ALÍ BABÁ Y LAS 40 UNIVERSIDADES

Pueda ser que le caiga la justicia a Mariano Alvear, dueño del sórdido negocio llamado Universidad San Martín; ya que, para solaz del ministerio de Salud,  aquella hizo la vista gorda con Palacino, el escurridizo presidente de la EPS Saludcoop. Pues uno y otro se llenaron los bolsillos con dineros de la educación y la salud, pilares del servicio público sacrificados a la avaricia que navega sobre la más grosera mercantilización de los derechos fundamentales. La Contraloría probó que Saludcoop se apropió billones arrancados a fondos públicos del sistema de salud para invertirlos en negocios privados de sus dueños; pero el sector sigue bajo la enseña del paseo de la muerte. A Alvear se le imputa desviación masiva de matrículas que familias pagan con sacrificio por equipar a sus hijos para una vida mejor. Se espera que la valiente ministra de Educación no se conforme con una intervención de circunstancia en esta universidad y en otras 40 que tiene en la mira, si también sus dueños resultan mercaderes disfrazados de educadores. De 235 universidades privadas, sólo 20 acreditan elevada calidad.

Si diera Parody el paso en firme, eliminaría el síntoma más repelente de una educación superior librada al interés particular. Pero, de no inyectar a la vez nuevos recursos a la universidad pública, crecerá al apartheid educativo: buenas universidades privadas para los menos, y malas –de garaje y públicas desfallecientes– para las mayorías. Es que el modelo va matando por inanición a la universidad pública mientras privilegia a la privada. Con enriquecimiento lícito o ilícito de sus dueños. Acaso sigan reventando entonces purulencias como esta de la San Martín que, en vez de invertir el dinero de sus estudiantes en investigación, en laboratorios, bibliotecas y docentes pagados a derechas, les monta a sus dueños negocio de carnes y restaurantes.

Los Alvear crearon la distribuidora de carne Qualité, que ofrece “alta calidad… resultado de un riguroso proceso que va desde la genética y nutrición de los animales hasta el sacrificio, maduración y comercialización de los distintos cortes de carne”. Y abrieron la cadena de restaurantes Burguer Market. Para la Fiscalía, ellos habrían incurrido en captación ilegal de rentas, desviación de fondos y enriquecimiento ilícito. Además, la San Martín estafa a sus estudiantes con carreras no aprobadas. Paga mal a sus docentes y empleados y les birla las prestaciones sociales, según revelan docenas de demandas laborales en curso. Mas, entre empresas, apartamentos y depósitos en Aruba, la Fiscalía tasa en $100 mil millones el patrimonio de los Alvear.

De las 40 universidades investigadas, al menos 15 recibirían sanción similar a la de San Martín. A la Grancolombia se la investiga por creación de un fondo extra y por financiar en 2009 la campaña presidencial de su rector, José Galat. Silvia Gette, exrectora de la Autónoma del Caribe, habría incurrido en autopréstamos, compra de acciones en clubes sociales y transferencia de un millón de dólares al extranjero. A la manera de la integración vertical de las EPS, subcontratan estas universidades con empresas de los mismos propietarios, así que todo queda en casa.

Difícil alegar autonomía universitaria para justificar el enriquecimiento de sujetos que asumen la educación como un negocio más. Parody apunta a defender la educación como derecho fundamental y servicio público con función social. Enhorabuena. Aunque esta su primera incursión apenas toca la punta del iceberg de un modelo privatizador que acentúa las desigualdades, merece el aplauso de la sociedad. De momento, que den la cara  los Gette, Galat,  AlibAlvear y  las otras 40 universidades que esconden alforjas sospechosas.

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MIEDO A LA DIVERSIDAD

El suicidio de Sergio Urrego, inducido por la atmósfera recurrente de dogmatismo que nos asfixia –esta vez desde hace 12 años- evidencia la accidentada construcción en Colombia del Estado laico y democrático: de aquel regido por la ley civil y atento a los derechos de las minorías. Un paso adelante, dos atrás, la legislación que protege a la población LGBTI se vio burlada por la arbitrariedad. No cede la beligerancia de jerarcas de la política y las iglesias que traducen su credo en discriminación y violencia moral contra la diversidad. Fuerzas rancias ceñidas a una idea fija y refractarias al cambio colonizan los colegios hasta provocar la muerte de inocentes. Contra la ley antidiscriminación que garantiza los derechos de todas las razas, nacionalidades y orientaciones sexuales, muchos planteles dieron en la flor de catalogar el homosexualismo como causal de expulsión. Sus manuales de convivencia reproducen la dialéctica de la Inquisición: por milagro divino, la falta de disciplina deviene en pecado, y éste se transforma en delito.

