¿Dios contra media humanidad?

Publicitó su boicot al matrimonio entre homosexuales como duelo entre el cielo y el infierno, como respuesta a mandato divino y defensa de su libertad religiosa. Pero fue a parar a la cárcel. Le sucedió la semana pasada a Kim Davis, funcionaria pública de Kentuky, Estados Unidos, por negar nupcias a dos parejas gay. Por brincarse la disposición constitucional que desde junio autoriza el matrimonio igualitario en ese país. Otra suerte corre aquí el procurador Ordóñez, cabeza del ministerio público, en ruidoso sabotaje al matrimonio igualitario y al aborto terapéutico que la Constitucional ordena. Ordóñez no pisa prisión. Antes bien, transforma su insubordinación en bandera de campaña por la presidencia de la república en el país más conservador de Occidente. Va por el mundo con sus tirantas y su sonrisa siniestra convirtiendo en votos la maldición de su dios contra el homosexual, contra la mujer, si aborta, si quiere libertad o ser persona. Contra la mitad del género humano. Pero dos lazos unen a Ordóñez y Davis: primero, una nostalgia de teocracia, con su atávico acomodo de la idea de dios al poder en la tierra; segundo, la búsqueda de nuevas audiencias allende el corral de los más crédulos, matizando la descarnada diatriba bíblica con argumentos de ley civil.

Sostiene la historiadora Julieta Lemaitre Ripoll que se pasa en América Latina de la desnuda apelación religiosa al argumento constitucional. Desde cuando Juan Pablo II y Benedicto ordenaron a los católicos oponerse a la legislación favorable al aborto y al matrimonio gay, aparecen menos Dios y la fe que el referente de norma civil. Diríase barniz de derecho positivo sobre la virulencia ancestral contra la laicidad. Y no anda sola en esto la iglesia Católica, ni sola la cruzada ultramontana de su lefebvrismo, de su Opus Dei, de sus Legionarios de María.

 Tras los nuevos embates contra el Estado laico obra alianza de la Iglesia con sus pares cristianas y evangélicas; ahora en defensa de la dignidad humana –escribe Lemaitre– como parámetro del derecho a la vida (contra el aborto), a la libertad religiosa y por el matrimonio heterosexual. Renovada apelación al derecho natural, eterno e inmutable, obliga a desobedecer las leyes que violen un llamado orden moral objetivo. Reina en esta concepción el derecho de no aplicar leyes positivas, si ellas violentan la conciencia. Como las de aborto y matrimonio igualitario. Prevalece aquí la libertad religiosa sobre el derecho a la igualdad. Y, diríamos, aquella libertad religiosa podrá resolverse en imposición de un credo como gobierno divino sobre la sociedad civil. En teocracia.

Ícono de la subversión contra el matrimonio igualitario en Colombia, Ordóñez activó todos los dispositivos de la poderosa Procuraduría para impedirles a los jueces casar a parejas del mismo sexo. Le pidió a la Constitucional negarles este derecho, aduciendo que la Carta concibe este vínculo sólo entre hombre y mujer. Mas, tras la impostura legalista asoman la cabeza las catilinarias de su texto Hacia el libre desarrollo de la animalidad, donde Ordóñez aboga por refundar “el orden del derecho en la divinidad y en el orden natural que de ella dimana”. Y respira “la concepción deísta del orden público” que ventila en su tesis de grado. Nuestro cruzado repele la “ideología de género” y el laicismo que alimenta “la agresión a nuestras tradiciones cristianas”.

Davis no pagó cárcel por sus ideas religiosas, sino por subvertir la ley civil. Ordóñez pesca en el revoltillo de fanatismos renacidos por ver si impone su dogma apolillado desde el solio de Bolívar. Y para ello menea la idea de un dios terrible, el suyo, que impera si sacrifica a media humanidad.

