauricio Cabrera, entre 1991 y 2018, las importaciones pasaron de representar el 8,6% al 15,5% del PIB: aquellas crecieron  el año pasado 9,2%, más del doble de la demanda interna y casi el triple que el PIB. Significa que los colombianos estamos comprando más productos extranjeros que nacionales. Desde 2001, las ventas de textiles y confecciones crecieron 146%; pero la producción nacional de confecciones subió apenas el 24%, y la de telas cayó 42%.

El mercado de Venezuela se ofrecería como oportunidad para aumentar exportaciones y diversificarlas. Vale decir, para reemprender el camino del desarrollo industrial. Al cual se aboca también el país vecino, con más veras si prospera la idea de repotenciar el Grupo Andino como fórmula de integración regional para el desarrollo de los países socios, y reciprocidad entre ellos. Esta vez, por supuesto, incorporando a Venezuela.

Las circunstancias evolucionan aprisa y, por qué no, también podrá cambiar nuestra relación con Venezuela. Lo mismo baja Trump la guardia frente a Maduro que protagoniza éste un viraje doloroso en el país de monopolio estatal sobre su petróleo: ahora ofrece Venezuela privatizar la empresa PDVSA. Multinacionales serían socios mayoritarios del puntal de la riqueza nacional, y aquellas condicionan su inversión multimillonaria a que Trump elimine las sanciones contra ella.

Invita el presidente del BID a los empresarios colombianos a exportar, a salir de su zona de confort. En clásico mohín de hipocresía, podrán ellos negarse a tratos con el castrochavismo, buscar aterrizaje en China, y entregarle no sólo el metro de Bogotá. ¿Será por ventura Jinping menos dictador que Maduro? ¿No sugiere la privatización de PDVSA entronización del modelo chino, a saber, economía de mercado y gobierno autoritario? Las relaciones entre países convocan intereses de Estado, no pataleos de un Gobierno.

 

 

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Oficiales militares: ¿antihéroes?

¿Qué pasaría si se cambiara el nombre de Escuela Superior de Guerra por el de Escuela Superior de Paz?, preguntó un día a sus alumnos el profesor de Ética en un curso de ascenso para oficiales de las Fuerzas Militares. Entonces estalló en el aula la discusión, y duró semanas. Cuenta el capitán de navío Samuel Rivera-Páez que “para mí, ese día la posición acerca del fin de la profesión militar ligado a la construcción de paz y no a la guerra, se hizo evidente”; pese a que siempre se entendió que la profesión de las armas era para ganar la guerra y a que muchos oficiales persistían en la idea. Esta, entre otras revelaciones sobre la identidad social e ideológica de la oficialidad colombiana; sobre su insospechada heterogeneidad (que en todo caso respeta el espíritu de cuerpo) marca un hito en el estudio de nuestra Fuerza Pública. Es el trabajo del propio Rivera “Identidades individuales y colectivas de los oficiales de las Fuerzas Militares colombianas”, publicado por la Universidad Javeriana.

Soberbia incursión en lo temido, por desconocido. Bajo el mito del titán que ha recibido el poder de quitar la vida y el destino de entregar la propia, descubre Rivera la tensión, menos poética, que ha campeado en estas décadas: entre la estrategia militar del fin del fin y la de la victoria es la paz. Y entre la autorepresentación del uniformado como héroe dispuesto a morir por la patria y la imagen que de él se ha formado la sociedad. Imagen que exalta al soldado en lucha contrainsurgente y en defensa de las fronteras. Pero se diría también que deplora la histórica subordinación de sectores militares a corruptos y verdugos del pueblo, aborrece la infamia de los falsos positivos y la “sentida condolencia” del comandante del Ejército por la muerte de Popeye, asesino sin par en los anales universales del crimen.

De la manera como los oficiales se ven a sí mismos infiere Rivera la identidad del grupo, sus valores, sus emociones y motivaciones para la acción política. Forjan ellos la singularidad colectiva en su misión de dar la vida por la patria, avivada por el imaginario de una historia heroica; pero, a la vez, en la sensación de que la sociedad los estigmatiza. Han desarrollado una suerte de ciudadanía paralela y exclusiva, conservadora, que mezcla sentimientos de superioridad moral por su disposición al sacrificio como combatientes en el conflicto, con una conciencia dramática de la limitación de sus derechos políticos. No se sienten ni cerca de las élites ni cerca del pueblo. Comunidad indiferente a su capacidad de entrega, desconfían de la sociedad y la miran desde afuera.

