por Cristina de la Torre | Sep 9, 2018 | Impunidad, Corrupción, Septiembre 2018
A siete billones de pesos ascienden por ahora los costos del desastre de Ituango. Y ya muestra sus fauces el secular patrón del abuso que en contratación público-privada socializa las pérdidas y capitaliza en la faltriquera del negociante de turno las ganancias. EPM propone descargar la billonaria pérdida en la ciudadanía, feriando empresas que a ésta le pertenecen. Y pone en riesgo la inversión social de Medellín, que se nutre mayormente de EPM. Pero el gobernador Luis Pérez echa mano de concluyente informe de la Contraloría según el cual EPM tomó decisiones sin sustento técnico suficiente, para notificar que la autoridad departamental no responderá por los errores técnicos del consorcio constructor. Si la contingencia, dice Pérez, no se presentó por fallas geológicas sino por errores en la construcción, entonces son los contratistas quienes deben responder: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa. Con más veras, se dirá, si median dudas sobre la pulcritud del contrato que enganchó a la firma brasileña.
Mas, para ganar liquidez en la emergencia, lejos de apretar a los responsables, EPM venderá su participación en ISA, en las chilenas Aguas de Antofagasta y Cururos. El retraso en las obras de Hidroituango engloba lucro cesante de $4 billones (dinero que en tres años no recibirá por suministro de energía), $2 billones para concluir la obra y $1 billón por contingencia de las comunidades afectadas. Globo optimista, pues sólo dentro de cuatro meses se conocerá el grado de destrucción producido en la sala de máquinas, corazón de la obra.
Según la Contraloría, el taponamiento de los túneles diseñados para regular el cauce obedeció más a criterios económicos (de ahorro) que técnicos. “En su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema (…) EPM perdió el control hidráulico del proyecto y el plan de contingencia no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido”. Además, ocultó información e incumplió sistemáticamente las obligaciones que la autoridad ambiental le imponía. De palabra, que no de obra, pues nunca se impuso ésta sobre el negligente. Para el contralor Maya, los daños sociales y ambientales causados son incalculables. El ente de control registró 35 hallazgos disciplinarios y penales, hoy en manos de la Procuraduría y la Fiscalía.
Grave. Asegura la Fiscalía tener evidencia seria de pagos irregulares en la contratación de Hidroituango. El Espectador (2, 28, 17) informa que el alcalde Federico Gutiérrez denunció en esa fecha irregularidades en la contratación de EPM con Camargo Correa, y la fiscalía le abrió a la firma investigación preliminar, previa inspección judicial a las oficinas de EPM en Medellín. La concejal del Centro Democrático Maria Paulina Aguinaga había denunciado las irregularidades en la contratación que hoy ocupan la atención de la Fiscalía; sus cuantiosas adiciones y modificaciones a los contratos. Y El País de España revelaba que el grupo brasileño había pagado sobornos a altos funcionarios de Latinoamérica por valor de 788 millones de dólares. A la manera de Odebrecht. ¿A más de incompetente corrupto?
Concejales de Medellín apoyarían la venta de acciones de EPM en ISA; pero piden a los órganos de control que, amortiguada la emergencia, señalen a los responsables del desastre. De fracasar el proyecto, las pérdidas serían de $9 billones y sumirían en crisis las finanzas de la ciudad. El exviceministro Daniel Quintero remata: si en lugar de los contratistas brasileros asume EPM esos costos, cada familia de Medellín perdería $20 millones. Y se confirmaría el negro sino: con complicidad del primer necio que pasa por gerente, cualquier angurriento sin escrúpulos podrá embolsillarse la empresa más querida de los antioqueños.
por Cristina de la Torre | Mar 13, 2017 | Uribismo, Corrupción, Marzo 2017
Arrastrado también él por una avalancha de opinión contra la clase política que ha escalado la cima de la corrupción, Álvaro Uribe induce la renuncia de Zuluaga a la candidatura de su partido, por hallarse este inmerso en el escándalo Odebrecht. Aspira el senador a ganar así legitimidad para batirse en la campaña electoral, que arrancó pasando cuenta a la ladronera de todos los partidos. Pero la audacia del lance se trocó al punto en mero gesto de ocasión. Porque erigió en su lugar a María del Rosario Guerra, honorable cabeza de su bancada en el Senado, pero símbolo trágico de un círculo familiar que condensa, como pocos, la corrupción en la élite. No existe, por ventura, el delito de sangre en Colombia. Mas pesa como una roca en la sociedad la carga de la parentela cuando de figuras públicas se trata. Por lo demás, no le resultará fácil a Uribe fungir ahora como paladín de la decencia sin reconocer antes la responsabilidad política que le cabe por la venalidad de su Gobierno, el más corrupto de los últimos tiempos en Colombia.
