por Cristina de la Torre | Jul 15, 2018 | Izquierda, Julio 2018, Modelo Económico, Modelo Político, Movimiento social, Partidos, Política agraria, Política económica, Uribismo
Taca burro la cofradía neoliberal. Su socorrida reducción de toda idea divergente a comunismo comeniños resulta contraevidente y no cumple sino función de propaganda. Con López Obrador en México y el sorpresivo despertar del centroizquierda en Colombia, la nueva izquierda de la región termina por depurarse, sin muchas reservas, en alternativa socialdemocrática. A distancia sideral de las dictaduras sanguinarias de Venezuela y Nicaragua. Y del modelo económico que el presidente electo, Iván Duque, ofreció en campaña por medio de su hoy ministro Carrasquilla, conspicuo ejecutor del modelo que ahonda las desigualdades, en el segundo país más desigual del continente.
El llamado de Duque a la unidad nacional por la prosperidad de todos parece contraerse a la sola prosperidad de los gremios económicos que recibirán nuevas gabelas sin contraprestación y la mitad de los ministerios en el gabinete ¿Será este el Gobierno de la plutocracia encabezado por un titular de Hacienda que considera el salario mínimo “ridículamente alto”? Modelo apolillado, cruel, que el mismísimo Banco Mundial acaba de cuestionar, mientras algún portavoz de nuestra élite abreva en la misma acequia: para escándalo de más de un gurú del Consenso de Washington, Miguel Gómez Martínez propone volver a los planes de desarrollo y a la planeación económica (Portafolio 4/7/18).
El discurso de AMLO respira aires de la Cepal de Prebisch y Frei y Carlos Lleras. Ni Stalin ni Castro ni Maduro. Anuncia el mexicano cambios profundos de beneficio prioritario a los más pobres pero dentro de la legalidad, respetando la propiedad privada y las libertades de asociación y empresa. Con disciplina financiera y fiscal (como lo hizo mientras fue alcalde de la capital). En busca de mayor igualdad, aumentarán la inversión del Estado en política social y su iniciativa empresarial para crear empleo. En Colombia, centro y petrismo convergieron en pacto reformista cuyo decálogo, de izquierda democrática, se firmó en mármol.
Tendrán ellos que huirle a la tentación populista, inflacionaria, de emitir dinero para financiar la política pública; volver al desarrollo y a la planeación concertada con el sector privado; y, en la lucha contra la pobreza, reemplazar subsidios por empleo. Reindustrializar; regular mercados; y redistribuir en serio, ajustando el salario mínimo y cobrando más impuestos a los que más tienen. El Banco Mundial se alinea ahora con el modelo de agricultura familiar, clama por devolverle al Estado sus funciones sociales y habla de política industrial.
No así Jorge Humberto Botero, vocero de los gremios y exministro de Comercio del uribato. En Semana en vivo declaró: “Yo nunca creí en las políticas industriales […] creo que el Gobierno hizo bien en [abandonarlas]”. Y agregó que él bajaría aranceles y expondría los sectores productivos a la lucha fría de la competencia internacional. En otra orilla, parece Miguel Gómez lamentar que, a instancias del neoliberalismo, desmontara César Gaviria muchos instrumentos de intervención del Estado en la economía, y clausurara la idea del modelo de desarrollo. Que, con la internacionalización de la economía, ya no se hablara de desarrollo sino de mercado.
Carrasquilla fue mentor estrella del modelo neoliberal. Viene de favorecer gratuitamente a los grandes capitales y de golpear los ingresos de las clases trabajadoras. De arrojar la economía al garete de los mercados, con graves consecuencias para las mayorías indefensas. No hay por ahora indicios de que el Gobierno en ciernes marque un rumbo distinto.
Con el desarme de las Farc y la galvanización del reformismo democrático como fuerza equiparable a su antípoda encallada en el pasado, podrá decirse que en Colombia el comunismo es un fantasma. Pero no lo es el engendro neoliberal.
por Cristina de la Torre | May 23, 2016 | Mayo 2016, Movimiento social, Salud
Sin siervos no hay yugo que valga. Si la multinacional Novartis vende en Colombia su Imatinib contra el cáncer seis veces por encima de lo que valdría el genérico es porque en 2012 nuestro flamante Consejo de Estado le otorgó, hincada la rodilla, patente de exclusividad a la farmacéutica suiza. Y porque la Superintendencia de Industria y Comercio, que nueve años atrás se la había negado, enmudeció. Entonces salieron los genéricos del mercado y Novartis navegó a sus anchas con precios astronómicos que atentan contra la vida de los pacientes y contra las finanzas de nuestro sistema de salud. Se propone ahora el ministro Alejandro Gaviria romper el monopolio que a ese tiburón le permite devorarse a los más débiles; triturarlos bajo el peso de su obesidad. Colombia sometería la patente de su fármaco a licencia obligatoria, y lo declararía de interés público, pues se trata de un medicamento esencial. Enhorabuena.
