De regreso al Estado social

No se ha necesitado (por ahora) una sublevación popular. El coronavirus se encargó de destapar las taras de una economía montada sobre el hambre, la inequidad y el desempleo. De un capitalismo que agota en sus excesos, no digamos la posibilidad del bienestar, sino la supervivencia misma de millones de colombianos. Si muchos vacilan todavía entre morir de hambre o del virus, éste empaña también la rosada aurora del modelo que concentró la riqueza –como jamás lo registrara la historia– en una élite económica mimada hasta la obscenidad por gobiernos y legisladores. Hasta en la divisa de socorrer a los más pobres con fondos de pensiones que pertenecen a las regiones, alargó el Gobierno la uña para entregárselos a bancos y grandes empresas. Pese a que el Banrepública acababa de destinarle $23,5 billones a la banca y a que en el mes de agosto pasado amasó el sistema financiero $65,2 billones de utilidades.

Pero, efecto insospechado de la pandemia, ésta le devolvió al Estado control de la salud pública e instrumentos de dirección de la economía. Tras mucho errar y vacilar, apareció el viernes en pantalla el presidente Duque en aparente dominio de su función frente a la crisis. ¿Iniciaba el renacer de lo público que, por efecto de demostración, acaso no tuviera ya reversa? Pasado el trance, tal vez acuse también Colombia el golpe a la globalización que fue panacea de unos cuantos e infierno de la mayoría. Y corrija el rumbo hacia la producción de riqueza con equidad, empleo formal y respeto por el ambiente. Ejemplos hay en la historia reciente: a la Gran Depresión de los años 30 respondió Roosevelt con el New Deal que conjuró la pobreza y el desempleo, y enrutó a Estados Unidos por el camino del Estado social, que hoy volvería a ofrecerse como solución a crisis parecida.

Proponen César Ferrari y Jorge Iván González cambiar en Colombia la mirada de la economía: volver a la inversión pública y aumentarla. Financiarla con mayor recaudo fiscal, mediante tributación progresiva que reduzca exenciones y eleve tarifas de impuestos al patrimonio y a la renta de personas naturales (en particular a los dividendos). Invertir regalías en grandes proyectos de infraestructura –formidables creadores de empleo–; en proyectos estratégicos como el de carreteras de tercer nivel. Frenar el déficit en balanza de pagos, aumentando exportaciones y reduciendo importaciones: reindustrializar. Actualizar el catastro y extraer de allí ingresos vitales para los municipios.

El catastro multipropósito, programa que en buena hora emprende este Gobierno, pintará el mapa de la propiedad rural, de su valor económico, su estado jurídico y su componente social y ambiental. No sólo servirá para tasar el impuesto predial sino para planificar el desarrollo, en función de la ocupación de la tierra y de su vocación productiva. Queda, sin embargo, una interrogante crucial: ¿por qué aplaza la formalización de los siete millones de hectáreas que están en la raíz del conflicto armado, y la identificación de los baldíos abusivamente ocupados?

Con todo ello vendría la reactivación del campo. No apenas para dinamizar la producción, sino para garantizar la seguridad alimentaria. Vencido el virus, Colombia no será la misma. Ya se ha dicho. Será el momento de rediseñar el contrato social. Con menos capitalismo y más humanismo, dirá el profesor Augusto Trujillo; con menos ética del éxito y más ética de solidaridad, con menos competitividad y más cooperación. Con miras al Estado social como alternativa al estallido social. Para que el coronavirus no se ofrezca como problema de orden público sino de política pública. ¿Se rendirá Duque a la evidencia, o disparará contra los indignados?

 

 

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Uribe y salarios: el diablo haciendo hostias

Mientras se incendia la región por las mismas razones que provocan en Colombia paro nacional, no podían el Presidente y su mentor reafirmarse a destiempo, prenderle fuego a la pradera antes del 21 de noviembre. Expuestos como quedaron tras informe de Portafolio nunca desmentido formalmente, aplazan hasta enero sus ardores por reforma de salarios y pensiones, que tasarán a ras de tierra, so capa de ampliar la cobertura. Salarios diferenciales y a la baja, pensiones de hambre volcadas todas al negocio privado, como en Chile, se traducirán en pauperización de una amplia franja de clase media y en caída de sectores populares de la pobreza a la miseria. La democratización de la pobreza, revestida de cristiana caridad.

