por Cristina de la Torre | Abr 29, 2019 | Abril 2019, Corrupción, Derecha, Impunidad, Izquierda, La paz, Paramilitarismo, Política agraria, Posconflicto, Uribismo
Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.
Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.
Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.
Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.
por Cristina de la Torre | Abr 1, 2019 | Marzo 2019, Modelo Político, Movimiento social, Política agraria, Reforma Agraria, Tierras
A la fuerza de los símbolos se sumaba la contundencia de las palabras y los hechos. En debate de televisión convocado por Laura Gil sobre la minga que se riega como aceite por Colombia, se encaraban los exponentes clásicos de nuestra desigualdad social: una élite criolla codiciosa, prepotente, y el indio. Jorge Bedoya y José Félix Lafaurie, voceros del Consejo Gremial y Fedegán, evocaban en su desdén al encomendero que lleva siglos arrebatando vida, tierra e identidad a los pueblos indígenas. En otra orilla, el senador Feliciano Valencia personifica la resistencia de su gente, en lucha asimétrica que hoy canaliza, empero, el flujo de la protesta social hacia un paro nacional el 25 de abril. Clamor contra políticas como la tributaria, que han disparado la desigualdad en este, el segundo país más desigual de América. Con su acicalada barba de galán, invoca Bedoya el principio de autoridad para judicializar a los organizadores del bloqueo a la Panamericana. Y Lafaurie condena, cómo no, los “actos criminales” y la “protesta armada” que anidarían en el movimiento. Pero ellos mismos encabezan asociaciones a veces infestadas, esas sí, de criminales de metra y papel sellado en veredas y caminos y notarías.
Se escandalizan porque los indígenas reclaman tierra feraz que fuera suya antes de que se las robaran y los arrojaran a zonas improductivas y al rastrojo. Porque reclaman ampliación de resguardos; avance en los sistemas propios de salud, educación y medio ambiente; y el presupuesto necesario para todo ello, debidamente incorporado en el Plan de Desarrollo. No como promesa y simple anexo.
Obrando desde el prestigio de sus luchas, la Onic promueve “una gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. 490 organizaciones sociales la suscriben; la primera, el Cric, la organización social más poderosa del país. Campesinos, pueblos indígenas, negritudes, estudiantes, sindicatos, cafeteros, maestros, transportadores van convergiendo en propósito común, casi que por simple afinidad existencial con la historia y la causa indígenas. Y por sufrir todos el golpe de la inequidad.
Tras la esclavización y el genocidio, usurparon los encomenderos las tierras de los indios, explotaron su trabajo, subordinaron su cultura y los redujeron al hambre en parcelas que pertenecían también a señores de dudoso pedigrí. La élite esclavista de Popayán fue dueña del 40% de los esclavos del país y no falta entre sus líderes quien proponga hoy segregar definitivamente a la población indígena en los estériles confines del Cauca.
Al lado de la minga indígena, otra bandera potencia el pronunciamiento del movimiento social: el mentís a la desigualdad que en este Gobierno se dispara y atenta contra la democracia. Explica Clara López que a mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político que a su vez permite diseñar las reglas del juego en favor de los poderosos. El año pasado, escribe, la ganancia total del Banco de Bogotá fue de $2,93 billones, 53,9% más que el año anterior. Una tasa 20 veces mayor que el crecimiento de la economía. Y la política tributaria no hace sino agudizar la inequidad. Por eximir de nuevos impuestos a los ricos en montos que suman decenas de billones, no podrá cumplir este Gobierno siquiera con la partida mínima prometida a las comunidades indígenas. Eso sí, nuestros modernos encomenderos seguirán pidiendo cárcel y represión para ellas.