Tío de la nueva candidata es Julio César Guerra Tulena, exgobernador de Sucre en cuya administración se selló negocio del chance con La Gata; y se pagaron $5.000 millones por medicamentos para enfermos mentales ficticios. Su hermano José fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada. A su otro hermano, Antonio, se le acusó de supuestos vínculos con paramilitares. Y su primo Miguel, firmante del pacto de Ralito, fue condenado a prisión por concierto para delinquir.
Del corazón de Uribe, la familia Guerra es apenas una partícula de la atmósfera que rodeó aquel mandato. Descolló su Incoder por la legalización del despojo de tierras; al posesionarse como Ministro de Agricultura en 2010, encontró Juan Camilo Restrepo que no se podía tomar allí ninguna decisión sin la venia tácita del paramilitarismo. Las cabezas de la Dirección Nacional de Estupefacientes y 13 parlamentarios feriaron entre familiares, amigos y testaferros centenares de bienes expropiados a las mafias del narcotráfico.
Caso aparte es el del DAS (adscrito a la Presidencia) por su presunta colaboración con el paramilitarismo auspiciada por el propio director, Jorge Noguera; y por promover asesinatos como el del profesor Correa D’Andreis, que al funcionario de marras le mereció 25 años de prisión. Pese a la ciega defensa del “buen muchacho” por el entonces presidente Uribe, y a su dramática declaración de que pondría por él las manos en el fuego. El DAS habría quedado al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas. La cúpula del paramilitarismo tuvo a José Miguel Narváez, subdirector de la entidad y asesor del Gobierno Uribe, por ideólogo de cabecera.
También entran ahora a sala de maquillaje Germán Vargas y Monseñor Ordóñez. Preparan sendas diatribas contra la indecencia, en lanzamiento de sus campañas presidenciales: hoy el primero; el segundo en abril, cuando encabece con Uribe y con Maria Luisa Piraquive la gran manifestación de Dios, Patria y Familia contra la corrupción. Pero nada dirá Vargas de su sociedad con decenas de políticos metidos con el delito y el crimen, como Kiko Gómez condenado por asesinato a 53 años de prisión. Ni dirá cosa alguna el destituido procurador por haber dejado fenecer la investigación contra funcionarios del Gobierno Uribe sindicados de coimas y tratativas con Odebrecht. ¿Piensan Uribe, Vargas y Ordóñez que bastará con cambiar el empaque y ocultar la carroña debajo de la alfombra? ¿No temen castigo ejemplar del electorado, como el propinado al Polo? ¿Y qué dirá el presidente Santos si se prueba que su campaña de 2010 recibió $US400.000 en especie de la corrupta brasileña?
por Cristina de la Torre | Feb 14, 2017 | Corrupción, Febrero 2017
Hasta un niño lo sospecharía. El carrerón del fiscal para conjeturar, sin pruebas todavía, sobre aportes secretos de Odebrecht a la campaña de Santos, antes que a hacer justicia, parecía apuntar al blanco de la derecha: enlodar al hacedor de la paz. Y desplazar la puñalada hasta la yugular de los acuerdos que dieron fin a la guerra, la Jurisdicción Especial de Paz. Ya Martínez había atacado a la JEP, entre otras razones, porque ella dizque podía comprometer “a una persona que había ejercido la Presidencia”. Esta Colombia harta de corrupción le agradecerá si prueba su hipótesis de aportes de la firma brasileña a la campaña del hoy presidente. Pero el fiscal habrá alcanzado de entrada su fin primordial, que era político, no judicial.
La carga de profundidad le vino al uribismo como diamante de compromiso; y destapó intimidades de noviazgo que una doncella recatada no permitiría ventilar en público. Mas la largueza de Martínez —y su impudicia— le brindaron al Centro Democrático la coartada feliz que reza: untados todos, todos inocentes. Porque el fiscal no sólo omitió las pruebas documentales de apoyo a la bomba que explotó en el mundo contra el Nobel que había conjurado una guerra de 50 años. Es que tiró la piedra política y escondió la mano judicial. Ignorando las implicaciones penales de presuntos aportes a una campaña tramitados por lavado de activos y falsificando documentos, califica los casos como faltas administrativas y los manda al Consejo Nacional Electoral. Renuncia, pues, a su deber de investigar.
Verdad es que por el soborno de $US 6,5 millones al Gobierno de Uribe paga cárcel el ex viceministro García Morales. Pero no comparece García Arizabaleta, coordinador de la campaña de Zuluaga, a explicar el destino de $US 3 millones faltantes. Por la presunta incursión financiera de Odebrecht en la campaña de Santos paga cárcel el exsenador Bula; pero no se sabe qué hace Prieto, gerente de esa campaña, en el exterior, ni por qué el fiscal no lo llama a declarar. Ni comparece el presunto implicado senador Ñoño Elías, anfitrión de Bula y gran elector de Santos en la Costa Norte.
