por Cristina de la Torre | Oct 28, 2018 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Acuerdos de paz, Proceso de paz, Octubre 2018
Por vez primera en la historia de nuestros conflictos peligra el pacto de silencio que salvó de responsabilidad a los grandes promotores del horror. Y no por un alarde de honradez sacado del sombrero sino, en particular, porque las víctimas pueden ahora denunciar y reclamar ante instancias creadas para develar la verdad: la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. Casos al canto, los políticos secuestrados por las Farc cuyo testimonio sacudió al país esta semana; y los dolientes de los miles de “falsos positivos” que se cobró el Ejército. Pese a la ristra de trampas y emboscadas que en su frenesí por salvar el pellejo le ha tendido el uribismo a la paz, el alud de ataques no consigue frenar la afluencia de informes, testimonios y comparecientes ante la JEP. Aunque el partido de Gobierno apadrine proyecto de ley que le niega a la Comisión de la Verdad acceso a información reservada del Estado —vital como insumo para su trabajo— desde todas las orillas fluye ésta y ayudará a documentar responsabilidades en el alto mundo político, militar, empresarial y de la dirigencia guerrillera.
El mío, empezó Betancur ante la JEP, no es el relato de una detención ilegal sino el relato de mi descenso al infierno. Y agregó: “yo acuso a las Farc de tortura sicológica contra mí y contra mi familia”. Todos los miembros del Secretariado son culpables de la crueldad, el sufrimiento y los vejámenes a los que nos sometieron sus hombres, declaró. Por su parte, informes de la Fiscalía y de oficiales del Ejército señalan a miles de uniformados como incursos en la dantesca escalada de “falsos positivos”, por los cuales comparece ante la JEP el mismísimo excomandante de esa arma, general Montoya. Para Human Rights Watch, esas ejecuciones, “cometidas en gran escala (entre 2002 y 2008) constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”.
Betancur afirma haber sufrido en carne propia la misoginia de las Farc, que cobró en ella su condición de mujer, de política y “enemiga de clase”. Tras una fuga, revela entre lágrimas, la tuvieron varios días encadenada a la intemperie. Para dormir, en las caletas, la obligaban a tender el plástico sobre nidos de congas, de garrapatas o sobre la letrina colectiva. Nos mantuvieron encadenados a un árbol durante años, dice. Enfermarse era una tortura: tenían los medicamentos pero no nos los daban. Me recuerdo “suplicando inútilmente de rodillas al enfermero que me facilitara las pastillas contra la malaria antes de cada ataque de convulsiones”. Le negaron a Luis Eladio Pérez una ampolla de insulina, estando a punto de un coma diabético. Ni alias Gafas lo socorrió cuando sufrió un infarto; antes bien, lo molió a patadas. Tras varios días de marcha en muletas, el general Mendieta no pudo ya levantarse y tuvo que arrastrarse en codos y manos. “Estoy convencida de que el Secretariado sabía de todo esto”.
Otros victimarios no son menos desalmados. Según el fiscal Jaime Camacho, se investiga si 2.429 casos de muerte en combate con el Ejército entre 2006 y 2008 eran falsos positivos, cuando comandaba el general Montoya, y estaba en su apogeo la valoración de resultados por número de cadáveres. 180 batallones en 41 brigadas resultaron involucrados en la práctica siniestra. El diario inglés The Guardian habló de 10.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010, con base en investigación realizada por los excoroneles de la Policía Omar Rojas y Eduardo Benavídez.
Jesús Abad, soberbio retratista del conflicto, afirma: “aquí hay demasiados culpables que sólo ven el mal en el prójimo, y se lavan las manos en jabón Poncio Pilatos para evadir responsabilidades [Pero] no hay tinieblas que la luz no venza”.
por Cristina de la Torre | Oct 23, 2018 | Derecha, Racismo, Internacional, Octubre 2018
Bolsonaro pinta como aleación de Leonidas Trujillo –depurado ejemplar del déspota latinoamericano– y el no menos siniestro Pinochet, con sus aires prestados de Chicago-boy. El más opcionado candidato a la presidencia del Brasil reencarnaría al dictador que hace 54 años se impuso allá por la fuerza y completaría la figura con el traje neoliberal que el chileno entronizó. Modelo que Brasil había cooptado a medias. El exmilitar adoptaría ahora en su plenitud el ultraliberalismo económico que acompañó a la dictadura de Pinochet. No en vano se declara Bolsonaro ferviente admirador del autócrata chileno. Y Sebastián Piñera, a su turno, del candidato brasilero. En Chile se montó el régimen de fuerza para pulverizar un experimento socialista. En Brasil, para agrietar el Estado promotor del desarrollo que campeaba bajo el ala de una industrialización autóctona y reforma agraria en ciernes.