Enseña que acelera el retroceso laboral operado en los Gobiernos de Uribe, barnizado entonces, y ahora, con el hálito humanista de la doctrina social de la Iglesia. Clama el dirigente por una economía cristiana, “sin odio de clases”, por un país fraterno, sin confrontación entre empleadores y trabajadores. A la manera de Fabricato en Antioquia, que pitó la partida de la industrialización en los años 20 imponiendo en su fábrica la tutela de la Iglesia como mecanismo de control disciplinario sobre operarias que entregaban hasta la última gota de sudor por amor a Dios y el patrón convertía en oro para su petaca. La religión al servicio del capitalismo, diría Max Weber.

Por su parte, también la fórmula corporativista que los regímenes de Franco, Mussolini y Oliveira Salazar instauraron en los 30 integró en un mismo haz a empresarios y trabajadores, con el fin de “disolver” el conflicto entre capital y trabajo y suprimir, para bien de la patria, la lucha de clases. Fue su divisa la sociedad orgánica, una, indivisa, sin conflicto, alienada en la mística obediencia a un poder paternal que se impone inapelable desde arriba. La sociedad premoderna, comunitaria, hoy ensamblada en Colombia al capitalismo más ramplón y despiadado. Cosa distinta es la negociación entre capital y trabajo, a instancias del Estado social, que así tramita el conflicto, sin pretender suprimirlo,  respetando la autonomía de las partes.

No es nueva esta doctrina entre nosotros. La derecha radical del Partido Conservador, proclive al corporativismo fascista en los años 30, se expresó, entre otros, por boca del padre Félix Restrepo. Propuso él conquistar aquella cima mediante una agresiva campaña de sindicalización católica, por encima de los partidos. Y Silvio Villegas elogió el modelo corporativo que perseguía tan “feliz concordia entre el capital y el trabajo”. Corporativismo, el otro sucedáneo del fascismo, que predicaba –y practicaba– la acción intrépida y el atentado personal. Se respira aquella impostura en el llamado de la ministra de Trabajo a la fraternidad entre obreros y empresarios mientras se allana a una reforma que acarrea más violencia que fraternidad.

Y es que la trama entre bastidores –aunque mandatario y jefe den en negarlo ahora– radicaliza la política laboral que Uribe aplicó: bajó el pago del trabajo nocturno, de dominicales y festivos; subió la edad de pensiones, eliminó la negociación colectiva en materia pensional, favoreció la nefasta tercerización. Ante la sociedad que, hastiada de un gobierno cifrado en la ineptitud y el abuso copará indignada las calles, menea Uribe el invariable coco de la Guerra Fría: “anarquistas internacionales” y “grupos violentos”  intentan desestabilizar la democracia. Su democracia del privilegio. El hombre que debe  explicaciones a los jueces, rodeado de violentos y corruptos, personero de la caverna también en materia laboral, funge de patriota y campeón de la moral. El diablo haciendo hostias.

 

 

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Se les esfumó el fantasma del comunismo

La más reciente marcha de 1.300.000 espontáneos contra la tiranía económica en Santiago de Chile pone en ridículo a los apolillados que adjudican la protesta al desapacible, infecundo Maduro. Desde la caída del muro de Berlín y de la dictadura de Pinochet, hace 30 años, el fantasma del comunismo comeniños es sobre todo eso: un ente incorpóreo, imaginario, pero eficientísimo recurso de pánico para avasallar a la opinión. Enseña hurtada al discurso de la Guerra Fría, ha servido la amenaza roja para ocultar allá, acá, en el Orbe todo, el envilecimiento de la democracia a manos de quienes la convirtieron en crecimiento con inequidad y corrupción disparada por la privatización sin controles de los servicios del Estado.

Retorno al capitalismo extorsionista que le arranca a la gente hasta el último peso –téngalo o no– para depositarlo en la bolsa de pícaros que se enriquecieron en la dictadura y no se sacian todavía. El presidente Piñera comprendido, que repitió el estribillo de rigor. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso dispuesto a usar la violencia contra la democracia, declaró. Mas se le escurrió el salvavidas en la mar de chilenos indignados que no persiguen el comunismo sino “menos empresa privada y más Estado”. El senador Lagos le espetó: no estamos en guerra, enfrentamos una crisis política cuyo fondo es la desigualdad.

En los aprietos de la democracia pesa el neoliberalismo como ningún otro factor. Podrá aventurarse que no es la democracia la que está en crisis sino la que resultó por usurpación del autoritarismo neoliberal gestado en la dictadura de Pinochet. “Nueva” democracia que menea el estalinismo como pretexto para transformar en crimen la protesta, legitimar la represión, conculcar libertades y burlar el Estado de derecho, en aras del mercado. Paraíso de los menos, infierno de los más.