¿A qué tanto escándalo porque López Obrador proponga que el Gobierno de España y el Papa pidan perdón por la conquista exterminadora de nuestra América? Moderen sus impulsos Bedoya y Lafaurie si les indigna el guardia indígena que pregunta: si los indígenas llevamos 500 años de resistencia, ¿por qué no vamos a mantener la minga el tiempo que sea necesario?
por Cristina de la Torre | Nov 27, 2018 | Derecha, Educación, Iván Duque, Modelo Económico, Movimiento social, Noviembre 2018
El movimiento universitario recoge periódicamente en Colombia ecos del que surgiera hace un siglo en Argentina. La sublevación buscó el reconocimiento intelectual de las clases medias, se proyectó como ideología libertaria por toda la América Latina y gestó más de un partido popular. Hace un siglo, en 1918, despertó en Córdoba, ciudad aletargada bajo el sopor hispánico y clerical, para convertirse en otro catalizador de la revolución liberal que avanzaba en el subcontinente. No fue un fugaz episodio estudiantil. Interpelada por la Guerra, por las revoluciones mexicana y rusa, por el fascismo naciente, la reforma universitaria incorporó desde su cuna una intención de cambio social que desbordaba el aula de clase. Escuela para el reformismo de los sectores medios, en ella abrevaron las contraélites liberales, laicas y socialistas del continente.
Nuestros estudiantes no apuntan hoy a la revolución; construyen opciones que brillan como flores en el desierto de la politiquería. Su tesón para rescatar la universidad pública del cerco financiero que se le ha tendido, para multiplicar sus puertas de acceso y elevar la calidad de sus programas es empresa llamada a producir cambios dramáticos en esta sociedad de pétreas jerarquías. Riadas de muchachos llevan 45 días de protesta en las calles. Cientos de ellos ajustan tres semanas de marcha al sol y al agua, desde otras capitales, para sumarse el 28 a la gran manifestación en Bogotá. Sus dirigentes demuestran, cifras en mano, que “plata sí hay (para evitar la desaparición de la educación superior pública), pero lo que no hay es voluntad política” del Gobierno. Claman por el derecho de todos al desarrollo pleno de sus capacidades para volcarlas sobre un país de riqueza natural incontrastable. En la maratón privatizadora de la educación, se la juegan por la universidad pública como bien común de la Nación. Contra la política neoliberal que propulsa la privatización financiando la demanda –vía créditos de Icetex– en lugar de financiar la oferta. Pese a las amenazas de muerte, han logrado sus líderes interpretar la legítima aspiración de los colombianos a vencer la estadística ominosa: de cada 75.000 aspirantes a ingresar en la Universidad Nacional, ésta sólo puede recibir 5.000.
En Argentina, la reforma nació en nicho de clase media para destronar la escolástica y sus tonsurados en el gobierno de la universidad, reemplazarlos por estudiantes y profesores, y democratizar el acceso a las aulas. Pero, acicateada por el humanismo, por el socialismo liberal y el nacionalismo democrático, pronto desbordó aquella frontera para tender lazos hacia las clases trabajadoras. Saltaba el movimiento a la política y se proyectaba al continente, donde adquirió su élan americanista, apunta Juan Carlos Portantiero, estudioso de aquella experiencia que aquí seguimos (Estudiantes y política en América Latina, Siglo XXI, 78). En el Perú, del seno del movimiento universitario surgió el Apra, primer partido nacionalista y popular del continente que extendió su influencia a toda la región.
También el movimiento ha desbordado aquí los intereses de gremio para instalarse en la política. En jornadas memorables contra la dictadura de Rojas. En huelga de un año de todas las universidades públicas en 1971, contra el sistema de poder universitario y en apoyo a campesinos y maestros que alcanzaban la cima de su contienda. También ahora la brega es política, pues cuestiona el criterio oficial en la distribución del presupuesto nacional: mucho para las armas y las élites improductivas, poquísimo para la universidad pública. Como adivinando su deceso por inanición, el flamante presidente de la “equidad” propone caridad pública para acercarle un mendrugo de pan. Así elude su deber de gobernante mientras los mercaderes de la educación hacen su agosto.
