por Cristina de la Torre | Abr 5, 2022 | Impuesto progresivo, Estado Social, Capitalismo Social, Reforma tributaria, Abril 2022
Mientras la derecha en pleno se abraza a Federico Gutiérrez para prolongar –impúdica– las desgracias de este Gobierno y su partido, las fuerzas alternativas ofrecen ya programas para el cambio que urge. Su punto nodal, una reforma tributaria cifrada en el impuesto progresivo, ariete del Estado social que a lo largo del pasado siglo aseguró en el Occidente desarrollado salud, educación, pensión, renta básica y subsidio al desempleo para todos. Una tributación que aprieta más a quienes más tienen porque ataca la extrema concentración del ingreso y la riqueza, en función del bienestar general. Pero en este país el bienestar no es bien público, es particular y de pocos.
Como si no bastara para demostrarlo con el estallido social que desnudó el hambre de 21 millones de colombianos y la indigencia de otros 8 mientras una cofradía de prestantes agalludos acapara los recursos del Estado, o se los roba, la elección del 13 de marzo confirmó la revelación: Colombia no es ya la misma. Petro lo sabe e interpreta el inconformismo general, proponiendo reformas de fondo que ataquen las intolerables carencias de los más, y lanzar el país del capitalismo salvaje al capitalismo social.
En un sistema favorable a los muy ricos que pagan menos del 4% sobre rentas de fábula, donde proliferan favoritismos y evasión, el impuesto a la renta no redistribuye. Propone el candidato impuesto progresivo y equitativo, para limar desigualdades y financiar el desarrollo. Impuesto progresivo a ganancias ocasionales y dividendos a las personas (no a las empresas) tasado de 10 a 39%. Así, baja la tasa impositiva de la empresa y sube cada vez más la de sus beneficiarios individuales. En vez de expropiar, forzar la producción en tierras inexplotadas, o bien su venta, mediante el impuesto predial. A la Echavarría Olózaga.
También el proyecto de Fajardo grava más a los ricos y elimina exenciones. Se propone recaudar $33 billones adicionales suprimiendo beneficios, con aumento progresivo de impuestos sobre renta, patrimonio, dividendos a personas, y combatiendo la evasión. Impuesto sobre la tierra con catastro multipropósito y de valorización por grandes proyectos de infraestructura, al sector hotelero y a la economía naranja. Elimina beneficios a las empresas que presentan como gasto corporativo el de sus socios, y exenciones sin efecto social como por falsa creación de empleo.
De llegar a la presidencia, dice Petro, sería su primera ejecutoria un plan de choque contra el hambre. Paso primero de estrategia inscrita en la soberanía alimentaria y en la revitalización de la economía campesina. El otro plan de choque, la creación de empleo de emergencia desde el Estado con un salario que cubra el mínimo vital, en lugar de renta básica para cesantes. Inclinado a la retórica, más con sabor de plataforma ideológica que de programa pormenorizado en alcance y en financiación (que deberá precisar) resultan no obstante plausibles estas iniciativas para paliar sufrimientos redoblados en estos años de Duque: la pobreza y el desempleo. Su propuesta de largo plazo, transitar de una economía primaria a una productiva centrada en la industrialización. También aquí, ¿cómo es la estrategia, con qué sectores de punta, será factible la concertación del plan con el empresariado?
Respiran estas propuestas aire de socialdemocracia. De Estado social activo en redistribución del ingreso acrecido por el impuesto progresivo. De un modelo que cuajó también en países como Corea del Sur con protección a la industria naciente, reforma agraria, educación universal, ciencia aplicada al desarrollo concertado con el sector privado y la batuta de la iniciativa en el Estado. No venga ahora la derecha inmóvil a calificarlo de comunista, mientras se mueve, ella sí, en el pantano del privilegio y el abuso de poder.
por Cristina de la Torre | Oct 26, 2021 | Reforma tributaria, Iván Duque, Banca, Modelo Económico, Política económica, Octubre 2021
Desafiante, taimado, glotón, este Gobierno (con sus bancadas de logreros) devora a dentelladas el poder que le cayó en suerte. A fuer de reactivación económica, no dejará piedra sobre piedra: si de financiar un fraude colosal en elecciones se trata, menea el paspartú de la reactivación; si de reforma tributaria para redoblar favores a los ricos y penurias a los pobres, invoca la reactivación. Pero esta reforma-parodia será impotente frente a la inversión social que demanda un país con cinco millones de familias en la miseria, cuya financiación no podría salir sino del impuesto progresivo. El que grava proporcionalmente más a los que más tienen, pan comido en democracia que se respete. En previsión del cambio que se impone, el entierro de la Ley de Garantías Electorales se traducirá en orgía de contratos sin control y de votos comprados para llenar alforjas y asegurar curules a las fuerzas que perpetúan un sistema fiscal hecho a la medida de los poderosos.
