por Cristina de la Torre | Sep 28, 2020 | Iván Duque, Justicia, Movimiento social, Septiembre 2020
Rescate del Estado de derecho desde la Corte Suprema de Justicia y burla a la democracia por el alto Gobierno quedaron expuestos sin atenuantes. Al desbordamiento de la violencia instigada con sordina desde arriba, al abuso de poder en el uribato renacido, presidente y ministro de defensa agregan el delito de desacato a una orden judicial: pedir perdón a víctimas definidas de la brutalidad policial, que se resuelve en protestantes heridos por cientos y muertos por decenas. Pero no. Como levitando sobre el horror, voz engolada de candidato en campaña, el ministro se escabulle y en cambio corona de laureles a la Policía que ha disparado a matar. “Gloria al soldado” escribirá, además, en homenaje al uniformado que asesinó a Juliana Giraldo, porque sí. Sucia asimilación de las instituciones armadas que monopolizan la fuerza del Estado, mas no ganando el respeto de los asociados sino mediante el crimen.
Cómo no disparar, si en el reino de la caverna todo el que proteste o disienta o sea distinto es terrorista que se la buscó. Guerrillero vestido de civil. Juegan ellos a prevalecer por física eliminación del inconforme. Juegan a reírse de la Justicia para culminar su avanzada hacia el poder único, inapelable, en la persona del patrón de frondoso prontuario que la encabeza. Juegan a llegar por este camino a la meca soñada: coronar el proyecto neofascista que despuntó en 2002 y ahora desespera, peligrosamente, en su impotencia para responder a la peor crisis social en muchos años.
En texto admirable que recupera principios medulares de la democracia moderna, fustiga la Corte esta vulneración generalizada y reiterada de los derechos a la protesta, a la vida, a la participación ciudadana, a la integridad personal, al debido proceso; a la libertad de expresión, de prensa, de reunión y circulación. Y el Ejecutivo no mantiene una postura neutral.
Declara el máximo tribunal que la Fuerza Pública agrede sin pausa ni medida ni control a la población civil que, en manifestaciones, es “brutalmente golpeada”. Interviene sistemáticamente con violencia, usando armas letales, contra la protesta social. Mas, por encima del orden público, postula, está el respeto a la dignidad humana. El uso de la fuerza en el control de disturbios estará limitado por el hecho de que no se trata de enfrentar al enemigo sino de controlar y proteger civiles. Siendo función suya la protección del ciudadano y de la vida, se trata de restablecer el orden, no de conculcar derechos.
Atribuye el profesor Augusto Trujillo la creciente militarización de nuestra seguridad ciudadana al hecho de que la Policía de Colombia es la única en el mundo que depende del Ministerio de Defensa. Se diría también que sigue dominada por los fantasmas de la Guerra Fría, como el del enemigo interno, que germina con más exuberancia allí donde las diferencias políticas se ventilan con corte de franela o a motosierra batiente.
Por eso cae como un bálsamo, una luz en las tinieblas, esta voz poderosa de la Corte Suprema de Justicia: una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, buenos y malos, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho. Si la mayoría de colombianos recibe con esperanza esta simiente, que ella germine dependerá de su decisión de protegerla, regarla y abonarla, pues los que mandan se proponen destruirla metódicamente, hacerla trizas, día tras día, durante los dos largos años que les quedan todavía en el poder. No será la primera lucha sin fusiles que la democracia libre contra la rudeza del poder que hoy encarna esta dictaduque.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2019 | Diciembre 2019, Movimiento social, Paro Nacional, Reforma Fiscal
En el espectáculo de un país que sale del hueco, respira y pide el cambio, como no se viera en 60 años, dos fuerzas formidables parecen correr a la caza de candados: la vanidad del presidente y la insubordinación de los energúmenos que lo rodean. En su conmovedora insustancialidad, incapaz de dimensionar el significado y la potencia de este pronunciamiento ciudadano, pretende él responder a sus demandas con propaganda sobre lo cuestionado. Diluir en el tiempo, en el espacio, en mil inquietudes sueltas la negociación con los personeros del paro. Para atomizar, dilatar y evadir núcleos duros de la protesta como los de cumplimiento integral del Acuerdo de paz y política de seguridad.