Un estilo se marca aquí: el fiscal se precipita a absolver o a condenar, antes de investigar. En el contrato con Navelena, cuyo socio principal es Odebrecht, declaró de entrada no haber encontrado corrupción. Pero el Banco Agrario le había prestado $120.000 millones, sabiendo que la firma había entrado en insolvencia financiera y su presidente sentenciado a 19 años de cárcel. Luis Carlos Sarmiento, amigo de negocios del fiscal, había recomendado el préstamo. Y tiene 33 % en la empresa Ruta del Sol. Tal vez por eso le propuso Martínez acogerse al recurso de oportunidad, que apareja suspensión de la acción penal y continuación del contrato.
Coda. A pocos minutos de enviar esta nota, publica Noticias Uno el documento Conpes de Planeación Nacional expedido el 2 de octubre de 2014, base del otrosí que adicionó sin licitación pública el contrato de la Ruta del Sol, para construir la vía Ocaña-Gamarra. Firman el documento el vicepresidente Vargas Lleras, el entonces superministro de Palacio y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Hacienda Cárdenas, la ministra de Transporte Natalia Abello, el jefe de Planeación Nacional Simón Gaviria, y otros ministros. La Procuraduría investigará a todos los funcionarios, “del ministro para abajo”, según especifica Noticias Uno, para identificar si parte de los $US 4,6 millones que Bula habría recibido de Odebrecht sobornaron a alguno de estos personajes, si a funcionarios de la ANI, o a particulares y en qué circunstancias. Aventuremos que la precipitación del fiscal para señalar y su renuencia a investigar respondieron a cálculo político y a la necesidad de minimizar la acción judicial que podía afectarlo también a él.
por Cristina de la Torre | Feb 7, 2017 | Uribismo, Corrupción, POR FECHA, Febrero 2017
El espectáculo de casi 7.000 guerrilleros y guerrilleras —algunas de bebé en brazos— que arriban sonrientes a sus sitios de concentración para entregar las armas tras medio siglo de guerra, deshilacha la bandera contra la paz que el uribismo quería izar en campaña electoral. Y el estandarte anticorrupción, catapultado por el escándalo Odebrecht, llena el vacío de la propuesta bélica que ya no será. Además, promete ríos de votos. En acto de contrición que enaltece a Álvaro Uribe —aunque dice también de su sentido de oportunidad— le pide este al Centro Democrático investigar la conducta de su precandidato insignia, Óscar Iván Zuluaga, por contratar para la campaña de 2014 a un publicista pagado por la purulenta firma. E invita a su partido a encabezar la campaña contra la corrupción. No sea que ella les dé el triunfo a fuerzas independientes que no lucen rabo de paja: ni con la empresa de marras, ni con la clase empresarial y política que ensanchó sus arcas con el erario y su poder bajo la égida del paramilitarismo.
Dos retos de vida o muerte enfrenta hoy el uribismo. El primero, sobrevivir a la voluminosa visita del elefante en casa, capaz de sepultar a Zuluaga y de dejar en capilla a Duque, el otro precandidato comprometido en el lance con Odebrecht. Segundo reto, ganarse el derecho moral de alistarse en la cruzada contra la corrupción. Para lo cual deberá responder por el contrato de la Ruta del Sol suscrito por el Gobierno de la Seguridad Democrática, en cabeza del viceministro García Morales. Para comenzar. Y, luego, abstenerse de boicotear los procesos judiciales contra bananeros y ganaderos de sus afectos que, según estableció la Fiscalía el 2 de febrero, resulten incursos en delitos de lesa humanidad por haber financiado voluntariamente al paramilitarismo en Urabá, a través de las Convivir; ejército autor de mil crímenes y del robo de los recursos públicos, a dos manos con sus benefactores. Tan responsables como los financiadores de guerrillas que cometieron las mismas tropelías. Por supuesto, la guerrilla también tendrá que responder ante los jueces.