Manes de la soberbia extranjera, le han llovido al país advertencias, amenazas, chantajes desde todos los poderes habituados a imponerse a coces sobre pueblos vulnerables: vociferan en el mundo (y en Colombia) los gremios de las multinacionales farmacéuticas, agentes del congreso estadounidense que velan por los intereses comerciales de ese país, y hasta su propio gobierno. Porque para ellos, escribe nuestra embajada en Washington, “regular el precio de ese fármaco […] puede desembocar en disputas relacionadas con lo pactado en el TLC o crear inconvenientes en la aprobación de los recursos para ‘Paz Colombia’”.
Pero no será el nuestro el primer país que libre en su suelo esta batalla planetaria contra la gula de la gran industria farmacéutica. Ya Tailandia, Brasil, Suráfrica y la India la dieron. Y cobraron victoria. En la India, la Corte Suprema de Justicia tomó en 2013 la histórica decisión de negarle la patente al Imatinib. Privilegió el principio de brindarle a su población acceso a medicamentos genéricos sobre la supuesta mayor eficacia terapéutica del fármaco de Novartis. Su precio se redujo a la dieciochoava parte: pasó de 2600 dólares a 145. Estos países han montado toda una industria nacional de genéricos incentivada por el Estado, vía expedita para democratizar la salud reduciendo drásticamente los precios de las drogas. Y Colombia sufre ahora una segunda embestida: hace dos años arremetieron las farmacéuticas gringas contra el proyecto del ministro Gaviria de optar por medicamentos biotecnológicos y de producirlos en el país.
Pero conforme pujan los tiburones por apretar la encerrona contra Colombia, surgen apoyos acá y allá, de quienes saben que nuestro país es el escenario de la hora donde tiene lugar esta disputa global contra los muy civilizados mercachifles de la salud. Ciento veinte oncólogos del mundo entero le dirigieron al Gobierno una misiva donde protestan por la desmesura de Novartis. Para la Federación Médica Colombiana, entre otras muchas, al país le asiste pleno derecho a priorizar la salud de sus ciudadanos, a defender el interés público de atropellos como éste.
En búsqueda de competencia equilibrada, jugará papel crucial la aplicación Click Salud que el Gobierno prepara, donde aparecerá el precio de cada droga, comparado por laboratorios. Divulgará, por ejemplo, tres valores distintos del omeprazol: $36, $138 y $11.249. El consumidor decide. Mas no debería el Estado limitarse a controlar precios y a apoyar la industria nacional de genéricos. Debería, también él, producirlos. Inyectar recursos abundantes en ciencia, tecnología e innovación. Y pedir dignidad a quienes, como en el caso que nos ocupa, regalan el país desde el Consejo de Estado. Como si el alto tribunal pudiera degradarse a guarida de la servidumbre del déspota extranjero.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2012 | Conflicto interno, Movimiento social, Noviembre 2012, Política agraria
Tras el eufemismo de la sociedad civil, coartada que también los negociadores de La Habana emplean para buscar apoyos políticos, una voz autorizada se alza desde las afugias del campesinado irredento. Cuando el proceso debuta con política rural, la Mesa Nacional de Organizaciones Agrarias lanza una propuesta que las partes harían bien en contemplar. Aunque esta Mesa, complejo de organizaciones desprendidas de la vieja Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se proclama independiente del Gobierno y de las Farc, no juega de tercero en discordia. Lejos de la Unidad Nacional y de la Marcha Patriótica, representa el sentir de los labriegos que vuelven a pronunciarse tras décadas de olvido y dispersión, producto de la derrota sangrienta que el gobierno de Misael Pastrana le infligiera al movimiento campesino. Efecto, así mismo, del conflicto armado que no le dejó sino lágrimas para llorar a sus muertos. La iniciativa de esta mesa agraria es el primer aporte serio a las discusiones que tendrán lugar en Cuba; y después, en la aplicación de los acuerdos que inauguren la construcción de la paz.
Sostienen los campesinos que en el origen del conflicto armado está la concentración de la propiedad agraria. Inspirada en la consigna de “la tierra para el que la trabaja”, proponen crear un Conpes rural con miras a formular un Plan Decenal de Desarrollo Agrícola. Para escándalo del TLC, gracias al cual aumentaron 50% nuestras importaciones agrícolas este año, reivindican el derecho de los agricultores al manejo de semillas propias. Exigen salud, educación, pensión y devolución segura de las tierras. Eje de su propuesta, garantizar la seguridad alimentaria del país. Su inspiración, una sociedad rural más campesina que empresarial. Y el meollo, la redistribución de la tierra.