por Cristina de la Torre | Oct 16, 2018 | Conflicto armado, Derecha, Educación, Movimiento social, Octubre 2018, Uribismo
Se desconcierta la caverna. Primero, sin el señuelo de las Farc, el acariciado enemigo de décadas que le permitió a nuestra derecha prevalecer erigiéndose en antagonista del terrorismo, sufre ésta un duro revés. Y ahora se le insubordina la sociedad largamente embozalada, maniatada en el país que pasaba por meca del conservadurismo en el continente. En cosa de meses, el centro-izquierda arañó las puertas de la Presidencia; casi doce millones de colombianos le plantaron cara a la corrupción, fortín del poder tradicional; un millón de muchachos y profesores y rectores y padres de familia se tomó calles y plazas en defensa de la universidad pública, abandonada a la muerte por inanición. Entonces la facción más oscura de la elite acude a su expediente de siempre: a la guerra.
El predecible senador Uribe insta a propiciar una intervención militar doméstica (léase golpe de Estado) en Venezuela, con apoyo de la comunidad internacional (léase Estados Unidos). Pero, antes que avalar pronunciamiento de militares venezolanos contra el dictador Maduro para imponer en su lugar el dictador que la CIA diga, Trump tomará el camino preferido de la primera democracia del mundo: la invasión militar sangrienta. Desde su patio trasero, Colombia, en perfecta posición geoestratégica entre el Caribe y Suramérica, y con nueve bases militares gringas que desde Uribe se asientan en su territorio. Si no, no se entendería el afrentoso entusiasmo de Francisco Santos con el proyecto de armarnos para la ofensiva con aviones de guerra y para la defensa con misiles antiaéreos. Todo comprado a precio de oro a la industria bélica del gringo del peluquín naranja. Modesto aporte que a Colombia le costará un ojo de la cara para que el bufón de marras pueda ganar las elecciones en noviembre y apoderarse del petróleo de Venezuela. Como en Irak. “Colombia tiene que prepararse”, declaró nuestro embajador en Washington, fungiendo sin ruborizarse como vocero del imperio. De “ellos”, los gringos, a quienes tributa ciega sumisión y cuya manera de pensar dice compartir.
Y el presidente Duque, con su aflautada vocecita monocorde, dirá que no es belicista, pero hará todo lo contrario. Fue nuestro Canciller el único de toda la América Latina en negarse a firmar la declaración de Lima, que fustigaba al dictador Maduro pero también toda pretensión de intervenir en su país por la fuerza. Su embajador en EE UU repite sin cesar que no puede descartarse una salida armada contra el país hermano. Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, clama por aumentar el pie de fuerza, para lo cual le viene como maná del cielo el pretexto de los cultivos ilícitos. Y el de Hacienda velará por preservar el ajuste de $3,6 billones para la cartera de guerra.
Pasaremos, pues, de un salto, de la guerra contrainsurgente –con sus ocho millones de víctimas y su medio millón de muertos y desaparecidos– a una guerra internacional librada desde territorio colombiano. En ella, será Colombia la que ponga los muertos, los de siempre: los muchachos más humildes, los acosados por la vida y por la muerte. Muerte por mina quiebrapata, muerte por emboscada, muerte por falso positivo. Después, en fugaz farsa de consolación, los llamarán héroes. De destrucción de la infraestructura del país, ni hablar. Ni hablar del dineral que esta guerra infame le arrancará al desarrollo y a la inversión social.
