por Cristina de la Torre | Nov 22, 2017 | Actores del conflicto armado, Derecha, La paz, Noviembre 2017, Paramilitarismo, Posconflicto, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo
Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para estos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.
Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las AUC perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?
El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos anti restitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba La Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.
El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del Acuerdo de paz: la Reforma Rural y la JEP. Más se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.
por Cristina de la Torre | Sep 5, 2017 | Corrupción, Derecha, Partidos, Régimen político, Septiembre 2017, Uribismo
De tanto toparse en las alcantarillas, no sorprendería que Germán Vargas y Álvaro Uribe armaran trinca electoral. A sus partidos, Cambio Radical y Centro Democrático, los une el prontuario delictivo de cientos de sus dirigentes; a sus comandantes en jefe, la impunidad política que los cobija por darles aval y defensa apasionada ante los jueces. Comparten además el liderazgo de esta derecha bronca que no se resigna a la paz, quiere estancar a Colombia en el atraso y devolverla a la arbitrariedad que selló el régimen de Seguridad Democrática.
Más aún, echan mano de la democracia directa que la Carta del 91 concibió como respiradero en el asfixiante monopolio de la politiquería. La convirtió Uribe en populismo al servicio de su persona y de los ricos. Y Vargas se toma ahora por asalto el mecanismo de inscripción de candidatura por firmas, diseñado para opciones independientes, sin partido o para propuestas de beneficio general. Avivatada de malandrín para regarle pachulí a la fetidez de su partido y brincarse las normas electorales. Podrá Vargas adelantar así la fecha permitida de campaña, sin vigilancia ni rendir cuentas. Además, dirigentes del mismísimo Cambio Radical anunciaron que rodearán después como partido a su jefe natural, que hoy se presenta como pulquérrima alternativa suprapartidista. Caradura este Vargas. Correrá, a un tiempo, por ambas vías: por democracia directa, con rúbricas de opinión; y por democracia representativa con su aparto de partido, más los de todos los Ñoños y Musas y Néstorhumbertos que adhieran a su candidatura, estén en la cárcel o no. Y acaso también con el del Centro Democrático.
Gorda es la suma. 104 dirigentes de Cambio Radical, congresistas comprendidos, andan subjudice o tras las rejas por parapolítica, corrupción, desfalco al erario, saqueo de la alimentación escolar, asesinato. En 2002, fueron elegidos 251 alcaldes, 9 gobernadores y 83 parlamentarios mediante alianza con paramilitares. Prácticamente todos habían apoyado la elección del presidente Uribe.
Del viejo populismo latinoamericano, Uribe recogió la impronta caudillista, pero no el hálito nacionalista, redistributivo e industrializante que en otras latitudes integró las masas a la economía y amplió la participación política. No registra el experimento uribista genuina participación política sino manipulación de la opinión y de la sociedad, convertida en masa informe, en rebaño de un caudillo hechizo. Así degradada la democracia directa en Colombia, en lugar de robustecer el sentido de ciudadanía, contribuyó a fracturar la sociedad y su capacidad de respuesta organizada; en lugar de propender a la democracia económica, amplió la brecha social, pues su aliado fue la economía de mercado. Así cristalizó en Uribe el ideal del demagogo trajeado de adalid para avivar odios en la manada, cercar las instituciones y dar el golpe de gracia a los partidos. Arquetipo de gobernante que deriva, casi siempre, en dictador. La otra burla a la democracia directa serán las firmas de Vargas Lleras.
La última encuesta Gallup arroja 87% de desprestigio para los partidos; para el Congreso es del 80%. Bien ganados. Pero a cada nuevo estropicio de la clase política se inflama el país de indignación, como no se viera antes. Cabe preguntarse si la ascendente intención de voto en favor de los candidatos que propenden al cambio refleja la rabia de la ciudadanía contra el estado de cosas y su disposición a cortar por lo sano eligiendo un Congreso de gente honrada. Entonces la alianza Vargas-Uribe podría darse contra una muralla de tamaño insospechado. Y habría de batirse después como oposición a la construcción de un país moderno y en paz. Nada Fácil.