De arroparse ahora con la túnica de la ética, no podría el uribismo tornar al expediente del Gobierno que, por defender a su bancada de parapolíticos y al círculo íntimo del poder, persiguió sin clemencia a la corte que los juzgaba. Entonces alcanzaba la corrupción cotas sin precedentes, pues los políticos que ganaron curul con dinero del narcotráfico retribuyeron sin medida con leyes y contratos y posiciones de poder. Entre 2002 y 2010, ocho de cada diez parapolíticos fueron bancada del Gobierno. En 2007 declaró el fiscal Iguarán que fueron las élites regionales las que buscaron a los grupos armados: para defenderse del secuestro, expandir sus propiedades y eliminar a sus rivales políticos. Escribió Claudia López que del clientelismo, el cohecho y el soborno de las mafias armadas se pasó a la captura masiva de negocios y recursos públicos mediante cambios legales, exenciones tributarias, concesiones, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación pública. Brilló como nunca la corrupción como modelo de doble vía: de tráfico entre un Estado que concede contratos a dedo, y criminales o delincuentes que financian a la clase política-intermediaria hasta colonizar el Estado y esquilmarlo. Mas, si por esas calendas llovía, no escampa todavía.
Nada más deseable que el expresidente Uribe se sumara a la cruzada contra la corrupción. Deber y derecho que habrá de ganarse en franca lid —como el resto de la dirigencia política— principiando por depurar las filas de su propio partido, y respetando los procesos y fallos de la justicia. Única manera de lograr legitimidad moral en cualquier colectividad política que se respete. ¿Será capaz Uribe?
por Cristina de la Torre | Ene 23, 2017 | Corrupción, Enero 2017, Sin categoría
Ya no cabe duda: en Colombia, el sistema político es la corrupción. Vale decir, la estructura del poder, de Bogotá a Montería o a Yalí, se cimenta y apuntala en larga cadena de transacciones entre la clase política y delincuentes de toda laya para robarle hasta $50 billones al erario cada año. Diga usted seis veces lo esperado por reforma tributaria. Narcotraficantes, Gatas, contratistas de cuello blanco y de otros no menos turbios, contrabandistas, timadores y aprendices del oficio que pasan por jóvenes emprendedores financian a los políticos que, llegados al poder, retribuyen con contratos a sus beneficiarios. Y todo queda en familia. Botones de muestra recientes: Reficar, el mayor desfalco en la historia de Colombia, arroja a la fecha $12 billones en sobrecostos y $8,5 billones en pérdidas; uña de Saludcoop por $4,5 billones, sin que el ministro de la cartera mueva un dedo para apretar al responsable; coimas de Odebrecht por $US 11 millones repartidos entre un senador y encumbrados funcionarios de los dos últimos Gobiernos.
Explicaciones le debe al país el expresidente Uribe por la adjudicación de la Ruta del Sol a esa firma, mediante soborno de $US 6,5 millones a su viceministro de Transporte. Y explicaciones debe el Presidente Santos sobre adición a ese contrato por la ANI, suscrito sin licitación pública y gracias a soborno de $US 4,6 millones al senador Otto Bula. Inverosímil declararse aquí traicionado por el viceministro y “con dolor de patria”, como lo hizo el senador Uribe, hombre de astucia sin par. Y pueril la solución de suprimir casa por cárcel para los corruptos, que el Presidente Santos avanzó.
Ha invadido la carroña todos los intersticios del sistema. El país se exaspera. Y la senadora Claudia López se lanza en pos de una coalición ciudadana contra la corrupción, capaz de suplantar a la clase política y su Congreso, foco de pestilencia irrespirable. Apunta ella al 80% de los colombianos que no militan en partidos tradicionales, con una divisa revolucionaria: vamos por la Presidencia sin comprar votos, y a gobernar sin comprar congresistas; vamos a cambiar la lógica de que una minoría decente denuncia y un establecimiento corrupto gobierna.
Se dirá que el cambio debería principiar por los partidos. Improbable. Estos derivaron hace rato en cascarones sin ideas y sin honor. Desechos del Frente Nacional que castró su imaginación política, muchos de sus círculos fraternizan hoy con el narcotráfico. Mercado negro que se montó sobre las estructuras ocultas de comercialización del contrabando y la exportación ilegal de esmeraldas. Y terminó por medrar en los partidos tradicionales, reeducados en la regla turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Tal vez por eso a Cambio Radical le resulte natural brincarse su responsabilidad por dar aval político a un Kiko Gómez, sentenciado a 55 años de prisión por cohonestar tres asesinatos. Como elegante le parecerá a Juan Lozano sumarse ahora a la “rebelión ciudadana contra funcionarios y políticos corruptos”; tras 15 años de apasionado silencio sobre los parapolíticos que acompañaron el Gobierno de la Seguridad Democrática y que Claudia López había denunciado.
Entre medidas urgentes por tomar, insta el Contralor a centralizar el control fiscal en una única Contraloría, a restablecer el control previo en la contratación pública que la Carta del 91 suprimió, y a crear un sistema único de selección de contratistas. A aplicar penas efectivas contra los corruptos, sanción social comprendida. Pero clama, sobre todo, por cambiar toda la estructura del poder político afirmado en la contraprestación de leyes por contratos. Y sentencia: a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.
