Bancamía: una flor en el desierto

Ave rara entre tanto cuervo, gallinazo y buitre que aletea en nuestro universo financiero, Bancamía rompe todos los moldes del sistema. No presta dinero al que ya lo tiene sino al marginado que lo necesita dramáticamente para catapultar una micro iniciativa productiva capaz de arrancarlo de la pobreza; y del usurero que al final del día le cobra el doble de lo prestado. Procede aprisa Bancamía y sin exigir garantía distinta de la cédula. Su lema: confianza en el que nada tiene, salvo dignidad, inteligencia y valor. La mujer pobre, mayoría entre sus usuarios, ha resultado ser mejor paga que el hombre rico. Y mejor batalladora contra la adversidad dondequiera se emprende la tarea de reconstruir  comunidad tras la guerra, entre otros recursos con el motor de arranque de Bancamía. Innovadora  como banco social de desarrollo y líder de microfinanzas en Colombia, en vez de reventar con sus utilidades el bolsillo de los socios, esta entidad las reinvierte, todas, en nuevos préstamos para más clientes de estratos uno y dos. Lejos está de atesorarlas y sin pagar impuestos sobre dividendos. Como es práctica del gremio de marras, reacio a reinvertirlas en nichos de mercado menos apetecibles, lucro que en 2016 alcanzó los $10 billones. Así hace patria la banca privada.

Patria hace también el sector público, cuando los ministros Iragorri y Cárdenas autorizan un préstamo irregular de $ 120.000 millones del Banco Agrario a Navelena-Odebrecht, parte del cual termina en las arcas de Sarmiento Angulo. Fondos de un banco pensado para  campesinos que desfallecen de necesidad hasta cuando Dios agache el dedo sobre la formalización de la propiedad agraria. Nada nuevo. Por tradición, el banco de los desheredados seguirá auxiliando a los más ricos y siendo caja menor de políticos y mafiosos. Patria, el ministro Gaviria, que permitió prestarle a la impresentable Cafesalud, entidad quebrada, $200.000 millones del fondo público de salud, Fosyga.

Sin pretender llenar el vacío de la banca de fomento en mala hora desmontada por los feligreses del mercado; en un país desindustrializado, con informalidad laboral del 60% y donde 90% de las empresas son microempresas, Bancamía responde a los apremios más imperiosos de los acorralados por la pobreza y la desigualdad. Margarita Correa, su directora, revela que 97% de sus clientes han salido airosos en su proyecto. Que, en dos años de servicio financiero, 53% de ellos sale de la pobreza; y en cinco años lo logra el 75%. En 9 años de ejercicio, este banco acumula 1.300.000 clientes y son sus funcionarios quienes van en pos de ellos, desde oficinas abiertas en 951 municipios de Colombia.

Cuando en 1984 se topó esta antropóloga con un enjambre de mujeres y niños que en basureros del barrio Moravia de Medellín se disputaban con  gallinazos y perros desperdicios de comida maloliente, montó la cooperativa Coofema con 300 mujeres. “Ellas dignificaron su trabajo, garantizaron un sustento permanente, ganaron confianza, autoridad” y dieron la largada a una verdadera revolución pacífica. Desde entonces, casos semejantes se multiplican. Como el de la madre tres veces desplazada y a quien la guerra le desapareció dos hijos, abre tienda en Arauca y empieza de nuevo. En Chinchiná cuatro hermanas van sumando máquinas de coser y empleadas en un taller que produce cien mil bluyines bajo un modelo de cooperativa inspirado en la divisa poderosa de que “la unión hace la fuerza”. No dan abasto. Ni da abasto Miguel, reciclador de huesos de animal, hoy microempresario que ve transformarlos en botones y juegos de dominó.

¿No abre este esfuerzo de Bancamía otra puerta a la nueva Colombia que el posconflicto traerá? ¿Por qué sabotear la paz?

 

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 ¿Moñona de la derecha?

Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para estos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.

Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves  del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las AUC perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?