En el fondo de la contienda, la concepción de familia. No reconocen los tonsurados la crisis de la familia nuclear. Vida urbana, revolución social animada por la masiva incursión de la mujer en fábricas, oficinas y universidades, píldora anticonceptiva, matrimonio civil y divorcio diversificaron las costumbres sexuales y demolieron la familia patriarcal. Un tercio de nuestras mujeres vive en unión libre y sólo el 19% se casa. 31.7% de jefes de hogar son mujeres, solteras. Apenas la mitad d los niños vive con ambos padres biológicos. Y las uniones homosexuales se expanden. Pero la Iglesia no parece reconocer como familia sino la de pareja heterosexual unida en patrimonio para tener hijos. Se reclama depositaria exclusiva de la moral sexual y asume la existencia de otros tipos de familia como agresión a los valores excelsos de la familia patriarcal, fundamento de la civilización cristiana occidental.

Esconden los prelados su cabeza de avestruz para no ver el cambio: un mundo nuevo que estalla en la diversidad y pide pista en su propio seno. Como la piden hoy miles de fieles agrupados en organizaciones como Católicos por el derecho a decidir. Institución monolítica, cualquier anhelo de pluralismo desafía el poder centenario de la Iglesia colombiana, anclado en el pueblo-uno, indiviso, bajo la corona única de Cristo-rey. Mas, a la par con la libertad de cultos, acogió el liberalismo la libertad de partidos y de pensamiento y de opciones en moral privada. A Nadie se le negará el derecho de repudiar el socialismo, la homosexualidad o el aborto. Otra cosa es que quiera imponerlo como política de Estado.

Pero en este desierto se dibujan oasis como Liberarte, un espacio terapéutico fundado en la valoración de la diversidad humana. Para Carolina Herrera, una de sus sicólogas, legitimar sólo la heterosexualidad como manifestación posible de amor, le niega opciones a un segmento de población que, presa de la homofobia, desespera. En busca de identidad –explica- se cae con frecuencia en oposiciones excluyentes homosexual-heterosexual, blanco o negro que estigmatiza y oculta los colores y matices de la vida. Por miedo a lo desconocido, al “otro” que amenaza la confortable identidad que nos define.

Cabe preguntarse cómo reconocer que la cultura, la sociedad, la identidad cambian. Si identidad hay sólo una, la del católico-heterosexual-monogámico-decimonónico. Qué hacemos, en un mundo tan diverso, para cuestionar nuestros propios prejuicios frente a las diferencias de opción amorosa,  de raza, de religión, de clase social. Qué, para saltar de la seguridad de lo conocido a la aventura de lo desconocido. Qué, para vencer el miedo al cambio, el miedo a la diversidad.

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COLOMBIA EDUCADA: ¿UNA ILUSIÓN?

Es primera vez en nuestra historia reciente que un presidente anuncia presupuesto de Educación mayor que el de guerra. Además, en divisa transformadora, le señala a la nación metas de largo aliento: paz sólo habrá con equidad, mas sin educación será imposible la equidad; luego, educar se impone. Enhorabuena. Pero el ajuste financiero resulta irrisorio para las necesidades del sector. Y viene absurdamente precedido del triunfal “hemos cumplido” de su ministra Campo, cuando Colombia ocupó la cola del mundo en pruebas Pisa durante los años de su gestión; bajó, aún más, el hábito de lectura del país, el Gobierno debió engavetar una reforma de ventajas a la universidad privada, e intentó reducir a la mitad el ya paupérrimo presupuesto de Ciencia y Tecnología -0.2 del PIB, mientras Brasil le destina el 1.6-. Mejoró, sí, la cobertura, pero pésima calidad e inequidad siguieron dominando el panorama de nuestra educación. Casi nada hizo este Gobierno por corregir el apartheid de educación buena para ricos y mala para pobres, que estanca a la mayoría en carencias insuperables y rodea de privilegios a los que ya lo tienen todo. Si al proceso de paz le consagra el Presidente una voluntad irreductible, en educación cabe el beneficio de la duda.