De otra parte, la derecha frenética de su partido le blande garrote para que asuma por fin, de frente, sin miramientos “mujeriles”, como un varón, contra el terrorista que habita en cada estudiante, indígena, artista, trabajador, gay, ambientalista o feminista que grita y canta sus reclamos en la calle. Contra la gente toda y su concierto de cacerolas. Se reivindica lo elemental: seguridad, educación, trabajo, salud, salarios y pensiones decentes, paz. Y la alegría de vivir. Anatema. Ruge la caverna, y caen todas las hojas de parra. Desnudando la pulsión golpista que heredó de sus mayores, Fernando Londoño le pide al Presidente de la República apartarse del cargo “mientras negocia” y que en su lugar gobierne Marta Lucía Ramírez. Juan Carlos Pastrana insta a militarizar cada esquina, pues “terroristas y malandrines no deben tener movilidad alguna”. Rafael Nieto acusa a Dilan de ser responsable de su propia muerte, por participar en protestas. Y Álvaro Uribe considera legítima la patada que un miembro del Esmad le propina en la cara a una muchacha.
Codiciosa, provinciana, acostumbrada a prevalecer a golpes, sin el recorrido civilizador que da la democracia, a la primera voz de descontento se cala su antifaz la clase dirigente, para no ver sino el billón de pesos que el paro ha costado a sus negocios, poner el grito en el cielo y cuidarse de mencionar los $50 billones que sus malandrines, esos sí, se roban cada año. Ahora cogobierna en pleno, manu militare, evocando el tenebroso Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Y reduce a modesta proporción la agenda rural del tratado de Paz, que contempla Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras.
Respuesta primera de Duque al 21N: el Gobierno impulsará su paz con legalidad, giro que supone ilegal la paz acordada e incorporada en la Constitución. Contrae la implementación del Acuerdo a la reincorporación de desmovilizados y a algunos programas PDET. Ilegal le parecerá la Ley de restitución de tierras, hoy en capilla por iniciativa de María Fernanda Cabal. Ricardo Sabogal, exdirector de Restitución de Tierras, revela que él y funcionarios suyos sufrieron persecución y amenazas: varios fueron asesinados. Muchas de esas tierras, dice, terminaron en gente prestante, pese a saber que habían sido despojadas o compradas a la brava. Tampoco brinda Duque garantías en seguridad rural: no desmonta el paramilitarismo, exterminador principal de líderes sociales, y reduce el control territorial a militarización. De remate, sabotea la sustitución de cultivos.
Parsimonia en tan graves materias o para mantener el paquetazo sabrá hoy a provocación. Harta de violencia y de mordaza, la gente exige solución civilizada a sus problemas y espera poder ventilarlos en democracia, sin riesgo de muerte. ¿Sabrá el Poder cuán difícil le resultará en adelante presumirse demócrata y sin embargo disparar? El Presidente decidirá si escoger el diálogo constructivo, o bien, verse atrapado sin salida.
por Cristina de la Torre | Nov 26, 2019 | Acuerdos de paz, Corrupción, La paz, Movimiento social, Noviembre 2019, Paro Nacional
Y se plantó el movimiento social. En protesta multitudinaria que hará historia, marcó éste un punto de inflexión difícil de revertir: mostró su potencia para disputarles el protagonismo de la política a politicastros y napoleoncitos de cartón, que la monopolizan desde tiempos inmemoriales. Sí, político es su airado reclamo por la corrupción, la violencia, el etnocidio, las desigualdades y la negligencia que sella esta arrogancia del poder edificado para usufructo de mandarines, bribones y magnates. Cientos de miles de colombianos gritaron su indignación al sol y al agua y la prolongaron en inédito cacerolazo que no termina. Triunfaron del miedo cocinado con esmero por el Gobierno mediante acuartelamiento de primer grado; autorización a alcaldes para decretar toques de queda; teatralización de la guerra militarizando las ciudades, arma de tiranos para atemorizar al pueblo; y vandalismo inducido para generar pánico y deslegitimar la protesta.
Pero los marchantes dieron ejemplo de valor y civilidad, a leguas de grupúsculos violentos infiltrados también por la Policía para justificar la brutal embestida del Esmad contra aquellos. Y para que pudiera el Poder magnificar los desafueros como caos, en la vana pretensión de opacar las razones de la inconformidad. Mas terminaron por rendirse a la evidencia de una sociedad movilizada por la urgencia del cambio. El Presidente ofreció “conversación general […] para fortalecer la agenda vigente de política social”. ¿Para porfiar en lo mismo? ¿No ve, no oye, no registra la contundencia del mensaje que emite una ciudadanía madurada a golpes de violencia, exclusión, inequidad y privaciones?
Más perceptivo y avisado, da en el clavo el procurador Carrillo: invita a “diseñar una nueva agenda social, (a) reinventar la democracia con un modelo de justicia social”. Diríase un modelo distinto del neoliberal, pilar de la agenda social y económica que se ríe del impuesto progresivo, degrada salarios y reduce las pensiones al ridículo en favor de fondos privados. ¿Será esta agenda social y económica, hija del modelo de marras que es biblia del Presidente Duque, la que él quiera fortalecer?