El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos anti restitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba La Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.

El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del Acuerdo de paz: la Reforma Rural y la JEP. Más se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.

 

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Los “errores” del ELN

El ELN parece repetirse como víctima sin remedio de su propio invento: la compulsión a disparar contra los suyos por diferencias de ideas, y contra ciudadanos inermes. Envilecimiento del levantamiento armado que algunos siguieron a la búsqueda de un país mejor, tal sello reapareció esta vez en el asesinato del gobernador indígena Isarama, y amenaza con agrietar, aún más, a esta guerrilla, en el trance mismo de su nacimiento a la política. Precisamente cuando, en viraje encomiable,  se acercaba ella a la paz y pactaba por vez primera en su historia un cese el fuego y de hostilidades. Contra la versión mentirosa del ELN que sugería accidente porque la víctima opusiera resistencia, Medicina Legal concluyó que no hubo forcejeo, que el líder embera murió de disparos a quemarropa y por la espalda. Arrogante, provocador resulta su mea culpa reducido a “error” que invita a “reflexión” en esa organización. Pero no habrá castigo. No matar no requiere mucha reflexión, escribió el editorialista de este diario.

Autocomplacido en la fantasía pueril de un supuesto heroísmo tantas veces desbocado como violencia bruta, lleva el ELN 50 años cosechando vergüenzas. “Errores”. A error redujo Gabino el infierno de Machuca: 84 civiles calcinados entre un bombardeo de bolas de fuego y un río en llamas, cuando estos paladines del edén socialista dinamitaron –por enésima vez– el oleoducto Colombia. La semana pasada dejaron esperando en Medellín a pobladores de Machuca en escenario dispuesto para el perdón y la reconciliación. El grupo armado “dio la cara” como eco lánguido de una voz grabada en Quito que reconocía a desgana su responsabilidad, pero la descargaba también en otros. Lamento insincero con sabor a desplante, no hizo sino repetir eventos parecidos para dar la cara sin darla, en 2008 y 2011.

Como error catalogaron la ejecución de un contingente de fundadores de esa guerrilla, entre otros, de Víctor Medina, Julio César Cortez, Heliodoro Ochoa, Hermidas Ruiz y Carlos Uribe. Fusilados, a la manera de Stalin y de Leonidas Trujillo, por discrepar del credo político y del militarismo del jefe, Vásquez Castaño, más celoso de preservar la rugiente supremacía de su persona que cualquier divisa ideológica. Por error tuvieron el asesinato de Jaime Arenas, hereje de alto vuelo, asesinado por la espalda a poco de publicar una historia crítica de esa guerrilla que hizo historia: resultó premonitoria del horror en que se convertiría aquel grupo armado precario, miope y sin pueblo. Por error tuvo el asesinato de Ricardo Lara, cofundador y segundo al mando que fuera del ELN, también por pensar con cabeza propia y por el pecado mortal de hacer política.

Error les pareció el secuestro, tortura y “ajusticiamiento” de monseñor Jesús Emilio Jaramillo, dizque por delitos contra la revolución y por no suscribir el comunismo. Jamás reconocieron responsabilidad en la muerte de Camilo Torres,  sometido a la regla militar que obligaba a todo guerrillero recién incorporado a ganarse el arma en combate. Pero Camilo no era cualquier recluta. Era líder político que venía de movilizar multitudes. Eso sí, se dieron el mártir que necesitaban. Y al cabo de muchos años, algún dirigente  del ELN reconoció en esta tragedia… un error del grupo armado.

Para esta guerrilla, como para las Farc, la guerra fue religión y sus grupos armados, iglesias. Pero un abismo las separa hoy: las Farc se desarmaron, saltaron a la política y van en el camino de dignificar a sus víctimas. Acaso deba el ELN invertir el recorrido en sus diálogos de paz que el país aplaude: empezar por honrar a sus víctimas, pedirles perdón de corazón. Y aceptar la distancia insondable que media entre un crimen y un error.