Ha crecido la economía, sí, mas no el empleo. Se ha multiplicado el beneficio de los conglomerados que concentran el poder económico, controlan los mercados y mandan en las políticas de Estado. Crecimiento habrá pero no redistribución. Ni desarrollo. Es reactivación para los bancos y negocios de los sarmiento-angulos, los mismos que acapararon casi todas las ayudas por pandemia de este Gobierno, mientras sufría, y sufre, la plétora de pequeñas empresas que generan el 87% del empleo.
Loas y campanillas hubo hace dos meses para los empresarios que, en acto de desprendimiento digno de gratitud universal, aceptaron elevar en dos puntos su impuesto de renta pero, eso sí, preservando las gabelas recibidas durante años. Grande era el guardado. Sostiene Jorge Enrique Espitia (Le Monde Diplomatique) que tales concesiones les reconocen $40 billones de ingresos no constitutivos de renta, $13 billones por rentas exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Sin estas concesiones y tributando el 35%, el recaudo adicional sería de $24 billones. Es que las tarifas efectivas de tributación que los grandes conglomerados pagan son irrisorias: mientras la de un minimercado es 7,2%, la del sector financiero es 1,5%. La desigualdad clama al cielo: el ingreso medio que el uno por mil más rico declara es 1.300 veces el de un declarante que está en la menor escala; y su patrimonio representa 3.700 veces más.
Como si fuera poco, señala Espitia, la reforma tributaria descabeza la lucha contra la evasión: elimina el artículo que reduce la brecha entre avalúo catastral y valor comercial de un inmueble. En la gloria seguirán terratenientes y ganaderos que llevan siglos pagando impuestos exiguos, o ninguno. Para no mencionar los grandes capitales que medran en la ilegalidad o en paraísos fiscales, bendecidos, estos últimos, por el mismísimo presidente Duque. En $50 billones se calcula la evasión tributaria por año en Colombia.
Mientras tanto, casi la mitad de los colombianos vive con $11.000 diarios, y con $5.000, los hijos de la miseria. Aliviarlos con una renta digna le costaría al Estado apenas el 0,2% del PIB, $2,4 billones. Pero el presidente, viajero saltarín por el mundo, no se agobia con estos menesteres, no y no. Seguirá girando partiditas de caridad a una porción reducida de los sufrientes. Y, claro, listo para pitar la largada a ordeñar en esta campaña electoral hasta la última gota del erario, menoscabar por fraude la representación plural en el Congreso y asegurar la hegemonía de los partidos que, ebrios de sus propias miasmas, querrán preservar la patria de las desigualdades.
Hubo un tiempo en que Duque se revelaba como lobo con piel de oveja. Ya no. De tanto hostilizarla, le ha jugado la verdad una mala pasada: ahora se insinúa en la ambigua figura de lobo con piel más de lobo que de oveja.
por Cristina de la Torre | May 3, 2021 | Reforma tributaria, Mayo 2021
Como obedeciendo al instinto invencible de quien sabe que sólo puede prevalecer por la fuerza, insta Álvaro Uribe a disparar contra vándalos entreverados en multitudes de manifestantes pacíficos, marcadas de antemano con el inri de terroristas. La orden podrá resolverse en disparar sin mirar mucho a quién, grupúsculo de violentos o no, a culpables de tener hambre, de denostar la más desalmada reforma tributaria concebida en este país, de ser el “otro” cuya sola existencia ofende a la siniestra secta del uribismo. Como en efecto ha sucedido: 14 muertos en las calles, 3 desaparecidos, 28 heridos (muchos de ellos graves) y cientos de detenidos de incierto paradero sería el balance de víctimas en Cali al segundo día de protestas, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Cifuentes.
Y la poderosa prensa gobiernista calla, glorifica el “sacrificio” de una Fuerza Pública que agrede –armada y acorazada– a la población inerme, e invierte grotescamente el sentido de los hechos: un noticiero de televisión muestra como saqueadores a quienes se dirigen a devolver lo robado a un almacén, tras recuperarlo de los asaltantes. El diario de mayor circulación reduce a 60.000 personas los millones de movilizados en el país; su única fuente, la Policía.