Tensiones entre progresismo y tradicionalismo en materia social y del poder condensan la sorprendente ebullición de ideas en una colectividad formada para la neutralidad política. Es que nadie que librara esta guerra de medio siglo podría permanecer impasible a sus horrores. Guerra infructuosa para  oficiales como Rivera quien, tras 27 años de acción militar, constató que “la violencia crecía y la institucionalidad difícilmente podía contrarrestarla; ni resolvía la marginalidad y la pobreza”. Que debía prevalecer el diálogo con el adversario sobre la eliminación del enemigo. Opción que muchos compartían, en la convicción de que la paz no es sólo el silencio de los fusiles. Y, sin embargo, el investigador vaticina que prevalecerá la identidad del guerrero sobre la del constructor de paz.

Tan diversa es la oficialidad militar como variada su representación en la sociedad, que va del estereotipo del villano al del héroe. Pero esta investigación, de consulta obligada por su originalidad y rigor, humaniza a los militares: casi deja ver su arista de antihéroes.

 

 

 

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La memoria secuestrada

Un duro. En sólo un año logró Darío Acevedo deformar el cometido del Centro de Memoria Histórica, minar su bien ganado prestigio internacional y reducir el ente a paria entre 275 homólogos de 65 países. Por negar su razón de ser, el conflicto armado, y por discriminar víctimas, fue expulsado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Una vergüenza. El hecho coincide con otros no menos bochornosos que tributan a la evidente intención de imponer, como en las dictaduras, una memoria oficial.

De ello habla, entre otros, el nombramiento de Fabio Bernal como director del Museo de la Memoria. Su larga trayectoria en exaltación de la memoria de las Fuerzas Armadas compromete la imparcialidad que el decoro aconseja cuando se juega el reconocimiento de 8.944.137 víctimas registradas, entre cuyos verdugos cuentan miembros de la Fuerza Pública. En la antesala, una ley del presidente Duque que destina área especial en el Museo de la Memoria a honrar el heroísmo de los veteranos de guerra. Y el plan del exjefe del Ejército, general Nicasio Martínez, de “crear una narrativa institucional del conflicto armado que exalta las victimizaciones (sic) de la Fuerza Pública y su heroísmo”. Sería convertir en víctimas a militares que fueron victimarios. Igual que si se honrara el recuerdo de guerrilleros, o de paramilitares o de los civiles que los secundaron, a cuál más cruel en los horrores de esta guerra.

Se duele Gonzalo Sánchez, inapreciable director del CNMH que precedió a Acevedo, de la amenaza a la verdad y a la memoria que vino con el nuevo Gobierno (Memorias, subjetividades y política). Otros desarrollos de la Ley de Víctimas, escribe, de la paz y de la institucionalidad derivada de los Acuerdos niegan ahora sus bases políticas y sociales. Niegan la existencia misma del conflicto armado. La casa de la Memoria les resulta casa en el aire. (Alfredo Ramos, concejal del CD, insta a eliminar el concepto “ideologizante” de conflicto armado en el Museo de la Memoria de Medellín).

No sería la paz el eje de este proyecto político sino socavar los Acuerdos: desmontarlos, renegociarlos, contener sus instituciones y medidas nucleares en materia agraria, en participación política, en responsabilidades ante la justicia. Vamos desandando el camino, dirá Sánchez: transitamos de la memoria de y para las víctimas a la memoria de y para los victimarios. El sano debate sobre el sentido del pasado y la escritura del futuro se transforma en guerra de narrativas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, origen del CNMH, empezó por reconocer que uno de los saldos netos del conflicto en los últimos decenios había sido el despojo de tierras y la liquidación del movimiento campesino. Su lineamiento de base: hay conflicto armado por reconocer, hay víctimas por reparar, hay tierras por restituir. Las víctimas devienen aquí en actor principal no-armado contra la guerra y soporte de la paz.