ABORTO: LA IGLESIA DIVIDIDA

No hay en la Iglesia unidad de doctrina moral sobre el aborto. En grosera simplificación del pensamiento católico, el procurador Ordóñez se arroga la vocería de todos los fieles y presenta como única su particular visión del problema: la invocación ultraconservadora de los Papas Pío XI y Pío XII, contraria a la de millones de bautizadas que, como “Católicas por el derecho a decidir” sobre el aborto, se ven hostilizadas por la corriente más reaccionaria que se ha impuesto a baculazos en la iglesia de Roma. Más atormentados por la vida de los no nacidos que por las legiones de nacidos que mueren todos los días de abandono, de hambre o de guerra santa,  mentores suyos terminan en su dogmatismo por degradar a manipulación electoral este debate de filosofía moral.

La doctrina de la Iglesia prohíbe eliminar el feto, por ser –según ella- un humano inocente e indefenso, persona desde su concepción cuya vida le viene de Dios. Abortar es, pues, asesinar. Al extremo, la madre deberá sacrificar su derecho a la vida al derecho a la vida del feto. Aún en casos de violación, malformación del feto y peligro de muerte para la mujer. Como se observa en el sistemático boicot del aborto terapéutico que los extremistas ejercen en Colombia. Pero otra versión de la teología católica justifica el aborto en legítima defensa de la vida de la madre. Y comparte la teoría de que el feto sólo deviene persona cuando su sistema neurocerebral se ha desarrollado, no al momento de la concepción. Si la bellota no es todavía roble, tampoco el cigoto es persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de estipular que al embrión no le asisten aquellos derechos, pues ellos se concibieron para personas nacidas. Y el derecho a la vida se adquiere con el desarrollo del feto, cuando éste pasa de simple organismo vivo a persona humana y autónoma.

 Decisión trascendental que remarca el choque de posiciones en el seno de la Iglesia. Por un lado, Pio XI no justifica el “asesinato directo del inocente” aunque comprometa la vida de la madre (Encíclica sobre el matrimonio cristino). Y en Carta a la Sociedad Católica de Comadronas, escribe Pío XII: El feto “recibe el derecho a la vida directamente de Dios. Por consiguiente, no existe hombre, ni autoridad humana, ni ciencia, ni indicación médica, eugenética, social, económica o moral que (permita disponer de la vida) de un inocente”. Por otro lado, el Catecismo Católico prohíbe matar a un inocente, pues la vida humana es sagrada, creación divina. Pero admite excepciones como la de la legítima defensa. Ya en este espacio citábamos el Artículo 2264 que consagra el amor a sí mismo como principio esencial de la moralidad, de donde se desprende el legítimo derecho de hacer respetar la vida propia. No es homicida el que por defender su vida se ve obligado a eliminar a su agresor. El Código de Derecho Canónico señala atenuantes para la persona que así actúa, si movida por el miedo o por necesidad o para evitar un perjuicio grave. No es la vida un absoluto que peda resolverse en blanco o negro. Para el caso del aborto, sólo cuenta la conciencia de la mujer.

 La moral privada del aborto cobra dimensión social y de salud pública. De allí la importancia de la controversia ideológica. Manifestaciones al canto, el irresponsable recurso al aborto como medio de control natal. O, en el extremo opuesto, el sabotaje al aborto terapéutico que se resuelve en práctica clandestina y es causa de muerte de miles de mujeres acorraladas por la pobreza y la violencia. En el trasfondo, el pugilato entre posiciones encontradas a las cuales no escapa la Iglesia. Bien haría ella en reconocerlo, si aspira a sobrevivir como institución espiritual para un mundo de carne y hueso.

ABORTO, PROCURADORA Y MUJER

En carta publicada por El Espectador el 23 de diciembre, Ilva Myriam Hoyos, procuradora para Infancia, Familia y Mujer, expresa su malestar por el perfil que sobre ella escribí el 8 de diciembre, como una de las celebridades que despertaron este año el interés de la opinión nacional. Se siente ella estigmatizada en su fe católica, desdeñada en sus acciones como funcionaria pública y tergiversada en sus afirmaciones. Se queja de que insinúo como suyas cosas que no dijo. En punto al aborto, sobre la eventualidad de tener que escoger entre la vida de la madre y la del feto, la viceprocuradora aboga por defender la vida de los dos. Y así lo expresa la nota. Mas ésta no la exime en forma expresa de la extendida percepción de que en aquel dilema lleva la mujer las de perder. Rendidas disculpas por la omisión involuntaria.