“Los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon (literalmente) la tensión. No permitiremos que se masacre a nuestros jóvenes”, escribió Claudia López. Como cualquier Ortega de Nicaragua, dictador en su platanal, había escrito el agobiante expresidente del nuestro: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Rugido el más reciente de quien había ya escrito, con ocasión del paro de 2019, “si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. O su bendición de “buen muerto” para un contrario asesinado.
Si en Cali la red de Derechos Humanos exige investigar quién dio a la Fuerza Pública la orden de disparar, en Bogotá un trino de su Alcaldesa sugiere que persisten tensiones entre la burgomaestre y el cuerpo armado de la capital. En contravía de su autoridad, en virtual insubordinación de los uniformados contra el poder civil que en Colombia prevalece sobre el militar, disparó el Esmad el año pasado contra la multitud: 13 protestantes murieron. Que habría todavía vallas obstruyendo órdenes de la Alcaldesa a la Policía de Bogotá lo sugiere el último trino de López: “Después de muchos esfuerzos retiramos el Esmad de todos los puntos y garantizar el retorno a casa”. También aquí hace falta saber quién da o quiere dar órdenes a la Policía.
El dramatismo de las protestas contra la Tributaria, pringadas de violencia, deriva de la golpiza que se avecinaba contra las clases más aporreadas por la pandemia: las asalariadas y vulnerables. Del alarmante crecimiento de la pobreza y del desempleo que Daniel Oviedo, director del Dane, revela: hoy alcanza la pobreza a más de 21 millones de colombianos. ¡21 millones carecen de lo necesario para alimentarse y abrigarse bajo techo! El desempleo alcanza el 16,8%. Si Colombia ocupa el tercer peor lugar del mundo en manejo de la pandemia, descuella también por su avaricia para auxiliar a los damnificados: mientras destina mares de recursos a los bancos, cree aliviar a una franja de los más pobres con caridades de miseria y abandona a las pequeñas empresas. No será la primera vez que el hambre y la rabia produzcan un estallido social gestado en décadas de humillación y desigualdad. Dar plomo al ciudadano al grito de guerra “ajúa” no hará sino repotenciar aquel polvorín y alinear al pueblo contra la ruindad de este Gobierno y su partido.
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2020 | Reforma tributaria, Cuarentena, Neoliberalismo, Octubre 2020
La tercera parte de los colombianos está haciendo una o, con suerte, dos comidas diarias. Una hecatombe social. Muestra al canto de la pobreza y la indigencia disparadas que este Gobierno contempla altanero desde el podio de los acaudalados a quienes entregó el poder, y cree encubrir con un alud de anuncios que magnifican su mezquindad: 160.000 pesitos, verbigracia, para una franja de las familias más necesitadas. Vale decir, un salario mínimo en seis meses de pandemia, que en decenas de países –latinoamericanos incluidos– se entregan cada mes. Al finalizar este año, la mitad de la población colombiana será pobre, y los miserables se habrán triplicado. Pero no todo es obra del virus: ya en 2019 la estulticia de Duque-Carrasquilla había logrado crear 661.000 nuevos pobres y 729.000 nuevos indigentes. En el año anterior a la pandemia, la pobreza monetaria aumentó 18,4%, mientras los diez millones de colombianos más ricos elevaban sus ingresos.
Un reversazo que nos ancla en la vetusta ecuación ricos-pobres. Fetidez de populismo, acusarán las células olfativas de nuestra dirigencia, mientras exacerba, ella sí, la lucha de clases. La activa con proyectos como el de reforma laboral filtrado esta semana, que despoja a los trabajadores de sus derechos y cercena sus ingresos; largamente madurado, drinks mediante con jefes de gremios que sólo representan a la crema de organizaciones policlasistas. Con tributación favorable a los más ricos y extorsiva para todos los demás. Con nuevos recortes al gasto público. Con la venta de los bienes más rentables del Estado, como ISA y Ecopetrol. En suma, castigando la demanda agregada, fuente bendita de reactivación de la economía, cuyo desplome explicaría por qué, reabierto el comercio, poco vende. Terminarían muchos productores por suprimir los escasos puestos de trabajo que lograron conservar.
Explica Juan Daniel Oviedo, director del Dane, que gran parte de la reactivación del empleo registrada en agosto no es recuperación del trabajo formal: es que los informales volvieron a salir a batirse en la informalidad de las calles por cualquier ochavo. Y les acompañan nuevos contingentes que ingresan en la informalidad.