Contiene el Gobierno su propuesta en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, como política de Estado que resurge después de prolongada pausa. Salvo el valiente programa de restitución de tierras, el Gobierno parece contentarse con la idea de modernizar el campo pero sin redistribuir tierra. Sin remover la talanquera de la concentración de la propiedad agraria ni tocar el latifundio improductivo en tierras de primera calidad. Por supuesto, propende también a la modernización y protección de la agricultura campesina, a menudo bajo el modelo de reservas campesinas. E impulsa alianzas productivas entre grandes empresarios y campesinos. Pero pone el énfasis en la agroindustria de exportación; y acoge de buen grado la extranjerización de tierras en la Altillanura, lo que para muchos puede comprometer la seguridad alimentaria de Colombia. Pero ambas visiones coinciden en la necesidad de desarrollar bienes públicos, de suministrar a los pequeños productores crédito, asistencia técnica, subsidios y acceso a los mercados.
Buscan las Farc una “reapropiación colectiva y social del territorio”, redistribución masiva de la tierra, y reformas rurales sólo viables con un cambio del modelo económico. Aspiración legítima que desborda los alcances de las conversaciones, pero que podrá enarbolarse cuando se dispute el poder desde las urnas. Mas puede aventurarse que, no hablando para la galería, las Farc mantienen vivo el programa agrario de sus orígenes: el de una reforma agraria liberal. Que ya es mucho decir en este país sometido a fuerzas tan retardatarias.
Hay más de una coincidencia entre estas iniciativas. O, a lo menos, en el espíritu que las anima. Buen comienzo para la paz sería que ellas se tradujeran en acuerdo político sobre criterios básicos suscrito por las partes. Y con la venia del campesinado, el verdadero doliente de la guerra y de la inequidad en el campo.
por Cristina de la Torre | Nov 15, 2011 | Educación, Movimiento social, Noviembre 2011
No es cualquier victoria. Reivindicar el derecho a educación gratuita, buena y para todos, desentraña el grotesco de una sociedad petrificada en las jerarquías y privilegios de tiempos de la colonia. Pone en evidencia el apartheid social que reina aún entre nosotros, donde los ricos acaparan la mejor educación y a los pobres que logran acceder a ella se los estafa con la peor. Tampoco es ya Colombia la autocracia que no hace mucho se ensayó. En gesto que lo engrandece, el Presidente se allana a la fuerza de un movimiento pacífico que se revuelve contra la mezquindad del Estado con la universidad pública, contra la marcha inexorable hacia su privatización.
La protesta de 600 mil estudiantes el pasado jueves, salpicada de canciones y colores y besos a miembros de la policía antimotines, epílogo de las 1573 movilizaciones que tuvieron lugar en el país entre enero y septiembre, indica que Colombia despierta: se repone del letargo catatónico que la mantuvo levitando durante ocho años en arrebato místico frente al mesías que gobernó, rosario en mano, mientras parecía no ver entre su fanaticada a los políticos en manguala con los de la motosierra. Tremendo contraste con un gobierno capaz de archivar su propuesta e invitar a debate “amplio, democrático y de cara al país”. Aunque Pacho Santos, ex vicepresidente del ex presidente, vocifere descompuesto contra el Primer Mandatario: “el Presidente tiembla” frente a los estudiantes, dijo, y convidó a neutralizarlos con choques eléctricos. Intolerables le resultan porque reclaman educación como derecho ciudadano, no como negocio. Porque la organización que representa a estudiantes de casi 80 universidades públicas y privadas prepara propuesta alternativa a la ley 30 que propusiera el Gobierno. Pero, sobre todo, porque sus líderes declaran maravillados: “volvimos a tomar conciencia de que otro mundo no sólo es posible sino necesario”.
Después de 40 años, renace el movimiento estudiantil. Corría el año de 1971. En los 7 meses que duró el paro nacional universitario, no hubo flores ni abrazos a la fuerza pública y sí, en cambio, 20 muertos y cientos de heridos y encarcelados. Entonces los estudiantes pensaban también que democratizar la educación, elevar su calidad científica y humanística, preservar la autonomía de las instituciones de educación superior, financiarlas con partidas suficientes del presupuesto nacional y recomponer sus organismos de dirección con participación de estudiantes y profesores era empezar a convertir en realidad el sueño de un mundo nuevo. La divisa de los estudiantes desbordó las fronteras de su Programa Mínimo, para proyectarse a los problemas grandes del país. Nunca se discutió tanto ni con tantas cifras como en aquel entonces. Nunca se acercaron tanto los estudiantes al movimiento campesino que protagonizaba ardua lucha por la tierra, ni a otros sectores populares que desarrollaban la suya propia. Pero fue flor de un día. El ascenso de una izquierda empeñada en incrustarle a Colombia el modelo de la revolución soviética o de la china o la cubana, sin contemplar los pormenores de lo propio, desnaturalizó el movimiento. Lo convirtió en presa de sectas políticas y aquel, con buen sentido, las abandonó a su suerte. De los cientos de miles de muchachos manifestando en las calles no quedaron sino los exiguos promotores del tropel.