Acaso lo que resienta ella sobre todo sea que esta semblanza no buscara exaltar un modelo de virtudes morales sino interpretar la idea –ambivalente- que amplios sectores de opinión se han formado sobre personaje tan controversial y cuyas ejecutorias son, de suyo, objeto de escrutinio público. En particular de mujeres por miles que, en uso de su derecho al aborto terapéutico, reciben el puño de hierro de esta Procuraduría. Segunda al mando en una institución que ha sacrificado territorios del Estado de derecho a un principio religioso, aquella política segrega, por añadidura, a los no católicos.

Como a todo ciudadano, también a ella la asiste el derecho de profesar una fe. O ninguna. Pero no el de burlar el Estado laico que nos rige, desde la instancia misma llamada a preservar el ordenamiento jurídico. Empeño en hacer prevalecer la ley divina sobre la civil mediante presión política disfrazada de defecto administrativo, como lo registró con estupor el país cuando la Curia, la Procuraduría y la cofradía Provida frustraron la creación de una Clínica de la Mujer en Medellín. O mediante insubordinación contra la orden constitucional de instruir sobre derechos sexuales y reproductivos. Como se sabe, esta acción sacudió a la opinión y provocó reconvención de la Corte contra ella, figura estelar del Ministerio público.

Bienvenido el debate sereno y pacífico que la doctora Hoyos convoca. Principie la Procuraduría por equiparse de benevolencia hacia las mujeres, primeras víctimas de la violencia moral que nos asfixia.

ABORTO: ¿ENTRE DIOS Y LUCIFER?

Sorpresa. A la cruzada revitalizada del procurador contra el aborto le salió al paso inesperadamente Lucifer. No ya la pecadora bíblica, víbora en carne de mujer perseguida hasta la muerte por devotos que prevalecen a golpes de crucifijo. Es que ahora se revela el mismísimo demonio en figura de ministerio. Del ministerio de Justicia, que propone no sólo respetar el aborto terapéutico sino extenderlo a todos los casos, pues la prohibición induce el aborto clandestino, insalubre, causa de muerte en miles de nuestras mujeres cada año. En bumerán se trocó la falsa retractación del procurador, que se le impuso por violar la Constitución para sabotear este derecho: Ordóñez mintió sobre la píldora del día después, sobre “promoción del aborto” por la Corte y sobre la objeción de conciencia. Pero eludió, astuto, la orden y anunció que redoblaría su campaña contra el derecho al aborto en los casos prescritos por la Corte.

Cuesta arriba le quedará desde hoy, cuando el Consejo de Política Criminal abre debate sobre la iniciativa del ministerio enderezada a la despenalización amplia del aborto, más allá del terapéutico, consagrado ya. La restricción del aborto –argumenta la ministra Ruth Stella Correa- aumenta los casos de riesgo. Se trata de evitar el aborto clandestino y de asegurar los derechos de la mujer.  400.412 procedimientos se practican en Colombia cada año, la mayoría ilegales y de alto riesgo. Y concluye: en vez de perseguir a las mujeres que abortan, hay que masificar las campañas de prevención y educación sexual, servicios gratuitos de salud y asesoría en planificación.

 Si, no todo va en despenalizar el aborto, medida dolorosa que la mujer adopta como solución extrema a un embarazo no deseado o peligroso. Mucho depende de la prevención del embarazo, sobre todo del adolescente, que es tragedia; porque afianza el círculo de la pobreza, frustra la educación, las oportunidades y la movilidad social de la joven. El sacerdote Carlos Novoa reafirma que a aquél contribuyen también la violencia intrafamiliar y la precaria o nula educación sexual. En acontecimiento notable, cientos de jovencitas presentan esta semana al Gobierno sus propuestas para prevenir el embarazo adolescente. Con apoyo de Naciones Unidas y del Gobierno nacional, del evento se esperan remedios a un drama que afecta a una de cada cinco niñas entre los 15 y 19 años de edad. Está visto que el riesgo disminuye con educación – en particular sobre vida sexual y reproductiva-, con servicios de salud universales y amables, con un abanico desplegado de formación y oportunidades de vida. Más vale prevenir que reprimir.