Tan aguda la crisis, que el mismísimo FMI, catedral primada del neoliberalismo, invita a los Estados a multiplicar la inversión social financiándola con nuevos impuestos a los más pudientes y a las empresas más rentables. Por su parte el Papa Francisco, a quien los poderosos citan apenas cuando conviene, escribe: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”, que sirve al crecimiento, no al desarrollo. Aboga por restablecer el papel del Estado social, por orientar la capacidad empresarial a conjurar la pobreza y a crear empleo.
Mas, he aquí que el muy católico y monaguillo del FMI, Álvaro Uribe, papa negro de la caverna en el poder, se insubordina contra todo el santoral, padre Marianito y virgen de Chiquinquirá comprendidos. En homilía post prisión advierte, dedo al cielo, contra el coco del socialismo, hoy representado en la minga indígena que apuesta a la “toma socialista del Estado”, mañana en el paro nacional. Una y otro, portadores del “riesgo socialista” que confisca, sube impuestos e impone restricciones asfixiantes. Y cierra energúmeno con la consigna de “oponerse al odio de clases del socialismo”.
Otros –la mayoría– piden, con Mauricio Cabrera, intervención del Estado “para combatir este obsceno aumento de la desigualdad, con mayores ayudas a los más pobres y más impuestos a los súper ricos”. Para combatir el hambre del pueblo provocada por omisión desde arriba, edén de la dictaduque y su ala de insaciables acaparadores de oro que pasan por empresarios de la patria: un crimen de Estado.
por Cristina de la Torre | Jul 30, 2020 | Reforma tributaria, Julio 2020
Partidas de salario mínimo por varios meses para nueve millones de hogares acorralados por la pandemia, financiadas a la larga por mayores tributos a los millonarios, aliviarían las penurias de pobres y empobrecidos, y de la economía toda. Se sabe: una mayor capacidad de compra despabila la producción. Pero además, de adoptarse la renta básica y el impuesto progresivo como políticas de Estado, éstos saltarían de reactivadores de la economía en la crisis a abrebocas del nuevo pacto social que resulta inescapable. 68 congresistas de nueve partidos radicaron proyecto de ley que crea renta básica de $877.000 durante tres meses y $438.000 en los dos siguientes, para alivio de 30 millones de colombianos. Su costo, $31 billones, 3% del PIB. Enhorabuena.
Por su parte un selecto grupo de especialistas encabezado por Vivian Newman, directora de Dejusticia, presentó acción de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario y sus reformas, por violar los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. El criterio, más justicia en la redistribución del ingreso nacional y en el esfuerzo fiscal extraordinario de la pandemia. Si el Estatuto Tributario irrespeta ese principio, más lo hiere la reforma tributaria de Duque, que termina regalándoles $9,5 billones adicionales a los ricos. Espitia y Garay, entre otros, prueban que los superricos de este país tienen tasa nominal de impuesto de renta del 27%, pero pagan efectivamente sólo el 2,5%. Conforme sube el ingreso de la persona, baja su tasa tributaria efectiva. Lo mismo sucede con las empresas: las más piponchas pagan apenas el 4,5%. Y la tasa de evasión de personas jurídicas alcanza el 39%: en 2012 se birlaron $15 billones.
Consentidas del sistema tributario son las grandes empresas, pese a su pírrico o nulo impacto en inversión, productividad y creación de empleo. La elevada concentración de capital, utilidades y control de mercado ha creado un sistema oligopólico que reduce la competencia y les da a los gremios económicos una enorme capacidad de negociación frente al poder público. Sorprenden las loas del periodista José Manuel Acevedo al empresariado (El Tiempo 21,7), por asegurar sus negocios mediante aportes a campañas electorales, “reuniones a puerta cerrada y vocerías delegadas a líderes gremiales” con ascendiente en gobiernos y congresos amigos de sus intereses. Prácticas que comportan, a menudo, corrupción de alto vuelo. Según el procurador, cada peso invertido en una campaña electoral le retribuye al empresario $900 en contratos.
Mientras nuestro Gobierno acaricia una reforma tributaria que preserve las gabelas a los poderosos y grave a más ciudadanos del montón, Europa vigoriza la tributación progresiva: ésta y la política social del Estado armonizaron durante casi un siglo con crecimiento sin precedentes y bienestar generalizado de la población. En Estados Unidos, el promedio de impuesto de renta y patrimonio para los más ricos fue 80% entre 1.930 y 1980. Desde Reagan, se redujo al 35% y, el crecimiento, a la mitad.