No es nuevo el ardid. En la mascarada anticomunista debutó nuestra caverna hace 90 años, al ocaso  de la hegemonía conservadora. Y nunca detuvo su marcha, hasta el día de hoy con cantinela renovada contra “hordas de castrochavistas” y “guerrilleros vestidos de civil”, para asimilar oposición legal con insurgencia. Negó la paz “comunista” en referendo. Ciega en su codicia, porfía esta dirigencia en las recetas tributaria, laboral y de salud-pensiones que Uribe tomó de Pinochet en el gobierno Gaviria. A instancias de la OCDE (o del FMI), de cabeza hacia el abismo, extremará Duque precisamente las reformas que conmocionan al  vecindario. Un suicidio.

A los primeros signos de presión liberal por el poder en 1928, el ministro de Guerra habló de agentes de Stalin contra la democracia, apretó más la clavija y perpetró la masacre de las Bananeras. La dirigencia conservadora tildó de comunista y “sovietizante” la reforma agraria de López Pumarejo. Esta terminó ahogada en sangre. La Conferencia Panamericana acusó al comunismo soviético del asesinato de Gaitán, y el presidente Ospina remachó la sindicación. Con la OEA obraría durante el Frente Nacional idéntica coartada reaccionaria contra todo reformismo. Sobre los hechos de la hora, sostiene más de un señorón que hubo en la región una macabra intervención de Cuba y Venezuela. En suma, nuestras democracias, dechado de virtudes, serían víctima de una fuerza diabólica que debemos destruir. A decir verdad, el peor enemigo de la democracia en Colombia es el desprecio que su dirigencia le profesa. Esfumado el fantasma del comunismo, ¿Se pellizcará esta élite antes del paro nacional del 21 de noviembre?

Coda.  Con la derrota del uribismo –particularmente en Antioquia– y el triunfo de Claudia López en Bogotá despunta en la política colombiana un cambio trascendental. ¡Vuelve la esperanza!

 

 

 

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Tatequieto al FMI y sus muchachos

 Volvía el Fondo Monetario Internacional (FMI) al ajuste draconiano de tres décadas atrás en América Latina; pero no calculó en su rudeza –tampoco los amigos del patio trasero en su indignidad– que se estrellarían contra una sublevación popular. Estalló en Ecuador, estalló en Chile y reverbera en Argentina. Y si, como es de esperar, el lánguido mentís de Duque a sus reformas laboral y pensional es sólo ardid de elecciones, será Colombia la cuarta ficha del dominó en caer. El FMI condicionó crédito al Ecuador a una drástica reducción del gasto público cuya medida última fue duplicar el precio de la gasolina. Gota que rebozó la copa de austeridad forzosa que se traduce en “flexibilización” laboral, aumento de impuestos al común, reducción de los mismos a los ricos, privatización de salud y pensiones, eliminación de subsidios; todo, dentro del modelo de mercado que pesa como un piano sobre los hombros de las mayorías hambreadas que esta vez gritaron: ¡estamos hartos y no tenemos miedo!

Once días duró la protesta que debutó con los indígenas y se volvió avalancha acrecida con trabajadores, estudiantes, campesinos y transportadores, cuya disciplina y organización no le restaron la vehemencia necesaria para triunfar: el Gobierno retiró la medida. La brutalidad de la fuerza pública había cobrado 10 muertos y 1.340 heridos. Notas inéditas en marchas callejeras: cientos de médicos, estudiantes de medicina y socorristas voluntarios forman cordón humanitario de protección a heridos. Algún soldado llora su arrepentimiento entre abrazos de la gente. Los manifestantes retienen a 40 policías para neutralizarlos; les dan alimento y trato digno.

Una descomunal jornada de protesta tuvo lugar el viernes en Santiago de Chile, por aumento en el pasaje del metro. 41 estaciones resultaron destruidas y dos edificios, símbolos del poder, incendiados. Tras 29 años, reapareció el ejército en las calles. Presencia ominosa que había rubricado la ferocidad de la dictadura y que hoy volvía a las andadas: se vio el video de un soldado que dispara su fusil a quemarropa a la cabeza de un ciudadano. También en Chile se apelmaza una historia de alzas en salud y servicios públicos, privatización de pensiones, impuestos a los pobres, salarios en caída y una desigualdad social intolerable. También en Chile debió el presidente derogar el decreto de marras.