      En Colombia, los mayores de 25 años de estrato uno acumulan en promedio 5.2 años de escolaridad; los de estrato 6, 12.7 años. Con vocación de república bananera, ostenta el mayor gasto militar en América Latina y no consigue asimilar el legado de la Revolución Francesa, que se empotró en el derecho de todos a una educación para la vida y la creación, patrimonio de toda democracia que se respete. Para Julián de Zubiría, nuestra educación, lejos de promover movilidad social ascendente, reafirma las jerarquías de clase. En las pruebas Pisa de 2012, el estudiante de colegio público obtuvo 50 puntos menos que el alumno de escuela privada. Si no hizo prekinder, saca 25 puntos menos. Y, si es mujer, reduce en matemáticas 25 puntos adicionales. De donde, una joven de procedencia popular alcanza en noveno 109 puntos menos que un muchacho de clase alta, el equivalente a tres años menos de educación. La distancia aumenta con los grados, de modo que las diferencias de calidad en la educación amplían las desigualdades sociales. E inmovilizan a los más en la desesperanza, a aquellos que ingresan a la educación pública básica.

El billón y medio adicional para Educación en el 2015 apenas desborda su crecimiento vegetativo. No resuelve la emergencia financiera de la universidad pública, que supera los 12 billones. Tampoco la partida de 28.4 billones se compadece con los requerimientos del sector, que José Manuel Restrepo, director del Cesa, estima en 40 billones. Menos aún se ve cómo cubrir con tan menguadas asignaciones el ambicioso programa del presidente Santos: cobertura universal en primera infancia, formación sólida de maestros, jornada completa en todos los colegios, 400 mil becas a estudiantes pobres. Los estudiantes piden salvar la universidad pública cubriendo el déficit que la sume en la indigencia. Y proponen gratuidad en la misma, en proceso progresivo de 10 o 15 años, con un costo de 850 mil millones, que equivalen al 3% del presupuesto anual del Ministerio.

Si de equidad se trata, prestar oídos al clamor de la sociedad por una educación pública de calidad como derecho irrenunciable de todos será  honrar la palabra empeñada  el pasado 7 de agosto. Y atender en el acto la emergencia financiera de la universidad pública para salvarla de muerte por inanición, será señal inequívoca de que Colombia Educada pasa de ilusión a realidad. Anticipación estelar de los cambios que la construcción de la paz demanda.

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EMBAJADOR ARRODILLADO

Vergüenza. Luis Carlos Villegas, embajador en Washington, lejos de velar por los intereses de su país, oficia como recadero del Tío Sam ante el Gobierno de Colombia. Informa Pablo Correa en El Espectador que este funcionario transmitió al ministro de Salud “preocupaciones” de las farmacéuticas norteamericanas por nuestro decreto en ciernes sobre medicamentos biotecnológicos y la tácita amenaza de desarrollar aquí esa industria. Se atentaría, pues, contra intereses comerciales de extranjeros que Villegas asume, rodilla en tierra, como propios.

El hábito inveterado. Insolencia de multinacionales que aspiran a mantener precios de monopolio, astronómicos en medicamentos de marca cuya forma genérica ofrece el mismo principio activo pero su precio baja hasta una veinteava parte. Prepotencia gratuita del amo que prevalece por bloqueo de la industria de sus satélites. Y, ¡ay!, indignidad del diplomático que ostenta el cargo  más obligante en el exterior y así hiere el honor de su país. Nadando contra la corriente de otros como India, Sudáfrica y Brasil que se sacuden el yugo y producen medicamentos genéricos de probada eficacia y calidad, a precio de huevo, o regalados a su gente. Medio de universalizar el acceso a ellos, que resulta vital en la democratización de la salud.

Tanto elevaron aquellas multinacionales los precios de sus productos, que a ellos sólo acceden los elegidos de la fortuna. Entre 2008 y 2011 invirtió Colombia casi 2.8 billones en sólo 48 medicamentos biotecnológicos, casi todos contra el cáncer. Y, con ayuda de las EPS, quebraron el Fosyga. Ahora el Gobierno apunta a abrir el mercado y, en aras de la competencia con genéricos, reducir precios. No será fácil. Según Alberto Bravo, presidente de Asinfar -gremio de los laboratorios nacionales- la Oficina Comercial de EE.UU. y la Embajada de ese país habían presionado ya en el pasado para cerrar toda posibilidad de competencia doméstica a los fármacos de sus empresas.