 Si el ex jefe conservador José Darío Salazar declaró patético que la propuesta del ministerio es “el crimen más cobarde de todos”, para el jurista Eduardo Cifuentes la despenalización amplia del aborto es “absolutamente necesaria, (una) opción de libertad y de respeto por los derechos reproductivos de la mujer”. Y Sonia Gómez escribe en El Tiempo: abortar no riñe con la vida, es afirmar que la vida de la mujer está por encima de cualquier funcionario o credo religioso.

La iniciativa promete una revolución de sentido común en esta pobre Colombia estrangulada por exaltados que la devuelven periódicamente a la Colonia, al gobierno de la mitra, mientras el Estado de Derecho es pan comido en el mundo. Como el debate no atañe a la moral religiosa sino a los derechos civiles, no podrá dirimirse entre Dios y Lucifer, sino entre Estado laico y teocracia. Así nuestros rosaditos querubines del Congreso, monaguillos del procurador, se presten para horadar la ciudadanía de la mujer y para quemarla en la pira medieval. Por bruja.

CAZANDO BRUJAS

 La penalización del aborto –escribe- “no salva fetos, pero sí mata mujeres” que, sin protección legal, han de abortar mediante procedimientos que desafían su propia vida. La mayoría de los 400.412 abortos que se practican en Colombia cada año son ilegales, según el Instituto Guttmacher; 132 mil de ellos presentan alto riesgo para la madre. En cinco años, el Ministerio de Protección registra apenas 966 abortos legales. Y es que muchos centros médicos se brincan la ley y le niegan el procedimiento a la paciente que por contera es, casi siempre, pobre. Para la promotora de la norma que despenalizó el aborto en los casos señalados, aquí, más que un dilema moral, se dirime un asunto de justicia social.

Roa aboga por reducir así el número de abortos como el de embarazos no deseados, que en Colombia ascendieron en 2008 a 911.897. Para lo cual se requiere educación sexual, acceso universal a los anticonceptivos y eliminar la violencia contra la mujer. El verdadero bienestar de los no-nacidos comienza por garantizar atención prenatal gratuita  y nutrición adecuada para todas las mujeres que decidan tener hijos. En cambio reducirlas a prisión porque en su desesperación aborten, es negarles su condición humana, es tratarlas como “máquinas reproductoras de la especie humana”. La autora invita a sumar fuerzas para frenar  la inclusión en el Congreso de “una agenda moral que se presenta en abierta oposición a la realidad y a los principios laicos de nuestra Constitución”.

En cuatro días, miles de firmantes habían ya suscrito y comentado la misiva. Para Alberto Alonso, verbigracia, por ser Colombia Estado laico, “cualquier afirmación religiosa no es argumento jurídico”. Diego Vargas estima imposible legislar contra los derechos humanos: imposible alienarles a los homosexuales su derecho a tener familia, o a las mujeres el suyo de abortar, o a cualquiera negarle la libertad de escoger el momento de su muerte. La doctora Gloria Lucía Erazo, citóloga, lamenta las graves consecuencias que afrontan las mujeres, por carecer de una legislación que las proteja como seres dignos de respeto, con  derecho a “concebir los hijos que desde su conciencia pueden y desean traer a la vida. (Tenemos que) convertir a Colombia en un país de seres humanos deseados”. Quiera Dios  que nuestro jefe conservador convenza a su familia de devolverle a Estupefacientes la casona que –según la prensa- recibió por el atajo y destinó a citas non-sanctas, de donde vendrían nuevas camadas de niños indeseados. A ver si se sacude el conservatismo el aura de hipocresía que lo infecta. Y el terror bíblico que despliega contra la mujer.

Adenda. Por contraste con tanto incompetente que aspira a corporaciones públicas, reconfortan candidaturas de académicos que dominan los problemas del país y han transitado por los asuntos públicos. Es el caso de Roberto Hinestrosa, cabeza de lista al Concejo de Bogotá por Cambio Radical. Estupendo elemento de renovación y rectitud.