por Cristina de la Torre | Nov 9, 2010 | Movimiento social, Noviembre 2010, Política agraria
Sorpresa, don Berna y el Alacrán ofrecen devolver 45 mil hectáreas. El Ministro Restrepo adivina en algún enemigo de la restitución de tierras una “vaga amenaza para debilitar la voluntad del Gobierno en defensa de las víctimas del despojo organizado por los señores de la guerra, que se volvieron los señores de la tierra”. Ablandamiento de unos. Férrea determinación del Gobierno. Sí, pero aquí falta un elemento crucial: el apoyo organizado del campesinado. Destinatarios de las reformas en ciernes, los campesinos serían su aliado natural y fuerza de presión incontrastable para acometerlas. Como lo fueron en tiempos de la ANUC. Hasta cuando el gigantesco movimiento agrario de los años 70 fue derrotado por los terratenientes, la Fuerza Pública y el gobierno de Misael Pastrana. Y terminó en los 80 infiltrado por las guerrillas, pretexto providencial que redobló la brutalidad del latifundismo contra los campesinos. Guerrilla contra la cual habrán de precaverse hoy, celosamente, no sea que a las FARC les de por barnizar sus vergüenzas fingiéndose amigas de la justicia en el campo.
Con sus luces y sus sombras, la experiencia de ANUC resulta aleccionadora. La asociación de usuarios campesinos fue creada por el Gobierno de Carlos Lleras como base de apoyo social de los directamente interesados en la reforma agraria. Ante el poder hacendario, Lleras decidió saltarse las redes clientelistas de los partidos; y ejecutar la reforma con el campesinado, sin intermediarios. Aunque nació arriba, la ANUC se construyó desde abajo: era una organización de alcance nacional; heterogénea, pues integraba a toda la diversidad del campo; a su legitimidad institucional sumaba la que le otorgaba un sistema de representación democrático.
En los años 70 prohijó un movimiento orgánico de lucha por la tierra que se resolvió en la recuperación de centenares de latifundios. Si encendido el discurso, sus demandas se ceñían a una divisa reformista. El Primer Congreso declaró que la solución a los problemas campesinos no estaba en la lucha de clases sino en la lucha pacífica contra el atraso y la marginalidad. Hervía en los campesinos el anhelo de ser propietarios, no “sirvientes de los ricos”.
En los 80, ya derrotado y dividido, el movimiento degeneró en movilizaciones dispersas, a veces salpicadas de guerrilleros del EPL o del ELN. Mientras el ala radical de ANUC languidecía, la oficialista tornaba al clientelismo. Los labriegos de la Costa que habían conquistado sus tierras en la década del 70, las perderían en los años 90. El narcotráfico y sus ejércitos se hacían terratenientes y cerraban filas con el gamonalismo regional. Escribe León Zamosc que la amenaza de una convergencia entre guerrilla y movimiento social creó el caldo de cultivo ideal para que caciques políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares se articularan en torno a un proyecto común. Mientras la guerrilla secuestraba, extorsionaba y asesinaba, intentaba acaballarse sobre la lucha campesina. Y, claro, el paramilitarismo sembró el terror allí donde se había recuperado tierra. Entonces fue la guerra. Y el despojo. Daño inmenso le causó la guerrilla al movimiento campesino.
Más de uno se asusta hoy a la voz de organización campesina. Los poderes consagrados, porque saben que, cohesionados, los campesinos pueden ser un aliado formidable del Gobierno en este trace. Algunos demócratas desavisados, porque les dijeron que quien discuta los valores de tradición, familia y propiedad es terrorista. Mas no el Vicepresidente Garzón. Al parecer, él propone trabajar con la organización que ya existe, en vez de inventarse otra ANUC. Esta necesitará el respaldo de toda la sociedad, para que no le caigan los buitres de la guerrilla y las Aguilas Negras.
por Cristina de la Torre | Nov 17, 2009 | Movimiento social, Noviembre 2009, Salud
“Queremos internar a un viejo; ¿qué se necesita para que lo reciban?”, transcribe El Tiempo. Desde cualquier teléfono, de oro o de baquelita, a razón de diez llamadas diarias, la pregunta se volvió estribillo en los albergues públicos de Bogotá. “No podemos tener más al viejo en la casa, porque no aporta nada, ya no produce y no sabemos qué hacer con él”. Marginados de la prosperidad, o de la simple supervivencia, nuestros ancianos son la hez en esta Colombia de pasión y corazoncitos. Tras el rosado almíbar de la publicidad y los falsos devotos se oculta una sociedad sin hígados que se abre camino a codazo limpio y venga sus sinsabores en los seres más indefensos: los ancianos. Los primeros victimarios, sus propios hijos. La crueldad se viste de humillación y abandono para coronarse, a veces, en abuso sexual y asesinato.