En su mensaje, también alerta Villegas contra el decreto que, según aquella Oficina, “promueve… la intención comercial (de crear) una agencia para el desarrollo de la manufactura de productos biológicos en Colombia”. Mientras tanto, la India ha montado una industria formidable de genéricos, contra el viento y la marea de las multinacionales farmacéuticas. Su Gobierno las presiona para que bajen precios, otorgando licencia a quien pueda fabricar el mismo medicamento pero a precios irrisorios y con idénticos estándares de calidad. Así impulsa la industria nacional de genéricos y favorece a los más pobres. El mismo objetivo persigue en Brasil la política pública de producción, distribución y venta de medicamentos genéricos. Resultado: éstos representan ya un tercio del mercado de fármacos en ese país. El Gobierno incentiva a la industria nacional de medicamentos y negocia con firmas extranjeras la transferencia de tecnología y los precios de importación de insumos.

Pero no basta con el control de precios. Siendo los genéricos de calidad óptima y muchísimo más baratos, debería el Estado, no sólo fomentar la competencia y la industria nacional de tales medicamentos, sino producirlos. Centralizar las compras y proteger el autoabastecimiento nacional de genéricos. Y multiplicar la inversión en ciencia y tecnología.

El decreto de la discordia es producto de un trabajo colectivo y responsable presidido por el ministro de Salud, con aportes inestimables de la Federación Médica Colombiana, Fundación Infarma, Fundación Misión Salud y la Conferencia Episcopal Colombiana. Para comenzar, a este Comité de Veeduría ciudadana tendrá que responder por sus actos el inefable Luis Carlos Villegas. Cuando levante la testa y la rodilla.

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EDUCACIÓN, VIDA Y DESARROLLO

Inventor, prodigio en ciernes, Miguel Ángel Olea no sobrevivió al veneno que tomó para matar su frustración. Tras darle a Colombia el segundo lugar entre 70 países en concurso científico convocado por la NASA, sus maestros del colegio San Cayetano lo reprobaron por fallas de asistencia. En los últimos meses había faltado a clases sobre todo por actividades extracurriculares en las que, según su familia, participaba precisamente en representación del colegio. Pero allí primó la rigidez de la disciplina aplicada a rajatabla y terminó por sacrificar en el huevo el raro tesoro de una potencia creadora. Episodio alarmante de desprecio por el talento que, cultivado con inteligencia y con amor, sería el principio activo de lo que cualquier país civilizado considera educar: predisponer al deslumbramiento ante la vida y al goce del arte; desarrollar conocimiento, ciencia, creación para saltar hacia un país mejor. Pero Fecode, ocupada como vive en su grosera plañidera por más salarios y ventajas para el gremio, no se pronunciará. Dirá que el caso no le incumbe. Se sabe. Ni maestros ni clase dirigente entienden el sentido de la educación. Tampoco les importa. Mientras la de Colombia ocupa los últimos renglones en el mundo, Chile y Ecuador verbigracia apuntan al ideal alcanzado por otros que, como Corea, compartían no hace mucho con nosotros la retaguardia del desarrollo y hoy les disputan  a los más avanzados la corona.

 Ecuador se decide por una sociedad del conocimiento. Acaba de lanzar la universidad pública de Yachay que, inscrita en la política de ciencia, tecnología e innovación, busca cambiar la “matriz productiva” del país desde el conocimiento. El centro educativo será corazón de toda una ciudad proyectada para la ciencia y la aplicación de hallazgos de investigación. Con decisiones de este tenor que sorprenden a sus críticos, está Ecuador logrando a la vez crecimiento económico y reducción de la pobreza.

 Iván Montenegro llama la atención sobre el modelo de gestión de ciencia, tecnología e innovación en Chile. Con fines semejantes a los del Ecuador, este país creó en 2006 un Consejo Nacional de Innovación integrado por elementos del sector público, la academia y la empresa privada. Pero además creó una regalía sobre la renta gravable de las empresas mineras. Así, la explotación de recursos no renovables debe contribuir a la “acumulación de recursos renovables en la forma de conocimiento, ciencia e innovación”. Este fondo ha sido esencial para financiar investigación e innovación, estrechamente ligadas a las necesidades del sector productivo y de la sociedad. Bachelet conectará ahora esta política con la reforma educativa, que es divisa primera de su Gobierno.