Apunta Sánchez que la complejidad del conflicto riñe con relatos de causa única o reducidos al moralismo de buenos y malos. En vez de dogma, la memoria ha de ser espacio de debate plural que, en todo caso, le busque sentido al pasado, señale responsabilidades y reconozca a las víctimas. Pero nunca, memoria oficial. Porque ésta es memoria interesada del poder y para el poder. En la dificultad de alcanzar un relato compartido, señala, apuntamos a un relato debatido. Hasta hace sólo un año marchábamos hacia la democratización de la memoria. Una memoria para la superación, para la transformación de las percepciones recíprocas de los contendientes y no para la reedición del conflicto. Empeño más difícil hoy, se diría, cuando se avanza con paso marcial hacia una memoria secuestrada.

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Gobierno reaccionario

Últimos efectos de demostración: sabotaje a las curules de las víctimas y descalificación del proceso de paz por “semifallido”. Se ha reinstalado en Colombia la cepa del autoritarismo, a instancias de una fuerza conservadora y violenta que evoca a cada paso los tiempos de Laureano Gómez: la fuerza del uribismo. Para no mencionar su correlato natural, la predilección por el corporativismo, que arroja al presidente Duque en brazos de intereses particulares adueñados del poder para mandar en provecho propio. En política, la cosa se ha resuelto sobre todo como cruzada contra la paz; falazmente barnizada en rosadito-legalidad para la galería de afuera, riñe todos los días con los actos de gobierno. Hipocresía pura.

A los dispositivos de un Estado policivo y chuzador; a la fallida asonada del primer mandatario contra la JEP; al sistemático boicot del Acuerdo que nos redime de la guerra; a la masacre de líderes y reinsertados que se expande porque la Seguridad no apunta a sus determinadores, se suman ahora dos finas perlas: una, pretende impedir la representación directa de las víctimas en el Congreso, afincada en la Constitución y la ley. Como si le faltaran viandas, ofrece el presidente a la glotonería de los partidos tradicionales las 16 curules asignadas a la Colombia olvidada, mártir del conflicto.

Otra perla, la trampa de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez que, en ilusa profilaxis de su gestión antes de rendir cuentas, adjudica a la contraparte sus propios desaciertos: declara que el de la paz es un proceso “semifallido”, por incumplimiento de las Farc. La secundan, al punto, intrépidos alfiles del presidente eterno: el general Ruiz Barrera, de Acore, el locuaz Alfredo Rangel. Pero el país sabe de la perversa modorra, cuando no del sabotaje que preside la implementación de la paz en este Gobierno. Luce, sí, como una flor en el desierto, algún avance en reincorporación de desmovilizados a cargo del comisionado Archila. En boca de la titular de Gobierno, la observación desnaturaliza la paz. Y no faltará quien se sienta autorizado a redoblar la cacería de desmovilizados de la guerrilla más antigua del continente que, sin embargo, entregó las armas y se incorporó a la vida civil. Hecho de resonancia en el mundo, contra el cual parecen conspirar este Gobierno y los viudos de la guerra que lo rodean.

A la voz de revivir el acto legislativo que por mayoría de votos aprobó el Congreso en 2017 para entregar 16 curules en la Cámara a víctimas certificadas del conflicto en los territorios materia de reparación, antepone el presidente Duque un proyecto que se las arrebata. Por enésima vez en la historia de nuestra democracia de castas, seguirían aquellas comunidades excluidas, sin voz, sin voto, sin opción, a la buena de Dios y del destino trazado por los chupasangre de siempre. ¿Será ésta otra dádiva por gobernabilidad que el Presidente concede a la politiquería? ¿Acaso no recela la rabia que  semejante atropello pueda sumarle a la protesta callejera? Tendría que vérselas también con El Consejo de Estado, a punto de resucitar las curules, no para pícaros de los partidos que pasarían por víctimas, sino para sus destinatarios originarios: las organizaciones sociales, étnicas y raizales.

La propuesta de Duque es inconstitucional y escamotea la paz. La diatriba de Gutiérrez, la desconceptúa. Brincarse las normas constitucionales que crean las curules de víctimas y ordenan implementar la paz es resucitar la arbitrariedad que signó el régimen de la Seguridad Democrática. Presidente y ministra parecen marchar hacia la meca soñada: hacer invivible la paz, para volver a hacer invivible la república.

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