Nada tan conveniente como la guerra para contener la movilización de la sociedad y preservar la hegemonía en el poder. Mas, por simple coherencia, ¿no deberían entonces los promotores de la contienda ser los primeros en enviar a sus hijos al frente de batalla? ¿No deberían contribuir a financiarla con su patrimonio personal? No más el divertimento de precipitar guerras para que sean otros los que sirvan de carne de cañón.
por Cristina de la Torre | Ago 13, 2018 | Acuerdos de paz, Agosto 2018, Clientelismo, Conflicto interno, Corrupción, Iván Duque, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Personajes, Posconflicto, Presidente 2018, Régimen político, Uribismo
Pese a la embestida de troglodita que el Centro Democrático protagonizó contra el Presidente Duque cuando asumía el cargo —con oda a Álvaro Uribe, descalificación de sus jueces y puñaladas al llamado del ungido mandatario a la unidad— un pacto con el uribismo sobre políticas de Gobierno no ofrecerá obstáculos: serán las mismas del expresidente en la cosa tributaria, laboral, agraria y de seguridad. Distinto sería un compromiso en materias de Estado, como el respeto a la vida y la preservación de la paz: aquí se mostraría esta caverna cuando menos retrechera. La oposición, por su parte, adversario natural del poder en funciones, casi medio país que hoy agradece el estrechón de manos entre Robledo y Petro, espera iniciativas de fondo. Además, respeto a la libre controversia entre propuestas de gobierno. Y a la libertad de prensa, otra vez en peligro por amenazas de muerte contra la periodista que registró reunión secreta de la bancada uribista –gavilla “traidora” de malandrines que despotricaba del Gobierno que ella misma había elegido.
Mas, no es seguro que el Presidente y su partido anden divorciados. Tras el estoicismo con que Duque recibió la avalancha de lodo se habrán cincelado las dos caras de una moneda: cara de Duque, en verso amable, conciliador; sello en ruda prosa del presidente eterno y su bancada de siervos para el debate torticero en el parlamento. Así lo reconoce Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior que recibe una de las cinco carteras más importantes del gabinete, entregadas a Uribe. No existe, dijo, distancia real entre uno y otros: el Legislativo tiene que liderar el debate político y el Gobierno tiene que gobernar para todos.
De momento, el pacto se contrae al gran mundo empresarial. Duque ha conformado gabinete con predominio de los gremios, son ellos los que trazan su política económica y liderarán el diálogo social-empresarial. Ellos, quienes derivarán los frutos de trocar la economía campesina en surtidor de asalariados para la agroindustria. Y ahora se los tendrá por punta de lanza de la equidad, exótico papel asignado a capataces y señores que llevan siglos manejando el país como finca de su propiedad. Atavismo que el ministro de Defensa, Botero, recoge para advertir, indignado, que no permitirá la protesta de minorías alebrestadas contra mayorías indefensas. Y el senador Uribe apunta a sabotear la consulta anticorrupción, como apuntó siempre contra la paz.
Consejo Gremial y ministro Carrasquilla propondrán a dos manos duplicar la base de contribuyentes para cobrar impuesto de renta a quienes devengan desde $1.900.000 y extender el IVA a la canasta familiar de la clase media. Regalos tributarios a las empresas, dizque para elevar la productividad, la competitividad, y las cotas de empleo. Pero demostrado está que estos estímulos, lejos de traducirse en puestos de trabajo, favorecen a un reducido sector de privilegiados. Dígalo, si no, la flexibilización laboral de Carrasquilla-Uribe, con su contratación temporal y de cooperativas; con sus contratos de trabajo a término fijo. Antes que reducirse el desempleo, aumentó el trabajo informal. Y esta política perdura en el nuevo Gobierno.
A las ligas mayores pertenecen las cinco temáticas de Estado que Clara López propone como materia de un pacto de país: respeto a la vida y consolidación de la paz; cumplimiento del Acuerdo con las Farc y apoyo al diálogo con el ELN para terminar definitivamente el conflicto armado; respeto a las libertades públicas, en particular al derecho de movilización y protesta pacífica, defensa de la soberanía nacional y devolución al Estado del valor de la palabra que lo designa. Si el presidente Duque las contempla, ¿incurrirá en traición al padre, para desplomarse bajo su puño de hierro?