Renta básica e impuesto progresivo, rutas hacia el Estado social de derecho que la constitución consagra, mejorarían sustancialmente la distribución del ingreso, de la riqueza, del poder y las oportunidades. Darían marco al acuerdo programático del centro-izquierda que Humberto de la Calle propone, con gobierno colectivo de los coligados, para disputarle la presidencia a la derecha y contraponer a su hegemonía las reformas que las mayorías reclaman. Y no se las descalifique poniéndoles como inri diabólico la “lucha de clases”. Si ella existe y pide pista será porque el propio Gobierno reaccionario ha escogido privilegiar a los menos y castigar a los más.
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2020 | Reforma tributaria, Cuarentena, Banca, Abril 2020
¿Pródiga, rentable o provocadora? La donación de $80 mil millones de Luis Carlos Sarmiento para mercados e instrumental médico en la pandemia podrá ser genuino acto de desprendimiento; eficiente inversión en publicidad, o bien, ofensa para los excluidos que ven caer migajas de la mesa del rico Epulón, cuya fortuna se estima en 12 mil millones de dólares. En bumerán podrá terminar la feria de vanidades que, acaso en dolor de patria, ha montado la élite económica para escamotear su deber de aportar, codo a codo con el Gobierno, a la solución de la crisis. Principiando por allanarse al clamor de una reforma tributaria que elimine las exenciones recibidas y grabe patrimonio e ingresos –dividendos comprendidos– de los privilegiados. Una reforma que honre el principio constitucional de tributación equitativa, eficiente y progresiva.
Rica fuente de recursos cuando se busca hasta el último duro para evitar el contagio, el hambre, el desempleo y la quiebra de las empresas pequeñas y medianas, que generan 17 millones de empleos. Para evitar el derrumbe del aparato productivo. Así lo propone inclusive Eduardo Lora, tras deplorar la ruidosa ausencia de aquella élite en el duro trance. En foro de Eafit, insta el exdirector de Fedesarrollo a prepararse desde ya para una crisis prolongada.
Que no todo es roya en el cafetal lo dicen, primero, la explosión de manos que se tienden hacia el necesitado y la consagración de los campesinos a producir alimentos. Segundo, el prematuro compromiso de firmas como Arturo Calle, Creps & Waffles y Cine Colombia con la preservación de los salarios de sus empleados, pese al cierre temporal de actividades. Muchas empresas, cómo negarlo, se han mostrado solidarias. Pero otras tantas parecen más proclives a exhibir su cristiana caridad: 2 mil milloncitos aquí, 9 mil allá, 15.800 más allá; y una meta heroica de 35 mil mediante vaca de Andi, Cámara de Comercio, Camacol y Asobancaria en Bogotá. Lánguidos óbolos comparados con utilidades como la del sector financiero que en agosto pasado llegaban a $65,2 billones, y sus activos, a $1.888 billones. Tras los $273 billones que los Fondos Privados de Pensiones acaparan, se encuentran Sarmiento Angulo, el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Bolívar.
En $50 billones se calcula el valor de subsidios al empleo, protección a empresas medianas y pequeñas y apoyo a la producción nacional durante 3 meses. Salvo el gran empresariado que ha medrado al calor del neoliberalismo, proponen los estudiosos financiar ese monto con emisión monetaria, parte de los 53 mil millones de dólares en reservas internacionales, los $15 billones de regalías y pensiones regionales, crédito con el FMI; y un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno, sin la inútil y onerosa intermediación de la banca privada, siempre lista a socializar pérdidas y capitalizar ganancias.
La acción del Estado, indelegable, habrá de concentrarse en reducir el avance del virus, en dar alimento a los necesitados, en proteger el empleo y asegurar la producción de bienes indispensables. En lugar de subsidiar a los muelles dueños de grandes empresas, deberá demandar su concurso para enfrentar la crisis más grave que agobia al país en un siglo. Al menos en reciprocidad por los incontables favores recibidos del Estado y de la ciudadanía. ¿A qué tanta reticencia de los ricos cuando se trata de salvar la vida y el ingreso de millones de colombianos? ¿No alcanzó su largueza sino hasta el impuesto de guerra que pagaron sin chistar ni preguntar cuántos cientos de miles de civiles inocentes morían en ella? Si se trata ahora de un impuesto por la vida y por un futuro mejor, ¿cómo no meterse a tiempo la mano al dril?