Aunque la fe neoliberal periclita en el balance de su propia obra, insisten sus pontífices en adjudicar la pérdida de competitividad y de empleo a las políticas de seguridad social, salarios decentes, regulación financiera e impuesto progresivo. Contra todos sus pronósticos, aquella propuesta no consiguió armonizar crecimiento con redistribución. Lejos de derramarse hacia abajo, la riqueza se disparó a la cima de la pirámide social. Su ética andaba por otro lado.
Díganlo, si no, las desigualdades que en Colombia escandalizan y son, como en otros países de la región, la bofetada que arroja muchedumbres a las calles. Segundo país más desigual del continente, la concentración de la tierra, del patrimonio y del ingreso en Colombia crece sin cesar. Y el Gobierno la impulsa. Revelan Espitia y Garay que el 95% de la riqueza de personas jurídicas se concentra en las empresas más ricas. La tarifa efectiva de impuestos que las empresas pagan es un vergonzoso 1,9%, habiendo ellas recibido gabelas y exenciones tributarias por más de $27 billones.
Una disyuntiva dramática debe de acosar al Presidente: o se paraliza bajo la tenaza del uribismo y pasa a la historia como un sátrapa, o se allana a una negociación civilizada con el movimiento social del país que dice amar. Tal el desafío, que hasta Caballero Argáez invita a “dar un timonazo, cambiar de rumbo y reinventar el modelo de desarrollo. Explorar las formas para armar un Estado de bienestar en beneficio de las clases menos favorecidas…” Los colombianos piden a gritos otro pacto social.
por Cristina de la Torre | Nov 20, 2019 | Movimiento social, Noviembre 2019
Firmada la paz, vino el destape. Rompió la sociedad cadenas que la ataban al silencio y a la inmovilidad ante el espectáculo de una guerra que sólo servía a insurgentes arrastrados en gran parte al delito; a terratenientes codiciosos de más tierra, a políticos enredados con mafiosos y paramilitares. Una guerra que se ensañó en la población inerme. Primer campanazo de alerta, el mentís de media Colombia en las urnas a la politiquería tradicional hace año y medio. Y ahora, la derrota colosal de la extrema derecha en las elecciones de octubre y la consolidación del centro-izquierda, para redibujar el mapa político de este país tras décadas de lo mismo con los mismos. Democracia en ciernes, que la ultraderecha descalifica como terrorismo.
Presa de histeria, disfraza la caverna sus miedos con el fantasma del anarquismo internacional. Anacronismo de Guerra Fría que cae en el vacío de una sociedad desafecta lo mismo a la ultraderecha que a la extrema izquierda. Pero los grupos organizados de la derecha se complacen en el mensaje y anuncian su patriótica presencia como fuerza de choque en las calles, dizque para ayudar a la defensa del orden público. Reservistas (¿armados?) que evocan a los criminales colectivos del chavismo y contra los cuales no ha tomado el Gobierno ninguna medida preventiva. Aunque pida Álvaro Uribe judicializar a los incitadores de la violencia.
Acaso en la ilusión de desactivar la protesta, se apresura el presidente Duque a declarar que reformas laboral y pensional son “mentiras” de la oposición. Pero en toda la prensa del país abunda desde hace año y medio información puntual sobre estas reformas, paquetazo promovido a su turno por el gran empresariado desde sus foros de gremio y desde el gabinete mismo de gobierno. Para no mencionar la insistente precisión del ministro Carrasquilla en estos tópicos, que degradarán aún más la calidad de vida de los colombianos. Y el senador Uribe, virtual presidente de la república y estelar animador de la guerra, acusa al Foro de Sao Paulo de promover este paro contra la democracia y para derrocar al Gobierno. El Gobierno se derroca solo, cae solo bajo el peso de la caverna uribista que desespera y da palos de ciego.
Aconductado discípulo de la doctrina neoliberal, se complace el Presidente en lograr que el crecimiento esperado de 3.3 en la economía colombiana, sea el mejor en la región. Pero es crecimiento para los Sarmiento Angulo, no para los colombianos que pagan los platos rotos de una tributación generosa con los ricos, despiadada con los pobres. No para los colombianos que protestarán contra el desempleo que muerde el 12% y en Antioquia, mata del gran empresariado, alcanza el 18%.
Repite también, exultante, que su Gobierno lucha de frente contra la corrupción. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No fue el mismo presidente quien embolató al acuerdo de todas las fuerzas políticas contra la corrupción después que Claudia López lograra el pronunciamiento de casi 12 millones de colombianos contra ella?