El drama se multiplica conforme aumenta el envejecimiento de la población. Según Medicina Legal, la violencia intrafamiliar contra ellos creció 21% en el último año. Cuántos de los cien mil que en la capital no pueden caminar, o son ciegos o sordos o mudos o baldados de brazos y manos resultan de ese trato, no se sabe. Se sabe, sí, que sólo en Bogotá casi 50 mil arañan la indigencia. El Ministerio de Protección Social y Bienestar Familiar no alcanzan a ayudar sino a la quinta parte de los abuelos que en el país padecen hambre o desplazamiento. De los 4.5 millones de viejos, sólo un millón desfruta de pensión. El resto depende de su trabajo o vive de caridad. Cuando tienen seguro de salud, una minoría, se les atiende tarde y a medias.
Vulnerable al extremo, humillado en su propia indefensión, la violencia generalizada contra el anciano contempla expulsión, desamparo, aislamiento, agresión sicológica, atropello físico y económico. El maltrato sicológico es a menudo antesala de la violencia física. Sea por desatención o abandono emocional, sea como trato vil sistemático, éste hiere su dignidad y puede desembocar en suicidio. Campea la idea de que lo viejo es inútil, una carga, un estorbo, anverso repulsivo de lo bello, lo joven, lo productivo. Chivo expiatorio de un destino ingrato, sobre el anciano se descarga al parecer el peso de una autoridad deformada que el agresor padeció de niño, y que éste ejerce ahora como afirmación de poder.
Si mayas y nipones respetan a los ancianos por su sabiduría, si los veneran los antiguos, las sociedades industriales los invisibilizan, los discriminan, los desechan, por no ser ya productivos. En Occidente, la modernidad sembró en la mayoría de cristianos una moral del rentismo que avasalló al Evangelio. Rentismo que entre nosotros, país del sálvese quien pueda, obra tantas veces como hermano natural de la violencia.
El representante Simón Gaviria ha presentado proyecto de ley que eleva las penas contra el agresor del anciano. Así como se castiga al padre que abandona y maltrata a sus hijos, habrá de penalizarse al hijo que de esta manera procede con su padre. Enhorabuena. Inspire al joven parlamentario doña Bertina Hernández que, a sus 90 años, despliega la alegría de vivir que a otros viejos se les hurta. Líder aguerrida de Malambo, Bertina es hoy celebridad de la radio en Barranquilla. Desde sus micrófonos fustiga a funcionarios venales por “embusteros y sinvergüenzas”, narra anécdotas y cuenta chistes verdes. Excepción que confirma la regla, no se conforma ella con ser otra víctima silente entre sus congéneres. Aguda de figura y de palabra, casi se oye en la fotografía de esta abuela la carcajada que escapa del hueco de su boca. ¿Habrá quién ose deshacerse de ella porque su ingenio no produzca dinero?
por Cristina de la Torre | Oct 21, 2008 | Movimiento social, Octubre 2008
Experto en resolver las crisis a su favor, a Uribe podría favorecerle la agitación social que su gobierno presenta como instrumento del terrorismo, para atornillarse en el poder. Una protesta popular manejada con rudeza y artificiosamente asociada a las Farc se complicaría hasta configurar la anhelada hecatombe en sus planes de reelección. Embolatados como parecen los mecanismos de referendo para repetir en 2010 y reforma política para hacerlo también en 2014, no resulta descabellada la hipótesis de un Plan C, cada día más franca en los mentideros políticos: convocar, al amparo de la conmoción interior, una constituyente de bolsillo que resuelva en forma expedita el trámite legal del articulito.
Ya saltan a la vista las dificultades de trámite del referendo en el Congreso y las de los otros siete debates que requiere la aprobación inicial de la reelección para el 2014. Son dos legislaturas, preñadas de conflictos, chantajes, oportunismos y deslizamientos de parlamentarios cuya única divisa es mantener la curul a toda costa. Así lo anuncia la primera insubordinación de la bancada uribista contra la reforma de la justicia, que el gobierno debió enterrar. Ni qué decir tiene la gallada de convertir la popularidad del Presidente, difusa por definición, en 7 millones 200 mil votos, umbral necesario del referendo.
La conmoción interior no sólo servirá para criminalizar el movimiento social y laboral, a la manera del Ministro Arias, para quien bloquear una carretera es un acto terrorista; o como la insólita protesta del Ministro Palacio, el del cohecho, porque tras los paros él adivina la intención de “oponerse al gobierno”. La caverna, negación ramplona de toda democracia. Honrando nuestra particular tradición de avasallar también a jueces y legisladores, el gobierno guardará formas de la democracia, para que no se diga que en Colombia manda un chafarote. Pero ahora se suman tres ingredientes nuevos. Primero, el Presidente anuncia que “aprovechará” el estado de emergencia para proponer cambios en el poder judicial que se conviertan en norma permanente, por encima del Congreso. Vaya uno a saber (y aquí lo nuevo) si ellos persiguen todavía salvar de los tribunales a parapolíticos, a funcionarios acusados del cohecho que lo reeligió la primera vez y a miembros de las fuerzas militares acusados de crímenes de Estado.
Segundo, la conmoción interior no hará sino acelerar el proceso de absorción de la Justicia y del Congreso por la Casa de Nariño. A pesar de la denuncia de Vivanco, vocero de HRW, en el sentido de que el gobierno de Uribe obstaculiza las investigaciones de la justicia contra la mafia paramilitar y sus cómplices en el Congreso. Tercero, si damos crédito al presentimiento de quienes andan en la pomada política, la conmoción interior será el trampolín de la reelección en 2010, en 2014, y sabe Dios hasta cuándo.