Pero las banderas de los jóvenes siguen ondeando y cobran vida nueva: lejos de abrirse una educación de calidad para todos, en estos 40 años la universidad pública se empobrece día a día. La discriminación en las aulas apenas expresa cuánto han crecido en este país los abismos entre clases sociales. “En el tercer país más desigual del mundo –recuerda Maria Antonia García- tenemos el ejército más temible de Latinoamérica y la educación más inequitativa”.
por Cristina de la Torre | Nov 16, 2010 | Movimiento social, Noviembre 2010, Política agraria
En los años 60 y 70, recuperar tierras era actividad tolerada como parte de la democratización que la Violencia había ahogado en sangre. En la academia, entre funcionarios oficiales, en los partidos el problema agrario ocupaba lugar de privilegio. Liberales y conservadores de avanzada cortejaban la ocupación de tierras, recuerda Gonzalo Sánchez, Director de Memoria Histórica en la Comisión Nacional de Reparación. Hoy no se habla, como entonces, de ocupar predios o redistribuirlos sino de devolvérselos a sus dueños. Y, sin embargo, hay quienes le atribuyen a la ley de Víctimas, instrumento de la restitución, la malévola intención de “revivir” una guerra civil imaginaria. Pero aquí guerra civil no hubo y sí, en cambio, sucesos más tortuosos: una campaña criminal de narcotraficantes por el control del territorio, condición necesaria del negocio de la droga. Su brutalidad vino a descubrirse en los cientos de fosas comunes de campesinos que no alcanzaban a huir a las ciudades. Narcos devenidos terratenientes -en manguala con políticos, gamonales, funcionarios y militares- despejaban de población los territorios donde operaban sus centros de aprovisionamiento, cristalizaderos químicos y corredores para el transporte de la droga. Cruda rapiña armada.
Dos procesos paralelos habían conspirado contra la lucha por la tierra: el látigo del Estado, y la pretensión de las guerrillas de subordinar a sus delirios el movimiento campesino. Resultado, éste ingresó en la nómina de actividades subversivas. Hacia finales de los 70, había sido virtualmente ilegalizado. Y en los últimos años, dondequiera que amagó, se le dio trato de terrorista.
A ello contribuyó el deslizamiento subrepticio de insurgentes en alguna marcha campesina para escudarse de los operativos del ejército (¡). Y el ansia de las guerrillas por medrar en el movimiento, que sólo fructificó –a medias- entre colonos perdidos en la lejanía. En la creencia de que Colombia estaba a punto para una insurrección armada, el Epl puso sus ojos también en el proletariado rural. Incursionó en los sindicatos bananeros de Urabá para disputárselos a bala con las Farc. Sobre los trabajadores recayó la peor parte de este arrebato demencial. Manes de la combinación de formas de lucha, que siempre terminaba sacrificando incautos mientras los responsables huían heroicamente con sus fierros monte adentro.
Si efímero, el “entrismo” del Epl en el movimiento campesino terminó por justificar la violencia que se ensañó contra él. Poblaciones enteras fueron blanco de operativos contrainsurgentes. La criminalización de la protesta campesina legitimó después la embestida paramilitar, que combinó violencia selectiva (asesinato de dirigentes) con violencia masiva (masacres, despojo y desplazamiento). Para Rosmy Rojas, actual Presidente de Anuc en Córdoba y miembro de su Junta Nacional, “las guerrillas le hicieron un daño enorme al movimiento campesino”.
La Costa Atlántica fue a la vez epicentro de las luchas de Anuc y cuna del proyecto político-militar que quiso “refundar” la patria, pasando sobre el cadáver de la organización campesina y la reversión de las parcelaciones habidas desde los años 60. El proyecto fue, recuerda Sánchez, “punta de lanza de uno de los grandes monstruos de la violencia contemporánea en el país, el paramilitarismo y su expresión política, la parapolítica”. Agrega que el problema de la tierra no se asocia hoy a la reforma agraria sino a la dimensión monumental del despojo. Que sin movimiento campesino, no habrá restitución de tierras.
Tanto se retrocedió en las últimas décadas, que hoy la tierra no suscita controversia entre izquierda y derecha sino entre un liberalismo genuino y una derecha extremista. Tan mal venimos, que el solo restituir es ya una revolución.