Pero tampoco esta vez sobreviviría el modelo de mercado a ultranza que Bolsonaro anuncia sin descargar puño de hierro contra la democracia; contra negros, obreros, mujeres, comunistas y homosexuales. A la altura de los sátrapas que lo antecedieron, lamenta Bolsonaro que la dictadura del 64 se limitara a torturar y no pasara a matar. Trujillo, El Supremo, homenajeó un día a presos políticos con opíparo asado tasajeado del cadáver, tibio todavía, de otro opositor caído en desgracia. Y el chileno hizo matar por tortura de largos días y noches al cantautor Víctor Jara; el golpe de gracia, machacar y cercenar las manos del guitarrista excelso.
En previsión del dispositivo político adecuado a su fórmula de poder, convocará el brasileño una “comisión de notables” que redacte la constitución del caso, con instrumentos para disolver el parlamento y las cortes cuando resulte necesario. Promete tortura y pena de muerte para delincuentes, libre porte de armas y la formación de grupos paramilitares. Habrá esta vez en el Congreso un grande contingente de militares y exmilitares. Y el gabinete de Gobierno tendría ahora más uniformados que los hubo en tiempos de la dictadura. Cientos de planteles de educación pública serán militarizados. Y los partidos alertados sobre toda tentación libertaria y de protesta.
Añoso andamiaje de los regímenes de fuerza, cuyo solo anuncio provocó un primer estallido de júbilo en la bolsa de Nueva York, será garantía de crecimiento concentrado en los grandes capitales, sin redistribución. Apertura económica, privatización de empresas y servicios del Estado, rejo a las clases trabajadoras bajo el eufemismo de flexibilización laboral, privilegio para los fondos privados de pensiones, reducción de impuestos a los ricos, amputación del Estado en favor del monopolio de la riqueza.
Brasil conocerá, pues, el modelo neoliberal en bruto y empeloto. Tal como se aplicó en Chile. Recuerda Martín Espinoza que el propio Milton Friedman, su inspirador, acuñó la especie del “milagro chileno” con crédito a Pinochet. Su sueño, retornar al capitalismo puro, despojando al Estado de toda capacidad regulatoria y sin barreras arancelarias al comercio internacional, aun en países que hacían sus primeras armas en industria. Para lograrlo, se impusieron políticas de shock que sólo podían aplicarse mediante una constitución diseñada para proteger el modelo, del movimiento social.
Se dirá que por acogerse a elecciones democráticas no podrá inscribirse a este hombre en la camada de los chafarotes. Discutible. También Hitler y Mussolini llegaron al poder mediante elecciones. Y se erigieron en dictadores. Hoy abundan golpes de Estado que en vez de tanques y bombardeos acuden a la democracia formal. Todo indica que Bolsonaro va en pos del atávico matrimonio entre fascismo y neoliberalismo. ¿Quedará capacidad de reacción en América Latina? ¿Qué esperar del México de López Obrador?
por Cristina de la Torre | Oct 16, 2018 | Derecha, Uribismo, Conflicto armado, Movimiento social, Educación, Octubre 2018
Se desconcierta la caverna. Primero, sin el señuelo de las Farc, el acariciado enemigo de décadas que le permitió a nuestra derecha prevalecer erigiéndose en antagonista del terrorismo, sufre ésta un duro revés. Y ahora se le insubordina la sociedad largamente embozalada, maniatada en el país que pasaba por meca del conservadurismo en el continente. En cosa de meses, el centro-izquierda arañó las puertas de la Presidencia; casi doce millones de colombianos le plantaron cara a la corrupción, fortín del poder tradicional; un millón de muchachos y profesores y rectores y padres de familia se tomó calles y plazas en defensa de la universidad pública, abandonada a la muerte por inanición. Entonces la facción más oscura de la elite acude a su expediente de siempre: a la guerra.
El predecible senador Uribe insta a propiciar una intervención militar doméstica (léase golpe de Estado) en Venezuela, con apoyo de la comunidad internacional (léase Estados Unidos). Pero, antes que avalar pronunciamiento de militares venezolanos contra el dictador Maduro para imponer en su lugar el dictador que la CIA diga, Trump tomará el camino preferido de la primera democracia del mundo: la invasión militar sangrienta. Desde su patio trasero, Colombia, en perfecta posición geoestratégica entre el Caribe y Suramérica, y con nueve bases militares gringas que desde Uribe se asientan en su territorio. Si no, no se entendería el afrentoso entusiasmo de Francisco Santos con el proyecto de armarnos para la ofensiva con aviones de guerra y para la defensa con misiles antiaéreos. Todo comprado a precio de oro a la industria bélica del gringo del peluquín naranja. Modesto aporte que a Colombia le costará un ojo de la cara para que el bufón de marras pueda ganar las elecciones en noviembre y apoderarse del petróleo de Venezuela. Como en Irak. “Colombia tiene que prepararse”, declaró nuestro embajador en Washington, fungiendo sin ruborizarse como vocero del imperio. De “ellos”, los gringos, a quienes tributa ciega sumisión y cuya manera de pensar dice compartir.