En seguridad ciudadana, anuncia la épica medida de sacar a los marihuaneros de los parques, “para que nuestros niños puedan jugar en paz”. Mas, nada ha dicho sobre los 18 niños desintegrados bajo las bombas que él autorizó arrojar, en “operación impecable” de las Fuerzas Armadas, hoy devueltas a las infamias de la guerra. Ni dice nada sobre el saboteo de su gobierno a la sustitución de cultivos, que es esencial para la paz.
Serénese, Presidente. Llame al orden a los anarquistas que rodean su Gobierno. Revise a fondo sus políticas tributaria, laboral y de pensiones. Asuma, por fin, los deberes de la paz que la Constitución prescribe. Y respete genuinamente el derecho a la protesta por la vida y la equidad.
por Cristina de la Torre | Jul 3, 2019 | Acuerdos de paz, Impunidad, Julio 2019, Justicia, Movimiento social, Posconflicto, Uribismo
Pese a la insustancialidad de Iván Duque, el presidente y su partido van pintando el cuadro de un gobierno que emula los regímenes de fuerza. Son sus trazos de brocha gorda: la criminal pereza de las autoridades para apresar y juzgar a los autores intelectuales del exterminio de líderes sociales; y la persecución (¿purga?, ¿tal vez eliminación?) de uniformados que señalan responsabilidad de superiores suyos en la comisión de falsos positivos. Tan amenazante este destape, que el uribismo precipita una propuesta de referendo para eliminar las Cortes (donde se ventilan las verdades de la guerra) y cercenar el Congreso.
Para sacar otros poderes públicos del sombrero de un líder venido a menos, reducido al afán de sobrevivir a la acción de la justicia. ¿Nostalgia de tiranías que convirtieron la voluntad general en fortín particular de algún egócrata, llámese Mussolini, Leonidas Trujillo, Maduro? ¿Purga en las fuerzas armadas, como la de Hitler contra sus tropas de asalto (SA) en la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Cómo la de Stalin en el Ejército Rojo? ¿Cómo la de Maduro hoy contra uniformados que discrepan de la acción militar contra el pueblo desarmado? Hacia el desmonte del Estado de derecho conduciría el referendo en ciernes, si no fuera porque el prestigio del líder que lo mueve se desploma conforme se satura Colombia de la corrupción y de la violencia en las que nuestra ultraderecha es reina.
Si la ofensiva contra la JEP no ha dado tregua es porque miles de militares están declarando ante sus jueces; desde soldados rasos hasta oficiales de alto rango, en tren de identificar a los máximos responsables de atrocidades como los falsos positivos. Mientras diez generales preparan declaración, el soldado Yeris Gómez, verbigracia, sostuvo que en el Cesar hubo “un baño de sangre”, y alianzas de militares con los jefes paramilitares Jorge 40 y Alias 39. Según Semana, miembros del Ejército que han rendido testimonio son acosados por la inteligencia militar, reciben sufragios y amenazas de muerte.
De otro lado, el llanto de un niño ante el cuerpo de su madre asesinada, María del Pilar Hurtado, conmocionó al país. Era ella la víctima número 702 en dos años y medio de masacre de líderes sociales. Quince días antes, había alertado la Defensoría del Pueblo, pero la Policía desestimó en sendos consejos de seguridad la amenaza. A poco, caerían asesinados tres de los acosados. La cuarta del mismo panfleto del Clan del Golfo sería María del Pilar. Por descalificar la amenaza en vez de actuar, 70% de las alertas tempranas han resultado en el homicidio que se rogaba evitar.
En entrevista concedida a Cecilia Orozco, señala el presidente de Indepaz, Camilo González, que tras los sicarios “hay empresarios del enriquecimiento ilícito, políticos y agentes del Estado corruptos”. Que, sin la complicidad o el entronque con agentes del Estado, no podrían los narcoparamilitares crecer o reproducirse. Relaciona la airada oposición al Acuerdo de Paz con la violencia que se ejerce contra las comunidades y sus líderes. Y afirma: al Gobierno, al Centro Democrático y a la ultraderecha les cabe responsabilidad política en el recrudecimiento de la violencia.
Exterminio de dirigentes comunitarios; persecución a soldados que reivindican el honor del Ejército; creación de una red de informantes civiles que configura virtual policía política; embestida contra la libertad sexual y de pensamiento en la escuela y en la prensa son menjurjes que emiten aromas de fascismo. Otra cosa es que puedan invadir una sociedad diestra en mecanismos de supervivencia y con potencial electoral para hacer respetar la democracia y la paz. Acierta Claudia López cuando antepone al poder de la corrupción y la violencia el poder de la cédula, capaz de cambiar en las urnas la historia de este país.