 Siempre rezagada, no avanza Colombia hacia la producción de bienes sofisticados porque aquí no se produce nuevo conocimiento ni la educación desarrolla habilidades. El país se desindustrializa aceleradamente: hace 30 años, la industria representaba la cuarta parte del PIB; dentro de 5 años será sólo la décima parte. No se reconocen aquí la ciencia, la tecnología y la innovación como factores decisivos del desarrollo. Ni se sueña con aprovechar el emporio de riqueza biológica que somos para verter la biotecnología en una industria de punta.

 Pero nunca es tarde para dar el vuelco. Para enseñar a todos nuestros niños y jóvenes a leer, a escribir, a pensar, a criticar, a discutir, a conciliar, a imaginar, a crear, a formular problemas y proponer soluciones. Nunca es tarde para trazar una política agresiva de ciencia y tecnología en función del desarrollo. Urge que cualquiera de nuestros niños pueda llegar a ser un Miguel Ángel sin que deba morir en el intento.

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CENSURA A LA EDUCACIÓN SEXUAL

No obedece sólo a la mediocridad de nuestros maestros, ni a barbaridades como aquellas de suprimir la cátedra de historia o dispensarle al estudiante todo esfuerzo en virtud de la promoción automática. Que Colombia ocupe casi el último lugar del mundo en educación resulta también del dogma como sistema de pensamiento que la Iglesia impuso desde hace un siglo largo, por lo menos, cuando metió mano en las aulas y las avasalló. Está por verse cuánto habrá pesado en nuestras carencias esta pacatería de aldea, mancuerna de la república bananera que se nos alebresta periódicamente. Y no apenas en la violencia, recurso del dogma extendido a la política que se resuelve en eliminación del contradictor. También en el hecho inexcusable de que nuestros muchachos, levantados en el miedo, no sepan pensar, ni analizar, ni comparar, ni criticar, ni imaginar, ni crear, ni resolver problemas.

 Último botón de muestra, el veto de la Curia, del procurador Ordóñez y del Opus Dei a los libros sobre diversidad sexual que formaban parte de la Colección Semilla en el Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación. Iniciativa que dota de biblioteca selecta a 20.600 colegios oficiales. Son 270 títulos que abren horizontes al mundo y entrañan correctivos de fondo a la crisis de contenidos y métodos de enseñanza. Flor en el desierto de nuestra malhadada educación, resultó también mancillada por aquellos paladines de la caverna. Y la Ministra, lejos de imponer respeto al Estado laico que ella representa, humilló la cerviz.

 En artículo titulado Educación sin sexo, sexo sin educación (Arcadia 6,13), señala Lina Vargas que en la Colección quedó proscrito el tema de la sexualidad. En el cedazo de los evaluadores quedaron atrapados títulos de calidad y delicadeza sin par, sólo para ahondar la fractura que acusa la educación sexual de nuestros jóvenes. Pese a que debe impartirse por obligación; pese al boicot del Procurador, para quien la ley imponía una cátedra abortista, el Estado apunta a instruir al estudiante sobre derechos sexuales y reproductivos, de modo que pueda decidir responsablemente sobre su vida sexual, respetar a los demás y acercarse a una ciudadanía plena. Pero el golpe de mano del oscurantismo se tradujo en este caso en censura de los textos que abordaban el tema de marras.

 A la campaña se suma el Centro Cultural Cruzada, en página web del Voto Católico, para exigirle al Ministerio de Educación que “pare de corromper a la infancia y a la juventud”, y cancele su programa de educación sexual, proyecto anticristiano inspirado en la “ideología de género”. Reclamando el derecho de los padres a educar a sus hijos, Catalina Castillo invita en Red Familia a dar un paso al frente en esta “guerra”, y “el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros hijos”. Razón legítima le asiste a Castillo si quiere sustraer a sus hijos de la educación sexual. Mas, por tratarse de un Estado laico, no puede imponer  desde su ideología religiosa la supresión de un programa oficial. E instaurar en su lugar un dogma de fe como política de Estado.

  Ha pasado a la historia la fórmula jurídica de la Teocracia decimonónica, cómo no; pero sus poderes de facto siguen pujando por moldear mentalidades en los enjutos parámetros del dogma de fe. Mentes aprisionadas en ideas fijas, ajenas a la reflexión,  a la experimentación, al arte propios de una educación  para la vida. Mentes dóciles al mesianismo, que a falta de libros varios se contenten con algún catecismo, de Franco o de Fidel. Si algo sabe Ordóñez por experiencia juvenil es que prohibir libros es como quemarlos; y quien quema libros termina quemando gente.

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