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¡Oh, Congreso inmarcesible!

Chantajistas, vendedores de la paz por un plato de lentejas, prosélitos vergonzantes o aulladores de la guerra, pasarán a la historia por su pequeñez los parlamentarios que malograron el Acuerdo del Colón o lo redujeron a flecos. Si hubieran librado batalla de ideas, sería una victoria honrosa. Pero casi todo ha sido marrulla, trampa, patrasiada de lo acordado limpiamente y ya aprobado, cálculo sobre mermelada y puestos, y un mendigar acomodo en los altares de la caverna, el Centro Democrático y Cambio Radical. Razón tiene el 89% de los colombianos, que desprecia a esta clase parlamentaria hoy dispuesta a sepultar el proceso que desarmó a la mayor guerrilla de Occidente, la allanó a la democracia burguesa y a su justicia. Y que es modelo de negociación para el mundo.

Salvo por figuras como Angélica Lozano, Jorge Robledo y Claudia López que ocupan sistemáticamente el podio de senadores ejemplares, se echa de menos el brillo intelectual de un Laureano o un López Pumarejo; de un Álvaro Gómez, un Gaitán, de Alberto y Carlos Lleras o de un López Michelsen. Dieron ellos categoría a la política y a la controversia parlamentaria. Hoy, en cambio, se aglomeran en el Capitolio supérstites de parapolíticos que ovacionaron a Mancuso en “el estrado sublime de la democracia”. A donde se llegó el criminal de marras sin haber firmado paz alguna ni entregado las armas, para promover su causa: la del paramilitarismo, brazo armado del narcotráfico. El entonces Presidente Uribe, tan inflexible ahora contra las que estima excesivas concesiones a las Farc, declaró: “Desde que haya buena fe para avanzar en el proceso (de Ralito) no tengo objeción a que se les den estas pruebitas de democracia. Creo que se sienten más cómodos hablando en el Congreso que en la acción violenta en la selva”.

33 años después, en elocuente evocación de un pasado infame, un grupo de congresistas se ha bautizado Los Pepes. No ya Perseguidos Por Pablo Escobar, sino Perseguidos Por el Palacio Presidencial. Por mezquinarles puestos. Razón para sumarse al contingente de “señorías” que hundirán, en represalia, la Justicia Especial de Paz. Y es condición para ingresar en las toldas de Vargas Lleras, que pasará por pomposo acuerdo programático entre Cambio Radical y el Partido Conservador. Entre reuniones formales, cenas acompañadas de un “drink” y chocolatico con colaciones marcha en firme la alianza. Ya verá Santos qué hace con la Aerocivil, Fiduagrario y la Superintendencia de Notariado que le negó al Partido Conservador; y con los Centros de Integración Ciudadana que tampoco entregó a los alcaldes de su colectividad.

Vaticina Lorena Arboleda (El Espectador, 11,6) que, si el Gobierno no cede,  Hernán Andrade, director de ese partido, seguirá pronunciándose contra la reglamentación de acuerdos de paz ya discutidos, acogidos por todos y aprobados mediante votación del Acto Legislativo de la JEP. Táctica diabólica que Efraín Cepeda aplica desde la presidencia del Senado, mientras Rodrigo Lara hace lo propio desde la presidencia de la Cámara. Alianza en los hechos que cristaliza en manipulación de la agenda parlamentaria, de las sesiones del Congreso y del quorum. Y apunta a una alianza electoral de derechas.

Lo que está en juego no es de poca monta. Y enfrenta dos retos. El primero, inmediato, cerrar el ciclo legislativo para la reincorporación plena de los desmovilizados y echar a andar la justicia transicional. El segundo,  trazar el derrotero de los cambios que el país reclama, en un horizonte de largo plazo. Para lo cual será preciso ganar las elecciones. La alternativa sería inducir el regreso a la guerra y sembrarse en el status quo. Fácil adivinar qué camino tomará la clase parlamentaria.

 

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