Y el presidente Duque, con su aflautada vocecita monocorde, dirá que no es belicista, pero hará todo lo contrario. Fue nuestro Canciller el único de toda la América Latina en negarse a firmar la declaración de Lima, que fustigaba al dictador Maduro pero también toda pretensión de intervenir en su país por la fuerza. Su embajador en EE UU repite sin cesar que no puede descartarse una salida armada contra el país hermano. Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, clama por aumentar el pie de fuerza, para lo cual le viene como maná del cielo el pretexto de los cultivos ilícitos. Y el de Hacienda velará por preservar el ajuste de $3,6 billones para la cartera de guerra.
Pasaremos, pues, de un salto, de la guerra contrainsurgente –con sus ocho millones de víctimas y su medio millón de muertos y desaparecidos– a una guerra internacional librada desde territorio colombiano. En ella, será Colombia la que ponga los muertos, los de siempre: los muchachos más humildes, los acosados por la vida y por la muerte. Muerte por mina quiebrapata, muerte por emboscada, muerte por falso positivo. Después, en fugaz farsa de consolación, los llamarán héroes. De destrucción de la infraestructura del país, ni hablar. Ni hablar del dineral que esta guerra infame le arrancará al desarrollo y a la inversión social.
Nada tan conveniente como la guerra para contener la movilización de la sociedad y preservar la hegemonía en el poder. Mas, por simple coherencia, ¿no deberían entonces los promotores de la contienda ser los primeros en enviar a sus hijos al frente de batalla? ¿No deberían contribuir a financiarla con su patrimonio personal? No más el divertimento de precipitar guerras para que sean otros los que sirvan de carne de cañón.
por Cristina de la Torre | Oct 9, 2018 | Iván Duque, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Uribismo, Política agraria, Octubre 2018
Entre 2002 y 2010 el uribismo hizo la guerra y montó, a su amparo, un régimen arbitrario, de la estirpe del de Chávez y Fujimori. Hoy vuelve al poder para dinamitar los pilares de la paz: la Reforma Rural Integral y la Justicia Especial de Paz. Mientras el presidente cocina sudoroso proyectos que aterricen sus propuestas y en función de halagar a todos en la derecha, su partido ocupa el escenario, lleva la voz cantante y termina por escoger la carne del sancocho. Que del recado se ocuparán los técnicos del gabinete. Unos conciben las políticas –el presidente eterno, el empresariado glotón, el latifundismo, las fuerzas más retardatarias y violentas que lo siguen–; otros, políticos vergonzantes que pasan por expertos incontaminados, las convertirán en hechos tangibles. En marchitamiento de la restitución de tierras: de baldíos robados a la nación o adquiridos dolosamente; de predios usurpados o comprados a huevo bajo amenaza y readquiridos casi siempre por propietarios de mala fe. En boicot al fondo de tierras con destino al campesino que las requiere; o al catastro multipropósito, por ser éste medio de modernización del campo y de reforma agraria sin alharacas. Por razones de espacio, aquí aludimos sólo al cerco contra la reforma rural. Otra vez será sobre la asonada de la derecha para debilitar la JEP, deslegitimarla y obstruir su funcionamiento. Para destruirla.
Cursa en el congreso proyecto de María Fernanda Cabal que hiere de muerte la restitución de tierras y legaliza el despojo. Porque revierte la carga de la prueba contra el reclamante de su predio. Si la ley de 2011 obliga al ocupante a demostrar que lo ocupó o lo compró de buena fe, ahora será la víctima quien deba demostrar el despojo. Y el presidente no dice mu. Antes bien, entrega las entidades líderes de la reforma rural a sus más enconados detractores; y a beligerantes enemigos del Acuerdo de Paz, cuyo punto nodal es este de la reforma en el campo. Andrés Castro, exsecretario general de Fedepalma será ahora director de la Unidad de Restitución de Tierras; y Myriam Martínez, también del gremio, lo será de la Agencia Nacional de Tierras. Claudia Ortiz asumirá la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Adversaria radical de los programas que deberá desarrollar, ¿violentará sus convicciones, o bien, encabezará el sabotaje de la reforma rural desde la cumbre?
Investigadores de la UN han identificado –hasta ahora– 368.000 hectáreas de baldíos adquiridos irregularmente por particulares. Tierras con destino a beneficiarios de reforma agraria, serán el núcleo del Fondo de Tierras previsto en la reforma rural. Mas, mediante argucias jurídicas, se ha trocado a estos baldíos en fuente adicional de concentración de tierra, la segunda mayor del mundo. Así adquirió la firma Mónica Colombia 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán. ¿Qué dirá el Gobierno? ¿Qué hará?