Si el segundo mandato de Uribe atestigua el desastre que la reelección ha causado en las instituciones republicanas, las que le sigan darán al traste con la democracia. Y no se crea que Uribe flaqueará porque empiece a sentir el calor del sol a sus espaldas. O porque se le rebote el pueblo. Antes bien, en sicologías como la suya, tocadas de divinidad, podría dar sin pestañear el salto olímpico de la presidencia imperial a la dictadura electiva.
por Cristina de la Torre | Ene 12, 2008 | Enero 2008, Movimiento social, Mujer
Tras medio siglo de voto femenino en Colombia, nuestras mujeres no descuellan en particular como políticas ni por las luchas «de género» que las feministas promueven.
Valen, más bien, por el callado heroísmo de enfrentar sin alardes los desafíos del diario vivir cuando todo parece conspirar contra ellas. Y porque son ellas las primeras en poner la cara para defender la vida, manoseada por pragmatismos y vanidades de celebridades que, ya en Venezuela, ya en Colombia, presumen de estadistas sin ofrecer a sus pueblos horizonte ni futuro. Incapaces de emular a doña Clara de Rojas, personificación de inteligencia, pundonor y valor, se reducen ellos a políticos de oportunidad que sacrifican las razones del corazón al vértigo del poder bruto. Olvidan, precisamente, la carga política que en nuestros días se le reconoce al principio humanitario.
En todas las democracias siguen las mujeres luchando por salvar distancias entre leyes que consagran derechos iguales para hombres y mujeres, y una cultura tarda y remisa que confunde todavía diferencia con inferioridad. Pero en Colombia la paradoja resulta dramática. Doña Clara representa el agudo contraste de un país en guerra a cuyas crueldades responden muchas mujeres con brazo firme, pero donde no ceden la discriminación, la exclusión, la violencia contra ellas. Desapareció de nuestros códigos el ominoso articulito que autorizaba el asesinato de la mujer por su marido, si se hallaba éste “en estado de ira e intenso dolor”. Mas, en la práctica, siguen la ira y el intenso dolor avasallándola.
Leyes como las de paternidad responsable y despenalización del aborto allanan el camino hacia la igualdad de derechos. Claro. Menos lo logra la legislación que protege a mujeres y niños de la violencia en familia, ni la llamada a garantizar igualdad de oportunidades y de remuneración en el trabajo.
Leemos en la prensa que a Gleidis Durán le cogieron 47 puntos en pleno rostro tras un ataque de su compañero con el pico de una botella. Salió él de la cárcel antes de que ella abandonara el hospital. Sofía Pérez, empleada de aseo, fue violada por su padre desde los cuatro años; el marido la cela hoy con el argumento de que ya desde niña era coqueta y, por lo tanto, culpable de que su propio papá no pudiera controlarse. Que se sepa, en Colombia han sido violadas 722 mil mujeres, a manos de familiares, amigos o vecinos. En el 85% de los casos de lesiones por maltrato de pareja, la víctima es la mujer.
Una verdadera revolución silenciosa se produjo en Colombia con la incursión masiva de las mujeres en fábricas y universidades. Su participación en el mundo laboral pasó del 19% en 1950 al 55,8% en 2000. La desaparición de la brecha educativa y ocupacional entre géneros no redunda, sin embargo, en salario igual por trabajo igual. Entre profesionales, ellas ganan 30% menos que ellos. Además, crece la participación femenina en el mundo laboral, paro aumenta a la par el número de mujeres cabeza de familia. Es decir, de las que cumplen al menos dos jornadas de trabajo cada día. Las estadísticas engañan: según ellas, mientras el 92% de los hombres trabaja, apenas el 60% de las mujeres lo hace. La verdad es que no se pagan los servicios domésticos, ni de protección y educación de la prole que la mujer asume. No se reconoce la “economía del cuidado”, ni se remunera.
Como en todas partes, las colombianas incursionan de lleno en la política, con la consagración del sufragio femenino. Pero han de enfrentar un mar de dificultades y obstáculos. No se crea, empero, que sean por ello inferiores a sus colegas varones. Con el mismo arrojo de Piedad Córdoba para lidiar por un acuerdo humanitario, Cecilia López persigue un nuevo modelo de desarrollo, Martha Lucía Ramírez lucha por una base respetable de ciencia y tecnología y Gina Parody enfrenta la corrupción y el paramilitarismo. No han llegado ellas al Congreso por ser mujeres, sino por ser capaces, meritorias y combativas.
Las demandas de las mujeres no son cosa de mujeres; traducen problemas de interés general. Exclusión, discriminación y violencia son problemas públicos que la democracia resuelve extendiendo hacia los afectados —esta vez las mujeres— todos los derechos y la protección del Estado. Tampoco es cosa de mujeres la batalla que doña Clara libra. A ella la acompañan millones de corazones masculinos que han sabido sacudirse el mito de que los hombres no lloran, baluarte de tanto bravucón que pasa por político.