En Colombia, el partido de Gobierno ha depurado dos proyectos largamente acariciados y son de la entraña del FMI: golpear los salarios, y apuntar a la eventual liquidación de Colpensiones en favor de los fondos privados. Para ello, según informe detallado de Portafolio, suprimirá el subsidio a las pensiones y elevará el aporte del aspirante a pensión. El viejo modelo de Pinochet, que el uribismo querría emular. Sabedor del daño que la noticia podría ocasionarle este domingo en las urnas, se apresuró el presidente a declarar que no, que de ninguna manera, que cómo se les ocurre. Lo mismo proclama por doquier su apoyo a la paz mientras la acosa. El hecho es que la daga contra salarios y pensiones lleva años tras la capa del mentor y no será su discípulo quien los redima. ¿Osarán el lance, en esta Colombia sofocada bajo el mismo modelo que provocó las revueltas de Chile y Ecuador?

Coda. Bogotá merece su mejor alcaldesa posible: Claudia López. Merece su mejor concejala posible: Clara López. Y Medellín merece concejalas entre mujeres extraordinarias agrupadas en el movimiento Estamos Listas para gobernar. Es iniciativa femenina que propende, no obstante, a la igualdad para hombres y mujeres. Lo que está en juego, dicen, es transformar esta ciudad inequitativa y violenta en urbe democrática, justa y plural. ¡Bienvenidas!

 

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Feriar el Estado, mimar a los ricos

 

“No concilio que se venda Isagén, privando a la Nación de un patrimonio rentable y estratégico […] Hay que mantener el control estatal sobre este tipo de empresas porque son un elemento central de la seguridad nacional…”, dijo Duque a la venta de Isagén. Pero hoy prepara la privatización de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, para comenzar, los bienes públicos más rentables de Colombia. Para llenar el hueco fiscal que la ley de (des)financiamiento no cubrió, ahondado por el fastuoso obsequio en impuestos que la élite económica recibió, gratis, sin que amague ella el más leve gesto de reciprocidad hacia el país. Además, con riesgo de convertir el producto de esas operaciones en plata de bolsillo de un Gobierno en campaña perpetua, proclive a la torpeza de vender la nevera para poder mercar. Ya el Gobierno puso el ojo en las 107 empresas (que valen $170 billones) donde el Estado es accionista, para vender sus frutos más apetitosos, mientras la quejosa cresta empresarial atesora gabelas oficiales y, en vez de reinvertir ganancias en proyectos productivos  para crear riqueza y empleo en Colombia, exporta sus utilidades y cierra masivamente plazas de trabajo. O especula con ellas. Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, declara sin más vueltas que se frenó la inversión en el país.

Se hace ilusiones Carrasquilla. Espera que “la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial estimule la inversión y la generación de empleo”. La verdad, como ha sucedido siempre con esta fantasía, es que –entre otras razones por angurria empresarial– la economía se empereza y el desempleo se dispara. En Medellín alcanzó 13,5% en abril. No sólo no se crean nuevos puestos de trabajo sino que se cierran por cientos de miles. Revela Mauricio Cabrera que el desempleo desborda los dos dígitos, no porque haya más gente buscando empleo (621.000 renunciaron a la faena) sino porque se han eliminado 775.000 puestos de trabajo. El país entró en una temporada de destrucción neta de puestos de trabajo, apunta crudamente Dinero.  Además,  el subempleo creció en el último año, para desaparición total de 1.389.000 empleos decentes. Una tragedia, escribe Cabrera.

Tan mal negocio será abrumar de dádivas y canonjías a una oligarquía sin sentido de patria como sacrificar el patrimonio más preciado de la Nación. Menos, cuando sus ingresos y utilidades crecen. Como es el caso de Isa, que en tres años duplicó el valor de su acción y los dividendos que gira a la nación. El año pasado obtuvo ingresos por $7,2 billones y utilidades por $1,5 billones. Es líder del transporte de energía en el subcontinente, incursiona en vías y comunicaciones y administra el mercado de energía en el país. Ecopetrol, por su parte, es la empresa más productiva y rentable de Colombia. Registró el año pasado ingresos por más de $62 billones, 25% más que el año anterior. Sus activos valen $114 billones, y su patrimonio, $57 billones.

No se entrega la infraestructura del desarrollo al interés privado. Ni se subordina la rentabilidad social al lucro particular. Trocar en negocio privado los bienes estratégicos de beneficio general puede comprometer el futuro. Privatizar no es apenas depositar en particulares la propiedad pública: es también confiarles funciones y proyectos del Estado que terminarán supeditados a su apetito de negociantes. Con la venta de Isagén, y ahora de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, queda en entredicho la soberanía energética del país. Como agonizantes quedan las finanzas públicas con tanto mimo a elites improductivas. El Gobierno busca la plata fuera del tiesto. ¿Por qué no condiciona la exención tributaria a la verificada creación de empleo formal? Ominosa esta fórmula de feriar el Estado y mimar, de gratis, a los ricos.

 

 

 

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