Y a la voz de catastro multipropósito, ¿seguirá haciéndose el desentendido? Probablemente. Es que un catastro actualizado en el campo lo dirá todo sobre propiedad, uso y vocación económica de la tierra. Permitirá planificar el desarrollo en los territorios. Y tasar a derechas el impuesto predial, fuente principal de las finanzas en el municipio. Pero nuestros terratenientes llevan siglos impidiendo, fusil en mano, la conversión de sus heredades especulativas en inversión productiva. Bueno, el catastro obligaría a declarar el valor real de la tierra y a pagar impuestos en su debida proporción. O ponerla a producir. O venderla. Pero no más aquello de avalúo enano y precio comercial astronómico.
Por razonable que parezca la reforma rural si de asegurar la paz se trata, no será su artífice el uribato que interpreta su segundo acto en el poder. Queda el cambio en manos de la gente.
por Cristina de la Torre | Oct 2, 2018 | Modelo Político, Educación, Ciencia, Posconflicto, Modelo Económico en Colombia, Octubre 2018
Es un insulto. Mientras las 32 universidades públicas se declaran al borde del colapso por falta de recursos, este Gobierno estudia partida adicional de $3.4 billones en Defensa. Para que Pachito y el ministro Botero se diviertan jugando a soldaditos de plomo con Venezuela. Y con avioncitos F-16 que acaso le compremos a Trump –ferviente animador del negocio de la guerra- según decires a los que en brillante columna alude Maria Isabel Rueda. El déficit para funcionamiento en las universidades públicas asciende a cifra parecida, y el de infraestructura, a $15 billones. En ciencia, tecnología e innovación, aliadas naturales de la formación superior, Colombia invierte mísero 0.4% del PIB. Hoy cobra vigencia renovada la obsesión de Rodolfo Llinás: el futuro dependerá de nuestra capacidad para organizar la educación; la hija de la educación, la ciencia; y la hija de la ciencia, la tecnología. Pero, digo yo, nuestra clase dirigente resolvió proscribir toda estrategia nacional de desarrollo: por eso la ciencia marcha aquí a la deriva y vestida de harapos; por eso la universidad pública agoniza en la indigencia.
En manos de casta tan pueril, difícil le resultará a Colombia ostentar un sistema de educación superior sólido, bien financiado, integrado al aparato productivo, a la comunidad científica y sintonizado con las particulares necesidades de esta sociedad. En lo archisabido, seguimos dando palos de ciego: ni la enseñanza prioriza el pensamiento, el análisis, la interpretación, la crítica; ni se articula un sistema capaz de asociar la educación universitaria con la ciencia, la industria y políticas de Estado enderezadas al desarrollo y la democracia.
En deslumbrante seminario convocado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se insiste en pautas de las que un mandatario perspicaz debería echar mano. Porque el desarrollo se cifra en el conocimiento, dice, éste se erige en recurso principal de cualquier economía. El punto de partida del desarrollo es, pues, la educación; la generación de conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mas en ello resulta imprescindible la constitución de instituciones sólidas y financiamiento proporcional al desafío. Así lo entendió Corea, que en los años 60 compartía con Colombia nivel similar de desarrollo, y hoy ocupa posición de liderazgo en la economía mundial: el país asiático invierte diez veces lo que el nuestro en ciencia y tecnología. Tendríamos que empezar por revertir una tendencia vergonzosa: hace una década, la inversión anual por estudiante de universidad pública en Colombia era de $10.825.000; hoy es de $4.785.000.
Propone la Academia crear una instancia decisoria de políticas, donde tengan asiento el Estado, el sector productivo y la comunidad científica. Para promover proyectos de desarrollo e incorporar el conocimiento de frontera. De donde podrán surgir nuevas industrias que aprovechen y conserven los recursos y la riqueza natural del segundo país más biodiverso del mundo. Sin ciencia propia, reza una conclusión del seminario, queda el país condicionado a hallar soluciones en desarrollos de otras latitudes, sin poder alcanzar las suyas. Y con pérdida dramática de oportunidades, como la que se infiere de 1.769 patentes derivadas de estudios realizados por colombianos, pero en el extranjero.
En entrevista reciente (revista Bienestar, Colsánitas), puntualiza Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional: El conocimiento genera riqueza. No hemos entendido que son la ciencia, la tecnología y la innovación los motores del desarrollo. “Nosotros lo tenemos todo, sabemos cómo hacerlo… pero nos falta dinero”. Bueno, terminada la guerra, que se trasladen sus recursos a ciencia y educación. Así lo exigirá la marcha nacional estudiantil que se prepara para este 10 de octubre.
